EL PERDÓN PRESIDENCIAL

Por: Iván Cepeda Castro
LA PETICIÓN DE PERDÓN EN SItuaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne que puede tener repercusiones éticas significativas si cumple algunas condiciones mínimas.

Para que sea auténtico este gesto se requiere conocer la verdad de los hechos, explicitarlos y demostrar el compromiso de esclarecerlos. También se debe enunciar a los destinatarios del perdón. Nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas.

Por último, sólo se puede pedir perdón en forma veraz si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado. O en otras palabras, si se experimenta arrepentimiento y se expresa la determinación de no repetir en el futuro acciones similares.

Se ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo? ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces? ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre? ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS? ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

UNA PRUEBA IRREFUTABLE

Por: Iván Cepeda Castro
103 CARPETAS Y MILES DE FOLIOS CONforman el archivo incautado al Grupo Especial de Inteligencia 3, G-3. O al menos parte de ese archivo. Antes de que la Fiscalía registrara las instalaciones del DAS la mayor parte de la información fue sustraída.

Esas carpetas contienen cientos de documentos, grabaciones, fotografías, piezas informáticas, órdenes, informes y memorias de la labor de espionaje que los investigadores del G-3 realizaron entre 2004 y 2005 contra personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, magistrados y líderes políticos. Entre las decenas de casos sobresalen los de los abogados Alirio Uribe y Gustavo Gallón, así como el del periodista Holman Morris.

Entre otros hechos, esos documentos dan cuenta de que el G-3 había elaborado las hojas de vida de estas personas buscando determinar sus “debilidades y fortalezas”, mantenía seguimiento las 24 horas del día sobre sus actividades, interceptaba todos sus medios de comunicación, recaudaba información sobre ellos y sus contactos en bases de datos privadas y públicas, arrendaba locales vecinos a sus casas, rondaba sus viviendas y sedes de trabajo, disponía de llaves de algunas de ellas, vigilaba a su núcleo familiar —con especial énfasis en sus hijos— y escudriñaba su situación financiera. Este régimen de meticuloso control se hacía a través de múltiples acciones ilegales. Todos estos procedimientos se realizaban sin órdenes judiciales. Algunos de los equipos y recursos empleados por los servicios secretos provenían de fondos reservados, es decir, de la cooperación internacional. En ocasiones el espionaje precedió a amenazas contra los defensores de Derechos Humanos y sus familiares (caso Soraya Gutiérrez), e incluso a atentados contra ellos (caso Jesús Emilio Tuberquia). Se utilizaba sus esquemas de protección oficiales (!) para mantener un seguimiento continuo sobre sus movimientos. Se investigaba y seguía a miembros de organizaciones internacionales, incluyendo a personas que cuentan con inmunidad diplomática. Cuando viajaban a otros países, algunos de los espiados eran también observados y sus conversaciones grabadas (!). Y todo esto se ocultaba a través de diversos mecanismos de encubrimiento, y era regularmente informado a colaboradores cercanos del presidente Álvaro Uribe, como José Obdulio Gaviria y José Miguel Narváez.

El G-3 no es más que una pieza del gigantesco y sofisticado aparato que responde al concepto de “inteligencia ofensiva”. O en otros términos, de un sistema que persigue “neutralizar” el accionar de organizaciones civiles. En estos casos se muestra que la finalidad principal de la actuación de los servicios secretos del Estado no es la lucha contra el terrorismo, sino la persecución de actividades profesionales y sociales legítimas. ¿Cuántos de los miles de líderes sociales y políticos que han sido asesinados por la criminalidad estatal habrán sido objeto de estas modalidades de inteligencia? ¿Cuántas carpetas similares habrá en los archivos de las unidades de inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía?

El archivo del G-3 es el más grande compendio documental detectado hasta hoy en el que se detallan los métodos que ha utilizado la criminalidad estatal en Colombia para aniquilar en forma sistemática a quienes trabajan por los Derechos Humanos, la libertad de opinión y la actuación en defensa de la democracia. La existencia y el contenido de este archivo son una prueba irrefutable.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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