EL PUNTO CERO

Por: Iván Cepeda Castro

POR MEDIO DEL DIÁLOGO EPISTOlar, Colombianas y Colombianos por la Paz ha hecho un planteamiento radical a la guerrilla de las Farc.

Si se quiere avanzar en un proceso auténtico que conduzca al final del conflicto armado se necesita la adopción de reglas humanitarias. Una de ellas es la renuncia al secuestro de manera definitiva y en todas sus formas. Las liberaciones unilaterales son un paso en esta dirección. De igual forma, el intercambio humanitario puede ser un momento significativo de ese proceso que, en fin de cuentas, debe permitir la liberación de todas las personas que tiene en su poder esa guerrilla y llegar a un compromiso solemne que excluya irreversiblemente el secuestro del conflicto armado. Dicho planteamiento no significa de ninguna forma aceptar que mientras se producen avances en ese sentido se pueda tolerar otras formas de acción criminal. La masacre de los indígenas Awá en el departamento de Nariño y el atentado perpetrado con un carro bomba en Cali son actos execrables que, por decir lo menos, obstruyen el avance de los propósitos del diálogo epistolar.

Un planteamiento parecido a éste debería formularse con relación a las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes sistemáticos que cometen agentes del Estado y grupos paramilitares. Estos últimos continúan actuando en buena parte de la geografía nacional y en 2008 llevaron a cabo una parte significativa de las 37 masacres que se registraron. ¿Están dispuestas las instituciones estatales a renunciar, de una vez por todas, a los nexos con estos grupos y a buscar su erradicación definitiva? De otra parte, la eliminación de sindicalistas no puede seguir siendo minimizada con el argumento de una disminución en el número de asesinatos que se cometen contra miembros de las organizaciones sindicales. La tendencia general en las últimas dos décadas muestra que en Colombia —un año más, otro año menos— se asesina permanentemente a líderes sindicales. Algo similar puede afirmarse en relación con las ejecuciones extrajudiciales que, como se ha demostrado, han sido practicadas desde hace mucho tiempo por las fuerzas militares. A un año de la desaparición y ejecución de 19 jóvenes en el municipio de Soacha siguen presentándose a diario denuncias que evidencian la continuidad de este fenómeno incentivado por la política de seguridad democrática.

La meta debiera ser entonces cero secuestros, cero masacres, cero ejecuciones de sindicalistas, cero “falsos positivos”. Adaptada como está a las atrocidades diarias, la sociedad colombiana se ha acostumbrado a la lógica de que sólo es posible alcanzar la aparente disminución de las cifras de la violencia. El debate público en este campo no debe girar en torno a las fluctuaciones estadísticas, que lo único que demuestran es que mientras las cifras de unas modalidades de violencia descienden otras crecen en un trasfondo en el que la multiplicidad de violaciones de los Derechos Humanos se mantiene constante. El problema esencial no es cómo reducir temporalmente los datos estadísticos que intentan minimizar la gravedad de la tendencia general. La solución no consiste solamente en concentrarse en el rechazo que produce el horror de cada caso individual. Es imperativo lograr la cesación irrevocable de los grandes crímenes que se cometen en el país. La expresión cuantitativa del principio de no repetición de la violencia es la meta del punto cero de todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Entrevista a Iván Cepeda en El Tiempo por María Isabel Rueda

¿Estamos en el comienzo del fin del secuestro en Colombia?


Cepeda, hijo del asesinado político de la UP Manuel Cepeda, dice que por ahora no ha pensado lanzarse al Congreso.

María Isabel Rueda: ¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda: Básicamente soy un defensor de Derechos Humanos. Trabajo para reivindicar y hacer una realidad los derechos de las personas, en especial de las que han sido víctimas de crímenes que violan la integridad y la dignidad humana.

¿Estaría dedicado a sus actuales labores humanitarias si su padre no hubiera sido asesinado?

Antes ya me había acercado de alguna forma al mundo de los derechos humanos, pero orientado desde una perspectiva académica. De manera que si no estuviera haciendo esto, estaría en algo muy parecido.

¿Piensa lanzarse al Congreso?

Por ahora no. Estoy dedicado ciento por ciento a este oficio. No tengo planes políticos inmediatos, a pesar de que pertenezco al Polo.

¿Y a cuál de las tres tendencias del Polo pertenece?

No me ubicaría en esa clasificación. Aquí la pregunta es si el Polo va a tener un programa lo suficientemente atractivo para el país que se pueda plasmar en políticas, y no solo en planteamientos generales.

¿Carlos Gaviria, Lucho, o Petro?

Carlos Gaviria, sin duda. No desconozco quiénes son las otras dos personalidades, pero el candidato del Polo debe ser Carlos Gaviria. Tiene muchos ingredientes para ser muy buen conductor del país. Es un demócrata en todo el sentido de la palabra.

Pero anda como el Presidente Uribe, que no dice que sí o que no con claridad....

La diferencia es que en el caso de Carlos Gaviria, eso es auténtico.

¿Al alcalde del Polo le está yendo bien, o mal?

Es un balance contrastado. La ciudad está viviendo un momento difícil, hay problemas que se han venido acumulando, no de ahora, no de la administración de Lucho, de mucho antes. En general lo está haciendo bien, pero que hay problemas. Y también ha cometido desaciertos, es innegable.

¿Ser militante de una organización de derechos humanos necesariamente implica ser de izquierda?

No necesariamente y ejemplos hay muchos. Una persona clave en el inicio de lo que es hoy la defensa de los derechos humanos, fue una muy destacada figura del Partido Conservador, el ex ministro Alfredo Vásquez Carrizosa. Y creo que podemos encontrar muchos otros ejemplos, como el del doctor Héctor Abad Gómez, que si bien podemos llamar demócrata, no era un militante de izquierda propiamente. El mundo de derechos humanos hoy es muy plural.

¿Pero me acepta que entre los defensores de derechos humanos sí hay la tendencia de culpar al Estado porque este hace uso legítimo de su fuerza armada? Le menciono el caso de los indígenas que acaban de masacrar las Farc en Nariño. Ya hay quienes dicen que la culpa también la tiene el Ejército, porque anda por ahí preguntando por los guerrilleros....

Precisamente, el grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz, del cuál hago parte, le acaba de enviar una carta a las Farc preguntándoles por este hecho. Si fueron las Farc debe haber una condena, no solo social sino judicial. Y si hay responsabilidad por acción u omisión de los actores estatales, también. En lo que no estoy de acuerdo es en que se lancen acusaciones sin fundamento. Hay la tendencia reiterada de funcionarios del Estado de atribuir determinado tipo de acciones a ciertos actores, sin que medie una investigación o existan elementos de juicio lo suficientemente sólidos.

Supongo que se está refiriendo a las Farc, que son las primeras a las que culpamos de cualquier atentado. ¿Pero acaso tienen algún mérito para no ser las principales sospechosas de los actos terroristas que se cometen en el país?

Estamos emprendiendo esfuerzos como el de Colombianas y Colombianos por la Paz para pedirles a las Farc que se atengan a unas reglas humanitarias. Eso también hay que pedírselo al Eln, al Estado y a esos grupos que se han llamado en Colombia paramilitares.

¿Qué es Colombianos por la Paz?

Es un grupo muy plural de 130 mil personas que hemos suscrito dos cartas que se le han enviado al secretariado de las Farc. Más que un grupo de intelectuales, es uno de ciudadanos y ciudadanas, y quiero señalar que las mujeres tienen una presencia muy importante en esta iniciativa. Por eso agregarle lo de "colombianas" no es un hecho casual.

¿Y la líder es Piedad Córdoba?

Sin lugar a dudas. Piedad ha jugado un rol importante en los procesos de liberación de personas, y en estas últimas ha tenido el papel central. Ha mantenido firme el timón en momentos muy difíciles.

Piedad tiene el cuero muy duro...

Sobre todo la serenidad necesaria, que es el resultado de un proceso de experiencia. Nadie nace sabio para un proceso tan difícil como este.

¿A qué atribuye el señalamiento del Presidente de que este grupo está al servicio de las FARC?

Son aseveraciones que nos ponen en alto riesgo. Pero no vamos a entrar en la polémica. Queremos concentrarnos de manera muy seria en lo que estamos haciendo. Nuestro papel es humanitario, y eso implica acercar dos partes que están en un conflicto muy álgido y muy antiguo. Creo que las seis liberaciones que se han producido recientemente muestran eficacia. Queremos menos carreta y más hechos.

¿Y cree que los liberaron en respuesta a las cartas que ustedes se cruzaron con las Farc?

No queremos caer en actitudes mesiánicas. Esas liberaciones no se pueden reducir a una sola variante. Creo que son fruto de un conjunto de condiciones que se han venido presentando en el país y en el mundo, como el cambio de dirección en las Farc y la presidencia de Barack Obama. También la guerra y las políticas del Gobierno han hecho mella en ellas.

Si es así de transparente la actividad de este grupo de colombianos, ¿por qué el presidente Uribe es tan duro con ustedes?

Eso hay que preguntárselo a él. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y hemos tenido una interlocución con el Gobierno. El proceso de las liberaciones se hizo en una permanente comunicación con el Alto Comisionado para la Paz, con momentos de un diálogo muy fluido y en otros de discusiones muy serias. Este es un conflicto armado, así se diga que no lo es, en el que hay por lo menos dos partes. Con las dos hay que hablar para construir un camino para la paz.

¿A cuál de las dos partes pertenece usted?

Yo soy un ciudadano. Pero la legalidad que exijo por parte del Estado es mucho más ambiciosa que la que existe. Las leyes y los principios constitucionales que hay en Colombia son insuficientes para un Estado verdaderamente democrático, aunque la legalidad que ya existe hay que hacerla respetar. Así que, si bien me ubico en el plano de la legalidad y la defensa de esos principios que son valiosos, también le exijo al Estado que los respete y que sus funcionarios sean los primeros en ser garantes de esos principios.

Se lo pregunto porque algunos pretenden corregir las imperfecciones del Estado no a través de las vías democráticas, sino de la lucha armada.

Pues esa es la situación en la que estamos en Colombia. Pero se debe construir un espacio político que le de cabida incluso a aquellos que han optado por atacar desde la ilegalidad a ese Estado que tenemos hoy.

¿Bajo el cumplimiento de ciertas condiciones?

Yo diría que es necesario construir esas condiciones.

¿Una de ellas sería dejar de secuestrar?

Sí, lo hemos dicho muy claramente en la segunda carta que le escribimos a las Farc, donde les planteamos una pregunta sin ambigüedades: ¿Están dispuestos a renunciar al método del secuestro como forma de actuación en la guerra y de su financiación? El diálogo epistolar se basa precisamente en preguntas concretas. No es una disquisición, ni un ejercicio para escribir cartas con los puntos de vista de ellos y los nuestros. No. Es un diálogo sobre temas concretos que debe llevar a la ocurrencia de hechos. Y así se lo vamos a plantear al Eln y al propio Estado, porque esa misma pregunta es válida con relación a los 'falsos positivos', a las desapariciones forzadas, a la tortura y a la utilización de los grupos paramilitares.

Las Farc no contestaron sí o no...

Liberaron a seis personas. En las liberaciones que han ocurrido hay un punto importante, y es que han salido a la libertad los últimos de los llamados secuestrados políticos. Esa es una cuestión relevante, porque esperamos que represente el fin del secuestro político.

Si las Farc no fueran tan torpes políticamente, ¿no liberarían a todos los secuestrados, para recuperar algo de opinión y debilitar la razón de ser de la seguridad democrática?

Estas seis liberaciones son un gesto que se debe valorar y pedir que se profundice, pero hay que ir con los tiempos que se pueden ir dando. La primera decisión que tomamos es pedir cosas razonables y ubicarnos en el plano de un conflicto armado que está en situaciones muy álgidas y degradadas. Esas liberaciones deben ser leídas como un logro significativo que puede ampliarse. Ahora es el momento de hablar de intercambio humanitario. Así se lo plantearemos a las Farc en nuestra próxima carta, que puede traer un nuevo avance.

Pero el presidente Uribe acaba de decir que no hará intercambio humanitario...

Nunca hemos pensado que hacer el intercambio humanitario será fácil. Nos corresponde perseverar en esa búsqueda a pesar de la obstrucción de las partes.

¿Podemos decir entonces que estamos entrando en el fin del secuestro de la guerrilla en Colombia?

Cuando las Farc optaron por el secuestro, tal vez a comienzos de los años 80, cometieron un grave error político y militar que se fue convirtiendo en una práctica criminal. Confío en que sea posible que entiendan eso y que, a partir de ahí, haya un camino distinto marcado por el fin del secuestro. Y utilizo este medio para volver a insistir en la misma pregunta a las Farc.

¿La de que si están dispuestas a renunciar al método del secuestro? Pues ojalá muy pronto se la respondan.

María Isabel Rueda
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Iván Cepeda Rechaza indemnización del Estado colombiano

Iván Cepeda C. Rechaza indemnización del Estado colombiano PDF Imprimir E-Mail
Escrito por E. T. Movice
domingo, 25 de enero de 2009
El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar la identidad de los autores materiales e intelectuales para promover la aplicación de justicia a los responsables, resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición de esos crímenes.

La reparación integral es por tanto un derecho de las víctimas y un deber del Estado.


Sin embargo, el Gobierno Nacional y algunos de sus voceros han pretendido estigmatizar ese derecho, presentándolo ante la opinión pública como un lucrativo negocio con el cual las víctimas y sus representantes legales intentan despojar al Estado de unos recursos inmerecidos.


Así mismo, se ha querido hacer creer que la reparación de las víctimas se reduce a una simple reparación pecuniaria, con lo que se intenta socavar su legítimo derecho a conocer la verdad sobre los crímenes y sus responsables y a recibir justicia mediante la aplicación de sanciones efectivas y oportunas para los perpetradores tanto intelectuales como materiales.


Dado que el Estado colombiano sólo reconoce su responsabilidad por OMISIÓN en el asesinato del senador Manuel Cepeda Vagas y niega el derecho a reparación integral que le corresponde a toda víctima, Iván Cepeda Castro ha decidido NO ACEPTAR EL MONTO DE LA INDENMIZACIÓN, el cual donará a un fondo que se constituirá para beneficiar a hijos y descendientes de víctimas del genocidio contra la UP, brindándoles educación. Del mismo modo procederá ante cualquier eventual indemnización que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Esta decisión, sin embargo, no exime al Estado colombiano de su responsabilidad por acción y omisión ni de su deber de reparar integralmente a las víctimas en el caso del asesinato del senador Cepeda, lo cual se espera que ocurra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha decisión tampoco implica la renuncia a los derechos a verdad y justicia; y que además se constituyen en la esencia de la lucha contra la impunidad que durante los últimos 15 años, y con enormes costos, ha impulsado la familia Cepeda Castro.


Antecedentes:


La sala Cuarta del Consejo de Estado condenó el pasado 10 de diciembre de 2008, al Estado colombiano a indemnizar a la familia del senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994.


La condena se impone por omisión al no habérsele brindado las debidas medidas de protección al senador Cepeda, quien se encontraba amenazado y hacía parte de Unión Patriótica -UP-, movimiento político que venía siendo exterminado a través de la denominada.


La sentencia del Consejo de Estado no reconoce la responsabilidad del Estado por acción en el crimen, toda vez que su directa participación ya ha sido demostrada. En 1996 la Fiscalía vinculó a dos suboficiales del Ejército al proceso y a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. En octubre de 1997, se profirió resolución de acusación contra Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales activos del Ejército adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, y contra Carlos Castaño Gil por el delito de homicidio agravado. El 11 de noviembre de 2004, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver al jefe paramilitar, al considerar que su confesión, dada a conocer a través de un libro, no fue oportunamente allegada al proceso. Los dos suboficiales del Ejército pagaron penas de prisión irrisorias y hasta la fecha se desconoce el nombre de los autores intelectuales del crimen.


En marzo de 2007 el Gobierno colombiano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de agentes del Estado en el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Este tardío reconocimiento pretendía evitar que caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Iván Cepeda Castro afirmó entonces que el litigio continuaría en tanto no se conocieran los nombres de los autores intelectuales de este homicidio y fueran ejemplarmente sancionados.


El Estado colombiano aún no reconoce que sus agentes actuaron en concierto con los grupos paramilitares para asesinar al senador Manuel Cepeda.

Fundación Manuel Cepeda Vargas - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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