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Cepeda pide acabar con imperio de ‘La Gata’ en la Costa Caribe
Luego de que el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, anunciara que el Gobierno pedirá que se inicie el proceso por pérdida de investidura en contra del senador Héctor Alfonso, hijo de la empresaria del chance Enilse López, conocida como ‘La Gata’, el representante a la Cámara Iván Cepeda, celebró dicho anuncio y pidió celeridad en el control fiscal abierto por la Contraloría General de la República a los contratos de concesión de apuestas en Sucre, Magdalena, César, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Guajira, con el fin de establecer si alias ‘La Gata’ es titular de alguna de dichas licencias.
BOGOTÁ, 22/07/2013. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, advirtió que la situación que se presenta con el proceso de licitación para operar el chance en Sucre, en el cual aparece el senador Héctor Alfonso López como uno de los accionistas de Aposucre, compañía de ‘La Gata’, es apenas una de las muchas situaciones que él ha denunciado en debates de control político en el Congreso y en múltiples requerimientos ante las autoridades.
El congresista recordó que el caso de Enilce López y su vínculo con el Estado a través de sus empresas o empresas fachada en la costa, y el monopolio que ejerce en el negocio de los juegos de azar y chance, muestra una total omisión e ineficiencia por parte del Estado.
“Hace muchos años se conocen los nexos de alias ‘La Gata’ con grupos paramilitares y la justicia le ha impuesto condenas por hechos gravísimos, pero hasta el momento no se ha hecho nada para evitar la vinculación contractual de ella con el Estado. A eso se suma que los gobernadores de la costa han manifestado sentirse inermes y maniatados para ponerle punto final a esa vinculación”, indicó Cepeda.
El representante requirió a la Contraloría General para que ejerza una acción decidida sobre estas denuncias y agilice el control excepcional que inició en días pasados sobre los contratos otorgados por las Administraciones de la Costa Caribe para la actividad del chance.
Del mismo modo, Cepeda anunció que por potestad que le otorga el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, le pedirá al gobernador de Sucre, Julio César Guerra, que presente ante el Congreso un informe detallado de las actuaciones adelantadas por su Administración en el proceso de licitación del chance, y en atención a los argumentos expresados por la Agencia de Transparencia, se rechace la participación de Aposucre en dicho proceso.
OFICINA DE PRENSA
Cepeda respalda propuestas de campesinos de Catatumbo y se solidariza con el senador Robledo
El representante Iván Cepeda le pidió al Gobierno estudiar las propuestas entregadas por los campesinos que se movilizan hace un mes en la región de Catatumbo y rechazó los señalamientos que desde el Ejecutivo se lanzaron contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo por su defensa de las protestas. Cepeda apoyó a los campesinos en su iniciativa de declarar el estado de emergencia social en la zona y en la solicitud de una reunión con funcionarios de primer nivel para concertar la declaración de la zona de reserva campesina.
BOGOTÁ, 20/07/2013. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le reiteró al Gobierno la necesidad de instaurar un diálogo social nacional que incluya voceros del paro en la región de Catatumbo y del paro de los pequeños mineros, y respaldó las propuestas expresadas por los campesinos para la solución de la crisis social en Catatumbo.
Del mismo modo, el congresista manifestó su solidaridad con el senador Jorge Enrique Robledo por los señalamientos de que ha sido víctima en las últimas horas, y ratificó que la respuesta del Gobierno a las protestas no puede ser estigmatizar a los campesinos y a los miembros de la oposición que los defienden. Recalcó que lo que se requiere es buscar salidas conjuntas a la problemática y atender las necesidades que tienen estas poblaciones en materia de inversión en programas de desarrollo, infraestructura, educación y salud.
Entre las iniciativas presentadas al Gobierno por parte de las organizaciones campesinas de Catatumbo, está declarar el estado de emergencia social en la región, conforme al artículo 215 de la Constitución, con el objetivo de permitir que se tomen las medidas necesarias para superar las condiciones sociales que originan la movilización.
Los campesinos también ofrecen permitir el acceso de caravanas humanitarias para el abastecimiento a las comunidades de la zona de los elementos básicos de alimentos y salud, y el restablecimiento de la actividad comercial. Esto, bajo la exigencia de que se desplace una comisión del Gobierno de alto nivel con la cual se pueda establecer un cronograma de trabajo con miras a la declaración de la zona de reserva campesina.
Finalmente, solicitan que se cree un plan gradual de sustitución de cultivos de uso ilícito y se ofrezcan garantías jurídicas a los participantes de la movilización.
OFICINA DE PRENSA
Cepeda propone mesa de concertación nacional para buscar solución a crisis social
A raíz de las movilizaciones y paros de los sectores agrario y minero que se vienen produciendo en todo el país, el representante Iván Cepeda le planteó al Gobierno que cree una mesa nacional para el diálogo social, donde se sienten delegados de las organizaciones que componen las protestas y delegados del Ejecutivo, con el fin de encontrar soluciones concretas y viables.
BOGOTÁ, 18/07/2013. El representante ala Cámara, Iván Cepeda Castro, señaló que para resolver la difícil situación humanitaria y social que se viene presentando en todo el país como consecuencia de las políticas que afectan al sector agrario y a los pequeños mineros, el Gobierno Nacional debe instaurar un diálogo social nacional que incluya voceros del paro en la región de Catatumbo, voceros del paro minero y de otros sectores inconformes, de manera paralela a las conversaciones de paz en La Habana.
“No basta con un diálogo en La Habana, es necesario un diálogo social paralelo como se ha vivido en otros procesos de paz, como es el caso de Irlanda del Norte. Al tiempo que se habla con los actores armados para la terminación del conflicto, se tiene que dialogar con las comunidades afectadas por la desigualdad, la pobreza y el olvido estatal en las regiones apartadas del país”, precisó Cepeda.
El congresista advirtió que la respuesta del Gobierno a las protestas no puede ser la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza, sino que debe ser la atención a las necesidades que tienen estas poblaciones en materia de inversión en programas de desarrollo, infraestructura, educación y salud.
Para el representante, la mesa nacional para el diálogo social debe empezar por tratar las problemáticas agraria y minera, y luego extenderse a otros aspectos que afligen a muchas otras comunidades rurales.
OFICINA DE PRENSA
Iván Cepeda celebra devolución de personería jurídica a la UP
BOGOTÁ, 09/07/2013. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica UP, Manuel Cepeda, afirmó que el fallo del Consejo de Estado que le devuelve la personería jurídica a ese partido político es un gesto trascendental de justicia y de reparación para las víctimas de la violencia política en el país.
No obstante, afirmó que se trata "apenas de la cuota inicial de lo que debe ser una verdadera reparación política, pues no basta solamente con devolver una personería jurídica, sino que es necesario rodear con garantías a los miembros de este movimiento que fue sometido a un genocidio”.
Para Cepeda, el paso siguiente a la decisión del Consejo de Estado, debe darse por parte de la justicia ordinaria, en cuanto debe reconocerse que tal genocidio existió y consecuencia del mismo fue la pérdida de la personería del partido.
Del mismo modo, el representante y también copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, expresó que este nuevo escenario se convierte en un mensaje para la mesa de negociación de La Habana, donde se está discutiendo el punto referente a la participación política, con miras a un Acuerdo que ponga fin al conflicto.
“Este nuevo hecho en la historia del país debe llevar una reflexión profunda a la mesa de negociación entre Gobierno y Farc, en el sentido de que los movimientos políticos que surjan de un eventual proceso de paz no pueden contar con la misma suerte que corrió la UP. Deben darse garantías plenas para la participación política y la democracia en Colombia”, enfatizó el congresista.
Cepeda hizo un llamado a la Unión Patriótica para que se una a otras fuerzas de izquierda, tal como lo ha venido proponiendo el congresista en diversas instancias, y felicitó a sus miembros y sobrevivientes, “quienes con un inmenso esfuerzo lograron que hoy comience un proceso de reparación colectiva y política inédito en la historia del país”.
RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO
PRIMER
SEMESTRE 2013
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
LOGROS
EN LAS COMISIONES DE PAZ Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Segunda ronda de Mesas Regionales para contribuir a la
terminación del conflicto: Derechos de las víctimas. 10 de mayo al 13 de julio
de 2013
Después de la primera etapa llevada a cabo en 2012, desde la
copresidencia de la Comisión
de Paz de la Cámara ,
impulsamos la segunda ronda de Mesas de Trabajo Regionales por la Paz , en 9 ciudades del país,
en las que se busca una participación de cerca de 3 mil personas y la
representación de 1.300 organizaciones de los 32 departamentos del país, como
una iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes.
Las Mesas cuentan con el apoyo técnico y metodológico de Naciones Unidas
Colombia.
Las propuestas sistematizadas sobre los derechos de las
víctimas, serán entregadas a la
Mesa de Conversaciones Gobierno y las Farc que sesiona en La Habana.
Dentro de las innumerables propuestas presentadas, los
ciudadanos han pedido crear una Comisión de la verdad sobre la violencia desde
1945, en la que los agentes e instituciones del Estado y todos los grupos
armado entreguen la verdad sobre su responsabilidad por acción u omisión en
crímenes cometidos, sin excepción. Dicha comisión también debe contar con el
esclarecimiento de la verdad y la reparación por parte de empresas nacionales y
extranjeras que financiaron el conflicto, y fortalecer la participación
política de las víctimas. Tales son apenas algunas entre miles de iniciativas
entregadas.
Encuentro de directores y editores de
medios colombianos: cómo abordar los desafíos de la cobertura del proceso de
paz y del debate político con miras a las elecciones de 2014
Desde la copresidencia de la Comisión de Paz de la Cámara , participamos en
este encuentro y expresamos nuestra preocupación por el bajo cubrimiento y
producción de programas, frente a los temas que tienen que ver con la paz, las
víctimas y la memoria histórica. Expusimos que existen claros ejemplos de lo
rentable o exitoso que puede resultar en términos de rating el cubrimiento de
temas de interés nacional como la paz o la lucha contra la corrupción, con un
enfoque más investigativo y profundo. Las demandas del público no son
independientes de lo que los medios produzcan, por el contrario, los contenidos
ofrecidos puede transformar y cualificar las demandas ciudadanas y generar una
presión por mejores contenidos.
Comisión Especial de mediación en crisis humanitaria en el
Catatumbo
La mesa directiva de la Cámara de Representantes y la Comisión de Paz de esa
Corporación autorizaron la conformación de una Comisión Especial de Seguimiento
a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, con el fin de mediar para
implementar una mesa de diálogo con Gobierno Nacional, en la cual se pudieran
encontrar salidas a la grave situación que actualmente viven más de 7 mil
campesinos en esa zona del país.
Seguimiento a la crisis carcelaria: petición a
Con motivo de la discusión del proyecto de Reforma al Código
Penitenciario y Carcelario en el Congreso, le solicitamos a la Corte Constitucional
que, así como en 1998, declare el estado de cosas inconstitucional e inicie un
proceso especial de seguimiento de tutela, como mecanismo idóneo para
garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a las personas detenidas.
Junto al representante legal de la ONG Fundación de
Solidaridad con los Presos Políticos, le pedimos a los Magistrados del Alto
Tribunal, que estudien la posibilidad de declarar abierto un procedimiento de
Seguimiento Especial de Tutela, debido a la grave situación que tienen que
padecer más de 117.015 personas que se encuentran recluidas en las cárceles y
penitenciarías, así como las personas aglutinadas en centros transitorios de
detención.
Reiteramos que está demostrada la condición de crisis de tipo
estructural y sistémica, relacionada con la ausencia de políticas públicas
idóneas y eficaces para la prevención y atención de la problemática del sistema
carcelario y de la política criminal colombiana, la cual configura nuevamente,
al igual que en 1998, un estado de cosas inconstitucional.
Recordamos que según cifras entregadas por el Inpec en abril de
2013, el hacinamiento era del 261.3% en Valledupar, en la cárcel de Riohacha
del 398%, Santa Marta 242.3%, en la cárcel de Bucaramanga del 144.7%, Cali
243%, Bellavista 197.8%, Itagüí 127.1%, y en La Modelo de Bogotá del
104.7%.
Seguimiento a denuncias por amenazas a líderes de restitución de tierras en Montes de María, Sur de Bolívar y Cesar
A raíz de los hechos de
violencia en los que resultó asesinado el hijo de un reclamante de tierras en
El Carmen de Bolívar, el plan develado para asesinar al defensor de derechos
humanos Juan David Díaz, y las agresiones sufridas por las comunidades de
Las Pavas (Sur de Bolívar) y Bellacruz (Cesar), por parte de civiles
armados, expresamos que no se puede seguir afirmando que estos son hechos
aislados, y que, por el contrario, obedecen a una especie de cadena criminal,
de la cual hacen parte los denominados ejércitos antirrestitución.
Dijimos que la primera
medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen
estructuras paramilitares que están haciendo de guardianes de las tierras
despojadas, que ejercen persecución a reclamantes de tierras o personas que ya
han sido restituidas, especialmente en la Costa Atlántica.
Con respecto a los
Departamentos de Seguridad, autorizados por la Superintendencia
de Vigilancia, advertimos que “estamos volviendo al tiempo de las ‘Convivir’.
Estos Departamentos son organizaciones de carácter privado que asumen funciones
y se toman atribuciones de Fuerza Pública, en el caso de las Pavas, con el
objeto de reprimir y hostigar a comunidades que están en sitios donde el
Incoder permitió su permanencia”.
Por lo anterior,
requerimos una respuesta urgente del Superintendente de Vigilancia sobre si se
está legalizando el paramilitarismo nuevamente, bajo esta figura de
Departamentos de Seguridad.
PROYECTOS
DE LEY E INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO:
APROBACIÓN
DEL PROYECTO EN HOMENAJE AL ALCALDE DE EL ROBLE EUDALDO DÍAZ
Con ponencia del representante Iván Cepeda, el Congreso aprobó
en último debate una iniciativa que instituye el Día Nacional del Alcalde, y
establece la construcción de un monumento en el municipio de El Roble (Sucre),
en homenaje al alcalde Eudaldo “Tito” Díaz Salgado, asesinado por paramilitares
en cumplimiento de sus funciones.
Expresamos nuestro beneplácito por la aprobación de este
proyecto que crea incentivos para los alcaldes y reconoce su labor en medio del
conflicto armado. Entre lo estipulado en la ley, se encuentra un monumento en
homenaje a Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble (Sucre), asesinado el 10 de abril
de 2003, a
manos de grupos paramilitares.
“Este proyecto va dedicado a todos los alcaldes del país que con
dignidad y valentía han ejercido la función pública en contra de las
estructuras armadas y la corrupción que imperan en las regiones, como es el
caso de Eudaldo Díaz’”.
La iniciativa declara el 13 de marzo como el Día Nacional del
Alcalde y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de la Escuela de Administración
Pública ESAP, se otorgue una beca para los mejores Alcaldes de cada año, uno
por departamento, para cursar una especialización en Administración Pública.
APROBACIÓN
EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL
CONFLICTO ARMADO
El proyecto de ley 037 de 2012
Cámara, de autoría Ángela Robledo
e Iván Cepeda, aprobado por la Plenaria de Cámara,
pretende reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso
efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en
el contexto del conflicto armado.
A partir de esta ley, se reconocería que cuando un hecho de
violencia sexual ocurre de manera sistemática o generalizada por parte de los
actores del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad.
El proyecto propone la adopción de una serie de
disposiciones que tienen que ver con el tratamiento jurídico de los delitos
de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de
investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y
la eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas
administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a
su formación, integridad y libertad sexuales.
PROPUESTA DE REFORMA AL RÉGIMEN SALARIAL DE CONGRESISTAS
A través de una carta, le solicitamos al Gobierno Nacional que
presente un proyecto de ley para modificar la ley 4ª de 1992, en el sentido de
ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los
montos de los salarios y de los privilegios prestacionales sin afectar los
derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos.
Consideramos que no sólo el régimen pensional, sino también el
régimen salarial y prestacional de los congresistas riñe con el derecho a la
igualdad, y establece beneficios y prerrogativas desproporcionadas e
inequitativas en relación con la realidad de la mayoría de servidores públicos
y empleados del país. Por lo anterior, creemos que se debe ajustar el régimen
salarial y prestacional de los congresistas, fijando un monto máximo razonable
para su determinación, y que permita, de manera excepcional, su reducción, sin
que con esto se afecten derechos salariales y prestacionales o las escalas
salariales de otros servidores públicos.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE REFORMA
AL CÓDIGO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
Para la discusión de este proyecto radicamos 31 proposiciones
que buscaban, entre otros aspectos, eliminar el artículo 25 que permitía la
vigilancia privada en las cárceles. Finalmente, logramos la modificación de
este artículo para que se refuerce el cuerpo de guardines del Inpec. La mayoría
de las proposiciones fueron producto de las propuestas entregadas por los
internos en la pasada audiencia virtual con 11 cárceles del país.
Conseguimos la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos
para el Sistema Carcelario, que busca hacer seguimiento al respeto de los
derechos humanos de los presos y una intervención efectiva de los órganos de
control al sistema carcelario. El Plan establece instancias y mecanismos de
observación permanente que impidan los constantes ultrajes que se presentan.
Ante la ausencia de un enfoque de género en el actual reglamento
carcelario, formulamos una proposición en el sentido de incluirlo, tal como lo
plantearon las mujeres internas en cárceles como la Jamundí y El Buen Pastor
de Bogotá, en la audiencia virtual realizada por iniciativa nuestra. Este punto
fue aprobado.
Propusimos que el Ministerio de Trabajo emita un Documento Marco
para la formalización del trabajo en las cárceles y se garantice la protección
social de los internos que cumplen con jornadas laborales, donde se fijen el
régimen salarial, las condiciones mínimas de seguridad industrial y otras que
garanticen la vigencia de las normas de derechos humanos, laborales y los
acuerdos con la OIT.
En ese sentido, logramos que se aumente el porcentaje de puestos
de trabajo y de educación que el Estado debe garantizar a las personas
detenidas.
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE AMPLIACIÓN DEL FUERO
PENAL MILITAR
En la primera fase de esta discusión, lideramos la demanda de
inconstitucionalidad del Acto Legislativo que amplió el Fuero Penal Militar. De
igual forma, nos opusimos a la aprobación de la Ley Estatutaria de
Ampliación del Fuero Penal Militar y como bancada presentamos ponencia de
archivo. Suscribimos 28 proposiciones con miras a eliminar y modificar los
puntos que consideramos en contra del Estatuto de Roma y del Derecho
Internacional Humanitario. Luego de su aprobación, anunciamos el inicio de una
intervención ciudadana ante la Corte Constitucional.
Argumentamos que dicha norma es un paso atrás para lograr la
justicia en Colombia, y que el Congreso, al aprobar la reforma de la justicia
militar, está yendo en contra de las víctimas, cuando su tarea debería ser
legislar a favor de ellas. Para dar pie a la aplicación del “blanco legítimo”,
el artículo 11, estipula la participación directa y permite que se dé por
hecho, sin proceso judicial, el apoyo a un grupo armado por parte de un civil.
El artículo 35 de la
Ley Estatutaria que estipula que el “error invencible” será
causal de exoneración en crímenes de lesa humanidad. Esta teoría del error invencible
no puede ser causal de exoneración en crímenes de lesa humanidad.
Dejamos claro que la ampliación del fuero penal
militar no solo abre la posibilidad de impunidad en hechos criminales cometidos
por miembros de la
Fuerza Pública. Es además un poderoso aliciente para nuevas y
masivas violaciones de derechos humanos.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA DE
SALUD
Con relación a este
proyecto aprobado por el Congreso, advertimos que dicha iniciativa no solo
preserva, sino que además privilegia el interés de agentes privados que
pretenden hacer lucrativos negocios con la salud. Insistimos en que el proyecto
en realidad no elimina a las EPS sino que las transforma, pues conserva la
existencia de un agente, que bajo la denominación de gestores (que es como
ahora se les llamaría a las EPS), puede autorizar o negar el pago de recursos
de Salud Mía (el fondo único de afiliación y pagos que ahora pasa a administrar
el Estado) a los prestadores (hospitales, clínicas, médicos independientes), de
modo tal que los recursos de los subfondos asignados a cada gestor que al final
del año no se hayan autorizado pagar se convierten en sus utilidades. De esta
forma se crea un incentivo para que entre menos pagos a autoricen los gestores
más se incrementarán sus ganancias: la reforma, por ende, no elimina la
intermediación, sino que antes bien, mantiene el rol de unos agentes privados
cuyo ganancia depende de contener costos, lo cual finalmente va en detrimento
de la salud de los pacientes y de la sostenibilidad financiera de los
prestadores.
Señalamos que, contrario
a lo que piensa el gobierno, la sostenibilidad financiera del sistema no
depende de la existencia de un agente intermediador que se pueda lucrar con la
contención de costos. Puede haber otros remedios (como es el caso de la
veeduría ciudadana o de la creación de auditoría conformadas por distintos
agentes del sistema e interventores independientes como las universidades) para
garantizar que los prestadores cobren lo justo y que el sistema sea sostenible
financieramente, sin sacrificar la salud de la población por asegurar la
ganancia de unos agentes privados en el sistema.
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:
En esta legislatura,
llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la Comisión Segunda
y la Plenaria
de la Cámara :
1. Debate: Apocalipsis
Minero
Después de cuatro
aplazamientos, llevamos a cabo el debate de control político sobre la actividad
minera de empresas trasnacionales en Colombia, en el que entregamos cifras y
pruebas documentales sobre el favorecimiento desmedido a las mineras
trasnacionales en contra de los derechos de las comunidades en donde existen
recursos minerales. .
Les pedimos a los
ministros de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y de Minas, Federico Renjifo, tomar
medidas urgentes sobre la grave situación que se vive en cuatros regiones del
país, a raíz de la exploración o la extracción de oro y carbón por parte de
reconocidas empresas transnacionales. Los casos que expusimos como graves por
el impacto de la locomotora minera son: el proyecto de explotación de oro de la
mina La Colosa
en Cajamarca (Tolima), la extinción de la pequeña minería en Sur de Bolívar, el
desplazamiento por contaminación de tres poblaciones en Cesar y los estragos de
la minería ilegal y negación de títulos a las comunidades de Cocomopoca en
Chocó.
Por lo anterior,
propusimos y se aprobó la creación de una Comisión Legislativa Especial de
Seguimiento a la
Política Minera , que verifique los impactos de la gran
minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.
Las
estrategias irregulares de AngloGold Ashanti
En concreto, al ministro
de Minas le solicitamos utilizar los mecanismos legales con los que cuenta el
Gobierno Nacional para suspender la actividad minera de AngloGold o declarar la
caducidad de los títulos que están ubicados en zonas excluidas de la minería,
los que se han concedido sin el cumplimiento de la consulta previa, los que
tienen obligaciones fiscales pendientes, y los que se hayan concedido sin
respetar la normatividad ambiental y el principio de precaución ante la
inminencia de daños irreparables sobre los ecosistemas del país.
Entre las
irregularidades se cuenta la captación de títulos mineros a través de personas
naturales como Santiago Uribe Vélez, Héctor Vargas Cuervo y Mónica María Uribe
Pérez, entre otros, quienes obtienen los títulos y luego los ceden a AngloGold.
Consideramos que la AngloGold no le está
jugando limpio al país, al no registrar la totalidad de empresas que conforman
su grupo empresarial, lo que conlleva infracciones a la legislación comercial,
y puede llegar a constituir un monopolio en la explotación de oro. Algunas de
las empresas controladas no declaradas son: Chocó Colombia SAS, Gramalote y
Quebradota, comparten representantes legales y los datos de contacto.
Tienen títulos en
parques naturales y actividades de exploración en zonas de reserva sin haber
solicitado la sustracción, cuentas por pagar de $2.661 millones por canon
superficiario en 2011, e incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor
de $7.002 millones acumuladas hasta 2013.
De acuerdo con
información de Ingeominas consultada en 2011, en el Chocó, al menos 17 títulos
mineros fueron concedidos a Santiago Uribe en conjunto con Aníbal Gaviria, la AngloGold y otros. 15 de
esos títulos fueron concedidos cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de
Colombia, y 5 cuando el hoy alcalde de Medellín Aníbal Gaviria era Gobernador
de Antioquia, es decir, el directo responsable de la Secretaría de Minas de la Gobernación , entidad
que para la fecha concedía los títulos mineros. Hoy 14 permanecen a nombre de la AngloGold y de
Exploraciones Chocó.
2.
Primera audiencia virtual con internos de
las cárceles sobre Reforma al Código Carcelario
Por iniciativa nuestra, la Comisión Segunda
de la Cámara
adelantó la primera videoconferencia con representantes de los internos de 9
cárceles del país para escuchar sus propuestas al proyecto de Reforma al Código
Penitenciario y Carcelario que se discute en el Congreso. La sesión tuvo lugar
en el Centro Estratégico de Información Penitenciaria del Inpec.
Desde la cárcel de
Cómbita (Boyacá), los internos propusieron que los descuentos de las penas por
actividades de trabajo o estudio, se calculen por días y no por horas, como se
hace actualmente.
Pidieron que se convoque
una mesa de trabajo con todas las instituciones del Estado, la academia y
sectores sociales, en la cual se puedan concertar los cambios que requiere la Reforma ,
Los reclusos de la
cárcel de La Dorada
(Caldas), insistieron en la necesidad de que se haga una reclasificación de las
cárceles, creando centros para la detención preventiva, y penitenciarías por el
tipo de condena, es decir de alta, media y baja. También solicitaron que en la
clasificación de presos por pabellones y patios se tengan en cuenta las edades
y la situación especial de cada interno. En este sentido, indicaron que tener
juntos en un mismo patio a miembros de diferentes grupos armados ha sido un
factor que aumenta la violencia dentro de los centros de reclusión.
Por su parte, los presos
de la cárcel Picaleña (Ibagué) señalaron que, en lugar de la construcción de
más cárceles, se necesitan reformas operativas, de infraestructura, logísticas
y más presupuesto para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios.
Las internas de la
cárcel de Jamundí (Valle), aseguraron que cualquier Reforma al Sistema
Carcelario debe contener el diseño de un nuevo reglamento con perspectiva de
género.
De la misma forma,
instaron a los Ministerios de Justicia y de Salud para que se cree un sistema
integral de salud a cargo Inpec, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y
con la implementación de un área de sanidad en las principales prisiones.
Desde la cárcel La Picota (Bogotá), los
reclusos señalaron que el aumento de penas no garantiza la disminución del
delito y que se debe replantear la tasación de las penas.
Pidieron mejoras en la
calidad de la comida que les suministran en los centros de reclusión y que se
fortalezcan los lazos con sus familias mejorando las condiciones y periodicidad
de las visitas, pues consideran que este factor es determinante en su
resocialización.
A la
conferencia virtual, que se desarrolló como debate de control político de la Comisión Segunda
de Cámara, asistieron la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella
Correa, y el director del Inpec, Gustavo Adolfo Ricaurte. Como invitados
estuvieron el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, los ponentes del
proyecto de Reforma al Código Carcelario, los integrantes de la Comisión de Seguimiento
al Sistema Penitenciario y Carcelario, y representantes de las ONG Fundación de
Solidaridad con los Presos Políticos y Lazos de Dignidad.
SEGUIMIENTO
A INVESTIGACIONES
Solicitud
de control fiscal excepcional a concesiones de chance en la Costa
En proposición aprobada
por unanimidad por la
Comisión Segunda de la Cámara , le solicitamos a la Contralora de la República , Sandra
Morelli, ejercer el control excepcional sobre los contratos de concesión de
apuestas en los departamentos de Sucre, Magdalena, César, Atlántico, Bolívar,
Córdoba y Guajira, con el fin de establecer si Enilce López alias
‘La Gata’, condenada por concierto para delinquir por nexos con grupos
paramilitares, es titular de alguna de dichas licencias.
A esta solicitud
recibimos respuesta afirmativa de la Contraloría , en la cual se comisiona a la Contraloría Delegada
para el Sector Social, el proceso auditor y las indagaciones preliminares a que
haya lugar.
Del mismo modo, le
solicitamos al presidente Juan Manuel Santos que ordenara el retiro de una
valla que publicita a Enilse López alias ‘La Gata’, condenada por
paramilitarismo y homicidio, en una de las entradas de El Carmen de Bolívar.
Pudimos constatar la existencia de esta y otras vallas iguales en otros de Bolívar,
Sucre y Atlántico.
Casos
de restitución de tierras
Con el compromiso de
acompañar a las comunidades que han decido reclamar las tierras de las que han
sido despojadas, hemos acompañado a las comunidades de Las Pavas (Bolívar),
Bellacruz (Cesar), El Prado (Cesar), Mechoacán (Cesar), El Porvenir (Meta),
Pitalito (Cesar) y otros, en la lucha por el restablecimiento de sus derechos.
Tal y como lo
manifestamos desde 2011, en Bellacruz existe una indebida apropiación de
baldíos a manos del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria , que el Estado debe
recuperar, así lo confirmó el Incoder a través de resolución del 1 de abril de
2013.
OTRAS
ACTIVIDADES
Visita de Misión
Internacional de expertos en justicia para las víctimas de violencia sexual
Con la presencia de
reconocidos expertos internacionales que han conocido casos como los de la
dictadura argentina y la guerra en la exyugoslavia, se desarrolló el Foro
Internacional sobre los avances, retos y obstáculos en el acceso a la justicia
para las víctimas de violencia sexual, liderado por los representantes a la Cámara Iván Cepeda y
Ángela Robledo.
En este foro
participaron: Daniela Kravetz, abogada de la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia, Hugo Relva, exconsultor de la International Coalition
for the International Criminal Court, actualmente es consejero Jurídico de
Amnistía Internacional en su Secretariado Internacional, María Guadalupe Ramos,
abogada y activista, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de
los Derechos de la Mujer
(CLADEM) en Jalisco, Omar Palermo, Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia de Mendoza (Argentina), ex Fiscal Federal de Mendoza, desde donde
investigó delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura en Argentina.
PRONUNCIAMIENTO
Iván Cepeda invita a
líderes de izquierda a conformar poderosa alianza
A través de una carta
dirigida a Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo, al senador
Jorge Enrique Robledo, a Piedad Córdoba, miembro del movimiento Marcha
Patriótica, a Carlos Lozano, vocero del Partido Comunista, y a Antonio Navarro,
vocero del Movimiento Progresistas, invitamos a los cinco líderes de izquierda
más representativos del país, y a otras fuerzas democráticas, para que integren
una sólida alianza que les permita enfrentarse a lo que el congresista llama
“la transición política hacia la Paz y hacia la Democracia ”.
A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA :
Bogotá
D.C., 12 de junio de 2013.
Respetadas
y respetados:
CLARA
LÓPEZ OBREGÓN
Polo
Democrático Alternativo
JORGE
ENRIQUE ROBLEDO
Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario
PIEDAD
CÓRDOBA RUIZ
Marcha
Patriótica
CARLOS
LOZANO GUILLÉN
Partido
Comunista Colombiano
ANTONIO
NAVARRO WOLFF
Movimiento
Progresistas
Apreciados
amigos:
La
perspectiva de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia pone a
todas las fuerzas políticas –incluidas a las de la izquierda- ante una
situación de carácter inédito. Se trata del comienzo de una coyuntura en la que
puedan resolverse contradicciones y atrasos estructurales, y fundar una nueva
forma de tramitar los conflictos. Es la oportunidad de una transición en la que
se pueda no solo pasar de la guerra a la paz, sino al mismo tiempo, pasar de la
democracia formal y débil a la democracia real. Democracia en la que se elimine
el crimen político, en la que las mayorías excluidas tengan actuación y poder,
en la que desaparezca el abismo entre el mundo rural y el urbano, en la que se
genere una estrategia socioeconómica que elimine la desigualdad, la pobreza y
la miseria, rasgos vergonzosos de nuestra estructura social. Democracia en la
que se universalicen las libertades políticas y los derechos civiles.
Sabemos
bien que la construcción de esa doble transición no estará dada con la sola
firma de un pacto de paz, como resultado de las conversaciones en La Habana. Ese momento
será apenas el comienzo de un intenso y dinámico periodo en el que tendrán que
ocurrir cambios sustanciales en la política nacional, en especial, en los
territorios en donde se ha desarrollado el conflicto armado, y en aquellos en
donde no impera el Estado de derecho, sino estructuras criminales
institucionalizadas. De llegar a esa coyuntura, las fuerzas de la ultraderecha
intentarán volver a sembrar la discordia, y los círculos de poder tradicionales
buscarán aplicar la divisa: “que todo cambie para que todo siga igual”. Solo
una poderosa confluencia de los sectores políticos de la izquierda, de los
movimientos sociales y de las fuerzas democráticas podrá garantizar que se
echen los cimientos de la paz y que la transición concluya en un nuevo estado
de cosas que haga del fin de la guerra un hecho irreversible. Esto significa
que la transición puede conducir a la reproducción de un régimen de reformismo
conservador autoritario o a la apertura democrática con cambios estructurales.
Hacia dónde se orientará el país dependerá de las decisiones de los tres
principales campos del mundo político colombiano: la extrema derecha, la
llamada Unidad Nacional y la izquierda social y política.
Desde
este planteamiento fundamental, las y los invito a la reflexión: la unidad de
la izquierda no es solo un asunto de táctica electoral hoy, por encima de todo
es un imperativo histórico. Es una de las condiciones fundamentales para que
Colombia haga una transición política de doble carácter hacia la Paz y hacia la Democracia. Si se
llega a un acuerdo para la terminación de la guerra, la fase inicial de esa
transición ocurrirá en el periodo 2014 – 2018.
Nuestra
responsabilidad ante el futuro de la
Nación consiste en forjar una coalición pluralista que
exprese a todas las fuerzas proclives a la Paz y a la Democracia , y que evite que de nuevo se
desperdicie la oportunidad de un cambio esencial.
Mi
llamado a ustedes es a que, sin renunciar a sus respectivas identidades
políticas y a su legado personal y colectivo, se deponga cualquier clase de
diferencias que siempre serán menores al imperativo histórico que implica
generar las condiciones fundantes de una transformación que supere las causas
del conflicto armado.
Sé
que ustedes, y las colectividades que representan, en diversos contextos han
afirmado su disposición para trabajar en la conformación de la alianza de la
izquierda y los sectores democráticos que requiere Colombia. Es el
momento de una poderosa convergencia de izquierda. Las y los insto a que demos
ese paso definitivo.
Atentamente,
Iván
Cepeda Castro
Representante
a la Cámara
COLUMNA DE OPINIÓN
El Tiempo
17 de junio de 2013
Política carcelaria y dignidad humana
El infierno carcelario
no proviene solo del hacinamiento provocado por la política criminal
irreflexiva y por el llamado "populismo punitivo" ejercido desde el
poder legislativo. Esas son las causas de muchas problemáticas, pero también
son sus consecuencias. Está demostrada la condición catastrófica de tipo
estructural, relacionada con la ausencia de políticas públicas idóneas y
eficaces para la prevención y atención del sistema carcelario y de la política
criminal colombiana, la cual configura nuevamente, al igual que en 1998, un
estado de cosas inconstitucional.
Teniendo en cuenta esto,
la Reforma al
Código Penitenciario y Carcelario debe considerar cuatro factores determinantes
para solucionar la problemática multidimensional de las cárceles. Primero,
incluir un sistema de respeto de los derechos humanos de los presos y una
efectiva labor de los órganos de control al sistema carcelario. Se debiera
crear un sistema de controles internos, pero también instancias y mecanismos de
observación permanente que impidan los constantes ultrajes que se presentan.
Segundo, un fuerte
componente de estímulo al estudio y al trabajo en los centros de reclusión, con
programas que estén ajustados a la normatividad de la OIT , con el acompañamiento de
entidades como el SENA, y con total cobertura de la población carcelaria. No es
retórico decir que el estudio y el trabajo como mecanismos de redención de las
penas y de las personas pueden generar una vida radicalmente distinta en las
cárceles, como lo muestra la experiencia de la Cárcel Distrital
de Bogotá. En materia de la prestación del servicio de salud, urge que se cree
un régimen especial, acorde con la situación especial, riesgos y morbilidad de
los internos en condiciones de extremo hacinamiento.
El tercer aspecto es la
depuración de la estructura administrativa y de vigilancia en las cárceles, sin
hacerle concesiones a la privatización del sistema -como se plantea en el
proyecto de la Reforma-,
pues se estaría violando el principio de responsabilidad estatal sobre la
privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le
pueden confiar a particulares, ni a la lógica de concebir las cárceles como
mercancías.
Y por supuesto, en ese
contexto amplio, se debe revisar la política criminal, en el sentido de poner
límites al populismo punitivo, incluso revisar lo que ya se ha legislado al
respecto. Sin provocar excarcelaciones masivas, se requiere crear un sistema
eficiente que permita la descongestión judicial de las cárceles y ver la
condición particular de los internos que tienen delitos que podrían buscar
alternatividad penal.
Por eso, aquí el
problema no es solo entre justicia e impunidad, el problema, desde una
perspectiva de derechos humanos, es cómo hacer que se respete la dignidad
humana.
ENTREVISTA
Iván Cepeda y su sueño de una izquierda unida
El Espectador
Por: Camila Zuluaga
24 de junio de 2013
“Reapertura de ventanilla para títulos mineros será una piñata para transnacionales”: Cepeda
El representante Iván Cepeda advirtió que con la puesta en marcha del sistema para recibir las solicitudes de nuevos títulos mineros, el Gobierno Nacional está abriendo una puerta para que continúe la feria de concesiones que inició en el gobierno anterior, en la cual se beneficiaron Santiago Uribe y otros zares de títulos, que luego los cedieron a trasnacionales como AngloGold Ashanti. Del mismo modo, indicó que existe alto riesgo de que se sigan otorgando títulos en zonas excluidas de la minería, sin el cumplimiento de la consulta previa, o sin respetar la normatividad ambiental.
BOGOTÁ, 02/07/2013. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, rechazó la reapertura por parte del Gobierno Nacional, de la ventanilla para recibir nuevas solicitudes de títulos mineros. El congresista fue enfático en recalcar que con esto se abre una puerta para que continúe la piñata de títulos mineros que se inició bajo el gobierno Uribe, con los cuales fueron beneficiados, entre otros, Santiago Uribe y otros zares de títulos que luego los cedieron a trasnacionales como AngloGold Ashanti.
El representante recordó que, tal como lo dijo en el pasado debate de control político sobre el ‘Apocalipsis minero’, las autoridades “se han hecho las de los oídos sordos ante las múltiples voces que han advertido de los peligros de permitir nuevas solicitudes de concesiones mineras. Bajo el caos actual y la desprotección de ecosistemas estratégicos como los páramos, el Gobierno, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, y de poner a consideración del Congreso un nuevo Código de Minas, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero en cualquier parte del país”.
Para Cepeda, no están dadas las condiciones para abrir de nuevo la ventanilla minera, pues no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial ambiental, lo cual debería ser una condición previa para autorizar la actividad minera. Insistió en que tampoco ha culminado la primera fase del contrato de fiscalización a los títulos existentes que la Agencia Nacional Minera suscribió con empresas privadas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, conociendo las múltiples irregularidades y el desastre ambiental que han causado empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Colombian Natural Resources.
Finalmente, el congresista señaló que en el próximo periodo legislativo se pondrá en marcha la Comisión Parlamentaria Especial de Seguimiento a la Política Minera, aprobada por el Congreso, con el fin de verificar los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.
--
OFICINA DE PRENSA
BOGOTÁ, 02/07/2013. El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, rechazó la reapertura por parte del Gobierno Nacional, de la ventanilla para recibir nuevas solicitudes de títulos mineros. El congresista fue enfático en recalcar que con esto se abre una puerta para que continúe la piñata de títulos mineros que se inició bajo el gobierno Uribe, con los cuales fueron beneficiados, entre otros, Santiago Uribe y otros zares de títulos que luego los cedieron a trasnacionales como AngloGold Ashanti.
El representante recordó que, tal como lo dijo en el pasado debate de control político sobre el ‘Apocalipsis minero’, las autoridades “se han hecho las de los oídos sordos ante las múltiples voces que han advertido de los peligros de permitir nuevas solicitudes de concesiones mineras. Bajo el caos actual y la desprotección de ecosistemas estratégicos como los páramos, el Gobierno, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, y de poner a consideración del Congreso un nuevo Código de Minas, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero en cualquier parte del país”.
Para Cepeda, no están dadas las condiciones para abrir de nuevo la ventanilla minera, pues no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial ambiental, lo cual debería ser una condición previa para autorizar la actividad minera. Insistió en que tampoco ha culminado la primera fase del contrato de fiscalización a los títulos existentes que la Agencia Nacional Minera suscribió con empresas privadas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, conociendo las múltiples irregularidades y el desastre ambiental que han causado empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Colombian Natural Resources.
Finalmente, el congresista señaló que en el próximo periodo legislativo se pondrá en marcha la Comisión Parlamentaria Especial de Seguimiento a la Política Minera, aprobada por el Congreso, con el fin de verificar los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.
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OFICINA DE PRENSA
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