Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro

El representante a la cámara por el PDA Iván Cepeda Castro presenta a la opinión pública el informe sobre algunos de los aspectos más relevantes de su actividad parlamentaria. Dicha labor se hizo en constante contacto y consulta con los movimientos de víctimas y organizaciones sociales. Cinco meses de actividad legislativa dejan importantes resultados para el país.

Dos debates de control político

El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].

El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.

El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.

Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.

Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.

Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.

Constancias y audiencias

A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.

El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.

El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].

Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.

NOTAS AL PIE:

[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo.

[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal

[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.

El Espectador publica HOY la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. click aquí

El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido democráticamente por el partido político Unión Patriótica (UP), fue asesinado como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.

A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, y ante la falta de voluntad del estado colombiano por aclarar el crimen, sus familiares, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauraron una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, condenó al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. La Sentencia de la Corte dispone que el Estado colombiano tiene el deber de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen. Ordena la realización de actos simbólicos de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición, y exige que la Sentencia sea dada a conocer a todo el país mediante la impresión y difusión de la misma a través de un periódico de circulación nacional.

El Espectador en su edición de hoy, domingo 28 de noviembre de 2010, publica la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA



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ENTREVISTA EN "LA SILLA VACÍA" SOBRE LEY DE VÍCTIMAS

LA PARADOJA DE IVÁN CEPEDA

Por camila osorio
11/18/2010

Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por fin arrancó la discusión del proyecto de ley de víctimas que radicó Santos en el Congreso. Se moverá a paso de tortuga.

Aunque sólo necesita cuatro debates para volverse ley, es posible que hasta diciembre sólo supere uno, el de esta comisión. Y no solo por la resistencia que tiene entre congresistas de La U y del Partido Conservador, sino también por la polémica que ha generado dentro del Polo, el partido que más objeciones ha hecho a la ley y del que no se esperaba ninguna oposición en este tema.

En la legislatura pasada, cuando el Partido Liberal presentó la ley, el Polo apoyó el proyecto, que el gobierno de Uribe terminó hundiendo. Cuando Santos resucitó el proyecto y lo presentó en la Cámara, los representantes de la Comisión Primera que debían presentar la ponencia estaban seguros que contaban con el respaldo de Germán Navas Talero, el representante del Polo en esta comisión. Pero no fue así. Talero no firmó la ponencia. Cuando La Silla Vacía le preguntó por qué, respondió con un nombre: Iván Cépeda.

La pelea de Cepeda
Iván Cepeda fue elegido como Representante por Bogotá el pasado 14 de marzo con 35 mil votos, una votación significativa para una persona que nunca antes se había lanzado a elecciones. Su padre había sido senador, pero Iván no le debe sus votos a una maquinaria heredada. Él construyó su trayectoria política como activista de los derechos humanos.

Cepeda asumió como suyo el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado cuando su papá, el senador Manuel José Cepeda, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de Estado -Movice- y escribió ensayos y libros que reivindicaban a las víctimas de la Unión Patriótica.

En el 2008, Cepeda se hizo visible en el país por varias cosas: por su protesta en frente de la Embajada de Costa Rica a raíz de que el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, intentó pedir asilo para evadir la orden de captura de la Fiscalía que lo investigaba por parapolítica; por su militancia en el grupo de Colombianos y Colombianas por la paz, liderado por Piedad Córdoba, que promueve el intercambio de secuestrados de las Farc por guerrilleros presos y una salida negociada del conflicto; y más recientemente, por sus denuncias de los falsos positivos y de los cementerios de N.N. en la Macarena.

“He decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA.(...)Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones.”, dijo en su última columna de El Espectador, antes de lanzarse oficialmente a la política. Su bandera eran las víctimas.

Lo que Cepeda no esperaba es que también fuera a ser la bandera del gobierno al que su partido le declaró la oposición. Pero desde que Santos radicó personalmente el proyecto de ley de víctimas en el Congreso, Iván le tiene una lista infinita de quejas a la propuesta.

Las 35 quejas de Iván
La ponencia de víctimas tiene en este momento 177 artículos que deberán ser discutidos y votados en Comisión Primera (ver ponencia) [1]. Además, tiene 53 proposiciones, que también deberán ser discutidas y votadas. Iván Cepeda presentó 34 (ver proposiciones) [2]. Es decir, que si bien hay opositores a la ley dentro de la Unidad Nacional, la mayoría de ellos aún están callados. La gran oposición pública viene del Polo, y promete hacer el debate aún más largo.

“Nosotros no queremos torpedear la ley, pero tampoco queremos aprobar una ley que tenga falencias para en unos años tener que volver a discutirla, como pasa con Justicia y Paz”, explicó a La Silla Vacía Cepeda, quien reconoce los aciertos de la ley de Justicia y Paz pero cree que hubiera podido ser más ambiciosa. Cuando se trata de las víctimas, Iván Cepeda es un maximalista, y esa posición puede ayudarle a las víctimas o puede convertirse en el chispero que le de los argumentos suficientes a los opositores para hundir la iniciativa.

La ley que defendía Uribe era minimalista: discriminaba a las víctimas de crímenes de Estado argumentando el tema de la sostenibilidad fiscal; no diferenciaba claramente la reparación de la asistencia social o de emergencia a las víctimas; y tampoco incluía un capítulo sobre reparación de tierras. La nueva ponencia sí incluye estos tres puntos. Cepeda quiere mucho más.

Las proposiciones del Polo son muchas pero tres de ellas son polémicas: la definición de víctima, los objetivos de la Comisión de la Verdad y los instrumentos para la reparación.

Cepeda se opone a que la definición de víctimas incluya la frase: “cuando estas -las violaciones a Derechos Humanos- hayan tenido lugar en desarrollo y ocasión de otros actos terroristas”. Para Cepeda, tal como está el artículo, no permitiría que la ley cubra hechos como los ‘falsos positivos’. "La definición de víctima debe ser amplia".

Los de La U y del Partido Conservador dicen que esta frase garantiza que no entren a ser considerados víctimas de esta ley los damnificados por DMG o de la delincuencia común. Y para el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley, es obvio que tal como está redactado el artículo caben también las personas que fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’ por miembros del Ejército, porque son víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, así no sean crímenes cometidos en combate.

Cepeda también pide que se incluyan explícitamente las parejas del mismo sexo en esta definición, proposición que sí está respaldada por otros tres ponentes, pero no por el Partido Conservador que considera que con el calificativo de ‘igualdad’ en la aplicación de la ley ya están incluidas las parejas homosexuales.

En el punto de la Comisión de Verdad, la ponencia propone que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas y sus actores desde 1991. Cepeda cree que la Comisión debe esclarecer los crímenes cometidos desde 1948, y sobre todo enfocarse en develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado. “Esto sería una garantía para no repetición de los crímenes”, dijo Cepeda a La Silla Vacía. “Hay que desactivar los aparatos parapolíticos y la paraeconomía para darle todas las garantías a las víctimas.”

Una comisión de la verdad como la planteada en la ponencia, que se dedique solo a identificar los patrones de la guerra y sus actores, es el tipo de comisión que sólo debería existir cuando termine el conflicto, dice Cepeda.

Pero el punto realmente polémico, que no ha sido debatido entre los congresistas, es la proposición de Cepeda para la reparación. Propone que el Fondo de Reparación incluya los bienes de los parapolíticos o “los bienes de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley”.

En la ponencia actual, el Fondo está financiado por multas impuestas a los individuos y a los grupos armados, contribuciones voluntarias de gobiernos u organizaciones internacionales, y con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio.

Si los congresistas han sido renuentes a que los parapolíticos pierdan su curul en el Congreso por la aplicación de ‘la silla vacía’, es poco probable que ahora apoyen que también se les quiten sus bienes para reparar a las víctimas. Y más cuando algunos de ellos heredaron los fortines electorales de los políticos hoy condenados por sus vínculos con los paramilitares.

Los dilemas
La propuesta de Cepeda tiene poca probabilidad de ser acogida por la Corporación dada la bancada tan minoritaria que tiene el Polo. Pero aún así este representante puede terminar jugando un papel clave en todo el debate dado su papel como símbolo de las víctimas del Estado.

Hay dos opciones. Cepeda, con sus propuestas, podría ayudar a mover el debate hacia las víctimas, haciendo parecer la propuesta del gobierno en comparación moderada y apenas justa, con lo cual ayudaría a que la ley salga como la plantearon inicialmente los liberales, sin los recortes que promueven los más uribistas.

La otra opción es que Cepeda termine ‘dando papaya’ para que los opositores de la ley usen sus propuestas más maximalistas para caricaturizar la ley y movilizar a la sociedad en contra no solo de las proposiciones del Polo sino de todo el proyecto del gobierno con el argumento de la sostenibilidad fiscal. La opción intermedia, y que ya será un hecho, es que simplemente se alargue el debate mientras discuten cada una de las 53 proposiciones de Iván.

“Si el Congreso se toma todo el tiempo para discutir el proyecto de regalías, ¿por qué no debe hacerlo con víctimas? No hay afanes cuando se trata de conseguir la mejor ley”, dijo Cepeda a La Silla Vacía.

“Hace unos meses era imposible pensar que entraran todas las víctimas sin discriminación”, dijo el coordinador de ponentes Guillermo Rivera. “La ley de víctimas se ha ido construyendo con pequeñas batallas”.

La ofensiva de Cepeda, en cambio, es irse a la guerra en el primer debate. “Buscamos al máximo que la ley tenga dientes, que no sea un acto simbólico”, dice.

Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)