‘LARGE SUMS OF MONEY’

Por: Iván Cepeda Castro
“El acusado apoyó la elección presidencial de Uribe en 2002, contribuyó con grandes sumas de dinero [‘large sums of money’] para su campaña, y lo hizo porque creía que la paz era importante”.

Así figura en la transcripción oficial de la audiencia realizada en Nueva York, en donde se profirió condena de 31 años de cárcel a alias Don Berna por narcotráfico. Las palabras de la cita textual aparecen en el alegato final de la abogada de Murillo, quien presentó las consideraciones sobre elementos que debían atenuar la pena del acusado. La abogada aseguró que Murillo fue forzado a entrar en la guerra, que ayudaba a su comunidad y que era un “patriota”, pues había enfrentado a las guerrillas y apoyado la campaña de Álvaro Uribe. En el transcurso de la audiencia quedó claro que todo lo que afirmaba la abogada de Murillo contaba con su aprobación.

Estuve en la audiencia en desarrollo de las acciones del Movimiento de Víctimas. El propósito era que donde estuvieran detenidos los jefes paramilitares extraditados se produzca la intervención de las víctimas. La revelación de Don Berna pareciera anunciar las confesiones que vienen, que se comienzan a hacer porque fue traicionado el primer Pacto de Ralito: no el del proceso de desmovilización, sino el que consagraba la alianza con políticos para “refundar la patria”. Los paramilitares cumplieron: entregaron dinero y presionaron a los electores. Los políticos faltaron a su palabra. Temían que los fueran a delatar y que debieran responder por los crímenes de sus socios. La extradición se convirtió en una salida para ocultar sus responsabilidades. Pero tarde o temprano la verdad aparecerá con su contundencia.

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APARATO CRIMINAL

Por: Iván Cepeda Castro
UNO DE LOS ASPECTOS MÁS AVANZAdos de la histórica sentencia proferida por la Corte Suprema de Perú contra Alberto Fujimori es que reconoce expresamente la ejecución de crímenes de Estado que se explican “a partir de la configuración de un aparato de poder organizado en cuya cúspide se encontraba el acusado como jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional”.

A pesar de que la criminalidad estatal como parte del ejercicio del poder político ha sido un hecho frecuente en la historia, son pocos los fallos judiciales en los que se demuestra la existencia de este fenómeno. Regularmente la tesis de la conformación del Estado, o de dependencias estatales, en sistemas de terror es concebida como algo inverosímil. La denuncia sobre el diseño de planes por altos funcionarios de gobierno, e incluso por el propio jefe de Estado, cuyo propósito es la eliminación de ciudadanos, es vista como una ficción ideológica que pretende deslegitimar el poder soberano. En situaciones de violaciones generalizadas de derechos humanos la sospecha de que los máximos autores de los ilícitos están en la cima del poder es tratada como un desvarío, o como una peligrosa acusación cuyos autores deben ser reprimidos.

Las más de 700 páginas de la sentencia contra Fujimori sustentan la cadena de indicios que prueba cómo surgió el aparato criminal. Durante los años de su gobierno se produjeron cambios estructurales en instituciones del Estado peruano que tenían por finalidad adaptarlas para la perpetración de asesinatos selectivos. Los organismos de inteligencia se transformaron en entidades encargadas de espiar a los opositores políticos, y se conformó a la sombra del poder ejecutivo un grupo paramilitar que llevaba a cabo homicidios, desapariciones forzadas y masacres. Ese aparato se encargaba no sólo de perpetrar los delitos. Su función era también encubrirlos, e incluso legitimarlos socialmente por medio de condecoraciones y ascensos otorgados a los funcionarios involucrados. Dentro de esta jerarquía de poder, la responsabilidad penal de Fujimori fue la del “autor mediato”, es decir, la del encargado de utilizar su influencia para poner en marcha el dispositivo criminal, dirigirlo y contribuir a ocultar ante la opinión pública las actuaciones de las redes criminales.

Desde esta perspectiva específica la condena del ex presidente Fujimori tendrá efectos sobre el contexto colombiano. Poco a poco en Colombia se ha comenzado a reconocer la existencia de la criminalidad cometida por los agentes del Estado. Dicho reconocimiento es aún parcial y débil. No contiene todavía, en forma explícita, la aceptación de que no se trata de actos cometidos por individuos aislados, sino del funcionamiento de instituciones como aparatos criminales. Falta que aquí sean identificados por los jueces los máximos responsables de tales desviaciones de poder: los autores mediatos o directos que han propiciado en nuestro país décadas de abusos y crímenes de Estado.

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El anuncio hecho por las Farc de que liberarán en forma unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo es una nueva demostración de la legitimidad del trabajo de Colombianas y Colombianos por la Paz, liderado por la senadora Piedad Córdoba. También es el resultado de la perseverancia del profesor Gustavo Moncayo. Para que la operación humanitaria que conduzca a esta nueva liberación sea pronta y exitosa, el Gobierno debe brindar todas las garantías necesarias.

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LA NUEVA FASE DE LA ‘LIMPIEZA SOCIAL’

Por: Iván Cepeda Castro
EN MÁS DE 100 MUNICIPIOS Y 20 DE las principales ciudades del país han aparecido panfletos en los que se anuncia el regreso de la “limpieza social” contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales.

Progresivamente la lista de amenazados se amplía. Ahora incluye también a los miembros de las ‘barras bravas’, los estudiantes y profesores de colegios, así como a los líderes de organizaciones juveniles. Los comunicados afirman: “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes”. A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, considera que se trata de bandas criminales dispersas, a simple vista es notorio que en esta operación nacional se reconocen los métodos utilizados en el pasado por las estructuras paramilitares, encubiertas hoy con nuevos nombres y símbolos. El procedimiento se despliega especialmente en los barrios populares de las grandes urbes y en las zonas en las que las Auc han ejercido control. El plan busca el miedo colectivo mediante acciones en distintas fases. En un primer momento se lanza el rumor de que van a comenzar los actos de “limpieza”, luego se distribuyen los panfletos, se impone el toque de queda a partir de las diez de la noche, y se procede a realizar los asesinatos. De esta forma, muchas zonas de las principales ciudades del país viven ya sometidas a esta nueva etapa de terror social.

En Bogotá, los habitantes de nueve localidades han recibido los comunicados amenazantes. Bajo esta campaña 30 jóvenes fueron asesinados en los meses de febrero y marzo. La última semana hubo dos cortes de fluido eléctrico en algunos lugares de Ciudad Bolívar. Después del primero, en las entradas de todas las casas se hallaron los panfletos, y durante el segundo se presentó una masacre en la que murieron siete jóvenes. Los líderes locales aseguran que en muchos barrios de la capital hay situaciones similares. Su conclusión es que esa clase de acciones no las hace una banda de ladrones, sino un grupo organizado que cuenta con cuantiosos recursos.

Desde hace meses, a través de informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la gravedad de esta situación. Sin embargo, dado que esos informes no se pueden hacer públicos pues se les ha dado un carácter confidencial, determinadas autoridades impiden que se decrete la alerta temprana para prevenir los crímenes. Ante esa situación de negligencia e inoperancia, la Defensoría Pueblo debería tomar la decisión de comunicar sus informes de riesgo directamente a la opinión pública y permitir de esta forma que al menos se conozca ampliamente lo que está pasando en muchas partes del país.

La mal llamada “limpieza social” hace parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios, en los que se busca despertar en la gente del común el miedo a ultranza que conduce a toda clase de reacciones primarias. En el caso de Colombia, ese ambiente de “depuración” criminal se articula bien con la paulatina consolidación de una institucionalidad cada vez más perversa en la que todas las dependencias del poder público se funden en la voluntad del Ejecutivo. El ambiente de terror y a la vez de fascinación por la mano fuerte de un gobernante arbitrario, corresponde bien al estado anímico que buscan quienes defienden la reelección. Es el ambiente que propicia el apoyo irreflexivo de las mayorías a un poder decadente en tiempos de profunda crisis ética y económica.

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EL DERECHO A LA MÚSICA

Por: Iván Cepeda Castro
SE CUMPLEN 70 AÑOS DE VIDA DEL maestro Raúl García, defensor incansable del acceso democrático a la música clásica. Para hablar de su significativa contribución a la cultura nacional, decidí ceder en esta ocasión este espacio a David García:

“Para agasajar a Hitler el 20 de abril de 1933, en una fiesta celebrada con bombos y platillos, el dramaturgo oficial del nazismo Hanns Johst le dedicó al Führer una pieza de teatro en la cual uno de los personajes dice: ‘En cuanto oigo hablar de cultura le quito el seguro a mi (pistola) Browning’. Esta anécdota representa una actitud común a todos los regímenes totalitarios o semitotalitarios en la historia, que se han sentido amenazados por la cultura, entendida en este caso como intelectualidad, cuando ésta ha sido crítica frente al poder. En nuestra historia reciente con frecuencia hemos presenciado tales actitudes. Así ocurrió con el maestro Raúl García, fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su director durante 22 años, quien fue perseguido en medio de un proceso político en su contra.

Cuando durante la década de 1970 Raúl García fundó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la música clásica era monopolio de una pequeña élite que asistía a los conciertos del Teatro Colón. En contraste, el maestro García decidió diseñar y llevar a cabo una política cultural integral que se fundamentó en cuatro pilares: llevar la música clásica a los barrios populares, a los parques, a las escuelas y a las iglesias. La realización de una cuidadosa programación de ciclos de compositores y épocas de la historia de la música que fueron educando en el curso del tiempo el oído y la percepción estética del nuevo público. La creación del programa de televisión Música para todos, a través del cual se utilizó un lenguaje pedagógico comprensible para los televidentes de todo el país y la cualificación de la orquesta misma con la contratación de excelentes directores e instrumentistas extranjeros que impregnaron a la orquesta un alto nivel musical.

Todo esto tuvo como resultado una estrecha relación entre público y orquesta y convirtió a la Filarmónica de Bogotá en la mejor de todo el país. Quienes asistieron, por ejemplo, a los conciertos de los sábados en este período, recordarán cuando una parte del público llegó a romper las ventanas del Auditorio León de Greiff para no perderse la novena sinfonía de Beethoven bajo la conducción del director búlgaro Dimiter Manolov.

El acceso a la alta cultura en Colombia debería ser un derecho de incidencia colectiva; sin embargo, la política cultural democrática propuesta por el maestro García en aquellos años le significó un alto costo político y humano, a pesar de que los resultados positivos de semejante política saltaban, y saltan hoy, como una terca realidad a la vista de todos.

Este sábado, 21 de marzo de 2009, gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la misma Orquesta como institución, se realizó un concierto-homenaje en honor al maestro Raúl García que mucho más que la celebración de sus 70 años simbolizan un acto de desagravio por una historia de intolerancia al mejor estilo del personaje de la obra dedicada al Führer”. David García.

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Considero que Francisco Rojas Birry debiera abandonar su cargo como personero en el Distrito Capital. Ningún funcionario público encargado de la política de Derechos Humanos debiera mantenerse en su cargo mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción.

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6 de marzo, por las víctimas de los crímenes de Estado

Por: Iván Cepeda Castro
COMO OCURRIÓ EL AÑO ANTERIOR, el pasado 6 de marzo se realizaron actos en varias ciudades del país y del mundo para que se ponga fin a los crímenes de Estado en Colombia. En esta ocasión el propósito no era convocar multitudinarias movilizaciones.

En cambio, se realizó la jornada “Los ‘falsos positivos’ son crímenes de Estado”. En un encuentro que se llevó a cabo en Bogotá asistieron más de 200 familiares de los jóvenes que han sido desaparecidos y ejecutados por miembros del Ejército Nacional. Sus testimonios mostraron una escalofriante realidad: más de 1.400 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte de los procesos judiciales emprendidos se hallan ante la justicia penal militar, los familiares que exigen justicia son amenazados, muchas de las familias no han podido recuperar los cadáveres de sus seres queridos, que siguen en fosas comunes; los muchachos asesinados continúan siendo considerados terroristas muertos en combate sin que su nombre sea dignificado.

En el encuentro se presentaron testimonios acerca de que esta clase de crímenes se han seguido cometiendo este año; afirmación que desmiente la declaración del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien sostuvo ante los medios de comunicación que el “problema de los ‘falsos positivos’ ya fue resuelto”. Por eso los familiares de las víctimas exigen la destitución de este ministro y que se sancione a ex generales como Mario Montoya, quien ahora goza de estatus diplomático como embajador en República Dominicana.

Esta jornada coincidió con un hecho que reafirma la voluntad del Gobierno por debilitar al máximo los procesos de verdad y justicia en Colombia. El 5 de marzo fue extraditado a Estados Unidos el paramilitar Éver Veloza. En sus confesiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, este ex jefe de las Auc había comenzado a esclarecer una parte de los miles de crímenes que se cometieron bajo su mando. Además —y esto es lo más significativo—, había involucrado a líderes políticos, altos mandos militares, ganaderos y empresarios. Pocos días antes de su extradición, alias H.H. acusó al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez de haber sido miembro del llamado ‘Grupo de los seis’, el círculo de hombres poderosos que ordenaba crímenes a los paramilitares.

El señor Narváez ha figurado ya en otras declaraciones de los jefes paramilitares. Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato del humorista Jaime Garzón y del secuestro de la congresista Piedad Córdoba. En la misma declaración, El Iguano sostuvo que Narváez dictaba en los centros de instrucción de las Auc en Córdoba un curso titulado: “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Por su parte, Salvatore Mancuso declaró ante un fiscal en Washington que Narváez era uno de los “maestros” de los paramilitares mientras que era simultáneamente profesor de la Escuela Superior de Guerra. Y como si esto fuera poco, Narváez también fue asesor de inteligencia en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del presidente Uribe. ¿Qué habrá sido de la carrera de este siniestro personaje después de su paso por el ‘Grupo de los seis’, el Gobierno Nacional y el DAS? ¿Qué cargo estará ocupando hoy? ¿Qué relaciones personales tendrá con el presidente Uribe? ¿Cuándo lo arrestará la Fiscalía?

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