1 de marzo 2011
El Representante a la Cámara Iván Cepeda deja constancia sobre el peligro de 5 puntos que contiene la iniciativa. De no ser modificados se negarían los derechos de las víctimas.
1. Sólo se reconocerían como víctimas a aquellas personas que sufrieron violación de sus derechos a partir de 1986 y para el caso del despojo a quienes fueron victimazados después de 1991. Se excluiría así, más de de 9.000 personas y se dejarían de restituir más de cien mil hectáreas de tierra.
2. A las víctimas de despojo y de abandono forzado se les negaría la entrega material de sus tierras y el retorno a cambio de una renta, privilegiando a los beneficiarios del despojo.
3. Se desconocería el fundamento y la naturaleza de las medidas de reparación, toda vez que tomaría por reparación medidas de asistencia y ayuda humanitaria.
4. El proyecto de ley olvida el carácter fundamental del derecho a la reparación al someter el efectivo cumplimiento de la ley a razones presupuestales del Estado.
5. No se reconoce el fundamento de la reparación, el cual radica en la responsabilidad del Estado.
Ante la presentación de la ponencia para tercer debate del proyecto de ley de víctimas, El Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda Castro se pronunció frente a este Proyecto de Ley, “hay cinco temas de especial gravedad que contiene la ponencia, los cuales de no ser modificados implicarían la negación de los derechos de las víctimas, por tal razón pongo en conocimiento de la opinión pública, de los ponentes y del Gobierno uno a uno los cinco puntos. Durante la presentación de este proyecto de ley y con anterioridad al mismo, he resaltado la relevancia social y política de la aprobación de una ley que garantice los derechos de las víctimas, sin embargo, no es posible respaldar una iniciativa que bajo un lenguaje de reparación persiste en la negación del derecho a una reparación integral, favorece los intereses de los beneficiarios del despojo y excluye a un sector importante de quienes han sido efectivamente victimizados”
El texto de este Proyecto fue radicado el día de hoy por los ponentes de la Comisión I de Senado, para su tercer debate. El Polo Democrático Alternativo hará todo lo posible para subsanar los problemas que presenta esta iniciativa.
A continuación se desarrollan cada uno de los cinco problemas anteriormente mencionados:
1. Negación del principio de universalidad e impulso de una lectura revisionista de la historia
El proyecto de ley al definir el universo de víctimas, lo restringe, a personas victimizadas a partir de 1986, situación que se agrava para las víctimas de despojo y de abandono forzado, pues solo se reconocerán aquellas que sufrieron la violación a sus derechos a partir de 1991.
Delimitación que contraviene el principio de universalidad, y causa un efecto revisionista sobre la memoria del país. Al desconocer la existencia de víctimas con anterioridad a 1986 se elimina simbólicamente los orígenes de la violencia sociopolítica que se vive en la actualidad, negando hechos tan importantes para la historia como son: el genocidio de la Unión Patriótica, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y las masacres fundacionales del paramilitarismo.
En términos cuantitativos, de acuerdo con las bases de datos de “Colombia Nunca Más”, iniciativa conformada por organizaciones no gubernamentales, al menos 8.959 personas que fueron victimizadas entre 1966 hasta 1985 por agentes estatales y paramilitares estarían excluidas, y en los casos de despojo de acuerdo con datos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado, al menos 102.403 ha. de tierra despojadas desde 1980 hasta 1985 quedarían en manos de sus despojadores.
2. Negación de la restitución material de la tierra, del retorno y del derecho a la restitución del patrimonio
En materia de restitución, el texto introduce en su artículo 102 el derecho de superficie sobre los predios o terrenos que sean objeto de restitución o formalización en los cuales se encuentren establecidos sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal o agroforestal y/o plantas de procesamiento y transformación de materias primas.
Su titular (el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, o los opositores de buena fe que hubieran establecido los sistemas de producción) tendría el derecho de usar, gozar y disponer de los sistemas de producción, incluyendo las plantaciones y/o construcciones que hubieran levantado sobre el predio restituido o formalizado, por un tiempo determinado, apropiándose de los frutos y productos que éstos generen, con cargo de pagar al despojado (nudo propietario) una renta o canon, y de entregar el predio una vez cumplido el plazo o la condición, junto con las construcciones y plantaciones que sobre él se hayan establecido.
De incluirse esta disposición se estarían cometiendo tres grandes errores por parte del legislador: 1. Se desconocería el derecho a la restitución, 2. Se actuaría contra el derecho de propiedad como derecho fundamental en el caso de las víctimas de despojo y de abandono forzado, la cual se encuentra ligada a otros derechos, como son la alimentación, la vivienda y la vida digna, y 3. Desde el Estado se favorecería a grandes empresarios beneficiarios del despojo, quienes mantendrían sus sistemas de producción, y en consecuencia se impediría la restitución material del bien y el retorno de la población, consolidando así, la desterritorialización del campesinado.
Adicionalmente en materia de restitución, el Senado persiste en negar el derecho a la restitución de la vivienda y el patrimonio, contenida en los principios internacionales sobre la materia1, los cuales hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, ya que como lo ha reiterado la Corte Constitucional “hacen parte del bloque de constitucionalidad, por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política”.
La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio es un asunto de justicia. Las víctimas de despojo y de abandono no solo han perdido su tierra. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “el 83% de la población desplazada inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) perdió algún bien (sin contar los muebles del hogar): el 72% animales, el 50% maquinaria y equipo, el 42% tierras, el 32% cultivos, el 24% infraestructura productiva y el 19% bienes raíces no rurales. De igual manera, el 78% de la población no inscrita en el RUPD perdió algún bien: el 63% animales, el 45% maquinaria y equipo, el 36% tierras, el 23% cultivos permanentes, el 17% bienes raíces no rurales y el 16% infraestructura productiva”2
2. Confusión de medidas
El proyecto de ley desconoce la diferencia que debe existir entre las medidas de reparación, asistencia y ayuda humanitaria, las cuales tienen naturaleza, fuente y objetivos diferentes. Se toman como medidas reparadoras medidas de asistencia (crédito, pasivos y subsidio de vivienda) y se consagra la ayuda humanitaria de la ley 418 de 1997 como indemnización administrativa. En la práctica, esta situación llevaría al absurdo de afirmar que la víctima que ha recibido un subsidio de vivienda -medida a la que puede acceder la denominada población vulnerable- ya ha sido reparada.
3. Sostenibilidad Fiscal
En el Congreso de la República se discute el acto legislativo por medio del cual se modifican los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, el cual espera elevar a rango Constitucional la sostenibilidad fiscal como principio, sujetando el accionar de todas las ramas del poder público a este fin. Acto legislativo que en nuestra consideración es inconstitucional por propender por la sustitución de la constitución, al redefinir el alcance y significado mismo del Estado Social de Derecho. Se alteraría el sistema de protección de derechos fundamentales, pues implicaría que los actos y acciones programadas deben tener respaldo en los recursos del Estado, para que ningún proyecto o decisión afecte el presupuesto nacional.
En este mismo sentido el proyecto de ley sujeta el cumplimiento de la norma a la sostenibilidad fiscal, lo que implica hacer depender el efectivo cumplimiento de la ley a razones presupuestales, olvidando incluso el carácter fundamental del derecho a la reparación, derechos que son de obligatorio e inmediato cumplimiento para el Estado Colombiano.
4. Negación del Fundamento de la reparación: responsabilidad del Estado
El Proyecto de Ley elude explicitar el fundamento de la reparación, y de forma contraria reitera la ausencia de cualquier tipo de responsabilidad por parte del Estado.
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos el Estado debe reparar a las víctimas por dos razones, cuando el Estado es responsable directo de las violaciones cometidas ya sea por acción o por omisión, es decir, cuando incumple con su obligación de respeto, que se constituye en un límite de su accionar, y la segunda, como consecuencia de su deber de garante, lo que implica una conducta gubernamental que garantice la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones cometidas.
Si bien el reconocimiento de las medidas de reparación reconocidas en la ley no significa un reconocimiento de la responsabilidad de los agentes del Estado por un daño antijurídico individual, el Estado Colombiano debe aceptar su participación en la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país. Así como su responsabilidad por las violaciones cometidas por particulares cuando el Estado no cumplió con el deber de garantía.
Negar la responsabilidad del Estado, es ética, moral, política y jurídicamente reprochable. Un primer paso para la reconciliación es aceptar que en Colombia las violaciones a los derechos humanos han sido graves, masivas y sistemáticas, y que en consecuencia el Estado debe reparar con fundamento en el no cumplimiento de sus obligaciones de protección, respeto y garantía.
El vicepresidente Angelino Garzón en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día de ayer en relación al proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras expresó: “La presentación de esta Ley refleja de manera inequívoca la voluntad política del Gobierno nacional por otorgar una mayor prioridad a las víctimas y por sancionar a los victimarios. Solo de esta forma podremos avanzar hacia un camino de perdón y reconciliación con perspectivas de paz”. En consecuencia, es necesario que dicha voluntad política se traduzca en el impulso de la adopción de medidas concretas que garanticen la efectiva restitución de las tierras y la permanencia de quienes sean restituidos en sus territorios, así como de medidas de reparación proporcionales al daño sufrido.
El Representante Iván Cepeda y el Polo Democrático Alternativo, continuará insistiendo en un proyecto de ley ajustado a los estándares internacionales en la materia y a las demandas de las víctimas.
Mayor información:
Ana Jimena Bautista Revelo
Oficina R. Iván Cepeda Castro
Cel: 3154637817
Solicitud de suspensión del senador Iván Moreno Rojas que han presentado Iván Cepeda Castro y el colectivo Vamos por los Derechos
Bogotá D. C., 1° de marzo 2011
Señoras y señores
COMISIÓN DE ÉTICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Ciudad
Ref.: Solicitud de suspensión del senador Iván Moreno Rojas
Apreciadas compañeras y apreciados compañeros:
Respetuosamente solicito a ustedes suspender en sus funciones, derechos y encargos como miembro del Polo Democrático Alternativo al senador Iván Moreno Rojas, en relación con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formularle pliego de cargos por su presunta participación en hechos de corrupción. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por los Estatutos -artículo 10- y por el artículo 25 del Código de Ética del Partido.
Esta solicitud la realizo convencido de que independientemente de los resultados de las acciones judiciales y disciplinarias que adopten las autoridades competentes, el Polo Democrático debe tomar decisiones en este momento que permitan dar garantía a la ciudadanía como salvaguarda preventiva de su recto proceder ético. Dadas las altas dignidades que ostenta el senador Moreno Rojas, tanto en el escenario nacional como en el interno, su separación temporal del Partido debe brindar transparencia en el curso del proceso y hasta el momento en el que los órganos estatales competentes tomen sus decisiones.
En este sentido, la medida de carácter ético que solicito no implica bajo ninguna circunstancia un acto de prejuzgamiento. Reclamo para el senador Moreno Rojas el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Por último, expreso la preocupación que me embarga por el notable giro que han venido tomando varias de las decisiones del Procurador General de la Nación, al extender su función de control disciplinario y llevar su campo de acción a lo penal, que es función de otras autoridades de carácter judicial.
Cordialmente,
IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo
COLECTIVO VAMOS POR LOS DERECHOS
Señoras y señores
COMISIÓN DE ÉTICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Ciudad
Ref.: Solicitud de suspensión del senador Iván Moreno Rojas
Apreciadas compañeras y apreciados compañeros:
Respetuosamente solicito a ustedes suspender en sus funciones, derechos y encargos como miembro del Polo Democrático Alternativo al senador Iván Moreno Rojas, en relación con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formularle pliego de cargos por su presunta participación en hechos de corrupción. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por los Estatutos -artículo 10- y por el artículo 25 del Código de Ética del Partido.
Esta solicitud la realizo convencido de que independientemente de los resultados de las acciones judiciales y disciplinarias que adopten las autoridades competentes, el Polo Democrático debe tomar decisiones en este momento que permitan dar garantía a la ciudadanía como salvaguarda preventiva de su recto proceder ético. Dadas las altas dignidades que ostenta el senador Moreno Rojas, tanto en el escenario nacional como en el interno, su separación temporal del Partido debe brindar transparencia en el curso del proceso y hasta el momento en el que los órganos estatales competentes tomen sus decisiones.
En este sentido, la medida de carácter ético que solicito no implica bajo ninguna circunstancia un acto de prejuzgamiento. Reclamo para el senador Moreno Rojas el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Por último, expreso la preocupación que me embarga por el notable giro que han venido tomando varias de las decisiones del Procurador General de la Nación, al extender su función de control disciplinario y llevar su campo de acción a lo penal, que es función de otras autoridades de carácter judicial.
Cordialmente,
IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo
COLECTIVO VAMOS POR LOS DERECHOS
IVÁN CEPEDA DISPUESTO A AYUDAR A RESOLVER CRISIS CAMPESINA EN TARAZÁ
El Representante a la Cámara, Iván Cepeda, expresó estar dispuesto a contribuir en la resolución de la grave crisis que se vive en la cabecera municipal de Tarazá, ocasionada por la movilización de miles de campesinos, procedentes de la zona rural de este municipio y de los de Valdivia e Ituango, en el Bajo Cauca antioqueño, que piden la suspensión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos y la reparación de los daños ocasionados por el herbicida glifosato a las siembras de pan coger.
Ante la solicitud de la organización campesina que lidera la movilización, para que participe en una eventual comisión facilitadora y de acercamiento con el gobierno, el parlamentario del Polo Democrático mostró su pleno interés y manifestó su esperanza de encontrar buena disposición por parte del Gobierno Nacional. "Toda acción que, mediante el entendimiento, permita disminuir el sufrimiento de la gente y las tensiones, será objeto de mi rotundo esfuerzo", puntualizó el representante Cepeda.
Ante la solicitud de la organización campesina que lidera la movilización, para que participe en una eventual comisión facilitadora y de acercamiento con el gobierno, el parlamentario del Polo Democrático mostró su pleno interés y manifestó su esperanza de encontrar buena disposición por parte del Gobierno Nacional. "Toda acción que, mediante el entendimiento, permita disminuir el sufrimiento de la gente y las tensiones, será objeto de mi rotundo esfuerzo", puntualizó el representante Cepeda.
IVÁN CEPEDA, CONGRESISTA MÁS DISCIPLINADO (artículo en EL NUEVO SIGLO)
Fuente: http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/30941-la-bancada-mas-disciplinada-es-la-verde-congreso-visible.html
La bancada más disciplinada es la Verde: Congreso Visible
Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00
Tanto en Cámara como en Senado votan de acuerdo con las posiciones de su colectividad.
Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO
“ES POSIBLE concluir que el Partido Verde es la colectividad más disciplinada, a pesar que a lo largo de este primer periodo haya demostrado algunas diferencias en términos programáticos, por ejemplo, en lo relacionado a la penalización de menores”, concluyeron los analistas del programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Al analizar el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, Congreso Visible aplicó el método de medición Rice (IR) y el Índice de Acuerdo Partidista (IAP). El primero toma en cuenta los votos por el “sí” o por el “no” en cada proyecto con relación al total de cada bancada; el segundo compara los votos de cada congresista con los del vocero y considera las abstenciones. En ambos casos el cálculo arroja un valor que oscila entre cero y uno; cuando el valor se acerque o sea igual a 0, el índice sugiere que el partido es indisciplinado y, por el contrario, si el índice es igual a 1 o se aproxima a este valor, quiere decir que el partido es muy disciplinado.
Según el informe, “la disciplina calculada a través del IR puede ser entendida como unanimidad, es decir, que los miembros de un partido voten del mismo modo. Pero la disciplina partidista calculada mediante el IAP difiere de la calculada mediante el IR, ya que no sólo es vista como unanimidad sino también como asistencia a las sesiones y cumplimiento de las directrices que trace el líder o los líderes de cada partido”.
La medición dio como resultado que el Partido Verde se ubica en primer lugar tanto en Senado como en Cámara, con IAP 0,78 e IR 0,92, en el primer caso, y con IAP 0,80 e IR 0,97, en el segundo; en Cámara los verdes son seguidos por el Polo Democrático (0,69/0,94) y el Partido Social de Unidad Nacional, La U (0,56/0,93), mientras que en el Senado son secundados por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira (0,68/0,93), y Cambio Radical (0,62/0,87).
En la Cámara La U, el Polo y los verdes registraron un índice Rice entre 0,9 y 1, pero “al elaborar los cálculos mediante el IAP, el Partido Verde se mantiene como el partido más disciplinado, siendo el único que registra un índice superior a 0,7, seguido por el Polo”.
“Al realizar este mismo ejercicio en el Senado, se observa que el Partido Conservador registra el IR más alto, cercano al 0.9”, anota el informe, pero, precisa, “cuando se calcula el IAP, y por ende se consideran las abstenciones y el papel de los voceros en el Senado, el índice disminuye para todos los casos” y “el Partido Verde registra el IAP más alto”.
Al aplicar el IAP individualmente a los legisladores, los congresistas más disciplinados resultaron ser de la Cámara, los primeros son Iván Cepeda, del Polo Democrático (0,91); Alfonso Prada, del Partido Verde (0,91); Telésforo Pedraza, del Partido Conservador (0,85); Guillermo Rivera, del Partido Liberal (0,82); e Iván Darío Sandoval, del Partido Liberal (0,79). Les siguen los senadores Gilma Jiménez, del Partido Verde (0,98); Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático (0,87); Efraín Cepeda, del Partido Conservador (0,85); y Álvaro Ashton, del Partido Liberal (0,85).
“La disciplina partidista se considera un factor importante para analizar la actividad legislativa ya que indica cómo actúan los partidos, las posibles divisiones al interior de los mismos y explica, en parte, el desenlace de cada una de las iniciativas de ley discutidas en el Congreso”, se lee en el informe de Congreso Visible.
“En el caso colombiano, la implementación del voto nominal obligatorio brinda la posibilidad de emplear métodos a través de los cuales es posible observar qué tan cohesionados son los partidos a la hora de votar, además de identificar los niveles de abstención y sus implicaciones”, indicó el documento.
La bancada más disciplinada es la Verde: Congreso Visible
Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00
Tanto en Cámara como en Senado votan de acuerdo con las posiciones de su colectividad.
Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO
“ES POSIBLE concluir que el Partido Verde es la colectividad más disciplinada, a pesar que a lo largo de este primer periodo haya demostrado algunas diferencias en términos programáticos, por ejemplo, en lo relacionado a la penalización de menores”, concluyeron los analistas del programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Al analizar el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, Congreso Visible aplicó el método de medición Rice (IR) y el Índice de Acuerdo Partidista (IAP). El primero toma en cuenta los votos por el “sí” o por el “no” en cada proyecto con relación al total de cada bancada; el segundo compara los votos de cada congresista con los del vocero y considera las abstenciones. En ambos casos el cálculo arroja un valor que oscila entre cero y uno; cuando el valor se acerque o sea igual a 0, el índice sugiere que el partido es indisciplinado y, por el contrario, si el índice es igual a 1 o se aproxima a este valor, quiere decir que el partido es muy disciplinado.
Según el informe, “la disciplina calculada a través del IR puede ser entendida como unanimidad, es decir, que los miembros de un partido voten del mismo modo. Pero la disciplina partidista calculada mediante el IAP difiere de la calculada mediante el IR, ya que no sólo es vista como unanimidad sino también como asistencia a las sesiones y cumplimiento de las directrices que trace el líder o los líderes de cada partido”.
La medición dio como resultado que el Partido Verde se ubica en primer lugar tanto en Senado como en Cámara, con IAP 0,78 e IR 0,92, en el primer caso, y con IAP 0,80 e IR 0,97, en el segundo; en Cámara los verdes son seguidos por el Polo Democrático (0,69/0,94) y el Partido Social de Unidad Nacional, La U (0,56/0,93), mientras que en el Senado son secundados por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira (0,68/0,93), y Cambio Radical (0,62/0,87).
En la Cámara La U, el Polo y los verdes registraron un índice Rice entre 0,9 y 1, pero “al elaborar los cálculos mediante el IAP, el Partido Verde se mantiene como el partido más disciplinado, siendo el único que registra un índice superior a 0,7, seguido por el Polo”.
“Al realizar este mismo ejercicio en el Senado, se observa que el Partido Conservador registra el IR más alto, cercano al 0.9”, anota el informe, pero, precisa, “cuando se calcula el IAP, y por ende se consideran las abstenciones y el papel de los voceros en el Senado, el índice disminuye para todos los casos” y “el Partido Verde registra el IAP más alto”.
Al aplicar el IAP individualmente a los legisladores, los congresistas más disciplinados resultaron ser de la Cámara, los primeros son Iván Cepeda, del Polo Democrático (0,91); Alfonso Prada, del Partido Verde (0,91); Telésforo Pedraza, del Partido Conservador (0,85); Guillermo Rivera, del Partido Liberal (0,82); e Iván Darío Sandoval, del Partido Liberal (0,79). Les siguen los senadores Gilma Jiménez, del Partido Verde (0,98); Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático (0,87); Efraín Cepeda, del Partido Conservador (0,85); y Álvaro Ashton, del Partido Liberal (0,85).
“La disciplina partidista se considera un factor importante para analizar la actividad legislativa ya que indica cómo actúan los partidos, las posibles divisiones al interior de los mismos y explica, en parte, el desenlace de cada una de las iniciativas de ley discutidas en el Congreso”, se lee en el informe de Congreso Visible.
“En el caso colombiano, la implementación del voto nominal obligatorio brinda la posibilidad de emplear métodos a través de los cuales es posible observar qué tan cohesionados son los partidos a la hora de votar, además de identificar los niveles de abstención y sus implicaciones”, indicó el documento.
¿RETORNO Y PERMANENCIA SIN GARANTÍAS?
Probablemente, uno de los asuntos que mayor controversia ha causado en los últimos meses en Colombia es la política de restitución de tierras. En contraste a los conatos de discusiones de carácter democrático que se han librado públicamente en torno a la ley de tierras, la reacción que ha causado en algunos sectores, vinculados a la gran propiedad de la tierra y expresada mediante diversos métodos y escenarios al país, ha sido virulenta. Durante décadas, la cuestión agraria ha permanecido de una u otra forma en el fondo de toda discusión política en Colombia. Los períodos de violencia que ha sufrido nuestro país están íntima y profundamente vinculados con los ciclos de acumulación de la tierra y los capitales vinculados a esta en muy pocas manos y representa uno de los mayores obstáculos para la maduración de la democracia y la justicia en Colombia. Los últimos años del gobierno de Uribe representan uno de los períodos más violentos del despojo de tierras. Dos entre miles de estos casos son el de la Hacienda las Pavas, en el departamento de Bolivar y los predios de El Tamarindo, en el Atlántico.
123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares. Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al INCODER la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión. No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico DAABON, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.
Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.
Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.
En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento del Atlántico, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios. En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.
Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad. Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.
Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades. Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.
IVAN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara
123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares. Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al INCODER la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión. No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico DAABON, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.
Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.
Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.
En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento del Atlántico, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios. En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.
Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad. Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.
Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades. Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.
IVAN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara
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