"VAMOS POR LOS DERECHOS" ACTIVIDADES DE IVÁN CEPEDA COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA 2010–2014

Visitantes Blog de Iván Cepeda

2012-01-13T23:00:00.000-08:00

(Blog Administrado por: David García)

RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

2012-01-13T03:32:00.000-08:00

SEGUNDO SEMESTRE 2011

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

PROYECTOS:

SE BUSCÓ ELIMINAR LA AMPLIACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
A lo largo de la discusión del proyecto de Reforma Judicial, insistimos en la inconveniencia de la aprobación de la iniciativa en tanto incluyera el artículo que busca ampliar el fuero penal militar.

Expresamos en los distintos debates que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por eso nos acogimos al concepto proferido por parte de Human Rights Watch, que deja en claro el daño que se puede hacer con este aspecto de la reforma a la justicia a la causa de las víctimas, al Estado de derecho y a la propia justicia. Además, la reforma puede abrir la puerta a que Colombia termine en la CPI y que no sea certificada en derechos humanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En los próximos debates que debe afrontar el proyecto seguiremos trabajando para lograr el retiro del artículo sobre la ampliación del fuero penal militar.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Logramos la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz, el cual establece que “en todo proceso llevado en el Sistema de Justicia y Paz se aplicará el método de investigación correspondiente a la tipificación penal de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio”.

La iniciativa implica que en todos los casos en los cuales se investigan delitos cometidos por paramilitares de manera individual como asesinatos y desplazamiento forzado, éstos serán tratados como crímenes de sistema, a los cuales están vinculados los aparatos económicos y de poder del país, lo cual significaría un gran avance en materia de verdad histórica.

Confiamos en que el Senado mantendrá esta iniciativa en el próximo debate legislativo.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HOMENAJE A JAIME GARZÓN

Con nuestra ponencia en la Cámara de representantes, obtuvimos la aprobación del proyecto mediante el cual se honra la memoria del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural, tras 12 años de su asesinato.

La iniciativa declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Esperanza, y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de Señal Colombia se realice la recopilación, selección y publicación de la vida y obra del periodista, así como para que incorporen, dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Además, el proyecto establece la construcción de un busto del periodista, que será ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Junto a varias organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, le enviamos una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual le solicitamos una audiencia con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.

La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE LEGALIZARÍA MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Junto a la representante Alba Luz Pinilla se radicó el Proyecto de Ley 058 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales de conformidad con el principio de dignidad humana, igualdad y pluralismo que establece la Constitución Política (Art. 1º).

Dicho proyecto propone que el matrimonio sea un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo, hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de procrear o de auxiliarse mutuamente. Asimismo plantea que las personas del mismo o distinto sexo, mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la plenaria de la Cámara:

1. Debate Despojo de Tierras en Montes de María

En este debate presentamos diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.

Presentamos también un video de una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al exministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Denunciamos también que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

Interrogamos al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María, especialmente en lo que tiene que ver con los terceros de buena fe.

Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía General que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos, y a varios empresarios compradores de las tierras por lo denunciado en el debate.

2. Debate crisis carcelaria en Colombia

En este debate insistimos en replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Denunciamos la grave situación de hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, como es el caso de la prisión de Bellavista de Medellín, donde existe una sobrepoblación del 300 por ciento.

Del mismo modo, dimos a conocer varios casos de agresiones de personal masculino de guardia hacia reclusas de la cárcel El Buen Pastor Bogotá.

Denunciamos que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las Reglas mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado.

Al final se hicieron varias peticiones concretas con el fin de dar solución a la problemática carcelaria:
• Se conceda prisión domiciliaria a enfermos terminales, respondiendo a criterios mínimos de seguridad.
• Se adelante un estudio que con perspectiva de DDHH reclasifique a toda población carcelaria en nuevos centros de reclusión, patios y torres.
• Bajo el criterio de sostenibilidad carcelaria prohibir el ingreso de nuevos internos a las cárceles que presentan situaciones de hacinamiento extremo, tipo Bellavista y Modelo.
• Crear el Comité especial para la revisión de la situación judicial facultado para revisar la ejecución de penas y la detención preventiva, y que podrá dar recomendaciones frente a los casos que evalúe ante la autoridad competente, así como hacer recomendaciones sobre el uso racional de las medidas de reclusión.
• Terminar contrato con Caprecom y buscar una salida digna al problema del servicio de salud.
• Intervenir con carácter urgente el pabellón ERE Sur de La Picota y enviar a todos sus internos a la Cárcel de Combita.

Creación de una Comisión interinstitucional para evaluar crisis carcelaria

Como conclusión del debate de control político sobre política carcelaria, el Ministerio de Justicia avaló la creación de una Comisión interinstitucional encargada de analizar y sugerir los correctivos en materia de sobrepoblación, infraestructura, satisfacción de necesidades básicas, salud, entre otros temas, inicialmente en las cárceles de Bellavista de Medellín, Villahermosa de Cali, Modelo de Bogotá y Tramacúa de Valledupar. Se propone que esta comisión esté integrada por profesionales técnicos de diversas instituciones del Estado, ajenos al Inpec y a los órganos de control. También, por académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en trabajo con población carcelaria.

Se creará un grupo de trabajo encargado de estudiar medidas conducentes a contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. Este grupo estudiará los procesos, prácticas y patrones que se aplican en materia de detención preventiva y de ejecución de penas. El grupo estaría conformado por abogados de diferentes organizaciones con trayectoria en trabajo penitenciario y carcelario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio Público.

La conformación de ambos grupos será concertada con el Ministerio de Justicia y el viceministro de asuntos penitenciarios y carcelarios.

LOGROS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Entrega de testimonios a Fiscalía y CIDH
Entregamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares y su apoyo a actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las declaraciones fueron entregadas en desarrollo del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria del país que incluyó las cárceles de Itagüí y Cómbita, y fue llevado a cabo con autorización de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes.

La entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de las funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.

Gestión en entrega de preso que se fugó de cárcel Bellavista

En cumplimiento de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo parlamentario realizado en las penitenciarías del país, obré como garante en la entrega del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre de 2011 cuando era llevado a una diligencia médica.

El interno anunció su deseo de entregarse a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del representante Iván Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de Justicia y del Inpec, logramos la entrega del recluso en la cárcel de Itagüí el día 15 de diciembre.

Audiencia de Derechos Humanos en Arenal, Sur de Bolívar.
La Audiencia que fue aprobada por la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 19 de noviembre del año en curso, y tenía como propósito evidenciar la crítica situación en materia de derechos humanos que vive la región, y buscar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades del Estado a nivel nacional y regional, contó con la participación de aproximadamente 300 personas de diferentes municipios del sur de Bolívar.

La comunidad reunida en Arenal denunció como un riesgo de despojo el incremento de los cultivos de palma en la región. En materia de minería, dieron a conocer la existencia de concesiones que incluyen caños y humedales, y la permanente presencia de retroexcavadoras, como verdadera minería ilegal, la cual se desarrolla con anuencia de la fuerza pública y de las autoridades municipales.

También denunciaron que continúa incrementándose el paramilitarismo en la región quienes han manifestado su interés de retomar el control del territorio. A raíz de estas y otras denuncias, radicamos ante la Plenaria de la Cámara el acta del desarrollo de la Audiencia Pública, y le solicitamos a esa Corporación remitir copia de la constancia y del Acta a las Instituciones que fueron convocadas y que no asistieron a la audiencia.

OTRAS ACTIVIDADES
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo a campesinos que buscan restitución en Las Pavas en el sur de Bolívar
Luego de llevar a cabo una visita solicitada por las asociaciones campesinas que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas en el mes de abril del presente año, continuamos apoyando la petición de estos campesinos que reclaman justamente la restitución de los terrenos que ahora están en manos del consorcio palmicultor San Isidro.
Estuvimos acompañando a estas comunidades en su protesta el día 16 de diciembre a raíz de la persecución de la cual han sido víctimas, luego de una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
Como parte de nuestras actividades parlamentarias y de defensa de los derechos humanos, continuaremos apoyando a los campesinos de Las Pavas en su justa reclamación.
Acompañamiento a marcha de campesinos de Mampuján
El 12 de diciembre acompañamos a las comunidades de Mampuján del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan (Bolívar), en una marcha hasta la ciudad de Cartagena. Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005; la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz no se ha cumplido.
Por eso respaldamos a estas comunidades en su exigencia al Estado y al Gobierno Nacional del cumplimiento a cabalidad con las víctimas de un proceso de reparación integral colectiva e individual.

Reconocimientos:
En una encuesta realizada por la oficina de información y prensa de la Cámara de representantes, entre 80 congresistas, con el fin de conocer la posición de éstos frente al desempeño parlamentario del segundo semestre del 2011, aparece el representante Iván Cepeda en el 5º lugar de los representantes con mejor trabajo legislativo, y el debate sobre tierras realizado en el mes de agosto quedó en el segundo lugar de los mejores debates de control político.

PRONUNCIAMIENTO

2011-12-20T06:49:00.000-08:00

Bogotá D.C. Diciembre 20 de 2011

Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.

Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.

No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.

Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.

Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda

Representante Iván Cepeda denuncia venganza por parte de parapolíticos de Sucre

2011-12-19T18:37:00.001-08:00

La denuncia surge luego de conocerse recientes acciones judiciales emprendidas en contra del médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz

BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones.

Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.

El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.

El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.

Representante Iván Cepeda media en entrega de interno que se fugó de cárcel Bellavista

2011-12-15T18:00:00.001-08:00

*El recluso solicitó la intervención del congresista y de una ONG como
garantes para su entrega, la cual estuvo condicionada a su traslado a la
cárcel de Itagüí*

*
*

ITAGÜÍ, 15/12/11. En cumplimiento de sus funciones como miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo
parlamentario que viene realizando en las penitenciarías del país, el
representante Iván Cepeda obró en el día de hoy como garante en la entrega
del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la
cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre cuando era llevado
a una diligencia médica.

Horas después de darse a la fuga, el interno anunció su deseo de entregarse
a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima
seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras,
director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del
representante Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de
Justicia y del Inpec, hacia el medio día de hoy se logró la entrega del
recluso en la cárcel de Itagüí.

El congresista Iván Cepeda reiteró su ánimo de seguir trabajando en la
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en
las diferentes cárceles de Colombia .

*A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL INPEC DA
AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN:*

*
*

7102-DINPE-GDH-1493

Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2011

Doctor

*Iván Cepeda Castro*

Representante a la Cámara

Ciudad

*Referencia: *CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO

Reciba un cordial saludo por parte del Grupo de Derechos Humanos.

De manera atenta y de acuerdo a su solicitud verbal relacionada con la
entrega del señor

CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO, el día 14 de Diciembre de los corrientes ante
el Director

Técnico de este Instituto, me permito informarle que el *Instituto nacional
Penitenciario y*

*carcelario (INPEC), garantiza los derechos humanos del interno como
política*

*institucional *y destinará como lugar de reclusión el Establecimiento
Penitenciario y carcelario

de Itaguí, donde tendrá acceso a los programas de reinserción social
establecidos. En lo

referente a la iniciación de los procesos administrativos a causa de la
fuga, este instituto no

puede omitir las disposiciones legales referentes a estos temas.

Así mismo le informo que para esta gestión el Inpec ha delegado a la
Doctora Diana Carmenza

Rúa Betancur, Subdirectora Operativa Regional Noroeste, a quien podrá
contactar en el celular

No.(…), para que coordine la posible entrega del prófugo en mención.

Finalmente, me permito solicitarle que para futuras peticiones, estas sean
hechas por escrito,

con el fin de dejar los registros documentales de las acciones adelantadas
por cada una de las

partes.

Cordialmente

*MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY*

*COORDINADORA***

*GRUPO DE DERECHOS HUMANOS*

Proyectó: MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY

Revisó: Tc POMPY ARUBAL PINZÓN BARÓN -Director Técnico

15/12/2011

Dirección05/Mis documentos/Oficios 2011

Calle 26 No. 27 - 48 Conmutador 2347474 Ext. 190

Ataque a Iván Cepeda por su respaldo a campesinos de Las Pavas

2011-12-08T13:09:00.001-08:00

REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD APORTES SAN ISIDRO INTERPONE QUEJA
DISCIPLINARIA ANTE EL PROCURADOR GENERAL

*El congresista aseguró que esta acción hace parte de una campaña para
desprestigiar a las víctimas y a quienes defienden sus derechos*

BOGOTÁ, 08/12/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció
que el pasado 5 de diciembre fue interpuesta una queja disciplinaria en su
contra ante la Procuraduría General de la Nación, sustentada en la labor de
garante que cumplió el congresista en el retorno pacífico de ASOCAB a la
hacienda Las Pavas el 4 de abril de este año. Afirmó que con esto se busca
presentar la acción de acompañamiento a la comunidad campesina en su
retorno legal a su tierra, como una invasión ilegal.

Cepeda recordó que su acompañamiento a los campesinos, ahora señalado por
empresarios palmicultores que ocupan los terrenos de Las Pavas, se realizó
de manera pública, y no fue un acto clandestino ni violatorio de la ley,
como quiere hacerlo ver el particular que interpone la acción.

Afirmó que esta queja ante el Procurador corresponde a la persecución a la
comunidad de Las Pavas por su justa reclamación que por años ha hecho por
la tierra, actualmente ocupada por algunos empresarios palmeros
cuestionados en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

Muestra de esto, según el congresista, es que desde el pasado 28 de
noviembre se conoció ampliamente una resolución de la Fiscalía Seccional de
Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad
y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un
“nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.

El representante recordó que desde que inició su labor como congresista,
hace un año y medio, ha sido blanco de innumerables ataques, amenazas,
difamaciones, y atentados contra su vida, como producto de las actividades
de respaldo y acompañamiento a miles de víctimas de violaciones a los
derechos humanos en distintas regiones del país.

Expresó que en este caso se pretende desviar la atención de la opinión
pública hacia un ataque político y jurídico en su contra, dejando de lado
el fondo de este asunto que es el legítimo derecho que tiene la comunidad
campesina de Las Pavas sobre su tierra.

Iván Cepeda dijo que asumirá con argumentos los procesos que se abran en su
contra por su actividad en defensa de los derechos humanos.

30 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2011-11-26T05:41:00.000-08:00

Este año se cumplen 3 décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se
impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la
No violencia Contra las Mujeres.

En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las
mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco
del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene
presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de
2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de
integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados),
presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades
campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de
población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia
sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad
personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes
quien participó en el debate de control político que realizamos en la
Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual
contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto,
quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue
víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.

Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin
garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no
avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así
una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las
mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las
mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un
motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad

Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a que
reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos
suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública
de equidad de género para las mujeres

Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la
ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de
distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para
saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual ha
tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre
y autónoma para las mujeres en la región.

Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos
del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia
y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas
lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.

Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este
25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra
las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de
Bogotá.

Bogotá, 25 de noviembre de 2011

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO
iVÀN CEPEDA CASTRO

Comparto con ustedes copia de esta carta que recibí "CARTA DE SOLIDARIDAD CON IVÁN CEPEDA, DIRIGIDA AL PRESIDENTE SANTOS"

2011-11-17T07:41:00.000-08:00

Presidencia de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Casa de Nariño
Cra. 8 No. 7 – 26
Bogotá
Fax 0057-1-337 58 90

Honorable Señor Presidente

Desde la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas se han recrudecido los señalamientos contra Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos y parlamentario del Polo Democrático Alternativo. El representante a la Cámara Iván Cepeda es fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), sector bastante vulnerable por las amenazas y atentados contra sus integrantes, defensores y abogados.

La integridad física y las presiones y amenazas contra Iván Cepeda Castro se han visto aumentadas luego de que él entrevistara en la cárcel de Itagüi, Departamento de Antioquia, al exjefe paramilitar Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.
La declaración del paramilitar compromete al expresidente Uribe en conformación de grupo paramilitar. Señala que el señor Álvaro Uribe estuvo comprometido con la formación del grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC.

El defensor de derechos humanos Cepeda Castro logra, por primera vez, señalar las relaciones de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares a través de una entrevista y testimonio grabado que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Inmediatamente después de estas investigaciones aparecen reacciones temerarias del señor Álvaro Uribe Vélez y de personas pertenecientes a su círculo político más cercano contra el parlamentario Cepeda Castro. El señor Uribe Vélez, con improperios, señala a mediados de septiembre a Iván de “sicario moral“. Posteriormente, el 27septiembre el señor Obdulio Gaviria (exasesor de Uribe Vélez) publica un artículo de opinión en el periódico El Tiempo, en el que hace declaraciones calumniosas señalando a Iván Cepeda como cercano a la guerrilla de las FARC.
Señor Presidente Juan Manuel Santos: en Colombia, esos señalamientos equivale a una sentencia de muerte.

Los abajo firmantes nos declaramos solidarios con el parlamentario y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro y pedimos para él todas la garantías para que se le respete en su trabajo su integridad física y moral.

Es necesario fortalecer las políticas de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, dirigentes sociales y los familiares y las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Lo invitamos a que se pronuncie públicamente en un acto simbólico de desagravio a quienes, como Iván y otros, fueron desacreditados públicamente por Uribe Vélez y cuya desacreditación continúa a raíz de las últimas denuncias de Iván Cepeda.

Estamos convencidos de que un acto de esta naturaleza puede salvar muchas vidas y, sobre todo, puede contribuir a generar un ambiente de reconciliación que aporte a los esfuerzo por la paz en Colombia que todos anhelamos.

(quien quiera firmar, puede escribir a: comitecolombianoddhheuropa@gmail.com)

Con sentimiento de respeto

PRIMERAS FIRMAS

HOLLMAN MORRIS - Periodista, Premio Internacional Derechos Humanos de
Nuremberg 2011

Dr. CARLOS GAVIRIA Diaz - Ex-magistrado y ex-senador de la Republica

ANGELA ROBLEDO – Representante a la Cámara por el partido Verde

PATRICIA ARIZA - Dramaturga, poetisa y actriz de teatro colombiana, fundadora de la Casa de la Cultura, de la Corporación Colombiana de Teatro.

PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ – Abogada, política colombiana, exsenadora y líder del Movimiento Colombianos por la Paz.

FERNANDO RENDON - Premio Nóbel alternativo de la paz, director de la revista Prometeo y organizador del festival internacional de la poesía en Medellín

CLAUDIA LOPEZ – Investigadora y Analista política.

CONSTANZA VIEIRA - periodista – Colombia

LIZANDRO DUQUE - Director de cine colombiano, académico y columnista

JUAN JOSE LOZANO - Director de cine colombiano

GLORIA ARIAS NIETO - Periodista.

ANA FERNANDA URREA - Especialista en medición de opinión pública

ANTONIO MORALES - Periodista – Colombia

CARLOS A. LOZANO Guillen. - Periodista. Director del semanario VOZ

CARLOS NARANJO- Periodista, dirigente nacional del PDA.

ALIRIO URIBE MUÑOS - Defensor de Derechos Humanos

GERMAN GUZMAN NOGALES – Fotógrafo, periodista

JUAN MANUEL ROCA – Poeta

SANTIAGO ESPINOSA – Escritor

LEON VALENCIA – Periodista, investigador. Director de la Corporación Nuevo Arco Iris.

FRANKLIN CASTAÑEDA V. – Secretario General del CSPP (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos)

DANILO RUEDA – Periodista y representante de Justicia por Colombia

DANIEL SAMPER P. – Periodista

ALFREDO MOLANO JIMENO – Periodista de El Espectador

PEDRO MEDELLIN – Periodista

JOSE ANTEQUERA – Abogado, Representante de H.I.J.O.S.

FELIPE ZULETA - Periodista
FERNANDO ARELLANO ORTIZ- periodista, director del Observatorio Latinoamericano
DOMINIQUE DOUJENIS- Pintora, medios.
JUAN M. TRUJILLO
MADELEIN ORTIZ SANCHEZ – Abogada especializada en responsabilidad y daño.
ABIMAEL CASTRO-Periodista, Colombia
CAROLINA ALZATE
DIMITRIOS VITINIOTIS – Traductor.
OSCAR EDUARDO ARÉVALO BERNAL- Ingeniero ambiental.
MANUEL ROZENTAL
CARLOS JIMENEZ- Profesor universitario y periodista.
MARIANA SALAZAR- Politóloga.
FABIAN ACOSTA SANCHEZ- Filósofo U, Nacional.
JUAN CARLOS VILLAMIZAR ALARCON.
NELSON MORALES (Chile)
ALBA TERESA HIGUERA BUITRAGO-Socióloga, Experta en inmigración y Refugio. Defensora de DDHH.
JAIRO RAFAEL JEREZ FONTALVO-Arquitecto, Defensor de Derechos Humanos.
CARLOS MEJIA CORTES- Ingeniero Eléctrico, miembro del concejo por el partido Die Linke Eckernfoerde (Alemania).
DIANA MILENA CHACON (residente en Viena)
L. ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO- Abogada. Universidad Nacional de Colombia
CHRISTIAN GARRIDO.
CARLOS VIDALES- Poeta, escritor, profesor, artista.
MONICA AGUDELO - Agrónoma
ALVARO LUNA PORRAS- Asociacionista
DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ Filósofo (Universidad de Viena)
MARCELA TOVAR THOMAS- Filósofa Universidad Nacional de Colombia
ANGELICA LATORRE- Comunicadora Social y Periodista
OSCAR A. CABALLERO.
IRENE VELEZ- PhD Bellow, Institute of Geography & Geology University of Copenhagen.
ANDRES GOMEZ TARAZONA- filólogo, periodista y editor del periódico El Turbión
MARTHA NUBIA BELLO- Profesora Universidad Nacional de Colombia.
ARMANDO OROZCO- Poeta, escritor y periodista.
RICARDO CARDENAS.
PATRICIA QUINTERO.
EDGAR MONTENEGRO - Asamblea y Mandato Popular del Centro
RAÚL GARCÍA Músico (exdirector y fundador Orquesta Filarmónica)
María Victoria de García -socióloga

ORGANIZACIONES SOCIALES

- ARTISTAS POR LA PAZ
- CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO
- CORPORACION NUEVO ARCO IRIS
- COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
- MOVICE ( Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)
- COLOMBIANOS POR LA PAZ
- H.I.J.O.S.

Cuna del Bloque Metro

2011-11-14T07:37:00.000-08:00

Por: IVÁN CEPEDA CASTRO (14 de Noviembre del 2011)

Las páginas principales de la historia del paramilitarismo en Colombia apenas están escribiéndose. Las numerosas declaraciones a la justicia de sus más conocidos lugartenientes -recluidos en cárceles norteamericanas o nacionales- han venido despejando interrogantes claves sobre el origen del fenómeno criminal, su estructura y sus relaciones de alto nivel con la 'parapolítica', la paraeconomía y la parainstitucionalidad: tres sectores orgánicamente vinculados.
Uno de los pasajes esenciales de esta historia, aún en construcción, que encumbra más la responsabilidad de la parainstitucionalidad, lo constituye el caso de Álvaro Uribe Vélez en el período en que fue gobernador, entre 1995 y 1997.
Como es conocido de la opinión, en los últimos meses recibí los testimonios de dos ex paramilitares. El primero, Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', ex comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, recluido en la cárcel de Itagüí; y el segundo, Juan Guillermo Monsalve, alias 'Guacharaco', recluido en la cárcel de Cómbita. Por las gravísimas acusaciones que contra Uribe contienen los videos de ambos relatos, los remití de manera inmediata a la Fiscal General de la Nación.
Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia.
Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias 'Juan Pablo', comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino.
En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado, y con el apoyo de la Convivir El Cóndor, que presidía Luis Alberto Villegas -afirma Sierra-, los Uribe Vélez ordenaron dos masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas.
El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro, sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.
Dado que los hechos denunciados por estos paramilitares ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones que deben esclarecer los sucesos que, tal vez, constituyen la más alta fase de la criminalidad paramilitar.
Tales denuncias requieren una pronta y eficiente investigación, proteger a los testigos y a sus familias, que denuncian crecientes amenazas contra ellos. Ese es el enorme reto que tiene hoy la administración de justicia en Colombia.
No cesan los voceros de Uribe de intentar deslegitimar las decisiones que inexorablemente viene asumiendo la justicia colombiana en el esclarecimiento de casos como los aquí planteados. Sus herramientas, las calumnias y los falsos sofismas no lograrán detener la verdad.

publicado en:

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/cuna-del-bloque-metro_10759788-4

Click aquí: Debate entre Iván Cepeda, Álvaro Uribe, Laura Gil y José Obdulio Gaviria

2011-11-10T07:38:00.000-08:00

Human Rights Watch manifiesta preocupación por seguridad de exparamilitares que declararon en contra de expresidente Uribe

2011-11-04T09:53:00.000-07:00

*José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human
Rights Watch le dirigió una carta al ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, en la cual le solicita que se adopten las medidas necesarias para
garantizarles la seguridad a los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan
Guillermo Monsalve y a sus familias.*

* *

BOGOTÁ, 04/11/11. La carta surge dos meses después de que la opinión
pública conociera los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la
finca Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto
Guerrero”, quienes señalan la supuesta participación del expresidente
Álvaro Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la
ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de
estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También
mencionan el apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la
presidencia en el año 2002.

En la misiva, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas
de Human Rights Watch, le expresa al ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, su preocupación por las amenazas de las cuales ha sido víctima
Monsalve y su familia, y le pide al Inpec adoptar todas las medidas
necesarias para garantizarle la seguridad, “mientras las autoridades
investigan estas denuncias de manera inmediata y activa”.

La carta fue enviada con copia a la Fiscal General Viviane Morales y al
representante a la Cámara Iván Cepeda Castro quien ha venido haciendo
seguimiento a la crisis carcelaria.

Cepeda recordó que en días pasados el Inpec se negó a trasladar al recluso
Monsalve, quien se encuentra en la cárcel de Cómbita y que había solicitado
el cambio a otra prisión por las constantes amenazas que viene recibiendo.

El congresista valoró la comunicación de Human Rights Watch y le hizo un
llamado al ministro de Justicia para que atienda de manera pronta y
efectiva a las preocupaciones del organismo internacional.

*A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*

Washington, D.C. - 3 de noviembre de 2011

Dr. Juan Carlos Esguerra
Ministro de Justicia y del Derecho
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá, Colombia

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de expresar nuestra
preocupación por la seguridad de Pablo Hernán Sierra García y Juan
Guillermo Monsalve, dos ex paramilitares que, en declaraciones públicas
recientes, afirmaron que el ex Presidente Álvaro Uribe habría estado
activamente involucrado con un grupo paramilitar.

En agosto y septiembre de 2011, Sierra y Monsalve ofrecieron declaraciones
grabadas en video a Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara, en las
cuales señalaron que Uribe habría mantenido vínculos directos con
paramilitares. Ambos aseveraron que el hermano de Uribe, Santiago Uribe,
también habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar. Las
declaraciones de Sierra y Monsalve han tenido amplia repercusión en la
prensa y el Representante Cepeda, a su vez, ha entregado los testimonios a
la Fiscalía General de la Nación. En una carta firmada el 10 de septiembre
de 2011, Monsalve denunció ante la Fiscalía que familiares suyos habían
recibido una amenaza de muerte telefónica.

En atención a lo anterior, quisiera solicitar a V.E. que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adopte todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de Sierra y de Monsalve, ambos
detenidos en la cárcel de Cómbita. Es crucial que reciban plena protección
mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y
activa.

Agradezco de antemano la atención inmediata que pueda brindarle a este
grave asunto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más
alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

Iván Cepeda, Representante a la Cámara se refiere a una carta enviada por el abogado Jaime Granados en representación de Álvaro Uribe ante la CIDH.

2011-11-04T07:56:00.001-07:00

Llamado urgente a las bases para renovación del Polo hace Iván Cepeda

2011-11-01T10:47:00.000-07:00

*Ante el hecho de que del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático no
analizó la solicitud de retiro de su actual presidente, el congresista
apeló a las bases del partido para que insistan en la renovación de la
colectividad*

* *

BOGOTÁ, 01/11/11. En un comunicado público, esta vez dirigido a los
organismos y miembros del Polo Democrático Alternativo, el representante a
la Cámara Iván Cepeda Castro pidió que quienes se identifiquen con las
propuestas de reforma y de renovación de la dirigencia de ese partido,
envíen cartas al Comité Ejecutivo Nacional dejando clara su posición.

El congresista señaló que en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del
Polo del día de ayer, no se analizó la carta enviada por él, en la cual
pidió que se convocara un congreso extraordinario para renovar el partido y
para que se asumieran las responsabilidades políticas por los resultados de
las elecciones, solicitándole la renuncia a su actual presidente, Jaime
Dussán.

“*Por la tanto, hago un llamado a todos los miembros y organismos del
partido que se identifican con esta posición, para que se pronuncien en el
mismo sentido enviando cartas al Comité Ejecutivo del Polo Democrático
Alternativo, dejando clara la petición de convocatoria al congreso y la
solicitud de renuncia de su presidente*”, concluyó Cepeda.

Oficina de prensa

Carta pública enviada al Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo

2011-10-31T13:06:00.000-07:00

Bogotá, 31 de octubre de 2011

Señores:

COMITÉ EJECUTIVO

Polo Democrático Alternativo

Ciudad

Reciban un cordial saludo:

El mensaje de la ciudadanía en las recientes elecciones es claro y refleja,
como amplios sectores del partido lo vienen reclamando, la impostergable
necesidad de hacer una profunda reflexión y de efectuar una renovación
radical del Polo Democrático Alternativo, su dirigencia y su actitud
política.

Es hora de abrir las puertas de la colectividad a nuevos liderazgos
provenientes de las organizaciones sociales, de los movimientos de jóvenes
y de las mujeres. Es urgente una profunda reforma colectiva y democrática.

Por estas razones, le pido al Comité Ejecutivo Nacional del partido que se
convoque cuanto antes a un congreso extraordinario, con el objeto de
debatir ampliamente y en forma democrática la orientación general del PDA y
la nueva composición de su dirección nacional.

Compañeras y compañeros:

Los resultados en las urnas del día de ayer no pueden analizarse
coherentemente sin que se asuman responsabilidades políticas y
comportamientos autocríticos. En consecuencia, solicito respetuosamente al
Comité Ejecutivo que en su sesión de hoy le pida a su presidente, Jaime
Dussán, su renuncia.

Atentamente,

IVÁN CEPEDA CASTRO

Defensor de derechos humanos

Representante a la Cámara

Colectivo Vamos por los Derechos

Iván Cepeda entregó a CIDH testimonios que comprometen a expresidente Uribe con paramilitarismo

2011-10-28T11:36:00.000-07:00

WASHINGTON (EE.UU), 28/10/11. Durante su visita a la ciudad de Washington,
el representante a la Cámara Iván Cepeda se reunió con Santiago
Canton, secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le
entregó los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y de Pablo
Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, quienes señalaron la supuesta participación del
expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las grabaciones entregadas a la CIDH corresponden a las mismas que fueron
dadas a conocer por el representante en el mes de septiembre, luego de sus
visitas a las cárceles de Itagüí y Cómbita, y que fueron remitidas a la
Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.

El congresista Cepeda recordó que la entrega de estos importantes
testimonios se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que las
instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el
internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el
expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la
violación de los derechos humanos.

En su testimonio, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del
mayordomo de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez
en el nordeste antioqueño, afirma que desde esa finca se coordinaron
acciones paramilitares como las masacres del municipio de San Roque y que el
entonces gobernador Uribe Vélez protegía las actividades de narcotráfico del
Bloque Metro de las AUC que operaba en la región.

Por su parte, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero” asegura
que los fundadores del grupo paramilitar de San Roque que luego se convirtió
en el Bloque Metro, fueron además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe
Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan
Guillermo Villegas Uribe, excandidato a la Cámara, y Santiago Gallón Henao,
ganadero y caballista.

¿POR QUÉ APOYO A AURELIO SUÁREZ?

2011-10-27T06:23:00.000-07:00

Quiero invitarlas e invitarlos a votar por Aurelio Suárez. Considero que sus propuestas son coherentes con el proyecto político de la izquierda democrática, responden a un profundo conocimiento de la ciudad de Bogotá, tienen en su centro la preocupación por el bienestar y la equidad social, y son un antídoto eficaz al destructivo proyecto neoliberal que se impone en la actualidad en Colombia.

A pesar de valiosas conquistas sociales en los últimos ocho años, los problemas más graves que sufre nuestra capital son la desigualdad y la negación continua de los derechos fundamentales para la mayoría de ciudadanos. Considero que Aurelio encarna de manera cualificada, valiente y ética los valores de la defensa de esos derechos
negados.

Merece nuestro respaldo, además, porque se ha intentado por todos los medios convencer a la opinión pública de que los sectores de izquierda desaparecerán después de esta elección. La izquierda colombiana ha soportado infinidad de golpes, persecuciones y campañas de exterminio. No es la primera vez que se intenta decretar su defunción. Pero no lo han logrado ni lo logrará con este nuevo intento. Por eso este respaldo, al que invito, constituye asimismo la afirmación de que un proyecto de
trasformación social profunda y democrática hoy es imperativo y posible en nuestro país.

Iván Cepeda Castro

Defensor de Derechos Humanos

Representante a la Cámara por Bogotá

EL SILENCIO DE LA MACARENA

2011-10-19T09:21:00.000-07:00

Opinión | Mar, 10/18/2011 - 23:00

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com
El pasado 2 de octubre, El Espectador publicó el artículo "De visita en La Macarena", sobre un correo enviado por la embajada de los Estados Unidos luego de la visita de sus funcionarios al cementerio de La Macarena, Meta, como consecuencia de las denuncias realizadas sobre la posible existencia de una gigantesca fosa común en dicho lugar.

El artículo no analiza la trascendencia del debate ni los procesos a los que dio lugar. Por mi parte, nunca denuncié la existencia de esa supuesta fosa, pero sí de una grave situación. Según la Fiscalía, en La Macarena y en al menos otros cinco cementerios de la zona (Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y otros dos en San José del Guaviare) existen más de 2.000 cadáveres no identificados que han sido entregados a las autoridades forenses por la Fuerza Pública. Aunque no han querido ser mostrados públicamente los informes operacionales, el Ejército sostiene que se trata de miembros de grupos armados muertos en combate. Como se sabe, en esos lugares se ha aplicado el Plan Colombia y han tenido lugar cruentos enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla. También se ha registrado la actuación de estructuras paramilitares. La población civil ha sufrido los estragos de esos enfrentamientos.

He venido formulando numerosos requerimientos a la Fiscalía para que investigue, practique inspecciones en los cementerios, y rastree todos los datos con el fin de identificar a las personas que figuran en tales sitios como NN. Luego de las primeras visitas e indagaciones se encontró, por ejemplo, que en el cementerio La Resurrección de Granada existía una tumba múltiple sin ninguna identificación externa con 42 cadáveres, y varias bóvedas con otros 24. Esos cuerpos no identificados eran personas que murieron en la retoma del municipio de Puerto Lleras, que en julio de 1999 fue blanco de un ataque guerrillero. En diciembre de 2010, en cumplimiento de un requerimiento que hice se procedió a la exhumación de esos cuerpos entre los cuales había varios menores de edad.

¿Los muertos de Puerto Lleras, enterrados en Granada, eran todos guerrilleros que cayeron en los combates? ¿Hubo civiles que perecieron en medio del fuego cruzado?

Esos cementerios contienen historias del conflicto armado que quieren ser silenciadas. En muchos de los casos, las fuerzas militares no respetaron los protocolos que rigen para el levantamiento de los cadáveres. En muchos otros, existen fundamentos para presumir que los inhumados fueron víctimas de ejecuciones o desapariciones forzadas.

No obstante, el resultado más relevante de este debate fue que contribuyó a incentivar la acción de las autoridades para esclarecer la realidad de las personas no identificadas y desaparecidas que han sido sepultadas en muchos cementerios del país. Luego de las sesiones parlamentarias de control político sobre La Macarena, por iniciativa del Ministerio del Interior se suscribió un convenio con el Instituto de Medicina Legal y la Registraduría, a través del cual se cotejaron las tarjetas necrodactilares de personas NN en Colombia con el Archivo Nacional de Identificación Dactilar. El resultado del convenio fue la identificación de 5.582 personas, de las cuales cerca de 440 se encuentran dentro del Registro Nacional de Desaparecidos. Para avanzar en el proceso de identificación y localización que de los cuerpos sepultados, el Instituto de Medicina Legal -en cabeza de su director, Carlos Eduardo Valdés- lidera una plataforma conformada por diversos organismos del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

A pesar de estos avances, tanto el Gobierno como los comandantes de la Fuerza Pública insisten ahora en crear normas que afiancen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, como las iniciativas que implicarían la ampliación del fuero penal militar. Tales medidas obstaculizarían, entre otras cosas, esclarecer los numerosos casos de ejecuciones o desapariciones de personas cuyos cuerpos se encuentren en los cementerios como NN. En los próximos días adelantaré un debate en el Congreso sobre nuevos hechos relacionados con la cadena criminal de los mal llamados “falsos positivos” y presentaré mis argumentos contrarios a cualquier ampliación del fuero penal militar.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-306214-el-silencio-de-macarena

Requerimiento a las autoridades para que atiendan de manera urgente la crisis humanitaria y las infracciones al DIH que se presentan en Suárez Cauca

2011-10-07T21:29:00.000-07:00

Con enorme preocupación he recibido información sobre la crisis humanitaria y la ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario que afronta comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en el municipio de Suárez Cauca desde el pasado 25 de septiembre a raíz de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC.

Desde ese momento los civiles se encuentran en medio del fuego cruzado, y en estado de confinamiento ante la imposibilidad de ingresar alimentos y de salir de la zona debido a la utilización de un cerco militar por parte del Ejército que restringe la circulación, y del no tránsito de planchones por el embalse de La Salvajina el cual comunica a varios corregimientos con la cabecera municipal del municipio, lo que deja incomunicada a gran parte de la comunidad de Cerro Tijeras y de los consejos comunitarios de Mindala, Pureto, Bellavista, Brisas de Mary López, y Meseta

Las provisiones de comunidad de la comunidad se han acabado, no pueden realizar sus actividades y labores productivas por temor a ser víctimas de fuego cruzado; y no cuentan con las condiciones necesarias para permanecer en los lugares de refugio.

Adicionalmente se denuncia por parte de las comunidades, actuaciones por parte del ejército y de la guerrilla que contravienen el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción y de respeto a los bienes protegidos, como por ejemplo, a través de la siembra de minas antipersonales en la zona.

Luego de más de siete días de presentarse esta difícil situación el Estado solo se ha hecho presente a través de las fuerzas armadas. De manera respetuosa me permito requerir a Acción Social, a la Alcaldía Municipal de Suárez y a la Gobernación Cauca, para que de manera urgente procedan a garantizar la atención y ayuda humanitaria que esta población requiere. Es importante anotar que el Cabildo de Cerrotigeras nos ha expresado que el lugar más crítico en este momento por parte de las comunidades indígenas se presenta en los sitos de asamblea permanente de Agua Clara, Playa Rica y el Amparo.

De igual manera requiero al Ministerio de Defensa para que garantice de manera estricta el cumplimiento a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario en la zona.

Es importante recordar que la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a los DDHH se puede configurar por acción de los agentes del Estado, pero también por omisiones de sus deberes constitucionales y legales.

Atentamente

Iván Cepeda Castro

AMPLIAR EL FUERO PENAL MILITAR SERÍA ABRIRLE CAMINO A LA IMPUNIDAD

2011-10-07T04:40:00.000-07:00

SOBRE PROYECTO DEL GOBIERNO PARA REFORMAR JUSTICIA PENAL MILITAR
*“Ampliar el fuero penal militar sería abrirle camino a la impunidad”: Iván
Cepeda*

* *

BOGOTÁ, 6/10/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático
Alternativo, Iván Cepeda Castro, reaccionó duramente a la iniciativa del
Gobierno Nacional que incluyó en la Reforma a la Justicia medidas para
ampliar el fuero castrense y un marco especial para el juzgamiento de
militares, lo que para él viola de manera flagrante la normatividad
internacional que ha concebido la justicia penal militar funcional y que, en
ningún caso, contempla la regresión al fuero de casta. El congresista, quien
ya había presentado ponencia negativa al proyecto de defensoría técnica a
militares, discutido en la Comisión Segunda de Cámara, advirtió que se
opondrá tajantemente a la aprobación de esta nueva propuesta en los debates
en Cámara de representantes.

Iván Cepeda plantea que este nuevo marco jurídico aumentaría el riesgo de
impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar
como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico,
concierto para delinquir, extorsiones, entre otros. Además, señaló que con
la nueva normatividad se le quitaría a la Fiscalía General la función de ser
el primer órgano en hacer presencia en el lugar donde presuntamente se haya
cometido un delito por parte de un militar.

*“Es inadmisible que el Gobierno, en lugar de perseguir los crímenes y
depurar la justicia penal militar, pretenda reimplantar medidas ya abolidas
por la jurisprudencia internacional y por la doctrina de la Corte
Constitucional como lo es el fuero penal militar”,* puntualizó Cepeda.

El congresista señaló que la propuesta, además de regresiva, es violatoria
del derecho a la igualdad, al poner a la víctima en una posición de
desequilibrio frente al presunto agresor. Del mismo modo, Cepeda anunció que
prepara un debate de control político para el mes de noviembre, sobre la
situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. En este
debate, se expondrá la inconveniencia de dicho marco jurídico militar, dado
la enorme cantidad de militares relacionados con estos crímenes y otros de
igual gravedad.

OFICINA DE PRENSA

Respaldo a movilización de 400 pobladores en el Sur de Bolívar

2011-09-02T09:57:00.000-07:00

BOGOTÁ. 01/09/11. El representante por el Polo Democrático Alternativo,
Iván Cepeda Castro, respalda la movilización de las comunidades concentradas en el Arenal, Sur de Bolívar, las cuales protestan por la situación de
violencia que se viene presentando en la región.

El congresista reiteró su preocupación por los numerosos asesinatos y los
hostigamientos contra los campesinos y campesinas, por parte de los
distintos actores armados, con el objetivo de apropiarse de sus tierras,
ricas en recursos naturales, especialmente en oro.

Cepeda aseguró que desde el Congreso de la República continuará apoyando a
las comunidades campesinas en la defensa de su territorio, y que adelantará
las acciones pertinentes ante los órganos gubernamentales para que de manera
urgente se convoque a la Mesa de Interlocución del sur de Bolívar, espacio
de concertación entre el gobierno y las comunidades de soluciones a las
problemáticas de tierras y territorio, derechos humanos, inversión social y
minería en la región. La Mesa fue suspendida unilateralmente por el anterior
gobierno y no ha sido convocada por el actual, pese a las reiteradas
solicitudes de las comunidades.

OFICINA DE PRENSA

Las trampas del despojo en Montes de María, Urabá y los Llanos orientales

2011-08-31T09:25:00.001-07:00

HOY EN PLENARIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES

*Las trampas del despojo en Montes de María, Urabá y los Llanos orientales*

**

*En debate de control político, el representante Iván Cepeda explicará cómo
grandes empresarios han adquirido miles de hectáreas mediante el abuso de
poder y estrategias delictivas, de la mano de las entidades estatales.*

**

BOGOTÁ, 31/08/11. Dándole continuidad al primer debate que se llevó a cabo
en la anterior legislatura, este miércoles 31 de agosto, a partir de las 3
de la tarde, el representante a la Cámara Iván Cepeda castro, liderará el
segundo debate sobre tierras, enfocado en los fenómenos de despojo y
extranjerización de predios en tres regiones del país.

En compañía de los representantes Wilson Arias del Polo Democrático, y
Guillermo Rivera del Partido Liberal, se darán a conocer en detalle las
trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para
despojar de sus predios a miles de campesinos en los Montes de María, y
Urabá, y la apropiación de recursos públicos por parte de inversionistas
nacionales y extranjeros en los Llanos orientales.

Al debate de control político que será transmitido en directo por el Canal
Institucional, están citados los ministros de Agricultura y de Transporte,
Juan Camilo Restrepo, y Germán Cardona, el Superintendente de Notariado y
Registro, Jorge Enrique Vélez, y el director de Incoder, Juan Manuel Ospina.

Oficina de prensa

Discurso que hice ayer en el Congreso en el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en el asesinato de mi padre, Manuel Cepeda

2011-08-10T10:21:00.000-07:00

Me complace que hoy sea en este recinto donde se lleva a cabo el acto
solemne de reconocimiento de responsabilidad estatal por el asesinato de mi
padre. Él fue en sus últimos años congresista: primero elegido como
representante a la Cámara para el período legislativo 1990-1994, y acababa
de posesionarse como senador de la República cuando lo mataron. Una franja
tricolor señala la curul que él ocupaba en esta sala.

En este mismo recinto en el que nos encontramos, el 19 de octubre de 1993,
denunció que iban a atentar en su contra tres generales del Ejército
Nacional e integrantes de grupos paramilitares bajo la Operación Golpe de
Gracia; un plan macabro que terminó con la vida de otros miembros de la
dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, así como le costó
el exilio a la concejal Aída Abella y al senador Hernán Motta.

Meses después, el 9 de agosto de 1994, sin que las autoridades hubieran
tomado ninguna clase de medidas para evitar su inminente asesinato, ocurrió
el crimen anunciado, exactamente tal y como él lo había descrito en la
sesión del agitado debate de control político.

En un operativo mixto, militares y paramilitares lo asesinaron cuando venía
aquí, a la comisión segunda constitucional a defender en calidad de ponente
el proyecto de ley que ratificaba la adopción del protocolo segundo
adicional a los convenios del Derecho Internacional Humanitario.

Acompañando ese operativo estuvo presente el propio jefe paramilitar Carlos
Castaño. Así lo narró en el libro* Mi Confesión*. Según los paramilitares,
había recibido esa orientación de los generales a través de uno de sus
asesores, José Miguel Narváez, quien dictaba un curso en los centros de
sicarios de las AUC llamado: "¿Por qué es legítimo matar comunistas en
Colombia?".

Esa misma suerte la corrió buena parte de la bancada parlamentaria de la
Unión Patriótica. Uno tras otro, siete de sus congresistas fueron
asesinados. Algunos de ellos murieron abaleados en sus casas, delante de sus
familias. El sucesor de mi padre, el senador Hernán Motta, como ustedes lo
han visto en este acto, vive en el exilio. Lo amenazaron a él y a su
familia, la cual había ya sufrido el homicidio del hermano de Hernán,
también militante de la UP. Llegará el día, señoras y señores
parlamentarios, en que a esa bancada aniquilada por la violencia, se le
rinda un merecido homenaje.

En esa luctuosa época a diario caían asesinados los militantes de la UP, y
el ritual semanal era ir a enterrar a un nuevo líder inmolado. Eran días
como aquel, en que a mi tía Stella, a quien ustedes escucharon aquí, le
dinamitaron su casa por ser dirigente de la colectividad en el Cauca; un
atentado del que ella y su familia se salvaron milagrosamente. Días como
aquel en que nos despertamos con la noticia del asesinato de Bernardo
Jaramillo, de Jaime Pardo Leal o de José Antequera. En los que las noticias
eran como aquella, que tanto recuerdo, acerca de que en el sepelio de un
concejal de la UP en el Meta, los paramilitares habían puesto ante la
funeraria un potente equipo de sonido, habían montado una fiesta y al salir
el cortejo fúnebre dispararon matando e hiriendo a algunos de los familiares
y dolientes.

Y mientras ocurría este baño de sangre como lo manifestó ante notario
público el ex consejero de paz, Carlos Ossa Escobar, el general, entonces
ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina dijo un día cuando éste fue a
visitarlo a su despacho para expresarle suma preocupación porque cada día
estaban matando a un miembro de la UP: *“*Carlos, a ese ritmo no van a
acabar nunca”. Sobran los comentarios.

No ha sido fácil el camino de 17 años para llegar a esta tarde en la que se
reconoce la responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad. Dicho
camino ha consistido en una sucesión de exilios, atentados, amenazas, que
han incluido el espionaje de nuestra vida privada y repetidas campañas de
desprestigio.

Nada de eso nos hizo desfallecer, y debemos decir hoy sin presunción pero
con orgullo que buena parte del proceso de justicia en este caso se ha
logrado gracias a nuestra perseverancia, a la de nuestros incansables
abogados y abogadas del Colectivo “José Alvear Restrepo” y del Centro
Internacional para la Justicia, CEJIL, y al trabajo del Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado.**

Para solo mencionar uno de los innumerables episodios de esta persecución
que buscaba dejar en la impunidad el caso Cepeda y el genocidio de la UP;
baste recordar el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por parte del anterior gobierno.

El anterior presidente de la República cuando fue notificado de la sentencia
internacional que hoy respetuosamente se acata, hizo una declaración en la
que so pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre, en realidad
agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias que habíamos formulado
“falsas acusaciones” contra el país y como que habíamos procedido “con odio
a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos".

Esa actitud es lastimosamente reveladora del sentimiento de complicidad con
los autores de muchos de los crímenes contra la humanidad que se han
cometido en Colombia, de la persistencia de algunos sectores de la extrema
derecha del país en seguir justificando sus actuaciones violentas y del
desafío a la justicia internacional para mantener la impunidad de crímenes
estatales en Colombia.

Hoy, a diferencia de tales comportamientos, el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos hace oficialmente el reconocimiento de responsabilidad por el
crimen perpetrado contra el senador Manuel Cepeda Vargas, y solicita en esta
sesión solemne perdón por este hecho.

Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la petición de perdón en
situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un
acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la
verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la
enunciación de los destinatarios de la petición, el reconocimiento público
del daño causado y la expresión del compromiso de no repetir en el futuro
acciones similares.

Al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Gobierno Nacional no solo honra su deber de acatar y poner en práctica
las medidas de reparación dictaminadas por el tribunal internacional en un
caso particular. Al mismo tiempo, realiza una acción simbólica que tiene al
menos cuatro significados profundos para la sociedad colombiana, que quiero
destacar brevemente.

*En primer lugar, al reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso
del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se cumple con un acto de
justicia en uno de los miles de hechos del genocidio contra la UP. *

* *

La Corte Interamericana estableció nítidamente que el Estado colombiano
además de ser responsable por acción y omisión del homicidio político contra
el senador Cepeda, fue responsable de haber violado un conjunto de derechos
fundamentales: haber negado la justicia y mantener la impunidad sobre los
máximos responsables que ordenaron y planificaron el asesinato; haber negado
la alianza criminal al más alto nivel entre sectores de las fuerzas
militares y los grupos paramilitares; haber atentado contra la libertad de
expresión y de asociación política de Manuel Cepeda en tanto comunicador
social y líder de la Unión Patriótica y del Partido Comunista; intentar
destruir o tergiversar la memoria del hecho y dañar gravemente nuestra honra
y dignidad; desarrollar una incesante persecución contra quienes buscamos
justicia en este caso, llegando incluso a llevarnos al exilio, etcétera,
etcétera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el asesinato
perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda tiene las
características de un crimen de Estado. Cito la sentencia en su párrafo 124:
“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del
derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra
comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su
ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y
agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que
debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las
investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre
los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La
planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así
realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de
mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción
organizada, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”.

Sobre este particular no puedo dejar de subrayar que la sentencia de la
Corte Interamericana en el caso Cepeda se inscribe en el histórico
movimiento que está en curso actualmente en nuestra sociedad en el que se
llevan a cabo trascendentales procesos judiciales, y en el que se adoptan
la leyes que comienzan a consagrar algunas medidas tendientes a satisfacer
los derechos de las víctimas. Es el proceso en el que está surgiendo, tal
vez por primera vez en nuestra historia, el principio de proscripción de los
crímenes contra la humanidad.

Deseo decir, señor Ministro, que el Congreso de la República debe defender y
no debilitar este movimiento por la justicia. Reformar la Justicia es
necesario pero solo para fortalecerla; no para socavar su autonomía, anular
sus poderes, someter su independencia a la voluntad de los intereses
políticos o favorecer el regreso al reino de la impunidad, en el que se han
encontrado casos como el que hoy es objeto de una medida de reparación.
Debemos fortalecer la actuación de las altas cortes, de la justicia
constitucional, de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de
control.

*En segundo lugar, el acto de hoy tiene el significado de ser un
reconocimiento de la verdad histórica y, en ese sentido de nuestra dignidad
y de la dignidad del senador Manuel Cepeda Vargas. *

* *

Este reconocimiento comienza a cerrar definitivamente la discusión acerca de
la naturaleza de los crímenes que se han cometido en las últimas décadas
contra miles de miembros de la oposición política en nuestro país, y se
constituye en un precedente fundamental para esclarecer el carácter del
genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Ha quedado clara la esencia política de este crimen y que los móviles que
impulsaron a sus autores intelectuales eran los de acabar de raíz la Unión
Patriótica como opción que tenía un programa de cambios sustanciales. No
fueron el narcotráfico, ni la venganza personal los que acabaron con un
movimiento político entero

* *

La verdad de este caso es que Manuel Cepeda era un líder político de
oposición, quien fue asesinado para dar un golpe de gracia a la
colectividad política a la que perteneció, que en el momento de su muerte
había sido debilitada por miles de otros crímenes y que había sido declarada
objetivo de planes genocidas que cumplieron rigurosamente su propósito hasta
lograr debilitar sus estructuras organizativas y su influencia política.

*El tercer aspecto que tiene el reconocimiento del Estado es que éste es un
acto con hondo significado para la Democracia y para el comienzo del
procedimiento de la reparación política en el caso de la Unión Patriótica.*

La lección auténticamente democrática del sacrificio de los miles de
miembros y líderes de la UP debe quedar por fuera de cualquier duda
malintencionada. A pesar de que eran plenamente concientes de que su vida
corría un extraordinario riesgo, prefirieron asumir el peligro y, muchos de
ellos, eligieron permanecer en sus puestos y actividades a sabiendas que
ello les costaría su vida.

Lo hicieron porque creían firmemente en la Democracia y en la acción
política no violenta. Esa convicción la defendieron con su vida y con la de
los suyos. Quiero citar a ese propósito lo que ha dicho el hijo de uno de
los dirigentes de la UP asesinados, José Antequera: “En lo que se refiere a
la Unión Patriótica es claro que la opción demostrada con la propia vida de
sus militantes, una y mil veces, fue la de la paz y la democracia, y eso, en
vez de ser un motivo de vergüenza, es un orgullo y un legado generalizable.
El día que vengan las disculpas que tiene que pedir el Estado colombiano, lo
que debe venir es el reconocimiento de esa verdad: que en Colombia no es
delito ser comunista, como lo fue Manuel Cepeda; que la Unión Patriótica fue
una esperanza real de paz; que los derechos humanos deben ser garantizados
sin distinción de raza, género, credo u opinión política”.

No es legítimo matar comunistas, ni conservadores ni liberales. No es
legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas. Esa es la verdadera
lección que debemos aprender como parte de un proceso de civilización
política. Esa es la Democracia: el diario ejercicio del diálogo y la
decisión sobre asuntos vitales de la sociedad, en medio de las
contradicciones más álgidas, pero en la convicción de que podemos encontrar
el acuerdo, o cuando menos un ambiente propicio a la contradicción sana.

* *

*Por último, la petición oficial de perdón en el caso Manuel Cepeda Vargas
es un acto que renueva la esperanza en que Colombia podrá poner fin al
prolongado conflicto armado* *que destruye al país.*

Difícilmente puede pensarse que Colombia llegará a la Paz y a la
reconciliación sin que se esclarezca el genocidio contra la UP. Se trata de
uno de los grandes crímenes de nuestra historia que dejó una trágica
enseñanza: no puede responderse a un pacto de paz o a un proceso de paz con
la traición y el asesinato de quienes crean en la promesa de respetar la
palabra empeñada en ese pacto.

Y esta afirmación la dirijo a todas las partes del conflicto a las que exijo
no solo que respeten el Derecho Humanitario, a la población civil y a sus
propios contrincantes; sino además que respeten los pactos y los procesos en
los que se llegue a acuerdos para finalizar el conflicto armado.

Señor ministro Germán Vargas Lleras,

señoras y señores congresistas,

señoras y señores:

En nombre de mi familia, en mi calidad de defensor de derechos humanos y de
Representante a la Cámara, acepto esta petición de perdón como signo de un
tiempo nuevo en Colombia en el que sea posible la participación democrática
de todas las fuerzas políticas.

Acepto esta petición solemne de perdón como un acto que simboliza la
convicción de que al eliminar sectores de la oposición se hizo un daño
irreparable a la sociedad colombiana, y que el gobierno afirma que es una
situación que no puede ni debe volver a repetirse.

Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de
esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia,
fundada en la Democracia y en la Justicia.

Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar
para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al
Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar.

“Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento”, decía mi padre en un
escrito póstumo dedicado a mi madre Yira Castro, y recordando a muchos de
sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la
Unión Patriótica no han muerto. Vivirán por siempre en la memoria de nuestra
sociedad. Su vida, como lo demuestra este acto, no pudo destruirla la
impunidad.

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2011.

Gobierno reconocerá públicamente responsabilidad en magnicidio de senador Manuel Cepeda Vargas

2011-08-07T19:41:00.000-07:00

*El acto se efectuará en cumplimiento de la sentencia de 26 de mayo de 2010
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado
colombiano por su responsabilidad, por acción u omisión en el asesinato *

* *

BOGOTÁ, 06/08/11. Tras 17 años del crimen del senador de la Unión
Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno Nacional efectuará un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ante los
familiares del líder fallecido y la sociedad colombiana, en sesión Plena del
Congreso de la República. Así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en sentencia de 26 de mayo de 2010, al encontrar responsable al
Estado, por acción u omisión de sus funcionarios en este magnicidio,
cometido en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la UP.

El encargado de hacer la declaración por parte del Gobierno será el Ministro
del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y estarán presentes el
vicepresidente Angelino Garzón, altos funcionarios del gobierno, el gabinete
ministerial, importantes personalidades de la vida nacional, y el cuerpo
diplomático.

El acto se llevará a cabo en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, de
5:00 a 6:30 de la tarde, con transmisión en directo por el Canal
Institucional, Telemedellín y Telepacífico.

Iván Cepeda entregó a Fiscalía declaración de ex jefe paramilitar que comprometería a hijos de Uribe

2011-08-03T14:32:00.001-07:00

*El representante a la Cámara dijo que se trata de grabaciones recogidas en
visita oficial al extraditable José Gelvez alias “El Canoso”, recluido en la
cárcel La Picota*

* *

BOGOTÁ, 02/08/11. Después de conocerse algunas críticas a las visitas hechas
por el representante a la Cámara Iván Cepeda a cárceles colombianas para
entrevistarse con los exjefes paramilitares y para verificar las situación
de derechos humanos en dichos establecimientos, el congresista recordó que
estas visitas se efectuaron como parte de misiones oficiales de las
Comisiones de Derechos Humanos del Congreso de la República, en coordinación
con las autoridades judiciales.

Agregó que en las cárceles de Valledupar, La Picota y El Buen Pastor de
Bogotá se encontraron graves irregularidades que serán objeto de debate de
control político el próximo 24 de agosto en la Comisión Segunda de la Cámara
de representantes.

Como resultado de una de estas visitas a la cárcel La Picota de Bogotá,
Cepeda le entregó a la Fiscalía General una grabación en la cual el exjefe
paramilitar José Gelvez alias “El Canoso”, señala a los hijos del
expresidente Álvaro Uribe de haber tenido negocios con paramilitares en
Santa Marta.

Tal como aparece en la grabación y según lo publicaron varios medios de
comunicación como la revista Semana, en una columna de María Teresa
Ronderos: “El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de
Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos
‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de
artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe,
Tomás y Jerónimo”.

En la grabación, “El Canoso” cuenta cómo los paramilitares Jorge 40 y Hernán
Giraldo y su sobrino lograron entrar en la concesión del Parque
Tayrona a través
de un socio de Aviatur en Santa Marta, negocio en el cual habrían
participado también Tomás y Jerónimo Uribe. Conforme a la columna de Semana,
el señor Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, admitió que recibió el
consejo del presidente Uribe de asociarse con una empresa para dicha
concesión y que cuando se enteró de que los paramilitares habían entrado a
su empresa, él les compró la parte correspondiente.

El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se
hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano
investigador adelante las acciones pertinentes.

Igualmente, anunció que las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso
continuarán visitando los establecimientos carcelarios con el fin de hacer
un seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y de verificar
la situación de derechos humanos que viven los presos. La próxima visita
será a la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), por petición de
organizaciones defensoras de los derechos humanos.

OFICINA DE PRENSA

“Reconocer matrimonio homosexual sería avance en construcción de la democracia”: Iván Cepeda

2011-07-26T05:00:00.000-07:00

*El congresista también respalda la adopción de hijos por parejas del mismo
sexo, al considerar que es el legítimo derecho que tienen a conformar una
familia***

BOGOTÁ, 25/07/11. Con respecto a las decisiones que deberá tomar la Corte
Constitucional sobre el matrimonio y la adopción de hijos por parte de
parejas del mismo sexo, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
afirmó que las parejas conformadas por personas homosexuales deben gozar de
los mismos derechos que gozan las parejas heterosexuales, y aseguró que la
ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la
democracia.

“*Un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas
homosexuales a casarse, a adoptar hijos y a constituir una familia de
acuerdo con sus convicciones y elecciones personales*”, puntualizó el
congresista.

El representante del Polo Democrático ratificó el respaldo a todas las
personas pertenecientes a los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero). Dijo que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en
su jurisprudencia, está proscrita toda forma de discriminación en razón de
la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y
beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de
parejas heterosexuales o parejas homosexuales.

Cepeda manifestó que espera que el fallo de la Corte en esta oportunidad sea
consecuente con anteriores decisiones que ampliaron los derechos de las
parejas del mismo sexo, en lo relacionado con la seguridad social y las
pensiones de sobrevivientes.

OFICINA DE PRENSA

EL CRIMEN INVISIBLE

2011-07-14T22:03:00.001-07:00

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com

Radiografía del fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado.

Al cierre de las sesiones parlamentarias de este semestre, con la representante Ángela Robledo hicimos un debate sobre la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado. Pocos días antes de la sesión de control político, un grupo que se identificaba como facción de los comandos urbanos de ‘Los Rastrojos’ hizo llegar un mensaje amenazante contra varias de las principales organizaciones de mujeres, una de las testigos que intervino en la audiencia y su hija, la Defensoría del Pueblo y otras personas e instituciones. Provocar el debate público sobre un crimen como éste suscita, de inmediato, la reacción de quienes lo han perpetrado. Saben que por ello sus máximos responsables pueden ser llevados a tribunales internacionales.

La historia enseña que en todo contexto de atrocidades generalizadas, la agresión sexual contra las mujeres se usa como estrategia bélica. No sólo porque los ejércitos son por excelencia organizaciones que se rigen por principios patriarcales. Este tipo de violencia estimula a la tropa con la promesa de que las mujeres serán parte del botín de guerra, y además se emplea como estrategia para la destrucción o dominación de grupos humanos, pues ataca a las mujeres en su función reproductiva, así como en su papel esencial en la organización de la vida social y en la transmisión de la identidad cultural.

En Colombia, la Corte Constitucional caracterizó las formas de agresión sexual en el conflicto armado en una trascendental decisión, el Auto 092 de 2008. Al definir la violencia sexual como estrategia bélica, la Corte le asignó las características propias de los crímenes de lesa humanidad: una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible que cometen todos los actores armados. La definición de la jurisprudencia colombiana coincide con la contenida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que tipifica los actos de abuso sexual como crímenes contra la humanidad.

El Auto 092 incluye un catálogo de las circunstancias en las que se perpetra. Diversas modalidades de agresión sexual se presentan como parte del desplazamiento forzado, del control territorial, del amedrantamiento de comunidades, del reclutamiento forzado, de las masacres, de la destrucción de poblados, de la desaparición forzada, del secuestro, etc. En esas situaciones es común que se combinen múltiples manifestaciones de ultraje que pueden incluir: violación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado, aborto forzado, infecciones de transmisión sexual, acoso sexual, exhibición forzada de la desnudez, esterilización, etc. La violencia sexual se practica de manera colectiva e individual; indiscriminada o selectivamente cuando se trata de mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas, defensoras de derechos humanos y liderezas de asociaciones de víctimas. Igualmente, la Corte estableció que las niñas y mujeres de comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas se encuentran entre las víctimas más frecuentes de esta clase de ataques. La amenaza o la violencia sexual se usan para mantener el régimen de control de poblaciones y forman parte de los castigos que se imponen como respuesta al desacato de órdenes de los grupos armados o las fuerzas militares en determinadas regiones. Asimismo, a las mujeres se les imponen códigos de conducta a través de modelos de esclavitud sexual y social.

En algunos lugares del país se han delimitado zonas de cautiverio y de prostitución forzada. En 2008, la prensa informó que 80 jovencitas fueron confinadas en un pueblo del departamento de Putumayo, y sometidas a un régimen de esclavitud sexual por una de las nuevas estructuras paramilitares de la región. En San Onofre, Sucre, era común en la época del terror que impuso el jefe paramilitar alias Cadena que sus hombres dispusieran a su antojo de las mujeres. También es conocido el caso del jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien en la Sierra Nevada de Santa Marta hacía que le trajeran a las adolescentes para embarazarlas como una especie de tributo que debían pagarle las comunidades indígenas de la zona. “El Patrón era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”, decía una de sus subalternas.

Como lo afirma la Corte Constitucional, estas situaciones ocurren en medio de una triple invisibilidad: la indolencia social, el silencio forzado de las víctimas y una impunidad absoluta. Con pocas excepciones como la de la Defensoría del Pueblo que ha diseñado un proyecto de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, las instituciones estatales no desarrollan políticas públicas sobre el tema. Las estadísticas que tienen los ministerios son parciales, no se han establecido sistemas de asistencia, prevención y protección; la ley dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres —1257 de 2008— no ha sido aún reglamentada por el Gobierno; muchos de los funcionarios estatales y operadores judiciales no poseen la formación y la sensibilidad necesarias para tratar de manera profesional la atención de las víctimas; no se ha designado hasta hoy a la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, quien es la funcionaria encargada de liderar todos estos asuntos en el Poder Ejecutivo. Lo más grave es que los informes oficiales dan cuenta de una impunidad prácticamente total en este campo. Para el debate en el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación informó que tan sólo se investigan 206 casos, que en su Unidad de Justicia y Paz hasta hoy se han hecho únicamente seis imputaciones, y que todavía la justicia no ha proferido condenas. Cifras y realidades desconcertantes si se tiene en cuenta que los datos que arroja el estudio “Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra” realizado por las organizaciones de mujeres con el apoyo de Intermon Oxfam revela que en la última década 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual en los municipios con conflicto armado. Lo que significa que cada hora seis mujeres sufren algún acto de ultraje sexual.

Así como se conocen los relatos de víctimas de múltiples desplazamientos forzados, también hay narraciones que muestran que muchas mujeres han sido víctimas de múltiples violaciones sexuales en distintos contextos. En el debate de control político, presentamos el testimonio de María Eugenia Urrutia, dirigente de la organización Afromupaz —compuesta por mujeres afrocolombianas desplazadas del Chocó—, quien ha sido violada en tres ocasiones por miembros de grupos paramilitares. Luego de padecer sucesivos desplazamientos, los ultrajes han sobrevenido en cada sitio al que llegó con su familia como castigo por su liderazgo social. Ella denunció que la participación de mujeres en la exigencia de derechos viene ocasionando, como represalia, la violación de sus niñas.

Como se señaló, todos los actores del conflicto armado ejercen en forma sistemática los vejámenes sexuales. En la respuesta del Instituto de Medicina Legal al debate parlamentario, para el período 2007 al 2009 las guerrillas eran responsabilizadas en 32 dictámenes periciales, mientras que los grupos paramilitares aparecían en 10 y las Fuerzas Militares en 126. Pese a que esta respuesta reconoce un fuerte subregistro y a que en la mayoría de los dictámenes no fue identificado el autor de los delitos sexuales, llama la atención que los miembros del Ejército y la Policía aparecen como presuntos responsables de más del 70% de los casos denunciados. Ya desde 2006, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia alertó sobre el “aumento de denuncias de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de servidores públicos, en particular miembros de la Fuerza Pública”. En los últimos dos años la Oficina informó de hechos atribuidos a integrantes de las instituciones castrenses en 14 departamentos, e hizo especial énfasis en el caso ocurrido en Arauca en octubre de 2010, en el que se inculpó a un miembro del Ejército por la violación de dos niñas con un intervalo aproximado de dos semanas.

No obstante que el Ministerio de Defensa Nacional ha expedido directivas en las que se ordena “cero tolerancia a la violencia sexual” en las filas de la Fuerza Pública, tales exhortos parecen seguir siendo desoídos en la práctica, pues las cifras expuestas y comprometedores comportamientos registrados de algunos mandos, generan serios interrogantes acerca de si sectores de las Fuerzas Militares imparten instrucciones para consentir y estimular el abuso sexual. En marzo de 2007, se conocieron fotos tomadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una escuela del municipio de El Castillo. En el pizarrón de una de sus aulas, miembros del Batallón XXI Vargas que realizaron un operativo militar en la zona dejaron la siguiente inscripción acompañada de cinco instrucciones precisas: “Tema del día: como violar a una guerrillera (sic)”. El Ministro de Defensa se comprometió en el epílogo del debate a investigar estos hechos.

Es urgente que el Estado colombiano adopte un conjunto de políticas públicas que erradiquen la violencia que se perpetra a diario contra mujeres y niñas, especialmente de la violencia sexual utilizada como método de guerra. Para ello se debe acabar con la impunidad y que los máximos responsables de organizaciones o aparatos armados que hayan ordenado la ejecución sistemática del abuso sexual sean condenados ejemplarmente. De igual modo, es necesario que se emprenda una labor pedagógica con el concurso de los medios masivos de comunicación que ayude a construir la condena social del ultraje sexual con fines de dominio militar o de control territorial. El reconocimiento de la violencia sexual como parte de los crímenes contra la humanidad que se cometen a diario en Colombia no sólo forma parte del proceso de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también es un aspecto sustancial de la verdad que requerimos para convertirnos en una sociedad realmente democrática.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-284498-el-crimen-invisible

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA PIDE A MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES QUE EMBAJADOR DE COLOMBIA EN PERÚ, VISBAL MARTELO, SEA RETIRADO DEL CARGO

2011-07-14T08:19:00.000-07:00

Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011

Doctora
María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores
Ciudad

Respetada Ministra:

El 19 de mayo de 2011 dirigí derecho de petición al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, mediante el cual solicité se ordenara la separación del cargo de algunos embajadores de la República de Colombia, entre los que incluí al actual embajador en Perú, señor Jorge Visbal Martelo, contra quien se adelanta un proceso penal por presuntos nexos con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

La Presidencia de la República remitió mi petición, por competencia, a ese Ministerio, el que mediante oficio No. 38129 de 30 de junio de 2011, suscrito por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, doctora Patti Londoño Jaramillo, señaló que: “Ante la ausencia de antecedentes penales o sentencias ejecutoriadas en contra de los precitados Embajadores [incluye al embajador Jorge Visbal Martelo] y ante la inexistencia de causales que los inhabiliten, no procedería la separación del ejercicio de sus funciones…”.

Por otra parte, la señora Ministra, en diálogo con la periodista María Isabel Rueda, publicado en el periódico El Tiempo el 13 de marzo de 2011, respondió ante las criticas al embajador Jorge Visbal Martelo por las investigaciones que están en curso, Usted afirmó que: “En ninguno de los tres casos hay investigaciones abiertas”1

Asimismo, en entrevista concedida al periódico El Espectador, el 28 de mayo de 2011, refiriéndose a las críticas que ha recibido el gobierno por tener embajadores investigados, entre otros a Jorge Visbal Martelo en Perú, afirmó Usted que: “Mientras sólo haya una investigación preliminar, el Gobierno asume la presunción de inocencia. El día que se abra una investigación formal por cargos, es otra cosa”2.

El día de ayer, según lo registran diversos medios de comunicación, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, fue llamado a rendir indagatoria por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Se dice igualmente, que: “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue quien vinculó a Visbal a una investigación por sus presuntos nexos con las Auc”3.

Señora Ministra:

Ante esta situación, y haciendo uso de mi investidura como Congresista de la República, me permito formularle un respetuoso requerimiento a mi solicitud de 19 de mayo de 2011, en el sentido de que a la mayor brevedad, y retomando sus propias palabras, con carácter urgente, se separe del cargo de embajador de Colombia en Perú, al señor Jorge Visbal Martelo, por ser de suma gravedad que una persona con expedientes judiciales abiertos sea el representante diplomático de Colombia ante otro país.

Agradezco de antemano su respuesta que espero cumpla con las promesas hechas ante los medios de comunicación.

Cordial saludo,

Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara

1 Tomado de la página en Internet: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9007871.html
2 Tomado de la página en Internet: http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-273370-el-liderazgo-no-se-impone
3 Tomado de la página en Internet: http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1506034

LAS ACTITUDES AUTORITARIAS NO DEBEN ASFIXIAR LA RENOVACIÓN DEL POLO

2011-07-13T18:31:00.000-07:00

(Declaración pública del representante Iván Cepeda Castro)

Es legítimo que el Polo Democrático Alternativo tenga sus candidatos y llame a votar
por ellos. No obstante, votar es un derecho constitucional que se debe ejercer
conscientemente y ser respetado en toda circunstancia.

Con autoritarismo no se puede pretender sofocar el examen interno de
responsabilidades ni truncar el proceso de renovación del partido.

El camino adecuado para avanzar en la renovación es el debate democrático, la
realización de foros programáticos y del congreso del PDA. La corriente que
represento dentro del Polo considera que es posible lograr esa renovación desde
adentro, respetando los mecanismos internos y el espíritu democrático. Para que ello
sea posible quienes asumen la dirección del partido están obligados a rodear de
garantías tanto el debate como el proceso electoral.

Bogotá, 13 de julio de 2011

Iván Cepeda Castro

Colectivo Vamos por los Derechos

RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

2011-07-06T23:59:00.000-07:00

RENDICIÓN DE CUENTAS
REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

PERIODO LEGISLATIVO 2010 - 2011

Desde mi elección como representante a la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo, tuve como principio la rendición de cuentas a mis electores. En cumplimiento de este principio democrático, y pasado el primer año de mi gestión, entrego este informe que detalla los resultados concretos tanto en los debates de control político, como en el trabajo en las comisiones y la plenaria de la Cámara. Una labor que obedece al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, las cuales han guiado mi accionar.

Iván Cepeda Castro

I. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

En esta legislatura, llevamos a cabo cuatro importantes debates de control político en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara:

1. Debate Despojo de Tierras

En acompañamiento a varias comunidades campesinas que reclaman sus tierras, denunciamos las trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para despojar de sus predios a cientos de campesinos desplazados de diferentes regiones del país como los Montes de María, el Urabá, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Córdoba, entre otros.

Entre las maniobras para el despojo de tierras, denunciamos la práctica de muchos empresarios que reciben información privilegiada por parte de organismos del Estado, para saber la situación de endeudamiento de muchos campesinos que se ven obligados a vender a precios irrisorios para subsanar sus deudas. Otras estrategias están encaminadas a legalizar tierras obtenidas ilegalmente por parte de los grupos paramilitares, a través de la compra de registros legales en las notarías del país, práctica que el mismo Gobierno reconoció en un informe entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011.

Con posterioridad al debate de control político se ha participado activamente en el impulso de la iniciativa surgida desde diferentes espacios de confluencia del movimiento social, especialmente del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Popular, y del Movimiento de Crímenes de Estado, en torno a la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías.Congreso que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, en donde se espera poder avanzar en mandatos y en una agenda común en torno a la restitución de las tierras, y la defensa de los territorios.

2. Debate Crisis humanitaria en los llanos orientales: situación de cuatro cementerios en los que se han enterrado personas no identificadas (NN), muchos de ellos casos de falsos positivos y desapariciones forzadas.

En un proceso de acompañamiento a las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada, nos propusimos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación y develar la grave situación de personas no identificadas o NN, que se encuentran enterradas en los distintos cementerios del país, especialmente en la región de los llanos orientales, muchos casos coincidentes con reportes de personas desaparecidas en municipios de la zona como Granada, Villavicencio y la Macarena en el departamento del Meta. Formulamos varios requerimientos a la Fiscalía para lograr la plena identificación de estas personas, los cuales fueron atendidos y dieron paso a importantes investigaciones y acciones que viene desarrollando el ente investigador, como las inspecciones a los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare.

Como resultado de esa gestión, acompañamos al Ministerio del Interior, a la Registraduría y al Instituto de Medicina Legal en la entrega del reporte sobre identificación de 438 personas, que figuraban como no identificadas y que aparecen en los bancos de datos sobre desaparición forzada.

3. Debate Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares en Colombia.

Le solicitamos al Gobierno Nacional que elimine del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de Bacrim o bandas criminales, y que reconozca que en Colombia están operando poderosas estructuras paramilitares, heredadas de una falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Advertimos que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada, ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros fuerza pública o en las esferas de poder.

Reiteramos que las bandas llamadas por el gobierno Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en Colombia. Expusimos los mapas según los cuales, las nuevas estructuras paramilitares tienen asiento en las mismas zonas ocupadas por los antiguos grupos paramilitares, y zonas de adjudicación de licencias para explotación minera.

4. Debate Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.

En compañía de la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, adelantamos el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

Conforme a la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto colombiano, realizada por Oxfam en conjunto con varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre los años 2001 y 2009 se registraron 489.687 agresiones directas a mujeres, en municipios con presencia de conflicto y por parte de todos los actores armados. Es decir, se presentaron 149 agresiones al día, 6 cada hora.

Advertimos sobre la gravedad de las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, la fuerza pública es la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, muy por encima de los grupos armados. Por lo tanto, le pedimos al gobierno nacional la implementación urgente de una política en el interior de las tropas para acabar con este delito, así como el cumplimiento de las diversas recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de DDHH sobre esta problemática.

DEBATE SOBRE PROYECTO DE DEFENSORÍA TÉCNICA A MILITARES

Nos opusimos con argumentos al proyecto presentado por el gobierno nacional para ampliar el servicio de defensoría técnica a militares por delitos no contemplados por la justicia penal militar.

Dejamos constancia sobre la inconveniencia de este proyecto que pretende que, con recursos públicos y privados, se cree una poderosa defensoría técnica para los militares implicados en casos de investigaciones disciplinarias o penales que comprendan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros.

II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

1. PROYECTOS:

GESTIÓN EN LA LEY DE VÍCTIMAS

A lo largo de la discusión del proyecto de ley de víctimas, insistimos en la importancia de tener un instrumento que efectivamente garantizara los derechos de las víctimas, y en especial el derecho a la reparación. En este espíritu, participamos de manera activa durante sus cuatro debates, presentando numerosas proposiciones, junto con la bancada del Polo Democrático en el Senado.

Durante el debate, y desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron tres audiencias sobre despojo de tierras en Medellín, Barranquilla y Sincelejo.

Entre los temas propuestos que se mantuvieron en el texto finalmente aprobado por el Congreso se encuentran:

1. En materia de protección a las víctimas, se extendieron las medidas de protección se ordena la revisión de programas y se establecen criterios para hacerlo.

2. Se incorporaron fuentes adicionales para el fondo de reparación, entre ellas los recursos provenientes de la dirección nacional de estupefacientes objeto de extinción de dominio, en los porcentajes determinados por el Gobierno Nacional, y los montos de las condenas de los parapolíticos.

3. Se creó un grupo especializado de policía judicial para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado los victimarios.

4. Se aseguró que la Defensoría del Pueblo realice una labor de asesoría, acompañamiento y representación judicial de todas las víctimas

5. En materia de restitución se logró que el desplazamiento no interrumpa la posesión para efectos de lograr por parte de la víctima la prescripción adquisitiva de dominio, y que las mujeres puedan iniciar el proceso de restitución así no aparezcan como propietarias en los títulos del predio.

Pese a estas disposiciones, la ley de víctimas presenta graves problemas y deficiencias frente a las demandas de las víctimas y los estándares internacionales en la materia. Actualmente, en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diversas organizaciones de DDHH, agrarias, de víctimas y de mujeres, se prepara una demanda para que la Corte Constitucional pueda ajustar esta ley y se convierta en un instrumento que sirva a todas las víctimas.

MODIFICACIONES A LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Señalamos los problemas que contenía el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Entre las principales preocupaciones estuvo el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos. Advertimos que esta ley no garantiza que se ponga un punto final a la acción criminal que se ha venido desarrollando desde los organismos de inteligencia. Pese a su aprobación, logramos modificar el término de la reserva sobre documentos de inteligencia, reduciéndolo en 10 años, dejando la posibilidad de que el gobierno la amplíe de 25 a 40 años y no hasta 50 como se propuso inicialmente. Con esto buscamos salvaguardar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sin embargo en el trámite en Senado se aumentaron 5 años más.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INTRODUJIMOS EL ARTÍCULO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA TODA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

También logramos la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Este artículo obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los entes gubernamentales.

LOGRAMOS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Como ponente coordinador, trabajé activamente para la aprobación de proyecto de Ley para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ley sancionada por el presidente de la República. Este es el primer tratado internacional destinado exclusivamente a buscar la prevención del delito de desaparición forzada, la protección de las víctimas, la búsqueda de personas que han padecido este crimen y la sanción de los responsables. Reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

NOS OPUSIMOS AL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

Nos opusimos a la ley de sostenibilidad presentada por el gobierno, pues representa un proyecto regresivo en materia de derechos fundamentales, especialmente porque con su aprobación, el estado social de derecho no se sustentará en la realización de los derechos humanos sino en la sostenibilidad fiscal, al limitar la independencia de otras ramas del poder público, las cuales estarán sujetas a razones fiscales, al momento de tomar sus decisiones.

Para el gobierno nacional constituyen riesgo fiscal, el pasivo pensional, el régimen de seguridad social en salud, la población desplazada y la ley de víctimas.

Se trata de una política económica de austeridad selectiva, en la que lejos de pretender reducir la deuda pública, lo que se pretende es garantizar el recorte de recursos de los entes territoriales que no podrán cumplir sus obligaciones en materia de inversión social para dar paso a un flujo de recursos a favor de la Nación con los cuales se financiaran, entre otros, los proyectos de infraestructura vial atrasados que favorecen principalmente a las multinacionales y a los inversionistas extranjeros, mientras que se debilitan los derechos fundamentales principalmente el trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna.

OPOSICIÓN AL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEMANDA A LA LEY 1424 DE 2010

La ley 1424 denominada “ley de justicia transicional” es la norma que ha sido tramitada de manera más rápida en el Congreso de la República, la cual surgió como respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de que realizara la Corte Constitucional frente al principio de oportunidad de desmovilizados, que permitiría el saneamiento judicial de estas personas sin ningún tipo de investigación sobre los crímenes cometidos.

Durante su trámite en el Congreso, advertimos sobre la inclusión de varias disposiciones que atentaban contra los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia, y la más importante de ellas: el artículo que dispone que la información que surja en el marco de los denominados acuerdos por la verdad que crea esta norma, no pueden tenerse como prueba en un proceso judicial.

Al ser aprobada esta norma, decidimos demandar ante la Corte Constitucional dichos aspectos, actuación que se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el representante por el Polo Democrático Germán Navas Talero.

2. LOGROS EN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Crisis de derechos humanos en cárcel de Valledupar

Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes lideramos una visita de inspección a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, para hacer pública la grave situación humanitaria que se vive en ese centro carcelario. Conseguimos la aprobación de una carta mediante la cual, Cámara de representantes les solicitó al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la cárcel, iniciativa que llevó días más tarde a la adopción de medidas por parte del gobierno, tales como el traslado de 240 internos y la disposición de presupuesto para iniciar las obras de reparación del acueducto y el alcantarillado.

Audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó

Se llevó a cabo una audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de escuchar las inquietudes y denuncias con respecto a la seguridad de sus miembros y las constantes amenazas por parte de grupos paramilitares que siguen operando en el Urabá antioqueño.

Trabajo conjunto de las Comisiones de Paz del Congreso

Conseguimos que las Comisiones de Paz del Senado y Cámara acordaran el diseño de una agenda conjunta para atender los asuntos en los temas de paz.

3. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

Investigación por las “chuzadas” y seguimientos ilegales del DAS

Desde que inició la investigación por parte de los organismos investigadores y de control por estos delitos cometidos desde esta dependencia del Gobierno, hemos estado acompañando y apoyando a las víctimas, tanto en los debates de control político que han tenido lugar en el Congreso de la República, como en los distintos procesos contra exfuncionarios de la entidad que adelanta la justicia ordinaria, y en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Igualmente, hemos hecho seguimiento a los procesos contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien además de estar sindicado en el caso de las “chuzadas” y los seguimientos ilegales, ha sido acusado de participar como autor intelectual del asesinato del senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, entre otros delitos.

III. OTRAS ACTIVIDADES

1. ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS

Apoyo al retorno de campesinos a la finca Las Pavas

Luego de una visita solicitada por la asociación de campesinos ASOCAB que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, entregamos una constancia a la plenaria de la Cámara, en la cual se expresa la inconformidad de los campesinos, quienes se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon) .

Le solicitamos al Ministro de Agricultura, llevar a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución y el derecho a un retorno digno a los predios que les pertenecen.

Es importante destacar que con posterioridad al retorno de esta comunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre este caso, ordenando al INCODER reiniciar el proceso judicial para la protección de los derechos de ASOCAB.

Conmemoración masacres de El Naya

En la conmemoración de una década de la sangrienta incursión paramilitar en la región del Río Naya, acompañamos a las víctimas en su petición al gobierno nacional por el respeto a sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral, al territorio y al respeto a sus planes de vida. Mediante una constancia presentada a la plenaria de la Cámara, recordamos que esta comunidad lleva 10 años sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la responsabilidad penal de los autores de la masacre y de sus beneficiarios, ni cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas, cuántas personas fueron desplazadas, y en general cuántas personas resultaron víctimas de esa acción paramilitar.

Le hicimos un llamado al Procurador General de la Nación, para que adelante las Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que no tomaron las decisiones necesarias para evitar la incursión paramilitar en el 2001, y contra quienes no las ejecutaron, permitiendo la realización de cientos de crímenes. También a la Fiscalía General de la Nación, para que asuma la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la región del Naya, como crímenes de lesa humanidad, para que en el menor tiempo posible defina cuántas y cuáles son las víctimas, para que construya un plan metodológico que le permita adelantar la investigación no sólo contra los perpetradores, sino también contra quienes han sido denunciados como financiadores y beneficiarios de los crímenes cometidos, y finalmente para que se investigue a las estructuras que hoy están operando en la región e intentan mantener impunes estos hechos.

2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA

En las profundidades del infierno

El Espectador

Sobre crisis humanitaria en cárcel de Valledupar

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-275536-profundidades-del-infierno

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Las bandas criminales del despojo

El Tiempo

9 de abril de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/las-bandas-criminales-del-despojo.html

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La paz como camino

El Tiempo

11 de febrero de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4

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Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

El Espectador

13 de octubre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal

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Los rostros del despojo

El Tiempo

19 de septiembre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1

Más información, acceso a noticias y a los videos sobre nuestros debates y documentos en:

http://ivan-cepeda.blogspot.com/

Twitter:

@IvanCepedaCast

OFICINA DE PRENSA

DEBATE SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES

2011-06-14T03:38:00.000-07:00

Apoyaremos conciliación y demandaremos ante la Corte los vacíos

2011-05-30T19:55:00.001-07:00

EN ÚLTIMO TRÁMITE DE LEY DE VÍCTIMAS

*“Apoyaremos conciliación y demandaremos ante la Corte los vacíos”: Iván
Cepeda*

*El representante a la Cámara anunció que en el trámite de conciliación
defenderá los aspectos avanzados de la Ley de víctimas, y pedirá la
eliminación de aquellos que sean inconvenientes. Manifestó que una vez
aprobada la Ley, demandarán ante el Alto Tribunal las falencias en materia
constitucional*

* *

BOGOTÁ, 30/5/11. El representante por el Polo Democrático y miembro del
grupo de conciliadores de la Ley de víctimas, Iván Cepeda Castro, afirmó que
valora la aprobación de la iniciativa, la cual ha sido conseguida con el
esfuerzo de las víctimas. Dijo que en el trámite de conciliación de los
textos aprobados por Cámara y Senado, buscará defender todas aquellas
medidas de avanzada incluidas en la Ley, mientras pedirá que se eliminen
algunas que no garantizan la efectiva reparación.

Para Cepeda, en la conciliación será clave respetar la fecha más amplia y
que la reparación se extienda a todas las víctimas, y no sólo a aquellas que
se deriven del conflicto armado. También buscará que se elimine la figura
del contrato de uso y se les pueda restituir materialmente las tierras a los
despojados.

Igualmente, pedirá la eliminación de los artículos que pretenden que el
Ministerio de Defensa pueda pedir la revisión de los procesos de reparación
a las víctimas, y el que excluye del derecho de restitución a quienes
retornen a sus tierras mediante las vías de hecho.

El congresista anunció que después de la aprobación de la Ley, elevará
demanda ante la Corte Constitucional, para que en esa instancia se subsanen
las falencias que según él, todavía dejan por fuera a muchas víctimas de una
reparación integral.

“*Venimos a esta conciliación a defender los avances de la Ley de víctimas,
pero también reconocemos que quedaron serios vacíos en materia
constitucional. Por eso nos vemos en la obligación de buscar que la Corte
corrija esos vacíos*”, aseguró Cepeda.

El representante anticipó que con la demanda ante el Alto Tribunal se
pretende ampliar el universo de las víctimas, buscando extender al máximo la
fecha de cobertura, desde el punto de vista del respeto de los tratados
internacionales y bajo el reconocimiento de las víctimas de las estructuras
paramilitares que el gobierno llama Bacrim, garantizando que no haya
discriminación alguna a las víctimas.

“*El gobierno deberá escoger entre luchar contra las bandas criminales y
proteger a las víctimas, o continuar permitiendo que estas estructuras sigan
intimidando, amenazando e impidiendo la restitución*”, puntualizó.

Del mismo modo, afirmó que se demandarán todas aquellas medidas en las
cuales se soslaye el deber de la reparación integral, sobre la base de la
sostenibilidad fiscal, y aquellas que desconozcan la restitución material de
las tierras y que eviten el uso real de la misma por parte de sus legítimos
dueños.

El congresista señaló que la participación activa en la conciliación de esta
Ley, el Polo Democrático Alternativo ratifica su compromiso de buscar la
protección efectiva de los derechos de las víctimas.

OFICINA DE PRENSA

Sobre la medida de aseguramiento proferida contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez

2011-05-17T14:12:00.000-07:00

Declaración del representante Iván Cepeda Castro

BOGOTÁ, 17/5/11. Sobre la medida de aseguramiento proferida contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro se permite declarar lo siguiente:

-       Celebro la decisión de la Fiscalía General de la Nación de proferir medida de aseguramiento contra el ex subdirector José Miguel Narváez, quien además de ser investigado por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, se encuentra vinculado a las investigaciones por las chuzadas y los seguimientos ilegales del DAS, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba. Además, en varias oportunidades, Narváez ha sido acusado por los jefes paramilitares Fredy Rendón alias ‘El Alemán’ y Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, como el determinador de los crímenes de Cepeda y Garzón.

-       Esta decisión judicial y los distintos procesos a los que está vinculado el señor Narváez, demuestran que el crimen de Manuel Cepeda es un crimen de Estado y que durante muchos años operó un aparato dedicado a la persecución y el exterminio de la oposición, pues es conocido que antes de llegar al DAS, Narváez fue contratado como asesor de las Fuerzas Armadas para dictar cursos a las llamadas Convivir.

-       Pediré a la Fiscalía General de la Nación que el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, sea declarado crimen de lesa humanidad.

-       Espero que la justicia continúe avanzando en decisiones similares, encaminadas a esclarecer los responsables de estos y otros crímenes que han marcado la historia de nuestro país.Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara PD

LEY DE VÍCTIMAS EN ÚLTIMO DEBATE EN SENADO

2011-05-16T14:45:00.000-07:00

*Líderes de restitución de tierras asesinados no entrarían en Ley de
Víctimas*

- *El asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes, los
crímenes contra sindicalistas y desplazados que lideran procesos de
restitución de tierras no serían contemplados en la Ley, por ser
considerados crímenes de las llamadas Bacrim, o por la violencia
sociopolítica, y no del conflicto armado.*

* *

- *Además, con la figura del contrato de uso se vulneraría el derecho
a la restitución de miles de personas, a quienes no se les permitiría volver
a ocupar los predios en los que los actuales dueños tengan proyectos
agroindustriales, a cambio de recibir un pago por el uso de la tierra.*

* *

BOGOTÁ, 16/5/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro advirtió
que el reconocimiento del conflicto armado no puede limitar el universo de
víctimas, al dejar por fuera a los afectados por las acciones de los nuevos
paramilitares, mal llamados bandas criminales, como los son los líderes de
procesos de restitución de tierras, o a las personas asesinadas por razones
sociopolíticas, como los sindicalistas y periodistas. Según Cepeda, todas
estas víctimas deben entrar en la Ley.

*“El gobierno, a pesar de que ha hecho un reconocimiento importante al
aceptar que en Colombia hace décadas hay un conflicto armado y que hay
víctimas de ese conflicto, al mismo tiempo excluye con esa definición
estrecha a numerosas víctimas de hechos de violencia sociopolítica que han
conmocionado al país y a la opinión pública, y que no pueden ser
directamente limitados al conflicto armado”, *señaló.**

* *

Dijo que* “un sindicalista que defiende los derechos laborales y que fue
asesinado por esta razón, es una víctima del conflicto. Las personas
desplazadas que están luchando por el derecho a la restitución de sus
tierras y que han sido asesinadas, no podrán estar en la Ley, puesto que han
muerto por la acción de las llamadas bandas emergentes, mal llamadas Bacrim,
que en realidad son grupos paramilitares”.*

* *

Del mismo modo, el representante Cepeda afirmó que otro aspecto que debe ser
eliminado de la Ley es la figura que impide el retorno de los despojados a
sus terrenos, si éstos han sido ocupados de buena fe por empresarios
agroindustriales que estén desarrollando sus proyectos allí.

La iniciativa contempla que en estos casos, los despojados recibirán el
título de la tierra y a través de un contrato de uso, se les pagará una suma
mensual por el usufructo de la tierra por parte del actual dueño. Para
Cepeda, esta figura no garantiza el retorno, la rehabilitación
socioeconómica en condiciones de dignidad y permanencia para los campesinos,
quienes seguirían en condiciones de desplazamiento a pesar de que se les
reconozca la propiedad de la tierra.

El congresista reiteró que no se puede retroceder en los logros obtenidos en
la Ley de Víctimas y que espera que la plenaria del Senado reconsidere estos
aspectos para entregarle al país una Ley acorde a los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación integral.

--
Oficina de Prensa Iván Cepeda Castro
3824416
Bogotá - Colombia

Documental sobre Iván Cepeda en televisión

2011-05-13T13:29:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=xFiycBI37lg

SIN PUNTO FINAL A LAS CHUZADAS

2011-05-10T17:36:00.000-07:00

Representante Cepeda expresa preocupación por Ley de Inteligencia

La posible ampliación a 50 años del término de reserva, la aplicación de la reserva en caso de solicitud por parte de autoridades judiciales, y la exclusión de los deberes de denuncia y declaración de los miembros de los organismos de inteligencia, son algunas de las objeciones expuestas por el congresista al proyecto de Ley de inteligencia y contrainteligencia que se votará en la plenaria de Cámara

BOGOTÁ, 10/5/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda señaló que existen varios problemas en el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Insistió en que, luego de la criminal acción del DAS en el renombrado escándalo de las chuzadas, la ley que se presenta a discusión en el Congreso no permite abrigar esperanzas de que se va a poner punto final a la acción criminal de los organismos de inteligencia.

“La Ley de inteligencia y contrainteligencia propuesta por el gobierno, en vez de erradicar las actuaciones criminales de los organismos de inteligencia, puede terminar estimulando nuevas formas de impunidad y de acción violatoria de los derechos de los ciudadanos, al encubrir a funcionarios que emprendan actividades ilícitas utilizando para ello su estatus de agentes secretos”, afirmó Cepeda.

Entre las principales preocupaciones del representante con respecto a la Ley de inteligencia y contrainteligencia, está el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos.

El congresista advirtió que la ley no contempla detalladamente, la restricción de las actividades de la llamada inteligencia criminal “

que es aquel tipo de inteligencia en forma de espionaje y policía política que se ha aplicado en los últimos años”.

Además, con relación a la llamada inteligencia estratégica, dijo que el proyecto de ley no prevé serios mecanismo de control y amplía considerablemente el término de la reserva sobre documentos de inteligencia. Recordó que, mientras que en Estados Unidos actualmente dicha reserva tienen un término de 25 años, en Colombia el proyecto de ley podría ampliar ese término a 50 años. “E

s decir que dos generaciones de colombianos no conocerían información relevante. Esto es, ni más ni menos, sepultar el derecho a la verdad que tienen las víctimas”, aseguró.

Iván Cepeda en Debate en el Congreso de la República, sobre proyecto del gobierno de defensoría técnica para militares (mayo de 2011)

2011-05-08T15:16:00.000-07:00

Iván Cepeda denuncia que paramilitares tienen sitiado a San José de Apartadó

2011-05-06T06:33:00.000-07:00

fuente: www.rcnradio.com

El representante a la Cámara, Iván Cepeda, denunció en RCN La Radio De La Noche que los habitantes de San José de Apartadó se encuentran vigilados y perseguidos por grupos paramilitares que semanalmente montan retenes en las rutas de ingreso.
"Hoy estuvimos en una audiencia pública con la senadora Gloria Inés Ramírez y la ex alcaldesa Gloria Cuarta y nos contaron que el último retén de los paramilitares lo colocaron hace cuatro días y cuando llegamos a la zona el ejercito nos hizo un reten", explicó.

Así mismo, denunció que le informaron que un ex comandante de la guerrilla, que vive actualmente en la brigada 16 del Ejército, llega a la población y señala personas que después son detenidas y asesinadas.

El copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Iván Cepeda, dijo que esta comunidad la quieren sacar de la zona porque hay mucho interés en las riquezas de petróleo y carbón por estar muy cercana a donde se construirá la represa Urrá II.

http://www.rcnradio.com/noticias/iv-n-cepeda-denuncia-que-paramilitares-tienen-sitiado-san-jos-de-apartad/05-05-11#ixzz1LZxaHwYo

ES HORA DE ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2011-05-03T11:15:00.000-07:00

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, IVÁN CEPEDA CASTRO Y WILSON ARIAS CASTILLO:

EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE SE HA CONFIGURADO EN TORNO A LA ADMINISTRACIÓN DE BOGOTÁ. ES NECESARIO QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA COLECTIVIDAD ASUMA PLENAMENTE LAS CONSECUENCIAS DE SUS DECISIONES O LA AUSENCIA DE DECISIONES POLÍTICAS, SIN JUSTIFICACIONES QUE MINIMICEN LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS. DICHAS RESPONSABILIDADES TIENEN QUE QUEDAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS ANTE LOS CIUDADANOS, LOS ELECTORES Y LOS MIEMBROS DEL PARTIDO.

ENTRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HACE NECESARIO ESTE EXAMEN DE RESPONSABILIDAD, ESTÁ EL HECHO DE QUE EL ALCALDE MORENO HA GOBERNADO LA CIUDAD SIN CONSULTAR SUS ACTUACIONES CON EL POLO. UN EJEMPLO FEHACIENTE DE TAL COMPORTAMIENTO HA SIDO SU ANUNCIO DE PRIVATIZAR LA EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ, SITUACIÒN QUE HEMOS PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN ÉTICA DEL PARTIDO.

EN ESTE ORDEN, UNA PRIMERA DECISION IMPERATIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO DEBE SER PEDIRLE AL ALCALDE SAMUEL MORENO ROJAS QUE RENUNCIE DE MANERA INMEDIATA A SU CARGO. IGUALMENTE, SOLICITAR A ÈL Y AL SENADOR IVÁN MORENO ROJAS SU RETIRO DEL PARTIDO.

EL PDA DEBE ANALIZAR RIGUROSAMENTE QUÉ PROPUESTA LE HARÁ A LA CIUDADANÍA, CON EL FIN DE CONCLUIR, EN LOS MESES QUE RESTAN DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DISTRITAL Y ENTREGAR EXITOSAMENTE LAS OBRAS QUE HA EMPRENDIDO. UN ASPECTO SUSTANCIAL DE LA SOLUCIÓN ES POSTULAR A UNA PERSONA IDÓNEA, CON UNA HOJA DE VIDA TRANSPARENTE, PARA QUE REEMPLACE AL ALCALDE MORENO.

NO ESCAPA A NUESTRA CONSIDERACIÓN EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, QUE EL PROCURADOR TOMA LA DECISIÓN DE SUSPENDER AL ALCALDE EL MISMO DÍA EN QUE EL POLO DEMOCRÁTICO, EN CABEZA DE LOS SENADORES JORGE ENRIQUE ROBLEDO Y ALEXANDER LÓPEZ MAYA, REALIZAN UN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE EL DESFALCO Y LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LAS DECISIONES DEL PROCURADOR ORDÓÑEZ TIENEN UNA ABIERTA INTENCIONALIDAD POLÍTICA. CONSIDERAMOS QUE EL PROCURADOR DEBE RESPETAR, COMO LO HEMOS REITERADO EN ANTERIORES OPORTUNIDADES, EL DEBIDO PROCESO E INVESTIGAR AL ALCALDE SAMUEL MORENO ROJAS POR HECHOS QUE SEAN DE SU DIRECTA COMPETENCIA.

BOGOTÁ, 3 DE MAYO DE 2011

FIRMAN:

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara PDA

WILSON ARIAS CASTILLO
Representante a la Cámara
Vocero Bancada Cámara PDA

---
Lina Yepes Giraldo
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
lmyepes21@gmail.com
Bogotá - Colombia

Por una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer

2011-04-27T14:53:00.000-07:00

*Artículo obligaría al Gobierno a encarar situación de violencia contra las
mujeres *

*La norma pretende que por fin se tomen medidas en todas las esferas
gubernamentales para garantizar la protección y la eficaz atención a las
mujeres que han sido víctimas de violencia por razón de su género, y
establece la implementación de programas de prevención y sensibilización
contra este fenómeno*
* *
BOGOTÁ, 27/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda buscará que sea
aprobada una proposición para que se incluya en el Plan Nacional de
Desarrollo, un artículo que plantea la puesta en marcha de una política
pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación contra la mujer.

De manera adicional, esta norma obligaría al Gobierno Nacional a
reglamentar en el corto plazo, la Ley 1257 de 2008, que reformó los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal, y que contempla mecanismos para proteger y
atender a las mujeres que han sido objeto de violencia, y dicta medidas
para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los
entes gubernamentales.

El congresista señaló que *“es hora de que en Colombia se legisle para
ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta
ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos”.* “*Es inadmisible
que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya
reglamentado esta trascendental norma”, *precisó*.*

La Ley también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para
vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje
de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación
técnica y profesional.

El representante afirmó que de ser aprobado, este artículo busca que el
Estado colombiano cumpla con las recomendaciones de organismos
internacionales de protección de los Derechos Humanos, y con las
obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, y en la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ambas
ratificadas por Colombia.

Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo
para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del
conflicto armado.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
lmyepes21@gmail.com
Bogotá - Colombia

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VS. REPARACIÓN

2011-04-27T06:43:00.001-07:00

*Ley de víctimas sin presupuesto, continuidad de la seguridad democrática,
conformación de redes de informantes, y el desconocimiento del nuevo
paramilitarismo, son algunos de los reparos del representante a la Cámara
Iván Cepeda sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se votará hoy en el
Congreso de la República*

* *
BOGOTÁ, 26/4/11. A propósito de la discusión del Plan Nacional de
Desarrollo que se llevará a cabo hoy en las plenarias de Cámara y Senado, el
congresista Iván Cepeda Castro advirtió sobre el carácter lesivo de varios
puntos incluidos en este proyecto. El congresista señaló que el PND no
contempla el presupuesto para la reparación de las víctimas, y menos para
cumplir con las políticas de restitución de tierras, y tampoco modifica las
modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados.* *

* *

*“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación
contenidas en Ley víctimas y de restitución de tierras, sin que se cree un
sustento presupuestal en el PND?”,* puntualizó el representante.**

Cepeda afirmó que el proyecto no reconoce la persistencia del conflicto
armado y sus graves consecuencias para el país, y por lo tanto tampoco
contempla políticas de Estado en esta materia. Dijo que el Plan es tolerante
con el paramilitarismo, al darle la denominación de simples bandas
delincuenciales (Bacrim), cuando *“en realidad se trata de poderosas
estructuras que dominan grandes territorios del país”*. Además, recordó que
según una alerta del Ministerio del Interior, estos grupos estarían pensando
en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las elecciones de
octubre para controlar los presupuestos locales.

Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a
darle continuidad a la política de seguridad democrática, con la
conformación de redes de informantes, y con la intención de armar a civiles,
una práctica que en algunos lugares del país sólo ha provocado la pérdida de
control por parte de la fuerza pública.

*“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias, si en
los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo
insuficientes, sino generadoras de más violencia”, *concluyó.

Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del
Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento
forzados.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103

IVÁN CEPEDA DENUNCIA QUE LOS CAMPESINOS QUE RETORNAN A SUS TIERRAS ESTÁN SIENDO JUDICIALIZADOS

2011-04-15T08:39:00.000-07:00

Denuncian que están judicializando a campesinos que retornan a sus tierras

Por: arico | Elespectador.com

Según el congresista Iván Cepeda, los acusan de ocupación ilegal de sus propias parcelas.

El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, al calificarlas de persecuciones arbitrarias, al tiempo que llamó la atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el tema.
Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizara una acción de retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de judicializaciones por distintos delitos, como ocupación ilegal de tierras y calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos como garante, manifestó su preocupación y dijo que “estas judicializaciones buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo que les fue arrebatado”.
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre los hechos que vienen ocurriendo en el país contra las personas que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de persecución, asesinatos y todo tipo de intimidaciones.
“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, reiteró Cepeda.
De acuerdo con el congresista, los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron despojados, por las acciones paramilitares en 2003. Dichos terrenos ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-263153-denuncian-estan-judicializando-campesinos-retornan-sus-tierras

Iván Cepeda denuncia persecución judicial a campesinos que reclaman tierras en finca Las Pavas

2011-04-15T06:08:00.000-07:00

*El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes
judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas,
en el Sur de Bolívar, las calificó de persecuciones arbitrarias, y llamó la
atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se
pronuncien sobre el tema*

BOGOTÁ, 14/4/11. Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las
Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizaran una acción de
retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los
derechos que tienen a la restitución de las tierras, y a retornar a ellas de
manera digna, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de
judicializaciones por distintos delitos como ocupación ilegal de tierras y
calumnia.

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos
como garante, manifestó su preocupación y dijo que *“estas judicializaciones
buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones
arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo
que les fue arrebatado”.*

El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los
organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre
los graves hechos que vienen ocurriendo en nuestro país contra las personas
que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de
persecución, asesinatos, y todo tipo de intimidaciones.

*“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías
necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para
que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya
lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los
derechos humanos y faltas disciplinarias”*, reiteró Cepeda.

Es de recordar que los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación
de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de
Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron
despojados, por la acciones paramilitares en el 2003. Dichos terrenos ahora
están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías
y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles
dichos predios.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO EXPEDIDO POR LAS
ASOCIACIONES DE CAMPESINOS DE LAS PAVAS:

*COMUNIDAD DE LAS PAVAS Y SUS LÍDERES EN GRAVE RIESGO*

*ASOCAB EXIGE GARANTIAS EN SU RETORNO*

*Alertamos a todos y todas, la comunidad nacional e internacional, medios de
comunicación y opinión pública sobre los siguientes hechos que ponen en
riesgo el proceso voluntario y autónomo de retorno y restitución de tierras
que como comunidad de las Pavas sur Bolívar hemos emprendido.*

*A pesar que el presente caso fue puesto en conocimiento de la sesión de la
Mesa Nacional de Garantías el pasado lunes 04 de abril, presidida por el
Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras y con la
presencia del Vicepresidente de la República de Colombia, Dr. Angelino
Garzón, el Estado colombiano no ha emprendido acciones efectivas para
garantizar nuestras vidas, integridad física, libertad y para garantizar
nuestro derecho al retorno y la restitución de nuestras tierras. ASOCAB
inició su retorno desde el 04 de abril de 2011.*

*HECHOS*

*1. El día de hoy, 13 de abril de 2011 a las 5:30 p.m., dos miembros de
la Fiscalía 39 de San Martin de Loba, se hicieron presentes en la comunidad
que se encuentra pacíficamente en la Hacienda las Pavas y tomaron
fotografías a todas las familias que hemos decidido ejercer nuestro derecho
al retorno y a los miembros de organizaciones nacionales e internacionales
acompañantes.*

*2. Los miembros de la Fiscalía no enseñaron su identificación, sin
embargo nos manifestaron que se encontraban en una labor ordenada por la
Fiscalía 39 de San Martin de Loba, para “judicializar a todos quienes se
encontraban allí”.*

*3. Es de tener en cuenta que la Fiscalía 39 de San Martin de Loba,
Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa, adelanta dos procesos penales en
contra de tres líderes de ASOCAB; por los delitos de Invasión de tierras
contra ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES y por
calumnia contra este ultimo. Los radicados son 136676001121201100014 y
136676001121201100066.*

*4. Mientras tanto, los hechos que como comunidad desplazada hemos
denunciado desde hace varios años y continuamos denunciando, no tienen
ninguna celeridad por parte de la Justicia en Colombia, pero sí prestan
atención y son eficaces a las solicitudes de las Empresas palmeras que han
utilizado muchas estrategias para despojarnos de nuestro territorio*

*5. Un ejemplo de ello son las denuncias contra Mario Mármol Montero,
reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares que participó de
nuestro desplazamiento forzado desde el año 2003. La denuncia reposa en la
Fiscalía desde hace tiempo, sin embargo este hombre está aun en la región
ejerciendo toda serie de atropellos e intimidaciones contra nosotros.*

*6. La Fiscalía de San Martin de Loba, convirtió a Mario Mármol en una
víctima y a nosotros, la comunidad desplazada, nos convirtió en
victimarios. Mario Mármol puso denuncia penal contra uno de nuestros
líderes y la fiscalía adelanta con celeridad su denuncia. Mario Mármol es
actualmente protegido por el consorcio el Labrador, (empresas palmeras) y
por la Policía de Mompox que ha manifestado que se encuentra en nuestra
comunidad protegiendo a dichas empresas. El día domingo 10 de abril, al
igual que la fiscalía tomó fotografías de todos y todas quienes nos
encontramos en la hacienda las Pavas a la cual hemos decidido retornar.*

*7. Como comunidad desplazada hemos acudido y acudiremos a todas las
vías de dialogo e interlocución, así como hemos insistido en las distintas
instancias judiciales y administrativas, para exigir el respeto a nuestros
derechos, pero el Estado no nos los ha reconocido. Exigimos un trato digno
y respetuoso a nuestro retorno y al derecho de permanecer en nuestro
territorio.*

*SOLICITUDES*

*1. Que se convoque de manera inmediata la Mesa de Interlocución del sur
de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado
desde el año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde las
comunidades, en donde uno de los casos de garantías es el de la comunidad de
las Pavas, con el fin de garantizar el retorno y la permanencia en la
Hacienda que nos pertenece y nos fue despojada.*

*2. Que se nos restituyan YA, los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere y se nos adjudiquen los restantes 11 predios baldíos que conforman la
Hacienda Las Pavas de donde fuimos desplazados y de los que hemos sido
ilegalmente despojados.*

*3. Que la Defensoría y Procuraduría acompañen permanentemente nuestra
comunidad, con el objeto de garantizarnos los derechos al retorno así como
la integridad personal a las familias retornadas de las pavas.*

*4. Que desde el Gobierno Nacional, se ordene a la Policía Nacional
abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o
interrumpir nuestro retorno a estos predios.*

*5. Se adelanten las investigaciones acerca de las irregularidades
cometidas por la Fiscalía 39 Local de San Martin de Loba por las
investigaciones iniciadas contra los lideres de ASOCAB (Misael Payares
Guerrero, Eliud Alvear Cumplido y Etni Torres Moreno), así mismo que se
abstengan de darle tratamiento de delito al ejercicio del derecho
fundamental de Retorno.*

*6. Que se adelanten por parte de la Procuraduría General de la Nación y
los demás entes de control que correspondan las investigaciones pertinentes,
con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias por las
actuaciones de funcionarios del INCODER, el Inspector de Policía de El
Peñón, el Juez Primero Promiscuo de Mompox, el comandante de la Policía de
Bolívar y del Ministerio de Agricultura que han intervenido en el caso de
nuestro desplazamiento y despojo y en el conflicto de tierras con las
empresas palmeras CI Tequendama SA y Aportes San Isidro SA.*

* *
*Denuncian:*

*- ASOCIACION CAMPESINA DE BUENOS AIRES*

*- FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR*

*- COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR*

*- CAPITULO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO SUR DE BOLIVAR Y SUR
DEL CESAR - MOVICE*

*ORGANIZACIONES ACOMPAÑANTES DEL RETORNO,*
* *

*PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO- PDPMM, DIOCESIS DE
MAGANGÉ, CORPORACION SEMBRAR, SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL,
PROJECT COUNSELLING SERVICE –PCS, CHRISTIAN AID, RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA- REDHER, EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ-
ECAPS, RED DE COMUNIDADES E INICIATIVAS DE PAZ DESDE LA BASE, FUNDACION
CHASQUIS, MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO-MOVICE*

CUESTIONAN ARTÍCULO DE ACUERDO DE TRANSACCIÓN

2011-04-12T15:20:00.000-07:00

*“Nuevos aspectos en Ley de víctimas impiden reparación integral”*

*El representante a la Cámara Iván Cepeda consideró que algunos apartes
aprobados hoy por Comisión Primera de Senado son un atentado al derecho a la
justicia y a la reparación integral, al establecer que quien acceda a la
reparación administrativa no podrá buscar la judicial y porque en el tema de
tierras sólo reconoce a las víctimas a partir de 1991*

**

BOGOTÁ, 12/4/11. Luego de la aprobación del articulado de la Ley de Víctimas
en su penúltimo debate en la Comisión Primera de Senado, el representante a
la Cámara Iván Cepeda rechazó algunos de los puntos aprobados en la
iniciativa. El congresista afirmó que la *“ley ha quedado con una definición
restrictiva y discriminatoria de las víctimas”, *ya que las personas que han
sido objeto de despojo de tierras sólo serán tenidas en cuenta a partir 1991
y no desde 1985, según quedó aprobado en el texto para las demás víctimas
del conflicto.

El representante puntualizó que al introducirse el acuerdo de transacción,
se les está negando el derecho a la reparación integral a las víctimas, ya
que establece que las víctimas que accedan a la reparación administrativa
deberán renunciar a la indemnización judicial.

*“Se ha producido un atentado contra el derecho a la justicia porque la
indemnización se plantea a través de un contrato de transacción con las
víctimas, es decir que las personas que recurran a la indemnización que
ofrece esta ley no podrán hacerlo ante los tribunales de justicia para
exigir su reparación. Esto viola directamente la constitución”,* aseguró
Cepeda.

El congresista manifestó que espera que la plenaria de Senado retome el
verdadero sentido de la ley, y que "*no se entierren las pocas cosas buenas
y de avanzada que tiene"**, *y anunció que de lo contrario, preparará una
demanda contra los aspectos que considera lesivos e inconstitucionales.

*“Si se aprueban esos aspectos que no compartimos, pues tendrán que ser
revisados y declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional”,*aseveró.

Prensa Representante Iván Cepeda

¿LOCOMOTORAS SIN RIELES?

2011-04-10T20:37:00.000-07:00

Por: Iván Cepeda Castro * | Elespectador.com

En el refugio para víctimas del invierno en Bohórquez hay 1.654 personas.

Entre resignados y olvidados, miles de atlanticenses esperan ayuda para mitigar su desgracia por el invierno.
El cielo sobre el campamento de los damnificados de las inundaciones en la zona adyacente al Canal del Dique está cubierto por los buitres que vuelan en círculo. La situación es desesperada. No se ha renovado el contrato con la compañía encargada de hacer el mantenimiento de las pocas cabinas de baño que hay entre las pequeñas carpas. Al mediodía, cuando el sol calienta más fuerte, el hedor es insoportable. El campamento, ubicado en las afueras de la población de Bohórquez, alberga a 422 niños, 1.232 adultos, 144 familias. Ya han muerto cuatro personas por las enfermedades que han comenzado a aquejar a los damnificados, que no cuentan con atención médica. Los niños corren descalzos por la tierra, no pueden ir al colegio porque no hay transporte que los lleve a las escuelas de otros municipios. Los adultos salen desde la madrugada a hacer la interminable fila para recibir algunos víveres que entrega la compañía privada Comfamiliar. Una señora que acaba de llegar de Barranquilla me dice que salió ayer a las 3 de la mañana y que sólo hoy pudo obtener la ayuda. Saca de la pequeña tienda en la que está hacinada con su numerosa familia el paquete que logró recibir. Lo vacia en la tierra: "Nos quieren hacer creer que estos son mercados de $300.000. ¡Mentiras! Como todo lo que nos han prometido la Gobernación y el Gobierno". Veo unos cuantos sobres de arroz, una bolsa de agua y dos latas de atún. Eso les debe durar quince días. El hambre y la sed los agobian, el sol los agota en medio del árido campamento, pero prefieren el calor infernal a la lluvia. Cada vez que se precipitan las primeras gotas de un aguacero, experimentan el pánico provocado por la certeza de que vendrán nuevas inundaciones invernales.

En Campo de la Cruz, otra de las poblaciones arrasadas por las inundaciones, los campesinos temen por su vida y, además, por sus tierras.

Ya han aparecido compradores ofreciéndoles $4'000.000 por hectárea y algunas familias han vendido. Se han ido de sus hogares ante el escepticismo de que la situación mejore. No reciben ayudas, pero en cambio les están llegando puntualmente los recibos de agua y energía, servicios a los que no han tenido acceso por meses. En muchas de sus parcelas aún quedan las aguas estancadas y no se está haciendo evacuación. Donde ya no hay agua de las inundaciones, las ratas y otras plagas se han adueñado de los predios. No hay interés en que los damnificados retornen. Los líderes de la comunidad creen que la negligencia oficial obedece a que compañías extranjeras y poderosos consorcios nacionales están tras sus tierras, porque allí hay petróleo y coltán —el codiciado mineral que se utiliza en alta tecnología—. Reina la incertidumbre, pues, donde la tierra ya se ha recuperado, el temor de que las paredes del Canal vuelvan a ceder y sobrevengan nuevas gigantescas inundaciones les impide cultivar la tierra y producir sus alimentos.

"La vida de la región depende de que se construya un muro sólido donde se abrió el gran boquete —afirman los damnificados del Canal—. La Gobernación subestima el peligro". Piensan que se repetirá la historia: desde hace años se advertía de la probabilidad de inundación por la falta de obras en el Canal del Dique, el cual fue construido precisamente con el propósito de ayudar a regular el curso del río Magdalena ante el constante e inminente peligro de inundaciones durante la época de lluvias. Ahora aseguran que se avecinan nuevas catástrofes por la misma causa.

Voy hasta Santa Lucía, lugar donde se abrió hace meses la brecha de 214 metros por la que entró la inundación. Lo que encuentro es un rudimentario muro erigido con sacos de arena. Ya se observan filtraciones y resquebrajamientos en la precaria obra. Me explican que el problema es mayor aún. Además, debe atenderse el riesgo que representan algunos de los boquetes que fueron hechos para evitar los desbordamientos, así como otros lugares en que las orillas del Canal muestran debilidades estructurales. Según quienes conocen el terreno, a lo largo de 115 km del Canal se hallan sitios con diversos niveles de riesgo de inundación. Aunque el gobernador Verano de la Rosa asevera que ya se han contratado los trabajos para sortear esta situación, los damnificados sostienen que las autoridades no les han informado sobre plan alguno con las soluciones integrales y urgentes que la emergencia demanda.

El Gobierno Nacional ha utilizado la alegoría de las “locomotoras del desarrollo económico” como el camino seguro a la prosperidad. Pero la realidad de las regiones del país pone de manifiesto los resultados a los que ha conducido una errática política estatal practicada por lustros. De ese panorama de pobreza de las comunidades y explotación de la naturaleza, hace parte la desastrosa condición de damnificados de inundaciones que saben que en cualquier momento sobrevendrá una nueva catástrofe que, si se quisiera, podría evitarse. ¿Cómo pretender que las “locomotoras” nos lleven a la prosperidad en un país sin “rieles”? ¿Cómo implementar políticas de desarrollo sin políticas para prevenir o atender eficazmente los desastres, sin redes de protección sanitaria, sin una infraestructura básica necesaria, sin una verdadera reforma agraria? La crisis de las inundaciones en el Canal del Dique evidencia esta problemática: el programa económico del gobierno del presidente Santos se fundamenta en locomotoras sin rieles.

*Senador de la República (sic) Representante a la Cámara
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-262112-locomotoras-sin-rieles

LAS 'BANDAS CRIMINALES' DEL DESPOJO

2011-04-09T10:44:00.000-07:00

⁠(tomado de ELTIEMPO.COM) 9 de abril de 2011

Iván Cepeda Castro

Iván,

"¿Cómo se explica la inusitada escalada de asesinatos contra las y los líderes que luchan por la restitución de sus tierras?"

    El término 'bacrim', o bandas criminales emergentes, lo acuñó el gobierno del presidente Uribe en el 2006 en su afán por ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que su gobierno había acabado con el paramilitarismo. El presidente Santos asumió esa denominación al incorporarla al texto del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo: "Agrupaciones de carácter multidelictivo, con alcance transnacional, carentes de plataforma ideológica y cuyos fines son netamente económicos".

    Se ha vuelto una práctica recurrente negar la existencia de las estructuras paramilitares cambiándoles el nombre ("fuerzas oscuras", "autodefensas", "grupos de justicia privada"). El presidente Barco decía que ese era un problema semántico. La trágica experiencia de las últimas décadas demostró que no tenía razón. Definir correctamente el paramilitarismo es el primer paso para combatirlo y derrotarlo.

    Los órganos de las Naciones Unidas y de la OEA no definen estas poderosas estructuras criminales como meras pandillas narcotraficantes. Algo comprensible si se atiende a los interrogantes que suscita la interpretación que hace del fenómeno el Gobierno. ¿Cómo se explica la inusitada escalada de asesinatos contra las y los líderes que luchan por la restitución de sus tierras? ¿Será que los beneficiarios del desplazamiento forzado han contratado a esas supuestas bandas delictivas para proteger sus intereses? ¿A qué se debe la coincidencia en el mapa del país del control territorial que hoy ejercen esos grupos con el que tuvieron los bloques de las Auc?

    En el debate que sobre estas estructuras se adelantó en la Cámara el pasado 23 de marzo, me referí a dos situaciones verificables. En primer lugar, las falsas desmovilizaciones de bloques paramilitares incluyeron mantener estructuras de reemplazo en la sombra. Por eso, en muchas partes no hubo desmovilización sino transmisión y relevo de mando. En segundo lugar, mediante ese mecanismo, los jefes de la 'parapolítica' y de la 'paraeconomía' lograron conservar su brazo armado, que es el que hoy continúa actuando con la complicidad de agentes del Estado.

    Sobre la primera situación presenté apartes de la carta que alias 'Ernesto Báez' le dirigió al ex comisionado Luis Carlos Restrepo, en diciembre del 2006, en la que le decía: "Me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos, gozan de libre albedrío. (...) En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios". Ante este diciente recordatorio, solo cabe preguntar: ¿a qué se dedican hoy más de 1.500 jefes del paramilitarismo que no se desmovilizaron?

    La respuesta puede extraerse de las propias investigaciones que adelantó en su momento la Fiscalía General de la Nación. El expediente del proceso conocido como "el computador de 'Jorge 40' " contiene todo un verdadero manual para la organización de falsas desmovilizaciones con miles de impostores y la bitácora de negocios de narcotráfico del Bloque Norte. Allí está registrada una conversación del 7 de febrero del 2006 entre 'Jorge 40' y 'don Antonio', en la que afirma el jefe de la Unidad Central de Análisis Criminal del CTI: "Se refieren a un personal de la organización que no van a desmovilizar, el cual quedaría encargado del cuido de las zonas vulnerables, para evitar que sean retomadas por el enemigo".

    Sobre la segunda situación, acaba de conocerse una entrevista concedida desde la cárcel en Estados Unidos por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso al periódico EL TIEMPO, en la que anuncia, crudamente, que el próximo capítulo que descubrirá Colombia es el pacto de los políticos con las 'bacrim'.

⁠

Representante Iván Cepeda exige garantías y derechos a restitución y retorno de comunidad de Las Pavas en el sur de Bolívar

2011-04-05T21:31:00.000-07:00

CONSTANCIA ANTE PLENARIA DE CÁMARA

El congresista respalda a los campesinos que se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon)

BOGOTÁ, 5/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda radicó una constancia ante plenaria de esa Corporación, en la cual expone la difícil situación de la comunidad desplazada de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, la cual fue desplazada y despojada de sus terrenos en el 2003 por la acción paramilitar de Jesús Emilio Escobar.

Cepeda detalló que son más de 3000 hectáreas las que se reclaman y que ahora son explotadas por el Consorcio Palmicultor El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama. Recalcó que dichas tierras no están contempladas en el “plan de choque” planteado por el ministerio de Agricultura, el cual les ofrece a los campesinos recibir otros terrenos bajo un contrato de comodato, en lugar de los predios que les pertenecen.

Por tal motivo, el congresista requirió al Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo para que lleve a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución de sus tierras y el derecho a un retorno digno.

“Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda y dé una pronta respuesta al pliego de peticiones presentado por estas comunidades e impulse los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la restitución y al retorno”, dijo.

Iván Cepeda también denunció que recientemente se abrieron procesos de judicialización contra tres líderes de la asociación que representa a estas comunidades (Asocab), por los delitos de invasión de tierras y calumnia, y pidió garantías para ellos.

“Hago el mismo llamado al Ministerio del Interior y de Justicia para que brinde las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y finalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, puntualizó el congresista.

Restitución y retorno digno pide Iván Cepeda para 500 campesinos que reclaman tierras en Las Pavas en el Sur de Bolívar

2011-04-04T14:48:00.000-07:00

Son más de 300 hectáreas las que reclaman las comunidades campesinas que fueron desplazadas y despojadas de la hacienda Las Pavas en el municipio de El Peñón en 2003, terrenos ahora explotados por el Consorcio Palmicultor El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama

BOGOTÁ, abril 4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda acompañó hoy a las comunidades desplazadas de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, en una movilización para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras que les corresponden legítimamente, y a retornar a ellas de manera digna.

Los campesinos de Las Pavas consideran inaceptable la propuesta del ministerio de Agricultura de recibir otras tierras en comodato, cuando parte de los terrenos (300 hectáreas) que venían ocupando, algunos desde 1997 y otros desde 1949 y de los cuales fueron sacados en el 2003, ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.

Al respecto, el representante Cepeda afirmó que

“esta es una acción ejemplar que muestra a una comunidad campesinos que, de manera digna reclama sus derechos y que no está dispuesta a aceptar ofertas minúsculas del gobierno”.

“Como parlamentario haré uso de todas las facultades del control político para acompañar y respaldar a esta comunidad en sus propuestas de retorno digno”, aseguró Cepeda al referirse a las acciones que emprenderá desde la Cámara de Representantes para brindarle acompañamiento a la comunidad de Las Pavas en su proceso de restitución de tierras.

POR PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA ASOCAB PARA PARTICIPAR COMO GARANTE

2011-04-04T05:36:00.001-07:00

Iván Cepeda acompaña a desplazados que reclaman tierras en Las Pavas en el Sur de Bolívar

Las comunidades campesinas de esta región que han sufrido la violencia por décadas buscaron el apoyo del congresista del Polo Democrático para pedirle al gobierno nacional que les sean restituidos los terrenos de los cuales los despojaron y que hoy son propiedad del Consorcio Palmero El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama

BOGOTÁ, abril 4/11. Hoy lunes 4 de abril, el representante a la Cámara Iván Cepeda acompañará a las comunidades desplazadas de la hacienda Las Pavas, en la vereda Buenos Aires, municipio de El Peñón en el departamento de Bolívar, en su petición al gobierno nacional para que en el “plan de choque” en el cual los ha incluido el Ministerio de Agricultura, se les restituyan los predios de los cuales fueron desplazados, y que hoy son explotados por el consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano.

El congresista viajará hasta la finca Las Pavas para escuchar las peticiones de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), quienes se niegan a aceptar el acuerdo propuesto por el Ministerio, consistente en la entrega de otras tierras bajo un contrato de comodato, en lugar de restituirles completamente sus propiedades, de las cuales fueron despojados por el accionar paramilitar de Jesús Emilio Escobar.

Cepeda afirmó que “el gobierno les debe garantizar los derechos y la efectiva restitución de tierras a estas comunidades y no ceder ante los intereses de los grandes consorcios y empresas multinacionales que se vienen beneficiando de los predios”.

Iván Cepeda indicó que atenderá la invitación de esta comunidad, la cual le ha solicitado que participe como garante, ya que recientemente se abrieron procesos de judicialización contra tres líderes de Asocab por los delitos de invasión de tierras y calumnia, y anunció que se buscará que estos líderes tengan todas las garantías en el proceso de reclamación de lo que les pertenece como víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras.

Iván Cepeda se reúne con víctimas en San Onofre y con damnificados del invierno en Barranquilla

2011-04-01T08:14:00.000-07:00

AGENDA REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA CASTRO

BOGOTÁ, abrl 1/11. Hoy viernes 1º de abril, el representante a la Cámara, Iván Cepeda se reunirá con campesinos y con el movimiento de víctimas de las estructuras paramilitares en San Onofre, Sucre, con el fin de abordar la grave situación de amenazas a miembros del movimiento y de asesinatos a líderes en procesos de reclamación de tierras, que han ocurrido en los últimos días en todo el país.

A las 11:30 am dará una rueda de prensa en la ciudad de Sincelejo y en la tarde estará reunido con el Movimiento de Víctimas en San Onofre.

Del mismo modo, el sábado 2 de abril, el congresista estará en Barranquilla, departamento del Atlántico, para reunirse con los damnificados del invierno en esa zona de la región Caribe que no han recibido de manera oportuna la ayuda del Gobierno Nacional y que se encuentran en una difícil situación humanitaria.

"BACRIM NO SON PANDILLAS NI PEQUEÑOS DELINCUENTES POR CUENTA PROPIA"

2011-03-24T07:19:00.001-07:00

"No ha terminado la horrible noche del paramilitarismo”: Iván Cepeda*

*El representante a la Cámara le solicitó al gobierno nacional que retire de
los apartes del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización que define a
las bandas herederas del paramilitarismo como Bacrim, y que reconozca la
continuidad de los grupos paramilitares en Colombia.*

BOGOTÁ, marzo 23 /10. Durante el debate de control político sobre falsas
desmovilizaciones y continuidad del paramilitarismo y la parapolítica,
llevado a cabo en la Cámara de representantes, el congresista por el Polo
Democrático, Iván Capeda, afirmó que las bandas llamadas por el gobierno
Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas
estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en
Colombia.

*“Las Bacrim no son simples bandas, no son pandillas, ni pequeños
delincuentes, no son sólo unos grupos que estén peleando por unos cuantos
pesos. Señor Ministro: aquí no ha terminado la horrible noche
paramilitarismo”.* Así respondió Cepeda a la afirmación del Ministro de la
Defensa Rodrigo Rivera, de que las Bacrim no tienen nada que ver con los
paramilitares y que son meros delincuentes comunes.

El representante le solicitó al Gobierno Nacional que elimine la
caracterización de Bacrim incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y que
reconozca que lo que hubo fue una transmisión de mando entre paramilitares,
manteniendo una poderosa estructura criminal que viene en crecimiento.
Señaló que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las
características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada,
ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros
fuerza pública o en las esferas de poder.

Cepeda aseguró que en Colombia existe un viejo paramilitarismo y una nueva
estructura paramilitar, y en ese sentido, se preguntó por la falta de
definición en los procesos seguidos en contra del zar de las esmeraldas
Víctor Carranza, por los delitos de conformación de grupos paramilitares,
masacres, desaparición forzada, entre otros. El representante recordó que
Carranza sólo ha estado una vez en la cárcel por uno de estos delitos pero
que no se sabe qué ha pasado con los otros, cuando existen serios indicios
de que este empresario ha estado comprometido.

Sin embargo el congresista reconoció el hecho de que la Fiscalía General
haya abierto una nueva investigación contra Víctor Carranza, dadas las
múltiples declaraciones de jefes paramilitares que lo señalan como cabecilla
y colaborador en la conformación de dichos grupos.

Iván Cepeda también hizo referencia al grave fenómeno de los herederos de la
parapolítica o del testaferrato político del paramilitarismo que se estaría
dando en el Congreso de la República y le exigió a la justicia impulsar un
castigo ejemplar para quienes se beneficiaron y fueron cerebros de la
parapolítica en el país. Pidió fortalecer fiscalía y la rama judicial para
tal fin.

--
Lina María Yepes Giraldo

CÁMARA ADELANTARÁ DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE FALSAS DESMOVILIZACIONES Y CONTINUIDAD DE PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

2011-03-17T05:58:00.000-07:00

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición de los representantes Guillermo Rivera, del Partido Liberal, y de Iván Cepeda Castro del Polo Democrático, para llevar a cabo un debate de control político sobre las denuncias de falsas desmovilizaciones de grupos armados, y sobre la continuidad del paramilitarismo en el país y de la parapolítica dentro del Congreso de la República.

Para el representante Iván Cepeda, el paramilitarismo en Colombia sigue vivo y fortalecido en los grupos que el gobierno ha llamado bandas criminales Bacrim, o bandas emergentes.

“A las estructuras paramilitares que existen hoy en muchos lugares de Colombia no se las puede tratar como si fueran unas simples bandas de delincuencia común”, aseguró Cepeda.

Según el congresista, el Estado no les puede negar a las víctimas el dinero para la reparación, mientras ha dilapidado el erario en falsas desmovilizaciones.

“Mientras el gobierno regatea los costos de la ley de víctimas, el país se pregunta cuánto le ha costado al Estado las falsas desmovilizaciones y reinserciones”, afirmó.

Iván Cepeda agregó que este debate es imprescindible para que el país sepa que siguen existiendo relaciones de congresistas con el paramilitarismo.

“Es necesario que haya control político para dilucidar cómo y en cabeza de quiénes, se está dando continuidad a la parapolítica en el Congreso colombiano”, declaró Cepeda.

Al debate, que se realizará el próximo miércoles 23 de marzo en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, serán citados los Ministros del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras y de la Defensa Rodrigo Rivera.

IVÁN CEPEDA ENFRENTA EN JUICIO A JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ [HQ] de (vídeos) de David García

2011-03-12T18:12:00.000-08:00

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 9 DE FEBRERO DE 2011

JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ FUE SEÑALADO POR VARIOS JEFES DE LAS AUC COMO "MIEMBRO ORGÁNICO" DE LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES

IVÁN CEPEDA ENFRENTA EN JUICIO A JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ [HQ] de (vídeos) de David Garcia

2011-03-12T08:30:00.000-08:00

IVÁN CEPEDA ENFRENTA EN JUICIO A EX SUBDIRECTOR DEL DAS; JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, QUIEN FUERA SEÑALADO POR VARIOS JEFES DE LAS AUC COMO "MIEMBRO ORGÁNICO" DE LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA: ALiAS "DON BERNA" AFIRMÓ QUE JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ ERA MIEMBRO ORGÁNICO DE LOS PARAMILITARES

2011-03-10T05:58:00.000-08:00

ESCUCHE AUDIO: CLICK AQUÍ

2011-03-10T05:23:00.000-08:00

FUENTE: WRADIO.COM.CO

UN SIGLO DE LA CONMEMORACIÒN INTERNACIONAL DEL DíA DE LA MUJER

2011-03-07T13:08:00.000-08:00

8 de marzo de 2011

En el primer siglo de conmemoración del día internacional de la mujer, quiero rendir un homenaje a las mujeres que con persistencia, han buscado transformar cualquier tipo de subordinación en su contra y contra la sociedad. Trabajo cotidiano que dignifica cada uno de los espacios que las mujeres habitan, desde la plaza pública hasta el interior de sus hogares.
Gracias a ellas, Colombia goza hoy de múltiples normas que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres; cada día resulta más injustificado tolerar cualquier tipo de violencia en su contra; las mujeres jóvenes en nuestro país han podido diversificar sus opciones de vida más allá de la maternidad y la crianza de hijos e hijas; y el ejercicio de la sexualidad se ha resignificado al separarla de la reproducción.

Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a las defensoras de derechos humanos y a las líderes de las organizaciones de víctimas, quienes en situaciones adversas, defienden con terquedad sus derechos, los de sus familias y comunidades, soñando en las posibilidades de construir una sociedad más justa.

Como miembro de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos me reafirmo en la defensa de los principios universales de igualdad, no discriminación y de respeto profundo a las diferencias. Como integrante de un partido de izquierda, que se declara democrático e incluyente, persistiré en la eliminación de todo tipo de discriminación y explotación contra las mujeres, elemento central en nuestro trabajo.

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA SOLICITA RESPUESTA AL DR. ALEJANDRO ORDÓNEZ MALDONADO, CON RELACIÓN A DECISIONES ADOPTADAS POR LA PROCURADURÍA

2011-03-04T13:11:00.000-08:00

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2011.

Doctor
Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Ciudad

Ref.: Derecho de petición.

Señor Procurador:

En carta dirigida el 1º de marzo de 2011a los miembros de la Comisión de Ética del Polo Democrático Alternativo, señalé mi preocupación por el giro que podrían estar tomando varios de los procedimientos de investigación y de las decisiones adoptadas por su despacho. Dentro de esos procesos se ha manifestado creciente preocupación por declaraciones o actuaciones suyas que demostrarían su abierta inclinación al prejuzgamiento; a que sin conocer los argumentos de la defensa de los acusados o el contenido de los expedientes, usted transmita a la opinión pública la sensación de que ya tiene adoptadas decisiones. Asimismo, ha causado preocupación que en su proceder algunos adviertan la tendencia a extender la función de control disciplinario y llevarla al campo del juicio penal.

Este tipo de debates se han presentado, por ejemplo, en los casos de la ex senadora Piedad Córdoba, del senador Jorge Enrique Robledo, del ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, del ex representante Germán Olano, y del senador Iván Moreno Rojas.

Calificados juristas han expuesto su concepto sobre estas situaciones a través de columnas de opinión en la prensa nacional. El abogado penalista Yesid Reyes Alvarado señaló en el periódico El Espectador: “En los últimos días el país ha seguido la audiencia que se adelanta en la Procuraduría por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Como lo que se percibe es que se está procesando a unos funcionarios por la comisión de graves delitos, conviene preguntarse si es la Procuraduría el ente encargado de investigarlos y sancionarlos, o si debe dejar que la Fiscalía se ocupe de ello. Permitir que las dos entidades puedan condenar separadamente a quien ejecuta una conducta contraria a la ley penal, supone violar el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Frente a esta crítica se suele responder que la esencia de la actividad disciplinaria es diversa a la penal y que el tipo de sanciones que se imponen es distinto. Sin embargo, la prohibición constitucional no admite excepciones ni por la naturaleza del trámite ni por la calidad de la pena; exceptuando las acciones de revisión, nadie puede ser sometido a juicio dos veces por el mismo comportamiento” .

En ese mismo sentido, en su columna del periódico El Espectador, el profesor Rodolfo Arango afirmó: “Por bien intencionada que sea la acción disciplinaria contra la corrupción pública y en defensa de la moralidad administrativa, las destituciones basadas en la presunta comisión de delitos por parte de los sancionados desconocen los principios del Estado de derecho y los derechos fundamentales de los procesados. Las únicas autoridades competentes para establecer si Germán Olano, Miguel Ángel Moralesrussi o los hermanos Moreno cometieron delitos, que es la base de sanción disciplinaria, son los jueces de la República, previa la investigación y acusación de la Fiscalía General de la Nación. No se trata aquí de un mero formalismo. Lo que está en juego es la existencia misma del Estado de derecho” .

Si bien en Colombia no existen inmunidades para ningún funcionario público, las autoridades de los órganos de control se encuentran en el deber de garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Señor Procurador:

En razón de las hondas preocupaciones que suscitan la forma y el contenido de las decisiones tomadas por su despacho en los procesos señalados, y en ejercicio de mi función de control político, me permito respetuosamente solicitarle se sirva responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fundamentos jurídicos, constitucionales y legales, han servido de sustento para considerar determinadas conductas penales –que no han sido aún establecidas judicialmente- como causales de faltas disciplinarias que motiven la investigación o sanción de los servidores públicos que se mencionan en este derecho de petición?
2. ¿En qué situación quedan los funcionarios investigados o sancionados por su despacho en el evento de que posterior a sus decisiones, un órgano judicial los exonere de responsabilidad penal por los delitos de los que usted derivó la responsabilidad disciplinaria? De ser así ¿en qué situación quedaría la función de control disciplinario ejercida en los casos mencionados en este escrito?

Atentamente,

Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara

PS. Recibiré su respuesta en la carrera 7ª N° 8-68, oficina 416.

IVÁN CEPEDA SEÑALA CRÍTICAS A LA PONENCIA PARA TERCER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS

2011-03-01T14:25:00.000-08:00

1 de marzo 2011

El Representante a la Cámara Iván Cepeda deja constancia sobre el peligro de 5 puntos que contiene la iniciativa. De no ser modificados se negarían los derechos de las víctimas.

1. Sólo se reconocerían como víctimas a aquellas personas que sufrieron violación de sus derechos a partir de 1986 y para el caso del despojo a quienes fueron victimazados después de 1991. Se excluiría así, más de de 9.000 personas y se dejarían de restituir más de cien mil hectáreas de tierra.
2. A las víctimas de despojo y de abandono forzado se les negaría la entrega material de sus tierras y el retorno a cambio de una renta, privilegiando a los beneficiarios del despojo.
3. Se desconocería el fundamento y la naturaleza de las medidas de reparación, toda vez que tomaría por reparación medidas de asistencia y ayuda humanitaria.
4. El proyecto de ley olvida el carácter fundamental del derecho a la reparación al someter el efectivo cumplimiento de la ley a razones presupuestales del Estado.
5. No se reconoce el fundamento de la reparación, el cual radica en la responsabilidad del Estado.

Ante la presentación de la ponencia para tercer debate del proyecto de ley de víctimas, El Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda Castro se pronunció frente a este Proyecto de Ley, “hay cinco temas de especial gravedad que contiene la ponencia, los cuales de no ser modificados implicarían la negación de los derechos de las víctimas, por tal razón pongo en conocimiento de la opinión pública, de los ponentes y del Gobierno uno a uno los cinco puntos. Durante la presentación de este proyecto de ley y con anterioridad al mismo, he resaltado la relevancia social y política de la aprobación de una ley que garantice los derechos de las víctimas, sin embargo, no es posible respaldar una iniciativa que bajo un lenguaje de reparación persiste en la negación del derecho a una reparación integral, favorece los intereses de los beneficiarios del despojo y excluye a un sector importante de quienes han sido efectivamente victimizados”

El texto de este Proyecto fue radicado el día de hoy por los ponentes de la Comisión I de Senado, para su tercer debate. El Polo Democrático Alternativo hará todo lo posible para subsanar los problemas que presenta esta iniciativa.

A continuación se desarrollan cada uno de los cinco problemas anteriormente mencionados:

1. Negación del principio de universalidad e impulso de una lectura revisionista de la historia

El proyecto de ley al definir el universo de víctimas, lo restringe, a personas victimizadas a partir de 1986, situación que se agrava para las víctimas de despojo y de abandono forzado, pues solo se reconocerán aquellas que sufrieron la violación a sus derechos a partir de 1991.

Delimitación que contraviene el principio de universalidad, y causa un efecto revisionista sobre la memoria del país. Al desconocer la existencia de víctimas con anterioridad a 1986 se elimina simbólicamente los orígenes de la violencia sociopolítica que se vive en la actualidad, negando hechos tan importantes para la historia como son: el genocidio de la Unión Patriótica, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y las masacres fundacionales del paramilitarismo.

En términos cuantitativos, de acuerdo con las bases de datos de “Colombia Nunca Más”, iniciativa conformada por organizaciones no gubernamentales, al menos 8.959 personas que fueron victimizadas entre 1966 hasta 1985 por agentes estatales y paramilitares estarían excluidas, y en los casos de despojo de acuerdo con datos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado, al menos 102.403 ha. de tierra despojadas desde 1980 hasta 1985 quedarían en manos de sus despojadores.

2. Negación de la restitución material de la tierra, del retorno y del derecho a la restitución del patrimonio

En materia de restitución, el texto introduce en su artículo 102 el derecho de superficie sobre los predios o terrenos que sean objeto de restitución o formalización en los cuales se encuentren establecidos sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal o agroforestal y/o plantas de procesamiento y transformación de materias primas.

Su titular (el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, o los opositores de buena fe que hubieran establecido los sistemas de producción) tendría el derecho de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al despojado (nudo propietario) una renta o canon, y de entregar el predio una vez cumplido el plazo o la condición, junto con las construcciones y plantaciones que sobre él se hayan establecido.

De incluirse esta disposición se estarían cometiendo tres grandes errores por parte del legislador: 1. Se desconocería el derecho a la restitución, 2. Se actuaría contra el derecho de propiedad como derecho fundamental en el caso de las víctimas de despojo y de abandono forzado, la cual se encuentra ligada a otros derechos, como son la alimentación, la vivienda y la vida digna, y 3. Desde el Estado se favorecería a grandes empresarios beneficiarios del despojo, quienes mantendrían sus sistemas de producción, y en consecuencia se impediría la restitución material del bien y el retorno de la población, consolidando así, la desterritorialización del campesinado.

Adicionalmente en materia de restitución, el Senado persiste en negar el derecho a la restitución de la vivienda y el patrimonio, contenida en los principios internacionales sobre la materia1, los cuales hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, ya que como lo ha reiterado la Corte Constitucional “hacen parte del bloque de constitucionalidad, por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política”.

La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio es un asunto de justicia. Las víctimas de despojo y de abandono no solo han perdido su tierra. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “el 83% de la población desplazada inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) perdió algún bien (sin contar los muebles del hogar): el 72% animales, el 50% maquinaria y equipo, el 42% tierras, el 32% cultivos, el 24% infraestructura productiva y el 19% bienes raíces no rurales. De igual manera, el 78% de la población no inscrita en el RUPD perdió algún bien: el 63% animales, el 45% maquinaria y equipo, el 36% tierras, el 23% cultivos permanentes, el 17% bienes raíces no rurales y el 16% infraestructura productiva”2

2. Confusión de medidas

El proyecto de ley desconoce la diferencia que debe existir entre las medidas de reparación, asistencia y ayuda humanitaria, las cuales tienen naturaleza, fuente y objetivos diferentes. Se toman como medidas reparadoras medidas de asistencia (crédito, pasivos y subsidio de vivienda) y se consagra la ayuda humanitaria de la ley 418 de 1997 como indemnización administrativa. En la práctica, esta situación llevaría al absurdo de afirmar que la víctima que ha recibido un subsidio de vivienda -medida a la que puede acceder la denominada población vulnerable- ya ha sido reparada.

3. Sostenibilidad Fiscal

En el Congreso de la República se discute el acto legislativo por medio del cual se modifican los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, el cual espera elevar a rango Constitucional la sostenibilidad fiscal como principio, sujetando el accionar de todas las ramas del poder público a este fin. Acto legislativo que en nuestra consideración es inconstitucional por propender por la sustitución de la constitución, al redefinir el alcance y significado mismo del Estado Social de Derecho. Se alteraría el sistema de protección de derechos fundamentales, pues implicaría que los actos y acciones programadas deben tener respaldo en los recursos del Estado, para que ningún proyecto o decisión afecte el presupuesto nacional.

En este mismo sentido el proyecto de ley sujeta el cumplimiento de la norma a la sostenibilidad fiscal, lo que implica hacer depender el efectivo cumplimiento de la ley a razones presupuestales, olvidando incluso el carácter fundamental del derecho a la reparación, derechos que son de obligatorio e inmediato cumplimiento para el Estado Colombiano.

4. Negación del Fundamento de la reparación: responsabilidad del Estado

El Proyecto de Ley elude explicitar el fundamento de la reparación, y de forma contraria reitera la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad por parte del Estado.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos el Estado debe reparar a las víctimas por dos razones, cuando el Estado es responsable directo de las violaciones cometidas ya sea por acción o por omisión, es decir, cuando incumple con su obligación de respeto, que se constituye en un límite de su accionar, y la segunda, como consecuencia de su deber de garante, lo que implica una conducta gubernamental que garantice la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones cometidas.

Si bien el reconocimiento de las medidas de reparación reconocidas en la ley no significa un reconocimiento de la responsabilidad de los agentes del Estado por un daño antijurídico individual, el Estado Colombiano debe aceptar su participación en la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país. Así como su responsabilidad por las violaciones cometidas por particulares cuando el Estado no cumplió con el deber de garantía.

Negar la responsabilidad del Estado, es ética, moral, política y jurídicamente reprochable. Un primer paso para la reconciliación es aceptar que en Colombia las violaciones a los derechos humanos han sido graves, masivas y sistemáticas, y que en consecuencia el Estado debe reparar con fundamento en el no cumplimiento de sus obligaciones de protección, respeto y garantía.

El vicepresidente Angelino Garzón en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día de ayer en relación al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras expresó: “La presentación de esta Ley refleja de manera inequívoca la voluntad política del Gobierno nacional por otorgar una mayor prioridad a las víctimas y por sancionar a los victimarios. Solo de esta forma podremos avanzar hacia un camino de perdón y reconciliación con perspectivas de paz”. En consecuencia, es necesario que dicha voluntad política se traduzca en el impulso de la adopción de medidas concretas que garanticen la efectiva restitución de las tierras y la permanencia de quienes sean restituidos en sus territorios, así como de medidas de reparación proporcionales al daño sufrido.

El Representante Iván Cepeda y el Polo Democrático Alternativo, continuará insistiendo en un proyecto de ley ajustado a los estándares internacionales en la materia y a las demandas de las víctimas.

Mayor información:
Ana Jimena Bautista Revelo
Oficina R. Iván Cepeda Castro
Cel: 3154637817

Solicitud de suspensión del senador Iván Moreno Rojas que han presentado Iván Cepeda Castro y el colectivo Vamos por los Derechos

2011-03-01T07:21:00.000-08:00

Bogotá D. C., 1° de marzo 2011

Señoras y señores
COMISIÓN DE ÉTICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Ciudad

Ref.: Solicitud de suspensión del senador Iván Moreno Rojas

Apreciadas compañeras y apreciados compañeros:
Respetuosamente solicito a ustedes suspender en sus funciones, derechos y encargos como miembro del Polo Democrático Alternativo al senador Iván Moreno Rojas, en relación con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formularle pliego de cargos por su presunta participación en hechos de corrupción. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por los Estatutos -artículo 10- y por el artículo 25 del Código de Ética del Partido.
Esta solicitud la realizo convencido de que independientemente de los resultados de las acciones judiciales y disciplinarias que adopten las autoridades competentes, el Polo Democrático debe tomar decisiones en este momento que permitan dar garantía a la ciudadanía como salvaguarda preventiva de su recto proceder ético. Dadas las altas dignidades que ostenta el senador Moreno Rojas, tanto en el escenario nacional como en el interno, su separación temporal del Partido debe brindar transparencia en el curso del proceso y hasta el momento en el que los órganos estatales competentes tomen sus decisiones.
En este sentido, la medida de carácter ético que solicito no implica bajo ninguna circunstancia un acto de prejuzgamiento. Reclamo para el senador Moreno Rojas el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Por último, expreso la preocupación que me embarga por el notable giro que han venido tomando varias de las decisiones del Procurador General de la Nación, al extender su función de control disciplinario y llevar su campo de acción a lo penal, que es función de otras autoridades de carácter judicial.
Cordialmente,

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo
COLECTIVO VAMOS POR LOS DERECHOS

IVÁN CEPEDA DISPUESTO A AYUDAR A RESOLVER CRISIS CAMPESINA EN TARAZÁ

2011-02-25T13:16:00.000-08:00

El Representante a la Cámara, Iván Cepeda, expresó estar dispuesto a contribuir en la resolución de la grave crisis que se vive en la cabecera municipal de Tarazá, ocasionada por la movilización de miles de campesinos, procedentes de la zona rural de este municipio y de los de Valdivia e Ituango, en el Bajo Cauca antioqueño, que piden la suspensión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos y la reparación de los daños ocasionados por el herbicida glifosato a las siembras de pan coger.

Ante la solicitud de la organización campesina que lidera la movilización, para que participe en una eventual comisión facilitadora y de acercamiento con el gobierno, el parlamentario del Polo Democrático mostró su pleno interés y manifestó su esperanza de encontrar buena disposición por parte del Gobierno Nacional. "Toda acción que, mediante el entendimiento, permita disminuir el sufrimiento de la gente y las tensiones, será objeto de mi rotundo esfuerzo", puntualizó el representante Cepeda.

IVÁN CEPEDA, CONGRESISTA MÁS DISCIPLINADO (artículo en EL NUEVO SIGLO)

2011-02-24T03:38:00.000-08:00

Fuente: http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/30941-la-bancada-mas-disciplinada-es-la-verde-congreso-visible.html

La bancada más disciplinada es la Verde: Congreso Visible

Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00
Tanto en Cámara como en Senado votan de acuerdo con las posiciones de su colectividad.

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

“ES POSIBLE concluir que el Partido Verde es la colectividad más disciplinada, a pesar que a lo largo de este primer periodo haya demostrado algunas diferencias en términos programáticos, por ejemplo, en lo relacionado a la penalización de menores”, concluyeron los analistas del programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Al analizar el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, Congreso Visible aplicó el método de medición Rice (IR) y el Índice de Acuerdo Partidista (IAP). El primero toma en cuenta los votos por el “sí” o por el “no” en cada proyecto con relación al total de cada bancada; el segundo compara los votos de cada congresista con los del vocero y considera las abstenciones. En ambos casos el cálculo arroja un valor que oscila entre cero y uno; cuando el valor se acerque o sea igual a 0, el índice sugiere que el partido es indisciplinado y, por el contrario, si el índice es igual a 1 o se aproxima a este valor, quiere decir que el partido es muy disciplinado.

Según el informe, “la disciplina calculada a través del IR puede ser entendida como unanimidad, es decir, que los miembros de un partido voten del mismo modo. Pero la disciplina partidista calculada mediante el IAP difiere de la calculada mediante el IR, ya que no sólo es vista como unanimidad sino también como asistencia a las sesiones y cumplimiento de las directrices que trace el líder o los líderes de cada partido”.

La medición dio como resultado que el Partido Verde se ubica en primer lugar tanto en Senado como en Cámara, con IAP 0,78 e IR 0,92, en el primer caso, y con IAP 0,80 e IR 0,97, en el segundo; en Cámara los verdes son seguidos por el Polo Democrático (0,69/0,94) y el Partido Social de Unidad Nacional, La U (0,56/0,93), mientras que en el Senado son secundados por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira (0,68/0,93), y Cambio Radical (0,62/0,87).

En la Cámara La U, el Polo y los verdes registraron un índice Rice entre 0,9 y 1, pero “al elaborar los cálculos mediante el IAP, el Partido Verde se mantiene como el partido más disciplinado, siendo el único que registra un índice superior a 0,7, seguido por el Polo”.

“Al realizar este mismo ejercicio en el Senado, se observa que el Partido Conservador registra el IR más alto, cercano al 0.9”, anota el informe, pero, precisa, “cuando se calcula el IAP, y por ende se consideran las abstenciones y el papel de los voceros en el Senado, el índice disminuye para todos los casos” y “el Partido Verde registra el IAP más alto”.

Al aplicar el IAP individualmente a los legisladores, los congresistas más disciplinados resultaron ser de la Cámara, los primeros son Iván Cepeda, del Polo Democrático (0,91); Alfonso Prada, del Partido Verde (0,91); Telésforo Pedraza, del Partido Conservador (0,85); Guillermo Rivera, del Partido Liberal (0,82); e Iván Darío Sandoval, del Partido Liberal (0,79). Les siguen los senadores Gilma Jiménez, del Partido Verde (0,98); Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático (0,87); Efraín Cepeda, del Partido Conservador (0,85); y Álvaro Ashton, del Partido Liberal (0,85).

“La disciplina partidista se considera un factor importante para analizar la actividad legislativa ya que indica cómo actúan los partidos, las posibles divisiones al interior de los mismos y explica, en parte, el desenlace de cada una de las iniciativas de ley discutidas en el Congreso”, se lee en el informe de Congreso Visible.

“En el caso colombiano, la implementación del voto nominal obligatorio brinda la posibilidad de emplear métodos a través de los cuales es posible observar qué tan cohesionados son los partidos a la hora de votar, además de identificar los niveles de abstención y sus implicaciones”, indicó el documento.

¿RETORNO Y PERMANENCIA SIN GARANTÍAS?

2011-02-22T05:20:00.000-08:00

Probablemente, uno de los asuntos que mayor controversia ha causado en los últimos meses en Colombia es la política de restitución de tierras. En contraste a los conatos de discusiones de carácter democrático que se han librado públicamente en torno a la ley de tierras, la reacción que ha causado en algunos sectores, vinculados a la gran propiedad de la tierra y expresada mediante diversos métodos y escenarios al país, ha sido virulenta. Durante décadas, la cuestión agraria ha permanecido de una u otra forma en el fondo de toda discusión política en Colombia. Los períodos de violencia que ha sufrido nuestro país están íntima y profundamente vinculados con los ciclos de acumulación de la tierra y los capitales vinculados a esta en muy pocas manos y representa uno de los mayores obstáculos para la maduración de la democracia y la justicia en Colombia. Los últimos años del gobierno de Uribe representan uno de los períodos más violentos del despojo de tierras. Dos entre miles de estos casos son el de la Hacienda las Pavas, en el departamento de Bolivar y los predios de El Tamarindo, en el Atlántico.

123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares. Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al INCODER la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión. No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico DAABON, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.

Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.
Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.
En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento del Atlántico, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios. En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.
Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad. Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.
Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades. Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.
IVAN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara

¡POR EL DERECHO A LA OPOSICIÓN POLÍTICA!

2011-02-15T15:09:00.001-08:00

Ante el grave hecho suscitado por la intención de restringir los derechos políticos y el derecho a la oposición mediante la inclusión del artículo 47 del proyecto de Ley de reforma de los partidos políticos y de los procesos electorales, al excluir del censo electoral las cédulas de quienes en las últimas elecciones no votaron -con lo cual quedarían impedidos para participar en las próximos comicios 15'000.000 millones de colombianos de no inscribir su cédula de nuevo-, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en una concentración pacífica y respetuosa ante la Corte Constitucional para impugnar el contenido de esa norma, por inconstitucional.

Les proponemos llevar un pañuelo para simbolizar una mordaza y circular este mensaje por toda la red

Convocan: Iván Cepeda y Vamos por los Derechos

Fecha: Viernes 18 de febrero de 2011
Lugar: Palacio de Justicia (Calle 12 # 7-65)
Hora: 11:00 am

LA PAZ COMO CAMINO

2011-02-12T03:48:00.000-08:00

por: Iván Cepeda Castro (publicado en ELTIEMPO.COM)

Como resultado del diálogo epistolar entre el grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz y la guerrilla de las Farc, se ha presentado en los últimos años una serie de liberaciones unilaterales de personas que estaban en poder de la organización guerrillera.

La finalidad de ese diálogo ha sido buscar que, mediante el respeto de normas enunciadas en el Derecho Internacional Humanitario, pueda llegarse a un clima favorable a la solución del conflicto armado mediante un proceso de negociación política.

En la segunda carta enviada por Colombianas y Colombianos por la Paz en noviembre del 2008, se señalaba que uno de los objetivos esenciales de ese proceso es la eliminación del secuestro como método de guerra y de financiación: "Creemos que la práctica del secuestro es de por sí inhumana, y no se le puede defender sin que al mismo tiempo se ingrese en el terreno cenagoso donde campea la divisa de 'el fin justifica los medios' ".

En esa misiva se preguntaba a los líderes de las Farc si estaban dispuestos "a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro". También se recordaba que un antecedente significativo en esta materia estaba contenido en el segundo apartado del Acuerdo de La Uribe, suscrito en 1984, en el que la guerrilla se manifestaba dispuesta a estudiar el abandono del secuestro "como arma política y económica".

En su respuesta a la pregunta formulada, las Farc afirmaron: "La guerra, a medida que se generaliza, produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota".

El avance en nuestra sociedad de la conciencia en materia de derechos humanos y del propio derecho humanitario ha convertido en imperativa la decisión de adoptar reglas básicas de respeto a los no combatientes, como condición insoslayable en el desarrollo de la confrontación.

Se ha hecho evidente el rechazo al secuestro en todas sus manifestaciones: como medio de financiación, como forma de resolver el qué hacer con los miembros de las Fuerzas Armadas llevados a rendición -cautiverio que en algunos casos se prolonga por más de una década- o como medio político de presión al adversario.

Esa conciencia se ha venido expresando igualmente en el repudio creciente a otras prácticas, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las ejecuciones masivas, mal llamadas 'falsos positivos'.

La necesidad de adoptar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en el Congreso de la República demuestra que las cuestiones relacionadas con las violaciones de la dignidad humana se han ido convirtiendo en un asunto central del debate público en el país.

De este modo, el trabajo paciente que desde hace años realizamos Piedad Córdoba y un grupo de personas para lograr hechos unilaterales de carácter humanitario puede contribuir a propiciar una situación nueva para alcanzar la paz: la declaración en que las Farc hagan un compromiso solemne y verificable de renunciar al secuestro en todas sus modalidades abriría la puerta para el diálogo y estimularía seriamente otros signos positivos que se han presentado en la actual coyuntura política.

Actitudes de cada lado

Como se sabe, en diversas intervenciones públicas el presidente Juan Manuel Santos ha hecho expresa la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar hacia la paz. En sus palabras se advierte la convicción de que si Colombia quiere ser aceptada en la comunidad internacional como una nación moderna y una economía próspera, sin lugar a dudas ha de poner fin a una de las guerras internas más prolongadas que existen hoy por hoy en el planeta, respetar los derechos humanos y desarrollar la democracia.

Por su parte, los jefes guerrilleros también han hecho declaraciones en las que se formulan propuestas para avanzar en esa dirección: además de las liberaciones unilaterales en el caso de las Farc, el Eln propuso un cese de hostilidades para facilitar la atención de las víctimas de la ola invernal.

No obstante, como la experiencia indica, la dinámica del conflicto armado colombiano hace que las oportunidades para consolidar escenarios propicios para el inicio de diálogos de paz no se presenten con frecuencia, y que cuando las hay deban aprovecharse sin dilaciones.

Como sostienen informes recientes, los golpes militares asestados a la guerrilla están provocando el surgimiento de nuevas estrategias bélicas. Se corre el riesgo de una mayor fragmentación del conflicto armado y del empleo de métodos y armas que lo degraden aún más. Por eso se requiere pronto llegar al momento en que, cara a cara, se sienten en la mesa de diálogo y negociación los representantes de las partes del conflicto armado.
Un nuevo proceso de paz en Colombia requiere la asimilación de las lecciones del pasado: de sus aciertos, pero sobre todo de sus errores y carencias.

Su carácter no será el de una simple desmovilización y entrega de armas, pero tampoco el de una negociación maximalista. Debe tener tiempos precisos, no puede prolongarse sin un cronograma que agote fases explícitamente concertadas y no puede dejar de lado a sectores decisivos, como los líderes empresariales y las Fuerzas Militares. Debe planificarse en todos sus detalles en medio de la discreción, para que cuando llegue su fase pública no se corra el riesgo de interferencias o manipulaciones que den al traste con los avances logrados.

Siguiendo a Gandhi

Las medidas de carácter humanitario pretenden la máxima limitación posible del sufrimiento en la guerra. La proscripción de determinados métodos y conductas en los conflictos armados es un postulado al que ha llegado la humanidad después de padecer siglos de barbarie.

Para Colombia, país que ha sufrido la violencia en ciclos de larga duración, la aplicación de esas normas es un signo esperanzador. Pero ello hoy es insuficiente.

Podemos aspirar a que de manera pronta se sienten a la mesa de negociación los representantes de las partes del histórico conflicto armado que ha dividido nuestra nación. Tenemos la oportunidad de pasar del estadio en que hemos intentado, una y otra vez, construir el camino hacia la paz, para comenzar a trasegar la paz como camino, siguiendo la enseñanza de ese gran hombre de la no violencia, Mahatma Gandhi.

IVÁN CEPEDA CASTRO*
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* REPRESENTANTE A LA CÁMARA Y MIEMBRO DE COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS POR LA PAZ

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4

FUERON NECESARIOS CIEN AÑOS...

2011-02-02T07:36:00.000-08:00

Declaración de Iván Cepeda Castro al Polo Democrático Alternativo

Las luchas por los derechos democráticos en Colombia se han realizado en medio de la exclusión en todas sus variantes posibles. Así lo testimonia una pertinaz lista de ejemplos que caracterizan la historia contemporánea del país: el intento por reestablecer la pena de muerte en 1925, la encarcelación de dirigentes del Partido Socialista Revolucionario en 1927, la masacre de los obreros bananeros el 6 de diciembre de 1928. En los años treinta, la llamada “Revolución en marcha”, como se llamó a las reformas parciales intentadas durante el primer gobierno de López Pumarejo chocó con los intereses de los gremios económicos representados en los dos partidos tradicionales, lo que condujo a la retoma del poder por los conservadores y a derogar aspectos sustanciales de las reformas que intentó aquel gobierno. La violencia que se derivó de estos parciales intentos por crear un fundamento normativo del Estado social de derecho trajo consigo 200.000 muertos, el despojo masivo de tierras y cerca de dos millones de desplazados, en el comienzo de un período de violencia que aún no concluye. A mediados del siglo pasado se expidieron normas (como el Acto Legislativo 06 de 1954 o el decreto 0434 de 1956) que creaban delitos de “índole comunista” que condujeron a ilegalizar partidos de izquierda y a la censura de opinión. El corolario de toda esta persecución infame fue primero el genocidio contra el movimiento gaitanista y luego el genocidio contra la Unión Patriótica. Todos estos hechos dan cuenta de la actitud de los sectores más fanáticos y extremistas del poder por extirpar cualquier intento de lucha por los derechos fundamentales. No han vacilado en ejercer la violencia, la represión, la discriminación abierta y el genocidio cuando han sentido amenazados sus intereses y su hegemonía.

Pero como si esto fuera poco, cuando las estrategias de aniquilación no han surtido el efecto buscado, y cuando los métodos criminales no han sido suficientemente eficaces, se ha apelado a seducir o sobornar a líderes y sectores de la izquierda, convirtiendo a algunas de sus prominentes figuras en defensores del statu quo.

En medio de la adversidad que la ha llevado casi al punto de desaparecer, la izquierda ha resurgido una y otra vez, tras el fuego, como el Ave Fénix de las cenizas. Pareciera que no somos conscientes de ello. Con frecuencia se olvida que la existencia en nuestro país de la oposición política ha tenido un costo inmenso en vidas humanas y que varias generaciones han sido literalmente desaparecidas en el intento de construir un modelo social diferente.

Estos ciclos de violencia y persecución no han pasado sin dejar una dolorosa huella. Se refleja en las deformaciones de la personalidad política de la izquierda desde sus orígenes. Se prefiere el individualismo o la secta al proyecto colectivo. La desconfianza innata y el prejuicio se anticipan como forma privilegiada del debate. Durante un largo período se creyó a ciegas que el uso de la violencia, o cualquier clase de métodos, era justificable ante el uso brutal de la fuerza por las instituciones oficiales y sus grupos paramilitares. En fin, la ausencia manifiesta o la precariedad de verdaderos hábitos democráticos ha sido una de las principales trabas para el ejercicio de la acción transformadora.

Fueron necesarios casi cien años para que los movimientos democráticos se encontraran en una coalición compuesta por múltiples movimientos sociales y por partidos de diversas características ideológicas. Resultado de ello es el joven partido Polo Democrático Alternativo.

Para el Polo los últimos dos años han sido especialmente difíciles. El partido ha estado sometido a duras pruebas. Tres de ellas presentan una enorme dificultad. La gestión de la Alcaldía de Bogotá ha estado en el ojo del huracán debido, de una parte, al cuestionamiento por el procedimiento a través del cual han sido otorgados numerosos contratos de obras públicas y, de otra, por los costosos retrasos que ha tenido la administración en la ejecución de las obras que ha emprendido. Además de esto, están las diferencias internas que existen dentro del partido y que no le han permitido avanzar en la consolidación de posiciones que permitan mediar entre la autonomía de tendencias y los intereses generales del partido. Estas diferencias que se han ventilado sin tener reglas claras en el debate público e interno, han sido instrumentalizadas para tratar de menoscabar el significativo respaldo que ha alcanzado el Polo en sus muy cortos años de vida; tiempo dentro del cual ha derrotado consecutivamente en dos períodos a los partidos tradicionales en varias administraciones u órganos de decisión locales. Otra dura prueba ha sido la persecución de que ha sido víctima el partido a través del espionaje, campañas sistemáticas de desprestigio de toda índole y el asesinato político. Tan solo en 2010 fueron asesinados 13 líderes del Polo.

Muchos han tratado de que no existamos, pero hemos sobrevivido. A pesar de todos los embates y de los sectarismos propios, la izquierda democrática ha sido generosa con sus detractores y victimarios. Ha hecho ingentes esfuerzos por dialogar con todos los sectores, ha buscado la salida definitiva del conflicto armado interno, ha participado obstinadamente en los procesos electorales, participó en 1991 hombro a hombro con múltiples corrientes políticas en la creación de la Constitución y su carta de derechos, etcétera. Pero, al mismo tiempo, pareciese que a la izquierda le falta generosidad consigo misma para tratar sus propias dificultades. Se debe ser generosos con el otro, pero también consigo mismo, pues, inmersos en discusiones internas y toda suerte de antagonismos, la izquierda no puede asumir una actitud autodestructiva.

Pedimos ser generosos con nosotros mismos y sensatos, pero que al mismo tiempo no seamos ciegos y afrontemos con responsabilidad política nuestras deficiencias. Ha llegado el tiempo de hacer una profunda reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. El partido puede, por su esencia y talante democráticos, cambiar el país, participar en la movilización social civil y suprapartidista que ya señala un camino hacia la lucha por los derechos fundamentales de todos y puede, atraer a los sectores desencantados de la política. Con este objetivo el Polo debe trazar directrices precisas en este período sobre su agenda política:

Necesita ejercer la oposición a este gobierno y, al mismo tiempo, desarrollar una férrea lucha contra los sectores que integran el bloque criminal ligado a la parapolítica y al poder terrateniente; exigir que sus actuaciones no queden en la impunidad y que se desmantelen definitivamente las estructuras paramilitares.
Acompañar las movilizaciones sociales de las víctimas de crímenes contra la humanidad en su reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación, así como en los procesos de restitución de tierras.
Acompañar a los sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y a los trabajadores de las grandes empresas que explotan recursos naturales estratégicos, en su resistencia a los megaproyectos y a la minería industrial.
Acompañar a las personas y comunidades víctimas de los desastres naturales y velar por salidas reales y transparentes a su actual situación de desamparo.
Tener la iniciativa en la búsqueda de la Paz y en la creación de un escenario de diálogo directo entre las partes del conflicto armado.

Para poder hacer esto es necesario aprender de nuestros errores. Contrarrestar todo vicio ligado a prácticas corruptas o clientelistas, así como profundizar las prácticas democráticas y derrotar toda forma de caudillismo. Evitar los debates abstractos sobre la definición teórica del régimen y prestar toda la atención posible al desarrollo de estrategias concretas que nos pongan en la iniciativa del debate público. No olvidar que el Polo Democrático Alternativo está llamado a defender los derechos de todos los colombianos y colombianas. Se lo debemos no sólo a las generaciones venideras, sino, además, a cerca de diez mil líderes que en las últimas décadas han sido asesinados o desaparecidos en la lucha por la conquista de los derechos fundamentales, por una sociedad democrática y por una nación en la que tengan un lugar digno todos sus habitantes.

VAMOS POR LOS DERECHOS

El ex subdirector del DAS, Miguel Narváez debe ser trasladado a una cárcel común

2011-01-31T06:22:00.000-08:00

31 de enero de 2011. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, envía el día de hoy un derecho de petición al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en el que le solicita que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, sea trasladado a una cárcel común, y en lo posible a un pabellón de máxima seguridad. En la actualidad Narváez se encuentra en la Academia Superior Aquimindia, centro de instrucción del DAS; una entidad que estuvo bajo su responsabilidad.

La justificación de esta solicitud es que el ex subdirector del DAS ha sido acusado de múltiples delitos dentro del proceso de seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, conocido como el “escándalo de las chuzadas”, entre ellos concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, entre otros.

Narváez está siendo investigado y procesado además por su presunta participación en los asesinatos del senador Manuel Cepeda Vargas en 1994 y del periodista Jaime Garzón en 1999, así como por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba ocurrido el 21 de mayo de 1999.

Mientras que Narváez goza de especial tratamiento a pesar de todas estas acusaciones e investigaciones judiciales, otras personas que están siendo procesadas con él y que están colaborando con la justicia –como es el caso de la señora Martha Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia y ex directora general encargada de Inteligencia del DAS- se encuentran recluidas en cárceles comunes.

Dicha situación es discriminatoria y viola el principio de igualdad ante la Ley.

El representante Cepeda señaló que alguien acusado de múltiples delitos, como el señor Narváez, no merece tratamiento especial; menos aún cuando los hechos que se le imputan pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. “Su situación debe ser tratada con rigurosidad por parte de la justicia” puntualizó.

--
Oficina de Prensa

Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes
Congreso de la República de Colombia

Entrevista en Radio: Todo indica que liberación de secuestrados entra en su última fase: Iván Cepeda

2011-01-27T07:40:00.001-08:00

Fuente:
http://www.rcnradio.com/noticias/27-01-11/anuncio-de-las-farc-indica-que-liberaci-n-de-secuestrados-entra-en-su-ltima-fase-i

Video: "El representante a la Cámara, Iván Cepeda, solicitó demoler "monumento a la paz" en Montería

2011-01-25T07:47:00.000-08:00

"El representante a la Cámara, Iván Cepeda, le solicitó al Alcalde de Montería retirar el monumento a la paz, por considerarlo alegórico a los paramilitares. El Mandatario local dice que la obra se quedará en su puesto."

Click aqui:

http://www.canalrcnmsn.com/node/51332

Fuente: Canal RCN

EL "MONUMENTO A LA PAZ" DEBE SER DEMOLIDO

2011-01-18T08:49:00.000-08:00

El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro envío un derecho de petición al alcalde Montería, Córdoba, Marcos Daniel Pineda García, para solicitarle que sea demolido el llamado Monumento a la Paz, construido en 1999 en homenaje a los grupos paramilitares frente a la sede de la DIJIN de dicha ciudad.
Los crímenes que siguen cometiendo los grupos paramilitares en el departamento de Córdoba alcanzan cifras aterradoras. Según la Defensoría del Pueblo en el 2010 fueron asesinadas 575 personas, y en lo que va corrido del año, se contabilizan 31 asesinatos por acción de estos grupos. Estos hechos criminales han causado un inmenso dolor a la población.
El representante Cepeda considera execrable que a través de estos homenajes se pretenda rendir homenaje o legitimar acciones criminales, e igualmente que se intente presentar a los victimarios como héroes nacionales. “Bajo ninguna circunstancia deben existir homenajes públicos a grupos armados causantes de tanta violencia, muerte y dolor en el país. La existencia del Monumento a la Paz ofende a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que continúan perpetrando estos grupos en zonas que siguen bajo su control. ¿Cómo explicar a los familiares de los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala que en la capital de Córdoba existe un monumento a los paramilitares?
El monumento según declaró el jefe de las AUC, Carlos Castaño, en el libro Mi Confesión “invita al ciudadano a convertirse en paramilitar”.

Recomendación para leer: entrevista al economista Luis Jorge Garay

2011-01-09T07:02:00.000-08:00

Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)
"El proyecto de Ley de Víctimas aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad"

Por: Juanita León [1] , 8 de enero, 2011 9:15 am

El economista Luis Jorge Garay lleva varios años estudiando el fenómeno del desplazamiento forzado y por eso, es una autoridad a la que hay que oír para entender si la Ley de Víctimas, uno de los proyectos bandera de Santos para este año, va por buen camino.
Fotos: Sara Rojass.
Luis Jorge Garay es una de las personas que más sabe en Colombia sobre la tragedia del desplazamiento. Como director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, creado por la Corte Constitucional en su sentencia marco sobre desplazados, Garay y su equipo han entrevistado más de 10 mil víctimas de la guerra. Y a cada una le han preguntado sobre las tierras que abandonó, sobre el estado actual de su proyecto de vida, sobre su nivel educativo, sobre su ocupación actual y sobre sus planes o no planes para el futuro.

Con esa información, Garay presentó hace unas semanas una radiografía completa y deprimente del universo de víctimas. Son a ellas a las que debe responder la Ley de Víctimas aprobada por la Cámara en diciembre y que comenzará ahora a ser discutida por el Senado en marzo. Dado que es uno de los proyectos bandera del gobierno Santos para este año, la opinión de Garay es fundamental.

La Silla Vacía lo entrevistó sobre el proyecto aprobado por la Cámara a la luz del estudio que ha hecho la Comisión de Seguimiento y sobre los escollos que tendrá que sortear para volverse un verdadero alivio para las víctimas. Sus respuestas no son muy alentadoras.

La Silla Vacía: ¿Cómo le pareció el proyecto de Ley de Víctimas aprobado por la Cámara?

Luis Jorge Garay: En la Comisión tenemos varias observaciones, y una de ellas es en el sentido de que el proyecto de ley aprobado en la Cámara tiene rasgos de inconstitucionalidad.

LSV: ¿Cómo cuáles?

Garay: El gobierno dijo que la prestación de servicios sociales y asistencia humanitaria constituyen reparación. Pero la Corte ha insistido en que las víctimas tienen acceso preferencial a los subsidios del Estado y que estos servicios sociales no tienen ningún efecto reparador. Hay que limpiar mejor ese artículo para que quede claro.

LSV: No escuché que el Gobierno dijera que los servicios sociales equivalen a una reparación.

Garay: El gobierno anterior en su informe ante la Corte en relación con el cumplimiento de la sentencia de desplazados dijo que había presupuestado 45 billones de pesos para la reparación de las víctimas en 10 años. Cuando preguntamos: ¿qué contiene? explicaron que todo lo que se gastaría en servicios sociales y asistencia humanitaria, y algo de reparación, que equivaldría a 10 billones. Y con esa cifra fue como se comenzó el debate con el nuevo gobierno. Insistimos: esa cifra de 45 billones no sirve porque para reparación solo había 10 billones.

¿Y cuánto calcula usted que cuesta reparar a todas las víctimas?

Si uno define reparación como debe ser, es decir incluyendo bienes muebles e inmuebles, daño emergente y lucro cesante, porque debe ser la recuperación no solo del patrimonio sino del proyecto de vida, da una suma cercana a los 65 o 70 billones. Eso es lo que costaría la reparación integral.

¿Hay suficientes recursos para eso?

El gran debate es ese. No hay recursos para eso. Además, que ahora toca atender las víctimas de esta tragedia invernal, que costará entre 5 o 10 billones.

El reto fiscal

La reparación integral costaría entre 65 y 70 billones.”
– LJG

¿Desplazarán los damnificados del invierno a las víctimas de la guerra?

Todos los medios cubren lo de ahora que es de corto plazo; y en cambio, frente a los fenómenos largos, acumulados, la gente se acostumbra y los rechaza. Esto va a llevar a una discusión gravísima.

La supersentencia de la Corte, que esperamos que salga en enero, va a respaldar que la reparación sea integral. Pero la Corte Constitucional va a decir, y nosotros también, que no hay condiciones para reparar el 100 por ciento a todos. Hay que consultar la restricción fiscal. Nosotros estamos defendiendo el argumento de que haya una reparación integral y distributiva en equidad.

¿Qué significa eso en términos concretos?

Como hay limitaciones fiscales, tienes que reparar según la capacidad de las víctimas. Si a un latifundista le quitaron 100 vacas, no le doy el 100 por ciento de reparación sino el 10 o el 5 o quizás nada. En cambio, a un campesino, que era relativamente pobre y hoy es miserable, le doy el 100 por ciento de lo que perdió. Hago una escala y la suma de todo eso consulta un tope fiscal, que se define política y técnicamente.

¿Y cómo se define lo que le toca a cada uno?

El gobierno tiene la potestad de tarificar, es decir de decidir cómo voy a proporcionar para darle a cada uno. La Corte seguramente va a incluir ese tema, y va a tener la potestad de revisar la tarificación que define el gobierno.

¿Qué implicaciones tiene la aprobación de una regla fiscal para la Ley de Víctimas?

Es un tema clave y muy grave. La regla fiscal no tiene un sustento en la teoría económica, excepto en la más tradicional. En el mundo de hoy, con una crisis financiera estructural, atarse fiscalmente a seguir una regla fiscal puede imponer unos costos sociales inmensos. A veces es necesario tener un déficit para generar más empleo y más ingresos. Sobre esto va a haber una discusión a muerte.

¿Pero habría forma de encontrar la plata necesaria para reparar?

Aún con regla fiscal, hay posibilidades de abrir espacios fiscales, aunque no para los 65 billones que costaría la reparación integral. El mismo Fedesarrollo calcula que las gabelas más exhorbitantes del anterior gobierno -que podrían desmontarse de un plumazo- ahorrarían el 0,7 por ciento del PIB. Yo soy más radical: hay otro conjunto de exenciones a cierto tipo de empresas más tradicionales, que podrían ascender a entre el 0,5 y el 1,5 del PIB al año. Es demasiado dinero a favor de poca gente.

¿No se podrían utilizar las regalías?

La Ley de Regalías era la oportunidad histórica de Colombia pero perdimos esa oportunidad. También está el cuatro por mil: ¿el Gobierno lo empieza a desmontar a cambio de qué? Hay que desmontarlo cuando haya mejores condiciones. Puede haber un impuesto de patrimonio para las víctimas. Ahora las élites dan donaciones, pero eso tiene un veneno absoluto para el Estado de derecho.

¿Qué tienen de malo las donaciones?

Porque están amparados bajo regímenes tributarios muy benéficos. Dicen, ¡ya aportamos 15 mil millones! Hay que tener mucho cuidado, porque uno debe tributar y no dar donaciones. El impuesto del patrimonio es clave porque va ligado al gasto de defensa y seguridad, que es insostenible; equivale a un cinco o seis por ciento del PIB.

¿Y un impuesto a la tierra?

Hay que crear un impuesto de tierras que sea más consecuente con lo que se quiere hacer. No puedes hacer esta reparación y restitución de tierras si simultáneamente no haces una transformación del papel del campesinado en el desarrollo rural, y una redefinición de patrones de producción.

Un modelo para el campo

¿Está hablando de redefinir el modelo agroindustrial?

Pongamoslo por el lado extremo: si restituyes con el modelo agrario que forma parte de la visión del Ministro de Agricultura, la posibilidad de recuperar el proyecto de vida de los desplazados es muy precaria. El campesino llega a su tierra y le toca reconstruir su patrimonio y ponerlo a producir dentro de un modelo que sea amigable. Con el model actual, tomaría muchos años y le daría una precariedad a los restituidos, que seguramente tendrían que vender sus tierras.

Algo que nos da la encuesta es que el 40 por ciento del desplazamiento fue masivo, es decir que en el mismo acto se desplazaron a más de 10 hogares, y en 23 por ciento de los casos, entre dos y diez hogares. Eso quiere decir que con el mismo acto de victimización hubo una ruptura de la comunidad y del tejido social.

¿Le parece incompatible la ley de restitución de tierras con el modelo de desarrollo rural actual?

El modelo del gobierno anterior era un modelo con sesgo anticampesino, un modelo pro-agricultura extensiva. Obviamente la idea no es que no haya empresarios. Hay que buscar que la economía campesina compatibilice social y económicamente con los empresarios del campo. Hay un tema muy complicado de discusión, y es que los empresarios dicen que los campesinos son ineficientes, y que deben ser jornaleros o rentistas.

¿Cómo así rentistas?

El derecho al usufructo que incorpora la nueva Ley de Víctimas puede ser bueno o venenoso. El usufructo quiere decir que el campesino arrienda su tierra a un empresario y se vuelve rentista. Pero hay que ver el poder de negociación que tienen los campesinos. Si no está bien regulado, será en contra del campesino. Acordémonos de las madres campesinas.

¿Por qué de ellas?

El 48 por ciento de los hogares desplazados son de madre, jefe única de hogar, con cinco miembros. En el mejor de los casos, con cuatro años de educación formal. Está en un pueblo o en la ciudad. Y sus hijos adolescentes ya no querrán volver al campo. A la madre le puede servir que le paguen una rentica mensual. El problema es que la tierra es una fracción pequeña del daño emergente porque lo que más costaba son los animales que tenía o lo que tenía sembrado. Ella es hoy indigente y va a recibir una renta pauperizada; entonces si acaso pasa de indigente a pobre. Si no le restituyen todo el patrimonio, va a ser una rentista pauperizada.

¿Y qué posibilidad hay de que trabajen en las grandes fincas?

Supongamos que sean trabajadores de las grandes fincas, eso daría para 400 mil hogares. Tiene que haber un justo equilibrio. ¿Cómo consigues que una madre sola arme otra vez la tierra para poder producir? Esto refuerza la necesidad de crear condiciones para el asociativismo, que además de la agricultura haya más labores para las cuales la mujer esté capacitada. Es un escollo fundamental. Si no se tiene en cuenta fracasa la ley.

"Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca la fecha de 1984 para la Ley de Víctimas sino también la Comisión de la Verdad"
LJG

¿Cuál es su posición frente a la fecha de corte para la Ley de Víctimas?

Desde el 84 es cuando el narcotráfico transforma la dinámica del conflicto con las múltiples violencias. En esta Encuesta, constatamos que las tierras abandonadas entre el 80 y el 94, son 350.400 hectáreas. Desde el 84 comenzó a haber despojo, aunque el despojo de tierras fuerte empezó en el 93 y 94.

En la Ley de Víctimas le quitaron la Comisión de la Verdad para pasarla a la Ley de Desmovilizados. Cuando le das esa potestad de esclarecer la verdad, así no sea judicial, solo a un subconjunto de víctimas, y las otras víctimas no tienen un mecanismo de verdad, creas un desequilibrio entre víctimas, que constitucionalmente puede tener muchos problemas. Eso tiene que ver con los resultados de la Encuesta.

¿Qué encontró la Encuesta?

El principal actor desplazador fueron los paramilitares. En el 36 por ciento de los casos. Las Farc, en el 26 por ciento. El Eln, el cuatro por ciento y agentes del Estado, el cinco por ciento. Un 30 por ciento dice que no pudo identificar quién lo desplazó. ¿Qué nos plantea esto? Que la Comisión de la Verdad va a operar sobre un universo de víctimas no suficientemente amplio: queda un 60 por ciento de las víctimas sin estar cubierto por la Comisión de la Verdad. Tenemos que buscar que el Senado no solo introduzca el año de 1984, sino también la Comisión de la Verdad.

¿No es mejor esperar a un proceso de paz con las Farc para no quemar ese cartucho de la Comisión de la Verdad?

La proliferación de comisiones de verdad deteriora su alcance. Pero hay que avanzar en la verdad, por lo menos a nivel no judicial. Además, en términos de política pública, toca adoptar una metodología de investigación y constatación de hechos que vaya más allá del caso por caso. Si no, ¿cuándo acabas de investigar 400 mil casos? Con otro ingrediente importante: muchos de estos crímenes fueron de sistema, no fueron al azar. Al ser de sistema, en el esclarecimeinto administrativo ayudaría si hubiera una Comisión de la Verdad.

¿Cómo?

El Programa de Protección de Tierras cruzó los datos desde 1998 hasta 2010 y les dio que en ese período 5,4 millones de hectáres fueron abandonadas. Si el Estado tiene más información de esta naturaleza, y si hay una identificación de los sucesos por períodos y regiones, aportas una metodología de investigación a la la justicia transicional con ese enfoque de sistema, para hacer los casos colectivos y masivos. Mejoras la eficiencia y la rapidez para hacer el trabajo de restitución simultánea colectiva y la reubicación.

Los retos prácticos

¿Es revolucionaria la ley que se aprobó?

Es un avance, ojalá no saliera inconstitucional. Lo que veo dramático es cómo lo ponemos en práctica. Hay varios escollos. Uno de ellos es la inversión de la prueba. En muchos casos no vas a poder hacer restitución. Hay que hacer una política agresiva de reubicación y ahí viene un tema crucial: ¿Reubicar dónde? Ahí es donde tiene que haber una reestructuración de la propiedad y del aprovechamiento de ciertos suelos. Bien sea porque los ganaderos dan o porque hay que ponerle impuestos muy altos a cierto tipo de tierras. Una política pública de estas tiene que partir del territorio y no de una unidad individual. Eso sí sería revolucionario.

¿Tiene sentido que sea gradual la restitución como lo plantea el Gobierno?

Este proceso administrativamente tiene que ser por etapas. Toca tomar una ruta crítica, y la ruta crítica es donde está la mayor concentración de victimización y las condiciones de justicia más propicias mientras vas consolidando el territorio. La pregunta es si se debe hacer en las zonas de consolidación. Ese puede ser uno de los criterios pero no el único.

¿Dónde ha habido grandes concentraciones de victimización?

La región número uno es Antioquia-Chocó. Parte de la Costa, parte de Nariño. Toca trabajarle a unas subregiones que son claves. Tiene que ser gradual, por etapas, con criterios muy definidos. Y en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural que prepara el Gobierno para este semestre.

¿De qué se trata esa ley?

Hay señales muy contradictorias de si realmente esta ley va a tocar el tema del uso de la tierra. El veredicto de Ley de Víctimas y de Restitución va a depender de La ley de Tierras. Y ahí está el veneno. La ley la presentan en marzo. Esa discusión va a ser terrible.

¿Necesita Santos una nueva coalición política para sacar esto adelante?

Por una u otra razón, los gremios sienten una presión fuerte y saben qué hay que hacer algo a favor de las víctimas. Fedegán sabe que su negocio está siendo demasiado rentista, que pueden mejorar su productividad y apoyar una ley integral de tierras donde haya una desganaderización de la extensión de tierras. No van a ser los grandes opositores para un cierto tipo de cambios. Y la SAC me ha llamado la atención que bajo ciertos límites están dispuestos a discutir propuestas.

Hay contradicciones muy duras al interior de los gremios, de grandes peleas. No se sabe para dónde saldrá el consenso, pero hay un espacio técnico para discutir una reestructuración del modelo agrario. Están aterrados con la mineralización del territorio colombiano. Estamos en un modelo de transición porque la minería introduce unas inflexibilidades muy duras. Les desvaloriza las tierras. En esa medida se pueden discutir ajustes al modelo actual.

¿Y a nivel político se necesita una nueva coalición política?

Parte de la coalición de Gobierno es totalmente opuesta a esto. El pulso es grave, porque en la próxima legislatura hay una agenda muy compleja: la Ley de Víctimas en el Senado, la regla fiscal y esta Ley de Tierras. Si el modelo que van a proponer no es para hacer un cambio, puede que lo ganen, pero llevaría a que no se haga la restitución. Si lo llevan a ser más sensible a los verdaderos problemas va a ser una lucha dura. Y las organizaciones sociales y campesinas tienen que buscar ser actores más deliberantes.

Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita a favor de las víctimas. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.”
– LJG

¿Ve a los desplazados organizándose para abogar por lo suyo?

Ellos tienen múltiples organizaciones pero una movilización de muy baja intensidad por múltiples razones. Y están muy amenazados. Hace tres semanas tuvimos un seminario con la población desplazada, y ese mismo día amenazaron a dos. Nuestro objetivo es que la población desplazada pueda tener una mayor ilustración para participar en el debate.

Los que sí están muy movilizados son las etnias indígenas y los afrocolombianos. Están trabajando para que los desplazados se les unan y con la Mesa Campesina. Hay que ser muy prácticos. Lo que queremos es llegar con propuestas concretas. Juntos tienen que aguantar el chaparrón de los enemigos.

¿Quiénes son los enemigos de esta ley?

El modelo mafioso empresarial, todos los que estuvieron con el narcoparamilitarismo. Además, están los intereses de los palmeros, que requieren la tierra para los biocombustibles; de los cacaoextensivos; de los mineros. No sabemos quién representa a la nueva élite minera. Les interesa un caos para la estructura rural.

¿No les conviene finalmente lograr la paz del territorio con un política justa para los campesinos?

Sí, ellos dicen, ‘Restituyan pero deje que la gente pueda trabajar en las grandes extensiones. Y usemos las grandes extensiones’. No le ven ninguna perspectiva a que el campesinado pueda ser un protagonista productivo. Hay unas alianzas muy complejas, que no se pueden oponer abiertamente pero que necesitan que lo que se haga sea funcional a sus intereses expansivos. La restitución va a a tener muchos enemigos. Necesitamos apalancarnos en fuerzas democráticas.

¿Quién tiene esas tierras que se deben restituir?

Yamile Salinas tiene una hipótesis: ella dice que la mayoría de esas tierras no están en manos de narcos o paras sino de “legales”. No se sabe quién las tiene, porque el registro notarial es hecho adrede para que no se pueda hacer seguimiento a eso.

¿Qué tan abandonada está esta tierra?

En la encuesta les preguntamos a los desplazados ¿qué sabe usted de su tierra? El 53 por ciento dijo que continúa abandonada. El 30 por ciento dijo: no tengo ni idea, lo cual denota que no tiene contacto con lo que pasa allá. El 20 por ciento dice que hay nuevos proyectos. Es decir, que el 80 por ciento puede estar abandonada.

¿Qué probabilidad ve de que pase algo importante en este tema?

Es muy difícil que se haga verdaderamente lo que se necesita. No hemos constatado que tenga el apoyo de ciertos sectores decisivos.

¿Qué se lograría si se hace bien?

Significaría una mayor inclusión del campesino a la sociedad colombiana. Mucha gente dice que la tierra ya no tiene valor sino para minería. Pero una proporción de Colombia que está en el agro constituye una riqueza social que se podría potenciar, la ruralidad podría volver a generar nueva riqueza a la sociedad. Políticamente, este proceso debe ayudar a desmontar los argumentos de ciertos sectores. No creo que sea la paz, pero hace un muro de contención a muchos violentos para los cuales el territorio es su razón de ser. E incluso, por las deficiencias del uso de la tierra, podría haber una acumulación de capital mucho más grande en Colombia. Y lo más importante, habría una reparación transformadora a las víctimas, que son el 10 por ciento de la poblacion colombiana y el 35 por ciento de la población rural.

Imágenes

LA CASA DEL TERROR

2011-01-04T03:18:00.000-08:00

Por: Iván Cepeda Castro

EN UNA DE LAS CALLES CÉNTRICAS de Budapest, capital de Hungría, está ubicado el museo Casa del Terror.

Es un edificio que sirvió de sede al Departamento de Seguridad Política durante la época de la invasión nazi y del socialismo estalinista. El régimen que imperó en ese país desde mediados de la década de 1940 aplicó todos los métodos del totalitarismo: control pleno de la vida de los ciudadanos, ideologización de todos los espacios de la vida cotidiana, sumisión absoluta a la “voluntad del Partido”, hegemonía de la propaganda oficial en la comunicación de masas. Como parte del ascenso de este sistema se requería socavar toda expresión de disenso político y neutralizar los líderes de opinión que buscaban un cambio social con democracia. Hungría vivió un levantamiento popular que fue violentamente sofocado con la irrupción a las calles de Budapest de los tanques soviéticos en 1956.
La Casa del Terror se compone de tres niveles, uno de los cuales es el sótano de la edificación. Allí el visitante puede entrar a los calabozos en los que se mantenía a los prisioneros políticos, e igualmente recorrer la sala de torturas en las que se les interrogaba. Este lugar de memoria muestra con detalle el papel central que jugó en ese sistema la policía política secreta. Como dice el catálogo que presenta al museo, el organismo de inteligencia se convirtió en una “fuerza terrorífica conocida por toda la población”, en la “criminalidad institucionalizada”. Sus funciones eran variadas: infiltrar a los partidos de oposición, vigilar a los órganos de prensa, controlar los correos y conversaciones telefónicas, seguir de cerca a los familiares y amigos de quienes eran sospechosos, introducir espías en el servicio doméstico de sus casas, crear campañas de desprestigio, e incluso asesinar como parte de las “operaciones de limpieza”. En el período que antecedió a la consolidación del régimen, un blanco privilegiado de los agentes de la policía política fueron los jueces y en particular los que pertenecían a las altas cortes. Se requería la sumisión total de la justicia para evitar cualquier proceso que contrarrestara la acción arbitraria del servicio secreto y de los líderes estatales. El poder judicial fue reemplazado por los “tribunales populares” que actuaban por orden expresa de los dirigentes del gobierno.
Como testimonio de esta sombría época, a lo largo de las salas del museo se muestran los testimonios de los líderes políticos, periodistas, intelectuales y jueces que lograron sobrevivir a la persecución oficial. En las paredes de una de las salas, anaqueles con carpetas que contienen miles de documentos sobre la vida privada y pública de personas reseñadas evidencian la dimensión que alcanzó el espionaje. En otro lugar del museo, aparecen los aparatos que servían para interceptar las comunicaciones, los micrófonos que eran instalados para grabar las conversaciones, las fotografías de las personas que eran objeto de seguimientos.
No es cierto que el empleo de una maquinaria de inteligencia como parte de la imposición de un Estado de terror sea exclusivo de las sociedades totalitarias. Un sistema de apariencia democrática puede dar cabida a variadas formas de infiltración en la vida privada para doblegar la voluntad de los ciudadanos. Cuando en Colombia se construyan los museos consagrados a la memoria de la criminalidad estatal, el edificio del DAS podría servir para recordar nuestras propias casas del terror.

PUBLICADO POR ELESPECTADOR.COM
http://www.elespectador.com/impreso/columna-243278-casa-del-terror

Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro

2010-12-21T09:13:00.000-08:00

El representante a la cámara por el PDA Iván Cepeda Castro presenta a la opinión pública el informe sobre algunos de los aspectos más relevantes de su actividad parlamentaria. Dicha labor se hizo en constante contacto y consulta con los movimientos de víctimas y organizaciones sociales. Cinco meses de actividad legislativa dejan importantes resultados para el país.

Dos debates de control político

El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].

El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.

El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.

Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.

Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.

Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.

Constancias y audiencias

A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.

El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.

El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].

Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.

NOTAS AL PIE:

[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo.

[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal

[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.

El Espectador publica HOY la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. click aquí

2010-11-28T06:21:00.000-08:00

El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido democráticamente por el partido político Unión Patriótica (UP), fue asesinado como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.

A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, y ante la falta de voluntad del estado colombiano por aclarar el crimen, sus familiares, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauraron una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, condenó al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. La Sentencia de la Corte dispone que el Estado colombiano tiene el deber de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen. Ordena la realización de actos simbólicos de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición, y exige que la Sentencia sea dada a conocer a todo el país mediante la impresión y difusión de la misma a través de un periódico de circulación nacional.

El Espectador en su edición de hoy, domingo 28 de noviembre de 2010, publica la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA

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Oficina de Prensa
Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes
Congreso de la República de Colombia
Tel: 3 82 4416

ENTREVISTA EN "LA SILLA VACÍA" SOBRE LEY DE VÍCTIMAS

2010-11-18T06:03:00.000-08:00

LA PARADOJA DE IVÁN CEPEDA

Por camila osorio
11/18/2010

Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por fin arrancó la discusión del proyecto de ley de víctimas que radicó Santos en el Congreso. Se moverá a paso de tortuga.

Aunque sólo necesita cuatro debates para volverse ley, es posible que hasta diciembre sólo supere uno, el de esta comisión. Y no solo por la resistencia que tiene entre congresistas de La U y del Partido Conservador, sino también por la polémica que ha generado dentro del Polo, el partido que más objeciones ha hecho a la ley y del que no se esperaba ninguna oposición en este tema.

En la legislatura pasada, cuando el Partido Liberal presentó la ley, el Polo apoyó el proyecto, que el gobierno de Uribe terminó hundiendo. Cuando Santos resucitó el proyecto y lo presentó en la Cámara, los representantes de la Comisión Primera que debían presentar la ponencia estaban seguros que contaban con el respaldo de Germán Navas Talero, el representante del Polo en esta comisión. Pero no fue así. Talero no firmó la ponencia. Cuando La Silla Vacía le preguntó por qué, respondió con un nombre: Iván Cépeda.

La pelea de Cepeda
Iván Cepeda fue elegido como Representante por Bogotá el pasado 14 de marzo con 35 mil votos, una votación significativa para una persona que nunca antes se había lanzado a elecciones. Su padre había sido senador, pero Iván no le debe sus votos a una maquinaria heredada. Él construyó su trayectoria política como activista de los derechos humanos.

Cepeda asumió como suyo el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado cuando su papá, el senador Manuel José Cepeda, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de Estado -Movice- y escribió ensayos y libros que reivindicaban a las víctimas de la Unión Patriótica.

En el 2008, Cepeda se hizo visible en el país por varias cosas: por su protesta en frente de la Embajada de Costa Rica a raíz de que el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, intentó pedir asilo para evadir la orden de captura de la Fiscalía que lo investigaba por parapolítica; por su militancia en el grupo de Colombianos y Colombianas por la paz, liderado por Piedad Córdoba, que promueve el intercambio de secuestrados de las Farc por guerrilleros presos y una salida negociada del conflicto; y más recientemente, por sus denuncias de los falsos positivos y de los cementerios de N.N. en la Macarena.

“He decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA.(...)Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones.”, dijo en su última columna de El Espectador, antes de lanzarse oficialmente a la política. Su bandera eran las víctimas.

Lo que Cepeda no esperaba es que también fuera a ser la bandera del gobierno al que su partido le declaró la oposición. Pero desde que Santos radicó personalmente el proyecto de ley de víctimas en el Congreso, Iván le tiene una lista infinita de quejas a la propuesta.

Las 35 quejas de Iván
La ponencia de víctimas tiene en este momento 177 artículos que deberán ser discutidos y votados en Comisión Primera (ver ponencia) [1]. Además, tiene 53 proposiciones, que también deberán ser discutidas y votadas. Iván Cepeda presentó 34 (ver proposiciones) [2]. Es decir, que si bien hay opositores a la ley dentro de la Unidad Nacional, la mayoría de ellos aún están callados. La gran oposición pública viene del Polo, y promete hacer el debate aún más largo.

“Nosotros no queremos torpedear la ley, pero tampoco queremos aprobar una ley que tenga falencias para en unos años tener que volver a discutirla, como pasa con Justicia y Paz”, explicó a La Silla Vacía Cepeda, quien reconoce los aciertos de la ley de Justicia y Paz pero cree que hubiera podido ser más ambiciosa. Cuando se trata de las víctimas, Iván Cepeda es un maximalista, y esa posición puede ayudarle a las víctimas o puede convertirse en el chispero que le de los argumentos suficientes a los opositores para hundir la iniciativa.

La ley que defendía Uribe era minimalista: discriminaba a las víctimas de crímenes de Estado argumentando el tema de la sostenibilidad fiscal; no diferenciaba claramente la reparación de la asistencia social o de emergencia a las víctimas; y tampoco incluía un capítulo sobre reparación de tierras. La nueva ponencia sí incluye estos tres puntos. Cepeda quiere mucho más.

Las proposiciones del Polo son muchas pero tres de ellas son polémicas: la definición de víctima, los objetivos de la Comisión de la Verdad y los instrumentos para la reparación.

Cepeda se opone a que la definición de víctimas incluya la frase: “cuando estas -las violaciones a Derechos Humanos- hayan tenido lugar en desarrollo y ocasión de otros actos terroristas”. Para Cepeda, tal como está el artículo, no permitiría que la ley cubra hechos como los ‘falsos positivos’. "La definición de víctima debe ser amplia".

Los de La U y del Partido Conservador dicen que esta frase garantiza que no entren a ser considerados víctimas de esta ley los damnificados por DMG o de la delincuencia común. Y para el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley, es obvio que tal como está redactado el artículo caben también las personas que fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’ por miembros del Ejército, porque son víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, así no sean crímenes cometidos en combate.

Cepeda también pide que se incluyan explícitamente las parejas del mismo sexo en esta definición, proposición que sí está respaldada por otros tres ponentes, pero no por el Partido Conservador que considera que con el calificativo de ‘igualdad’ en la aplicación de la ley ya están incluidas las parejas homosexuales.

En el punto de la Comisión de Verdad, la ponencia propone que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas y sus actores desde 1991. Cepeda cree que la Comisión debe esclarecer los crímenes cometidos desde 1948, y sobre todo enfocarse en develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado. “Esto sería una garantía para no repetición de los crímenes”, dijo Cepeda a La Silla Vacía. “Hay que desactivar los aparatos parapolíticos y la paraeconomía para darle todas las garantías a las víctimas.”

Una comisión de la verdad como la planteada en la ponencia, que se dedique solo a identificar los patrones de la guerra y sus actores, es el tipo de comisión que sólo debería existir cuando termine el conflicto, dice Cepeda.

Pero el punto realmente polémico, que no ha sido debatido entre los congresistas, es la proposición de Cepeda para la reparación. Propone que el Fondo de Reparación incluya los bienes de los parapolíticos o “los bienes de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley”.

En la ponencia actual, el Fondo está financiado por multas impuestas a los individuos y a los grupos armados, contribuciones voluntarias de gobiernos u organizaciones internacionales, y con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio.

Si los congresistas han sido renuentes a que los parapolíticos pierdan su curul en el Congreso por la aplicación de ‘la silla vacía’, es poco probable que ahora apoyen que también se les quiten sus bienes para reparar a las víctimas. Y más cuando algunos de ellos heredaron los fortines electorales de los políticos hoy condenados por sus vínculos con los paramilitares.

Los dilemas
La propuesta de Cepeda tiene poca probabilidad de ser acogida por la Corporación dada la bancada tan minoritaria que tiene el Polo. Pero aún así este representante puede terminar jugando un papel clave en todo el debate dado su papel como símbolo de las víctimas del Estado.

Hay dos opciones. Cepeda, con sus propuestas, podría ayudar a mover el debate hacia las víctimas, haciendo parecer la propuesta del gobierno en comparación moderada y apenas justa, con lo cual ayudaría a que la ley salga como la plantearon inicialmente los liberales, sin los recortes que promueven los más uribistas.

La otra opción es que Cepeda termine ‘dando papaya’ para que los opositores de la ley usen sus propuestas más maximalistas para caricaturizar la ley y movilizar a la sociedad en contra no solo de las proposiciones del Polo sino de todo el proyecto del gobierno con el argumento de la sostenibilidad fiscal. La opción intermedia, y que ya será un hecho, es que simplemente se alargue el debate mientras discuten cada una de las 53 proposiciones de Iván.

“Si el Congreso se toma todo el tiempo para discutir el proyecto de regalías, ¿por qué no debe hacerlo con víctimas? No hay afanes cuando se trata de conseguir la mejor ley”, dijo Cepeda a La Silla Vacía.

“Hace unos meses era imposible pensar que entraran todas las víctimas sin discriminación”, dijo el coordinador de ponentes Guillermo Rivera. “La ley de víctimas se ha ido construyendo con pequeñas batallas”.

La ofensiva de Cepeda, en cambio, es irse a la guerra en el primer debate. “Buscamos al máximo que la ley tenga dientes, que no sea un acto simbólico”, dice.

Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)

DEBATE EN TELEVISÓN: 'El nombre de Álvaro Echeverría produce miedo en Montes de María': Iván Cepeda

2010-11-16T13:02:00.000-08:00

2010-11-12T11:42:00.001-08:00

2010-11-12T11:41:00.001-08:00

PLIEGO MODIFICATORIO A LA LEY DE VÍCTIMAS, PROPONE REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA (CLICK AQUI):

2010-11-12T11:35:00.000-08:00

AL NO FIRMAR PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS, PDA PROPONE MECANISMOS CONCRETOS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN

2010-11-12T11:27:00.000-08:00

Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.

Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.

Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:

1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.

2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.

4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.

6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.

7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.

El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

http://fb.me/ujgip2e1

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

2010-10-26T13:32:00.000-07:00

En relación con los hechos que han generado debate público en las últimas semanas y que conciernen al Polo Democrático Alternativo manifiesto lo siguiente:

Desde hace varios años el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos. Al mismo tiempo, los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos: la implementación de la educación gratuita hasta el grado 11, la apertura de miles de cupos para educación tecnológica y profesional; la política de seguridad alimentaria que busca erradicar el hambre y la desnutrición en Bogotá; la ampliación de la cobertura en el servicio de salud; el diseño de una EPS distrital que demuestre que la salud es un derecho y no un negocio; la consolidación de un sistema integrado de transporte, etcétera. Todos estos son programas y decisiones de gobierno que demuestran que en Bogotá sí se puede garantizar derechos constitucionales que históricamente se le han negado a la mayoría de nuestros ciudadanos.

No obstante todo lo anterior, considero que la gravedad de los hechos de los que se responsabiliza tanto a algunos funcionarios públicos de la administración distrital, como a algunos miembros del partido ameritan una pronta y transparente investigación, así como también una total colaboración con las instancias judiciales y disciplinarias competentes. En estas circunstancias no caben ni apoyos acríticos ni actitudes encubridoras.

El Polo en virtud de su talante democrático debe ser el abanderado de la defensa del derecho al control político. La ética y la transparencia en el ejercicio de los funcionarios públicos y representantes del Polo son un deber sin el cual no se puede construir un proyecto político alternativo. Las denuncias no pueden ser simplemente ignoradas, vengan de donde vengan. De hecho, las denuncias presentadas por miembros del Polo resultan una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido.

Además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad.

De otra parte, se hace necesario contrarrestar las tendencias de caudillismo que no consulta ni responde a las decisiones colectivas del partido. No puede pretender ser democrático aquel que pisotea las normas de la participación democrática de una colectividad.

Al mismo tiempo, propongo que se desarrolle un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior de la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo, considero que es imperativo convocar a la mayor brevedad la realización del congreso nacional del PDA.

ENTREVISTA A IVÁN CEPEDA EN "EL ESPECTADOR"

2010-10-17T01:53:00.000-07:00

La entrevista de Cecilia Orozco | 16 Octubre 2010 - 3:21am

"A veces creo que soy muy moderado"

El Espectador | Elespectador.com

Iván Cepeda explica por qué se opone a la ley de víctimas que se tramita en el Congreso y se refiere a su condición de hijo de un líder asesinado.

Cecilia Orozco Tascón.- En estos días se discute la ley de víctimas y restitución de tierras. Era impensable que un proyecto similar avanzara con Álvaro Uribe. Hoy es posible por una decisión del gobierno Santos. Sin embargo, usted se opone, ¿por qué?
Iván Cepeda Castro.- Reconozco que el proyecto tiene algunos puntos que constituyen un avance, pero, al tiempo, tiene grandes limitaciones y vacíos. Cito unos: las víctimas no han sido consultadas para la presentación de este proyecto. El Gobierno dice que se hizo en otro momento, pero es importante que ellas, que son las protagonistas de la ley, opinen sobre el actual. Segundo, en la ley hay un gran obstáculo para la reparación. La Administración ha incluido una limitante muy fuerte, que es el concepto de sostenibilidad fiscal.
C.O.T.- Pero el Gobierno debe ser responsable con las finanzas de la nación.
I.C.C.- Es cierto, pero también debe tener sentido de las proporciones. Hasta donde se sabe, el Gobierno habla de $44 billones en diez años, de los cuales $33 estarían consagrados a la asistencia y sólo $11 a una efectiva reparación. Eso significa que habría algo más de un billón de pesos al año para este último objetivo. Esos recursos son nimios con relación a la catástrofe que vive el país. Es muy mezquino y ausente de cierto decoro ético poner la reparación en esos términos. Cuando se trata de gastar en defensa, no hay alarma por la estabilidad fiscal. El Gobierno ha propuesto $20 billones en un año para la defensa nacional, mientras que para 4 millones de víctimas le parece suficiente un billón anual.
C.O.T.- Lo que hay previsto sobre restitución de tierras, ¿tampoco lo deja tranquilo?
I.C.C.- Hay algo previsto, sí, pero, ¿por qué no se diseña una política para perseguir los bienes, los capitales y las tierras apropiados ilegalmente? No debe pensarse sólo en cómo indemnizar, sino en la manera de debilitar el aparato criminal. El proyecto no tiene una política seria que permita captar recursos para reparar a las víctimas. No se prevé ningún mecanismo para la restitución del patrimonio usurpado, lo que hace inviable el mantenimiento de esa restitución. Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio.
C.O.T.- En sana lógica, se diría que los familiares de los victimarios no deberían tener el mismo tratamiento del Estado que las víctimas de sus parientes.
I.C.C.- Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa?
C.O.T.- ¿Usted prefiere que no haya ley o que pase con algunas de las falencias que señala?
I.C.C.- Quisiera una ley de víctimas que responda a los derechos de verdad, justicia y reparación, y no una que pueda ser eventualmente declarada inexequible por la Corte Constitucional, o que sea inocua porque reconocerá uno que otro derecho, pero sin resolver el problema de fondo.
C.O.T.- Es raro verlo a usted, defensor de derechos, como parte de un Congreso desprestigiado.
I.C.C.- Antes de intentar ser elegido, lo pensé mucho. Llegué a esta posición, porque creo que la búsqueda de justicia, verdad y reparación, desde el punto de vista estrictamente judicial, tiene unos límites. No quiero decir que sea una lucha vana o improductiva, pero quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas son los representantes de los poderes populares. Decidí experimentar y no me arrepiento.
C.O.T.- ¿De dónde salieron los recursos económicos para su campaña a la Cámara y cuántos votos obtuvo?
I.C.C.- Obtuve 35 mil votos e hice una campaña de opinión, sin ningún tipo de maquinarias, únicamente en Bogotá. En el Polo no represento ninguna colectividad política en particular, ni siquiera aquella en la que militó mi padre buena parte de su vida. Soy un representante que viene del movimiento de víctimas y de derechos humanos. Como se imaginará, los recursos que tuve fueron muy limitados y los conseguí mediante préstamos con amigos.
C.O.T.- 35 mil votos en Bogotá no es poca cosa. ¿Qué tipo de votante es el suyo?
I.C.C.- Durante la campaña encontré gente que pensé que no votaría por mí, pero lo hizo. Me refiero a personas provenientes de vertientes ideológicas diferentes y de partidos políticos tradicionales. Para mi sorpresa, algunos eran de ciertos estratos sociales. No estoy seguro, pero quisiera pensar que lo hicieron porque ha calado el mensaje de las víctimas y el del respeto a los derechos humanos. Por supuesto, también hubo votación de la izquierda y de sectores que tuvieron empatía con mi padre.
C.O.T.- Su partido ha sido descalificado por la gestión y los presuntos malos manejos de la Alcaldía de Bogotá. ¿Es crítico de lo que ocurre en el Polo o prefiere mirar para otro lado?
I.C.C.- Soy crítico de ciertas actuaciones y comportamientos. Lo que la opinión pública ha expresado debería conducir a que el partido examine de una manera objetiva la gestión de la Alcaldía. Pero también distingo claramente entre eventuales problemas que pudieran existir y las campañas que se vienen haciendo para etiquetar al Polo y para crear en la conciencia ciudadana que el partido es corrupto inventando algunos hechos o exagerando otros.
C.O.T.- El movimiento que usted representa es, explícitamente, una organización para víctimas de crímenes estatales. ¿No termina segregando a otras víctimas, por ejemplo, las de la guerrilla?
I.C.C.- No. También abogamos por otras víctimas y por sus derechos. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado no niega que la guerrilla ha causado daño y que ha generado víctimas individuales y colectivas con actos que pueden ser castigados como crímenes de guerra.
C.O.T.- La pregunta viene al caso porque si a uno le preocupa la suerte de unas víctimas, no puede ser sensible a unas e insensible a otras…
I.C.C.- Comparto lo que usted dice. Parte de lo que debemos resolver como sociedad es adquirir la sensibilidad que nos haga reaccionar sin miramientos. Los más privilegiados reaccionan indignados sólo si sus derechos no son respetados, pero son indiferentes con los de los demás. También me llama la atención que nadie ponga en tela de juicio la condición de víctima de un secuestrado de la guerrilla. Y que quien ha tenido un familiar víctima de desaparición forzada tenga que justificarse.
C.O.T.- En una parte del mundo político y periodístico se le percibe a usted como exagerado. ¿Se siente poco tolerante con posiciones distintas a la suya?
I.C.C.- No. Por el contrario, a veces creo que soy muy moderado. ¿Qué pedimos para las víctimas?, que haya efectivamente una reparación, que se desmantelen los aparatos criminales, que se reconozca el daño que se ha hecho. No son planteamientos de carácter revolucionario.
C.O.T. Usted dio una batalla muy larga para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad en el crimen de su padre. Pero ese reconocimiento resultó, paradójicamente, negativo, porque se presentaron ataques a la memoria de su padre. ¿Se arrepiente de esa lucha?
I.C.C.- Lo que había en el fondo era un profundo malestar por haber logrado una sentencia internacional en la que se reconoce que el asesinato de Manuel Cepeda fue un crimen de Estado. De ninguna manera me arrepiento. Por el contrario, me siento muy orgulloso de haber llevado a esas instancias el tema de mi padre.
C.O.T.- ¿Cree que logró su propósito o está insatisfecho con la forma como el Estado pidió perdón por la muerte de su padre?
I.C.C.- La sentencia de la Corte Interamericana es irreversible y su posición es incontrovertible. Además, este fallo es el inicio de la definición en la Corte, de la persecución del Estado contra la Unión Patriótica, siguiente paso en este debate. El presidente Uribe no quiso presentar el perdón que le exigió la Corte, en los términos en que se lo solicitó. Espero que el gobierno Santos lo haga.
C.O.T.- Y si eso no ocurriera, ¿iniciaría una nueva batalla jurídica contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana?
I.C.C.- Colombia no ha cumplido en los términos en que lo exigió la Corte, pero no quiero llegar a esa instancia. El gobierno Santos sabe que tiene que cumplir. Va a ser interesante observar su actitud para evaluar hasta dónde el discurso tiene coherencia.
C.O.T.- Si no cumple, ¿cuál es el siguiente paso jurídico?
I.C.C.- Podría ocurrir que la Corte Interamericana termine enviando un informe ante la asamblea general de la OEA, lo cual tiene una repercusión política internacional enorme y genera un precedente internacional muy negativo para Colombia ante los órganos de justicia como la Corte Penal Internacional.
C.O.T.- Usted formó parte de un grupo que habló con los paramilitares extraditados. ¿Por qué quiso hablar con los victimarios?
I.C.C.- Esta decisión se tomó y no a título personal, en el seno del Movimiento de Víctimas del Estado, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba. No fue fácil sopesar lo esencial que era el encuentro, con el rechazo natural que sentíamos. No me arrepiento porque tuvimos la oportunidad de conocer la verdad sobre los hechos que intentaron sepultar con la extradición de estas personas. El resultado de esas visitas es que los llamados jefes paramilitares no eran los jefes, sino que formaban parte de un gran aparato criminal en el que ellos cumplían unas funciones, ejecutaban órdenes de otros. La parainstitucionalidad de Colombia todavía está por ser desenmascarada.
C.O.T.- ¿A cuál de los jefes paramilitares saludó primero?
I.C.C.- A Salvatore Mancuso.
C.O.T.- ¿Lo saludó de mano?
I.C.C.- No. El primer encuentro fue supremamente difícil, porque se suponía que había que entablar una conversación y yo no me sentía cómodo. Fue un momento muy tenso: él me extendió la mano y no se la pasé.
C.O.T.- ¿Qué lo impactó más?
I.C.C.- Entender mejor quiénes eran. Y mi conclusión es que ellos no eran los señores de la guerra omnipotentes que creíamos, sino los instrumentos de otros, sin que esa circunstancia minimice su responsabilidad. Le repito una frase que utilicé en el debate sobre tierras, y que no es mío. Proviene de alias Pitirri. Él decía: “Unos veníamos matando; otros venían comprando, y otros iban legalizando”. Esas palabras tan simples resumen lo que hemos visto en estos años: primero fueron las masacres; después, las grandes adquisiciones de tierra. Y lo que estamos viendo hoy es la legalización de esos dominios.
“Es temprano para comparar”
Cecilia Orozco.- ¿Cómo evalúa al gobierno Santos y qué comparación hace con las administraciones de Uribe?
Iván Cepeda.- Es temprano para hacer comparaciones o evaluaciones, porque el Gobierno actual ha anunciado unos propósitos, pero hay que juzgar por los hechos. No sólo por sus palabras y por sus gestos públicos que también hay que apreciar. La ruta de la administración se definirá por los proyectos a los que nos está abocando; y lo que veo en el Congreso en materia de propuestas legislativas es sombrío. Hay iniciativas que plantea el Gobierno que pueden afectar gravemente los derechos de los ciudadanos.
C.O.- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
I.C.- Por ejemplo, la iniciativa de convertir la macroestabilidad económica en un derecho fundamental. Se genera así un mecanismo que intimidará a los jueces de la República a la hora de fallar acciones de tutela, acciones en favor de los desplazados, sentencias de reparación de víctimas u otro tipo de decisiones que puedan ser consideradas como dañinas a lo que se denomina estabilidad fiscal.
C.O.- ¿Cree que se camufla una especie de reforma subrepticia de la justicia?
I.C.- Creo que eso forma parte de un gran proyecto que tiene muchos ingredientes de continuidad con el modelo anterior.
Dos veces en el exilio
C.O.- ¿Cuántas veces ha estado en el exilio?
I.C.- Salimos entre el año 65 y el 70 porque iban a matar a mi padre. Yo tenía en ese momento tres años. Después, en el año 2000, tuvimos que irnos hasta 2004 por circunstancias que tenían que ver con el proceso en el caso del asesinato de mi padre, cuando se produjo la condena de dos suboficiales como autores materiales del crimen.
C.O.- Supongo que hay un momento en que uno tira la toalla y se instala definitivamente en otro sitio. ¿Por qué no lo ha hecho?
I.C.- En algún momento, sobre todo en el segundo exilio, cuando no quería irme del país, pero tuve que hacerlo, me convencí de que esa opción le hace perder a uno el sentido a la vida.
C.O.- Obviamente su nombre siempre estuvo entre los vigilados en el complot del espionaje del DAS.
I.C.- Cierto, pero menos que otras personas.
C.O.T. ¿Hasta dónde invadieron su privacidad? ¿Lo sabe?
I.C.C.- Siempre he sido consciente de que interceptaban las comunicaciones. También de que había seguimientos, pero nunca imaginé la sofisticación de lo que se ha encontrado en los archivos del DAS.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso-230033-veces-creo-soy-muy-moderado

Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

2010-10-14T11:07:00.000-07:00

Iván Cepeda Castro | 13 Octubre 2010 - 10:37pm

Por: Elespectador.com

EL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS contiene algunos preceptos que pueden contribuir a la superación de los efectos de la violencia.

Por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba para los procesos de restitución de tierras, y el reconocimiento de las víctimas de agentes estatales. No obstante, el proyecto también tiene múltiples vacíos, e incluso contempla prescripciones que limitan severamente el derecho a la reparación.

Uno de los ejes transversales de la legislación propuesta por el gobierno del presidente Santos es la tesis de que las sentencias judiciales están entre las principales amenazas de la estabilidad macroeconómica. Para el Gobierno no son la corrupción ni el gigantesco gasto en defensa ni las generosas gabelas y beneficios tributarios a los más pudientes, las causas de los problemas de insolvencia fiscal. El peligro radica en los fallos de tutela que protegen los derechos de la población desplazada y el acceso al servicio de salud para los más pobres. Este razonamiento es el sustento ideológico de un frontal ataque contra la Constitución de 1991 hecho con una poderosa máquina parlamentaria.

Con ese mismo espíritu se ha diseñado la ley de víctimas. Los artículos 5 y 13 del proyecto introducen el concepto de “sostenibilidad fiscal” que recorta drásticamente la pretendida reparación. El proyecto además deja a discreción del Gobierno fijar los montos de la indemnización de las víctimas por la reparación administrativa, limita algunas de las modalidades de la indemnización por vía judicial —lo cual es un claro retroceso—, y no establece la restitución patrimonial para quienes han sido despojados de tierras.

El enorme daño causado durante décadas de violencia a más de cuatro millones de personas que reconoce el Gobierno, quiere ser reparado con 40 billones de pesos entregados a lo largo de una década. En otros campos, el ahorro fiscal no constituye obstáculo. El país entrega anualmente 20 billones de pesos para los gastos de defensa y seguridad democrática, sin que ello suscite la alarma del Ministro de Hacienda. Para disimular tal precariedad, el proyecto pretende incorporar una serie de artículos e incisos que confunden las prestaciones sociales del Estado con medidas de reparación, lo cual riñe con la constitucionalidad de la ley.

El estilo utilizado en el proyecto para obligar a las autoridades a cumplir con la sostenibilidad fiscal, me hace recordar el intento fallido de los decretos de emergencia social del anterior gobierno de recortar la autonomía de los médicos al momento de formular procedimientos. Jueces y médicos terminan siendo los responsables de hacer viable una política en que los intereses privados se aseguran a través del sacrificio de los derechos fundamentales.

Por elementales principios éticos la reparación no debe ser un asunto de regateo económico. Lo indicado en este caso es crear mecanismos eficaces para que las fuentes de esa reparación sean los bienes y capitales de los aparatos criminales. Igualmente, desarrollar la jurisprudencia que ha establecido la creación de impuestos a las empresas que se han lucrado de la acción de los grupos armados ilegales como una de las fuentes para la reparación. De esta forma, el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales puede contribuir al mismo tiempo a la no repetición de la violencia.

Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección del Fiscal General de la Nación”

2010-10-11T10:20:00.000-07:00

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección

del Fiscal General de la Nación”

Durante la semana anterior se conocieron las declaraciones de Juan Carlos

Sierra alias ‘El Tuso’, en las que entre otros hechos, reveló sus estrechos

nexos con el ex senador Mario Uribe.

Según afirmó Luis González, jefe de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía

General de la Nación, las declaraciones del narcotraficante alias ‘El Tuso’

darán lugar a una investigación en el ente acusador y ante la Corte Suprema

de Justicia.

El representante Iván Cepeda Castro instó al presidente de la República

Juan Manuel Santos a que cambie la terna de candidatos que aspiran al cargo

de Fiscal General de la Nación.

La terna que examina actualmente la Corte Suprema de Justicia está viciada

-sostuvo el parlamentario- quien la propuso, el ex presidente Álvaro Uribe,

tiene interés particular en esta designación. El nuevo Fiscal debe

investigar las acusaciones hechas contra el ex senador Mario Uribe, primo

del ex mandatario; la responsabilidad de sus más estrechos en el espionaje

del DAS; la presunta responsabilidad de algunos ex ministros en tratos de

corrupción, y muchos otros eventos criminales. Por esta razón, la elección

del nuevo Fiscal debe responder al criterio fundamental de imparcialidad. Para

que se asegure el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su

conjunto, invito al presidente Santos para que postule nuevos candidatos.

Oficina de Prensa

Representante Iván Cepeda Castro

Congreso de la República de Colombia

Entrevista en Revista Semana a Iván Cepeda

2010-10-07T06:01:00.001-07:00

“Gracias a Colombia, la convención contra la desaparición forzada regirá en el mundo”

Nación El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el “panorama será cada vez más sombrío”.

Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.

La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del “derecho a la reparación”, a la “búsqueda de la persona” o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad “que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial”.

Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención “entraría en vigor”, pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.

El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

Semana.com: ¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?

Iván Cepeda: La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.

En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.

Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

Semana.com: ¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?

I.C.: En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

Semana.com: ¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?

I.C.: Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

Semana.com: ¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?

I.C.: Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

Semana.com: ¿Quiénes han firmado el convenio?

I.C.: Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

Semana.com: ¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?

I.C.: La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama Un cadáver insepulto en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

Semana.com: ¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
I.C.: La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.

En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

Semana.com: ¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?

I.C.: Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Semana.com: Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?

I.C.: Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.

Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

Semana.com: ¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?

I.C.: Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

Semana.com: ¿En su criterio cuáles son esos estándares?

I.C.: Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Semana.com: Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?

I.C.: Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.