El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido democráticamente por el partido político Unión Patriótica (UP), fue asesinado como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.
A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, y ante la falta de voluntad del estado colombiano por aclarar el crimen, sus familiares, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauraron una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, condenó al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. La Sentencia de la Corte dispone que el Estado colombiano tiene el deber de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen. Ordena la realización de actos simbólicos de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición, y exige que la Sentencia sea dada a conocer a todo el país mediante la impresión y difusión de la misma a través de un periódico de circulación nacional.
El Espectador en su edición de hoy, domingo 28 de noviembre de 2010, publica la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA
--
Oficina de Prensa
Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes
Congreso de la República de Colombia
Tel: 3 82 4416
ENTREVISTA EN "LA SILLA VACÍA" SOBRE LEY DE VÍCTIMAS
LA PARADOJA DE IVÁN CEPEDA
Por camila osorio
11/18/2010
Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por fin arrancó la discusión del proyecto de ley de víctimas que radicó Santos en el Congreso. Se moverá a paso de tortuga.
Aunque sólo necesita cuatro debates para volverse ley, es posible que hasta diciembre sólo supere uno, el de esta comisión. Y no solo por la resistencia que tiene entre congresistas de La U y del Partido Conservador, sino también por la polémica que ha generado dentro del Polo, el partido que más objeciones ha hecho a la ley y del que no se esperaba ninguna oposición en este tema.
En la legislatura pasada, cuando el Partido Liberal presentó la ley, el Polo apoyó el proyecto, que el gobierno de Uribe terminó hundiendo. Cuando Santos resucitó el proyecto y lo presentó en la Cámara, los representantes de la Comisión Primera que debían presentar la ponencia estaban seguros que contaban con el respaldo de Germán Navas Talero, el representante del Polo en esta comisión. Pero no fue así. Talero no firmó la ponencia. Cuando La Silla Vacía le preguntó por qué, respondió con un nombre: Iván Cépeda.
La pelea de Cepeda
Iván Cepeda fue elegido como Representante por Bogotá el pasado 14 de marzo con 35 mil votos, una votación significativa para una persona que nunca antes se había lanzado a elecciones. Su padre había sido senador, pero Iván no le debe sus votos a una maquinaria heredada. Él construyó su trayectoria política como activista de los derechos humanos.
Cepeda asumió como suyo el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado cuando su papá, el senador Manuel José Cepeda, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de Estado -Movice- y escribió ensayos y libros que reivindicaban a las víctimas de la Unión Patriótica.
En el 2008, Cepeda se hizo visible en el país por varias cosas: por su protesta en frente de la Embajada de Costa Rica a raíz de que el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, intentó pedir asilo para evadir la orden de captura de la Fiscalía que lo investigaba por parapolítica; por su militancia en el grupo de Colombianos y Colombianas por la paz, liderado por Piedad Córdoba, que promueve el intercambio de secuestrados de las Farc por guerrilleros presos y una salida negociada del conflicto; y más recientemente, por sus denuncias de los falsos positivos y de los cementerios de N.N. en la Macarena.
“He decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA.(...)Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones.”, dijo en su última columna de El Espectador, antes de lanzarse oficialmente a la política. Su bandera eran las víctimas.
Lo que Cepeda no esperaba es que también fuera a ser la bandera del gobierno al que su partido le declaró la oposición. Pero desde que Santos radicó personalmente el proyecto de ley de víctimas en el Congreso, Iván le tiene una lista infinita de quejas a la propuesta.
Las 35 quejas de Iván
La ponencia de víctimas tiene en este momento 177 artículos que deberán ser discutidos y votados en Comisión Primera (ver ponencia) [1]. Además, tiene 53 proposiciones, que también deberán ser discutidas y votadas. Iván Cepeda presentó 34 (ver proposiciones) [2]. Es decir, que si bien hay opositores a la ley dentro de la Unidad Nacional, la mayoría de ellos aún están callados. La gran oposición pública viene del Polo, y promete hacer el debate aún más largo.
“Nosotros no queremos torpedear la ley, pero tampoco queremos aprobar una ley que tenga falencias para en unos años tener que volver a discutirla, como pasa con Justicia y Paz”, explicó a La Silla Vacía Cepeda, quien reconoce los aciertos de la ley de Justicia y Paz pero cree que hubiera podido ser más ambiciosa. Cuando se trata de las víctimas, Iván Cepeda es un maximalista, y esa posición puede ayudarle a las víctimas o puede convertirse en el chispero que le de los argumentos suficientes a los opositores para hundir la iniciativa.
La ley que defendía Uribe era minimalista: discriminaba a las víctimas de crímenes de Estado argumentando el tema de la sostenibilidad fiscal; no diferenciaba claramente la reparación de la asistencia social o de emergencia a las víctimas; y tampoco incluía un capítulo sobre reparación de tierras. La nueva ponencia sí incluye estos tres puntos. Cepeda quiere mucho más.
Las proposiciones del Polo son muchas pero tres de ellas son polémicas: la definición de víctima, los objetivos de la Comisión de la Verdad y los instrumentos para la reparación.
Cepeda se opone a que la definición de víctimas incluya la frase: “cuando estas -las violaciones a Derechos Humanos- hayan tenido lugar en desarrollo y ocasión de otros actos terroristas”. Para Cepeda, tal como está el artículo, no permitiría que la ley cubra hechos como los ‘falsos positivos’. "La definición de víctima debe ser amplia".
Los de La U y del Partido Conservador dicen que esta frase garantiza que no entren a ser considerados víctimas de esta ley los damnificados por DMG o de la delincuencia común. Y para el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley, es obvio que tal como está redactado el artículo caben también las personas que fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’ por miembros del Ejército, porque son víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, así no sean crímenes cometidos en combate.
Cepeda también pide que se incluyan explícitamente las parejas del mismo sexo en esta definición, proposición que sí está respaldada por otros tres ponentes, pero no por el Partido Conservador que considera que con el calificativo de ‘igualdad’ en la aplicación de la ley ya están incluidas las parejas homosexuales.
En el punto de la Comisión de Verdad, la ponencia propone que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas y sus actores desde 1991. Cepeda cree que la Comisión debe esclarecer los crímenes cometidos desde 1948, y sobre todo enfocarse en develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado. “Esto sería una garantía para no repetición de los crímenes”, dijo Cepeda a La Silla Vacía. “Hay que desactivar los aparatos parapolíticos y la paraeconomía para darle todas las garantías a las víctimas.”
Una comisión de la verdad como la planteada en la ponencia, que se dedique solo a identificar los patrones de la guerra y sus actores, es el tipo de comisión que sólo debería existir cuando termine el conflicto, dice Cepeda.
Pero el punto realmente polémico, que no ha sido debatido entre los congresistas, es la proposición de Cepeda para la reparación. Propone que el Fondo de Reparación incluya los bienes de los parapolíticos o “los bienes de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley”.
En la ponencia actual, el Fondo está financiado por multas impuestas a los individuos y a los grupos armados, contribuciones voluntarias de gobiernos u organizaciones internacionales, y con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio.
Si los congresistas han sido renuentes a que los parapolíticos pierdan su curul en el Congreso por la aplicación de ‘la silla vacía’, es poco probable que ahora apoyen que también se les quiten sus bienes para reparar a las víctimas. Y más cuando algunos de ellos heredaron los fortines electorales de los políticos hoy condenados por sus vínculos con los paramilitares.
Los dilemas
La propuesta de Cepeda tiene poca probabilidad de ser acogida por la Corporación dada la bancada tan minoritaria que tiene el Polo. Pero aún así este representante puede terminar jugando un papel clave en todo el debate dado su papel como símbolo de las víctimas del Estado.
Hay dos opciones. Cepeda, con sus propuestas, podría ayudar a mover el debate hacia las víctimas, haciendo parecer la propuesta del gobierno en comparación moderada y apenas justa, con lo cual ayudaría a que la ley salga como la plantearon inicialmente los liberales, sin los recortes que promueven los más uribistas.
La otra opción es que Cepeda termine ‘dando papaya’ para que los opositores de la ley usen sus propuestas más maximalistas para caricaturizar la ley y movilizar a la sociedad en contra no solo de las proposiciones del Polo sino de todo el proyecto del gobierno con el argumento de la sostenibilidad fiscal. La opción intermedia, y que ya será un hecho, es que simplemente se alargue el debate mientras discuten cada una de las 53 proposiciones de Iván.
“Si el Congreso se toma todo el tiempo para discutir el proyecto de regalías, ¿por qué no debe hacerlo con víctimas? No hay afanes cuando se trata de conseguir la mejor ley”, dijo Cepeda a La Silla Vacía.
“Hace unos meses era imposible pensar que entraran todas las víctimas sin discriminación”, dijo el coordinador de ponentes Guillermo Rivera. “La ley de víctimas se ha ido construyendo con pequeñas batallas”.
La ofensiva de Cepeda, en cambio, es irse a la guerra en el primer debate. “Buscamos al máximo que la ley tenga dientes, que no sea un acto simbólico”, dice.
Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)
Por camila osorio
11/18/2010
Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por fin arrancó la discusión del proyecto de ley de víctimas que radicó Santos en el Congreso. Se moverá a paso de tortuga.
Aunque sólo necesita cuatro debates para volverse ley, es posible que hasta diciembre sólo supere uno, el de esta comisión. Y no solo por la resistencia que tiene entre congresistas de La U y del Partido Conservador, sino también por la polémica que ha generado dentro del Polo, el partido que más objeciones ha hecho a la ley y del que no se esperaba ninguna oposición en este tema.
En la legislatura pasada, cuando el Partido Liberal presentó la ley, el Polo apoyó el proyecto, que el gobierno de Uribe terminó hundiendo. Cuando Santos resucitó el proyecto y lo presentó en la Cámara, los representantes de la Comisión Primera que debían presentar la ponencia estaban seguros que contaban con el respaldo de Germán Navas Talero, el representante del Polo en esta comisión. Pero no fue así. Talero no firmó la ponencia. Cuando La Silla Vacía le preguntó por qué, respondió con un nombre: Iván Cépeda.
La pelea de Cepeda
Iván Cepeda fue elegido como Representante por Bogotá el pasado 14 de marzo con 35 mil votos, una votación significativa para una persona que nunca antes se había lanzado a elecciones. Su padre había sido senador, pero Iván no le debe sus votos a una maquinaria heredada. Él construyó su trayectoria política como activista de los derechos humanos.
Cepeda asumió como suyo el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado cuando su papá, el senador Manuel José Cepeda, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de Estado -Movice- y escribió ensayos y libros que reivindicaban a las víctimas de la Unión Patriótica.
En el 2008, Cepeda se hizo visible en el país por varias cosas: por su protesta en frente de la Embajada de Costa Rica a raíz de que el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, intentó pedir asilo para evadir la orden de captura de la Fiscalía que lo investigaba por parapolítica; por su militancia en el grupo de Colombianos y Colombianas por la paz, liderado por Piedad Córdoba, que promueve el intercambio de secuestrados de las Farc por guerrilleros presos y una salida negociada del conflicto; y más recientemente, por sus denuncias de los falsos positivos y de los cementerios de N.N. en la Macarena.
“He decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA.(...)Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones.”, dijo en su última columna de El Espectador, antes de lanzarse oficialmente a la política. Su bandera eran las víctimas.
Lo que Cepeda no esperaba es que también fuera a ser la bandera del gobierno al que su partido le declaró la oposición. Pero desde que Santos radicó personalmente el proyecto de ley de víctimas en el Congreso, Iván le tiene una lista infinita de quejas a la propuesta.
Las 35 quejas de Iván
La ponencia de víctimas tiene en este momento 177 artículos que deberán ser discutidos y votados en Comisión Primera (ver ponencia) [1]. Además, tiene 53 proposiciones, que también deberán ser discutidas y votadas. Iván Cepeda presentó 34 (ver proposiciones) [2]. Es decir, que si bien hay opositores a la ley dentro de la Unidad Nacional, la mayoría de ellos aún están callados. La gran oposición pública viene del Polo, y promete hacer el debate aún más largo.
“Nosotros no queremos torpedear la ley, pero tampoco queremos aprobar una ley que tenga falencias para en unos años tener que volver a discutirla, como pasa con Justicia y Paz”, explicó a La Silla Vacía Cepeda, quien reconoce los aciertos de la ley de Justicia y Paz pero cree que hubiera podido ser más ambiciosa. Cuando se trata de las víctimas, Iván Cepeda es un maximalista, y esa posición puede ayudarle a las víctimas o puede convertirse en el chispero que le de los argumentos suficientes a los opositores para hundir la iniciativa.
La ley que defendía Uribe era minimalista: discriminaba a las víctimas de crímenes de Estado argumentando el tema de la sostenibilidad fiscal; no diferenciaba claramente la reparación de la asistencia social o de emergencia a las víctimas; y tampoco incluía un capítulo sobre reparación de tierras. La nueva ponencia sí incluye estos tres puntos. Cepeda quiere mucho más.
Las proposiciones del Polo son muchas pero tres de ellas son polémicas: la definición de víctima, los objetivos de la Comisión de la Verdad y los instrumentos para la reparación.
Cepeda se opone a que la definición de víctimas incluya la frase: “cuando estas -las violaciones a Derechos Humanos- hayan tenido lugar en desarrollo y ocasión de otros actos terroristas”. Para Cepeda, tal como está el artículo, no permitiría que la ley cubra hechos como los ‘falsos positivos’. "La definición de víctima debe ser amplia".
Los de La U y del Partido Conservador dicen que esta frase garantiza que no entren a ser considerados víctimas de esta ley los damnificados por DMG o de la delincuencia común. Y para el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley, es obvio que tal como está redactado el artículo caben también las personas que fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’ por miembros del Ejército, porque son víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, así no sean crímenes cometidos en combate.
Cepeda también pide que se incluyan explícitamente las parejas del mismo sexo en esta definición, proposición que sí está respaldada por otros tres ponentes, pero no por el Partido Conservador que considera que con el calificativo de ‘igualdad’ en la aplicación de la ley ya están incluidas las parejas homosexuales.
En el punto de la Comisión de Verdad, la ponencia propone que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas y sus actores desde 1991. Cepeda cree que la Comisión debe esclarecer los crímenes cometidos desde 1948, y sobre todo enfocarse en develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado. “Esto sería una garantía para no repetición de los crímenes”, dijo Cepeda a La Silla Vacía. “Hay que desactivar los aparatos parapolíticos y la paraeconomía para darle todas las garantías a las víctimas.”
Una comisión de la verdad como la planteada en la ponencia, que se dedique solo a identificar los patrones de la guerra y sus actores, es el tipo de comisión que sólo debería existir cuando termine el conflicto, dice Cepeda.
Pero el punto realmente polémico, que no ha sido debatido entre los congresistas, es la proposición de Cepeda para la reparación. Propone que el Fondo de Reparación incluya los bienes de los parapolíticos o “los bienes de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley”.
En la ponencia actual, el Fondo está financiado por multas impuestas a los individuos y a los grupos armados, contribuciones voluntarias de gobiernos u organizaciones internacionales, y con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio.
Si los congresistas han sido renuentes a que los parapolíticos pierdan su curul en el Congreso por la aplicación de ‘la silla vacía’, es poco probable que ahora apoyen que también se les quiten sus bienes para reparar a las víctimas. Y más cuando algunos de ellos heredaron los fortines electorales de los políticos hoy condenados por sus vínculos con los paramilitares.
Los dilemas
La propuesta de Cepeda tiene poca probabilidad de ser acogida por la Corporación dada la bancada tan minoritaria que tiene el Polo. Pero aún así este representante puede terminar jugando un papel clave en todo el debate dado su papel como símbolo de las víctimas del Estado.
Hay dos opciones. Cepeda, con sus propuestas, podría ayudar a mover el debate hacia las víctimas, haciendo parecer la propuesta del gobierno en comparación moderada y apenas justa, con lo cual ayudaría a que la ley salga como la plantearon inicialmente los liberales, sin los recortes que promueven los más uribistas.
La otra opción es que Cepeda termine ‘dando papaya’ para que los opositores de la ley usen sus propuestas más maximalistas para caricaturizar la ley y movilizar a la sociedad en contra no solo de las proposiciones del Polo sino de todo el proyecto del gobierno con el argumento de la sostenibilidad fiscal. La opción intermedia, y que ya será un hecho, es que simplemente se alargue el debate mientras discuten cada una de las 53 proposiciones de Iván.
“Si el Congreso se toma todo el tiempo para discutir el proyecto de regalías, ¿por qué no debe hacerlo con víctimas? No hay afanes cuando se trata de conseguir la mejor ley”, dijo Cepeda a La Silla Vacía.
“Hace unos meses era imposible pensar que entraran todas las víctimas sin discriminación”, dijo el coordinador de ponentes Guillermo Rivera. “La ley de víctimas se ha ido construyendo con pequeñas batallas”.
La ofensiva de Cepeda, en cambio, es irse a la guerra en el primer debate. “Buscamos al máximo que la ley tenga dientes, que no sea un acto simbólico”, dice.
Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)
AL NO FIRMAR PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS, PDA PROPONE MECANISMOS CONCRETOS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN
Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.
Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.
Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:
1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.
2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.
4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.
6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.
7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.
El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
http://fb.me/ujgip2e1
Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.
Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:
1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.
2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.
4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.
6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.
7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.
El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
http://fb.me/ujgip2e1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)