Por: Iván Cepeda Castro
Ambos fueron condenados por la justicia debido a sus nexos con los grupos paramilitares. Es la segunda petición de esta naturaleza que se formula. En Sucre, el actual gobernador se negó a descolgar las imágenes de cuatro de sus predecesores seriamente involucrados con las atrocidades perpetradas por las Auc. Es muy probable que esta nueva solicitud corra la misma suerte que la anterior. Ante tal circunstancia el Movimiento de Víctimas tendrá que recurrir a la acción de tutela.
En estos casos, la negación oficial a conceder medidas simbólicas correspondientes al derecho a la verdad y a la reparación de crímenes de lesa humanidad muestra el grado de influencia que continúan ejerciendo los sectores ligados a las redes paramilitares en los centros de poder. Los máximos responsables de ese aparato no han sido todavía desenmascarados ni juzgados. Pero es preciso reconocer que gracias a la Corte Suprema de Justicia las complejas estructuras de ese sistema han empezado a descifrarse y debilitarse. La sanción de decenas de parlamentarios es el paso más significativo que en el terreno judicial se ha dado en esa dirección en la historia del país. La firme determinación de la Corte de disolver las estructuras de la criminalidad de origen estatal se ha visto corroborada recientemente por la decisión de reasumir las investigaciones y procesos de algunos de los congresistas presuntamente comprometidos en la llamada parapolítica.
Luego del conjunto de ataques contra los magistrados de la Corte que se han urdido desde la cúspide del Poder Ejecutivo —que han incluido la creación de una unidad de inteligencia en el DAS para espiarlos y “neutralizarlos”— ahora el presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, informa que se ha detectado un plan para asesinarlo a él y a otros miembros de esa corporación. La principal línea del discurso oficial que justifica esa descarada persecución sostiene que la Corte Suprema ha “politizado la justicia” y “judicializado la política”. En realidad esa retórica expresa la nostalgia del Gobierno por la época en que los dirigentes del Estado gozaban de inmunidad y de la impunidad que les garantizaban los jueces que ellos designaban a su antojo. Esa época comienza a desvanecerse. En el mundo actual emerge un Sistema Internacional de Justicia que, a pesar de ser incompleto y selectivo aún, ya muestra resultados: entre 1990 y 2008, 77 jefes de Estado o gobierno de 43 países han sido procesados por crímenes contra la humanidad o graves delitos de corrupción.
En la condición presente del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los máximos garantes de los reducidos espacios democráticos que aún le restan a la sociedad colombiana, de las mejores conquistas de la Constitución de 1991, de los derechos humanos y de la acción judicial que se opone a los crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo. Por eso los magistrados que han decidido poner fin a la impunidad endémica que ha sostenido al poder corrupto y arbitrario son el blanco de los más encarnizados ataques y persecuciones. Su legítima labor merece pleno respaldo y admiración.
