PLAN PARA ASESINAR A GUSTAVO PETRO E IVÁN CEPEDA FUE DESCUBIERTO

El Polo denunció que se estaba armado un carro-bomba contra Gustavo Petro. El candidato tuvo que cancelar una visita al Eje Cafetero por las intimidaciones. La acción terrorista también iba dirigida contra Iván Cepeda, representante a la Cámara por esa colectividad, defensor de derechos humanos y vocero del MOVICE.

El Polo Democrático Alternativo denunció este miércoles que su candidato, Gustavo Petro Urrego, ha sido objeto de nuevas amenazas de muerte.

Trascendió que una gira que tenía planeada hacer Petro por el Eje Cafetero tuvo que ser suspendida debido a la serie de intimidaciones que le llegaron.

La presidenta de la colectividad y fórmula vicepresidencial del PDA, Clara López, dijo que ya estaba listo un carro-bomba contra Gustavo Petro.

Además, había un grupo de sicarios contratados para acompañar este atentado y rematar al candidato. La intimidación igual estaba dirigida contra el representante electo Iván Cepeda.

Esta denuncia fue trasladada a las autoridades competentes. El pasado fin de semana, se conoció que el esquema de seguridad le fue reforzado a Gustavo Petro por varias serie de amenazas.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-205157-polo-denuncio-estaba-armado-carro-bomba-contra-gustavo-petro

PÁGINA DEL PDA

El Polo denuncia concurridas amenazas en contra del candidato Gustavo Petro y dirigentes de esta Colectividad
Mayo 26 - 02:28 pm

Se conoció por dos fuentes distintas que se estaría fraguando un atentado con un Carro Bomba contra el candidato del Polo Democrático Gustavo Petro y el representante a la cámara electo, Iván Cepeda quien lo iba acompañar al municipio de Riosucio en Caldas donde visitaría unos resguardos indígenas.

La presidenta del Polo Democrático Clara López, reveló macabros detalles del atentado. La candidata a la vicepresidencia de la república precisó que “adicionalmente había un grupo de sicarios contratados acompañado de este carro bomba, para rematar al candidato y atentar contra la vida del representante electo a la Cámara, Iván Cepeda, quien lo acompañaría a Riosucio en Caldas”.

En la tarde de hoy Clara López se reúne con el ministro del interior Fabio Valencia Cossio, para presentarle un Dossier donde aparece las amenazas que hemos recibidos en los últimos días.

Hoy el Polo Democrático recibió una amenaza enviada por el grupo los rastrojos donde se mencionan los nombres de los Senadores de la República Jorge Robledo, Alex López y Guillermo Alfonso Jaramillo, del ex secretario del Partido Carlos Bula y del Representante a la Cámara Venus Albeiro Silva. A esta denuncia se suma las investigaciones de los asesinatos del dirigente del Polo en Barranquilla, Iván de la Rosa, del dirigente del movimiento de victimas del desplazamiento en el municipio de San Onofre, Sucre, Rogelio Martínez.

COMUNIDAD INTERNACIONAL PREOCUPADA

Por: LUZ ELENA TURCIOS H., EL UNIVERSAL
SAN ONOFRE
Rogelio Martínez, líder asesinado
En la mañana de hoy se realizará un acto en San Onofre como homenaje al líder Rogelio Martínez y posteriormente en la tarde se realizará el sepelio en la capital sucreña.

El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, pidió ayer en el municipio de San Onofre la renuncia o destitución del alcalde de esta localidad, Edgar Benitorrevollo, al igual que insistió en que el gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak debe renunciar.

Ivan Cepeda e Ingrid Vergara y otros miembros de Movice hicieron acompañamiento ayer a la familia de Rogelio Martínez.

Según Cepeda, su petición se basa en que las autoridades tienen un alto grado de responsabilidad en el asesinato del líder y miembro del Movimiento de Víctimas en Sucre, Rogelio Martínez, ya sea por negligencia u omisión en prestarle la seguridad que necesitaba el líder campesino.
Además aseguró que las estructuras paramilitares y sus socios políticos siguen actuando a lo largo y ancho de San Onofre y Sucre. “Este es un asesinato que ha sido cometido desde esas estructuras, en el que está comprometida buena parte de las autoridades así sea por la omisión de no haber protegido a la persona que estaba en alto riesgo, en este caso Rogelio Martínez; creemos que hay una responsabilidad del alcalde de San Onofre, Edgar Benitorrevollo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y creemos que debe renunciar a su cargo o ser destituido, vamos a hacer todo lo necesario para que emprendan acciones disciplinarias y si es el caso penales en esa dirección”, precisó Cepeda.

Iván Cepeda se reunió con miembros del Movimiento de Sucre en la iglesia de San Onofre, donde hicieron una pequeña oración.

Consideró que este asesinato tiene repercusiones que van más allá del nivel nacional, toda vez que el asesinato de Martínez ocurre el día en que el presidente Álvaro Uribe se compromete con la comunidad europea a que en Colombia se van a respetar a los defensores de derechos humanos como parte de una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio con Europa, y en ese sentido este hecho no va a pasar desapercibido.


Rogelio Martínez tenía una reunión con los miembros del G24, que es el grupo de naciones que hace seguimiento a la situación en Colombia, “ante el hecho que dos días antes de tener la reunión con el G24 se produce su asesinato, ese es un hecho que no va a pasar desapercibido ante la comunidad internacional y el cuerpo diplomático”, dijo Cepeda.
Precisó que de este asesinato cabe muchas hipótesis y son las autoridades las que tienen que hacer las investigaciones, pero el hecho que momentos antes en que la persona se va a reunir con el cuerpo diplomático se produce su asesinato, le da una dimensión que trasciende el plano local al nivel internacional.
Expresó que el asesinato de un líder como Rogelio Martínez tiene una connotación política y social, porque se está hablando de una finca que ha tenido un proceso de resistencia de familias campesinas, de un líder que había sido amenazado por grupos paramilitares, que había tenido altercados públicos con miembros de la fuerza pública y de Policía, de una persona que las autoridades han descalificado ante los medios de comunicación, en consejos de seguridad y consejos comunitarios anteriormente realizados en Sucre. Descartó que se trate de una rencilla personal, pues según informó fueron siete hombres encapuchados con armas sofisticadas los que lo asesinaron. “Esto no es venganza de un vecino, ni personal, aquí hay un problema de fondo, y ese problema de fondo es que las familias Benitorrevollo y García, así como otras familias, siguen gobernando en Sucre como si esto fuera su colonia o imperio, y eso lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a minar como poder. Aquí las víctimas tienen que llegar al poder en Sucre para que se cambien las reglas del juego”, dijo el Presidente del Movimiento Nacional de Víctimas (Movice).
Luego de reunirse con miembros del movimiento en San Onofre, Cepeda se dirigió hasta la casa donde residía Rogelio Martínez con su familia, a la cual dio su respaldo y solidaridad. “Vamos a acompañar a la familia de Rogelio como lo hemos hecho con la población de San Onofre, vamos a intentar garantizar su seguridad y bienestar, es el mínimo compromiso que tenemos con todas las víctimas y en este caso con la familia de una de ellas que se convirtió en un símbolo de la lucha y resistencia de los campesinos en San Onofre”.
Se refirió también al caso de Carmelo Agamez, que según él es otra de las injusticias que hay en San Onofre. “Este es otro caso monstruoso en el que el líder de víctimas es llevado a la cárcel como si fuese parte de la estructura de los criminales. Aquí las víctimas terminan siendo criminalizadas, mientras que gobiernan la población los criminales”.
De otra parte, el sacerdote, Alberto Franco, secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dijo que vienen acompañando a la Comisión Ética por la Verdad que ha hecho varias visitas a la finca La Alemania y han acompañado a personas de la comunidad internacional. “Ellas han estado allí y han documentado todo lo que ha pasado con los testimonios de las personas que vivían en la finca, han guardado todos esos testimonios, incluso los de Rogelio Martínez, sobre lo que pasó en ese predio, las historias macabras que ocurrieron y la decisión de los miembros de la empresa comunitaria de retornar a la finca”.
Precisó que saben que en varios momentos Martínez tuvo amenazas, recibió llamadas, hubo seguimiento y que a la finca entraron personas encapuchadas, a quienes Rogelio Martínez descubrió que se trataban de militares porque él los reconoció. Además él había denunciado la inactividad de la justicia local respecto a esas amenazas.
El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak dijo que al líder campesino se le sugirió un cambio de ubicación y un esquema de seguridad, pero no lo aceptó. “Es un pesar para nosotros el asesinato de Rogelio Martínez. Su tema fue tocado el 23 y 24 de febrero de este año. Se le quiso asignar una protección, pero no lo quiso y lastimosamente el resultado fue su muerte”, precisó el Gobernador.
Respecto a esas declaraciones del Gobernador, el sacerdote dijo que el Ministerio del Interior le ofreció tiquetes para que saliera de la finca, pero lo que él pedía era comunicación constante y una vigilancia perimetral de la finca. “El no quería en ningún caso que la protección significara salir de la finca”.
Franco también dijo que en un consejo de seguridad realizado el año anterior en la Brigada de Infantería de Marina, las autoridades lo que hicieron fue descalificar a Rogelio Martínez y desconocer las amenazas en su contra. “Una delegada de la Fiscalía durante un consejo de seguridad realizado el año pasado en la Primera Brigada de Infantería de Marina dijo que el documento que remitimos sobre las amenazas era anónimo porque marcaban a un teléfono que no contestaban, parece que esa persona no sabe que los teléfonos de otras ciudades se marcan con indicativo”.
Las familias que conforman la empresa La Alemania deberán decir que quieren para ellas en adelante, mientras eso se define, la Comisión Ética de la Verdad ya está solicitando a la comunidad internacional protección para ellas.
Los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han sido amenazados en varias ocasiones por el acompañamiento que hacen a las personas que defienden el territorio en el país que han sido desplazadas por el paramilitarismo usando la violencia y que están denunciando lo que viene ocurriendo con sus tierras.
Rogelio Martínez ya había expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que pasó en la finca La Alemania.
Martínez era el líder de un grupo de 52 víctimas del predio “Alemania”, en San Onofre, el cual fue despojado en 1998 por orden de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, comandante del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación rechazó el asesinato del líder campesino y recordó que Martínez empezó a reportar amenazas desde 2008, lo cual fue puesto en conocimiento ante el Subcomité de Protección a Víctimas y Testigos en las reuniones efectuadas en Sincelejo, el 23 de febrero y 13 de mayo de 2010. Sin embargo las medidas de protección (medida cautelar) se encontraban en proceso de estudio cuando se produjo el asesinato.

COMUNIDAD INTERNACIONAL
La embajadora de Suecia en Colombia, Lena Nordstrom, dijo en el municipio de San Onofre que le preocupaba los retrocesos que en materia de violación de Derechos Humanos ha tenido el departamento de Sucre en los últimos tres años.
La afirmación la hizo la diplomática tras el Consejo de Seguimiento a los Derechos Humanos realizado en este municipio con la participación de las autoridades locales y miembros del grupo de los 24 países (G24) dedicado a la defensa de los Derechos Humanos.
“Me voy más preocupada que cuando vine en el año 2006 a este municipio del norte de Sucre para verificar algunas violaciones” dijo la diplomática quien lamentó el asesinato del líder de los desplazados, Rogelio Martínez, de quien había conocido su caso de amenaza.

URL de Origen: http://www.eluniversal.com.co/v2/sincelejo/local/responsabilizan-autoridades-del-asesinato-de-lider


LA CARPETA DEL PRESIDENTE URIBE

Por: Iván Cepeda Castro | 18 Mayo 2010 - 10:50pm

EN JULIO DE 2005, EN PLENO AUGE de las operaciones siniestras del grupo G-3 del DAS, por orientación de su coordinador Fernando Ovalle, se abrió una carpeta con el título “Presidente Uribe” dentro del inmenso archivo que poseía ese organismo.

Desde ese momento, con la rubrica de Ovalle comenzaron a aparecer en algunos documentos que recopilaba el G-3 anotaciones que decían “Presidente”, señalando el expediente en el que debían ser clasificados.

En la carpeta mencionada se consignaba todo tipo de información —aquella obtenida de fuentes abiertas o la conseguida mediante las operaciones ilegales que realizaba el grupo— cuyo contenido fuera toda acción de los opositores y de las ONG tendiente a supuestamente “desestabilizar el mandato” del presidente Uribe. De esta forma aparece reseñado en uno de los resúmenes de la extensa investigación de la Fiscalía sobre el DAS: “A folio 375, donde se glosa un artículo de prensa del periódico El Tiempo del 24 de julio de 2005, se aprecian los manuscritos: ‘Lina P/F abrir carpeta ‘Presidente Uribe’ donde se incluyan informaciones para desestabilizar su mandato y continuidad…’ (sic)”.

Difícilmente puede suponerse que una carpeta con el título “Presidente Uribe”, cuya apertura la ordenó el coordinador del G-3, no haya sido puesta en conocimiento del interesado, quien además es responsable institucional del DAS. El Presidente de la República debió conocer al menos el contenido de esa carpeta, y debió conocer también que de su contenido hacían parte documentos públicos (recortes de prensa, declaraciones, entrevistas en medios de comunicación, etc.) pero también informes que eran fruto de la actividad de inteligencia ilegal: transcripciones de conversaciones interceptadas, notas de seguimientos, memorandos acerca de la obtención de datos sin las respectivas órdenes judiciales. Es natural que organismos de inteligencia del Estado investiguen cualquier eventual ataque contra el Presidente de la República. Lo que no es normal es que esa actividad se realice utilizando toda clase de medios ilícitos, como ha ocurrido efectivamente en el caso del DAS.

No es esta la única evidencia de que esas actividades eran ordenadas desde el Gobierno Nacional, y que a sus funcionarios se les informaba regularmente los resultados de esas operaciones. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha recogido testimonios en los que se detalla que los ex funcionarios del DAS Carlos Alberto Arsayús, Jorge Lagos y Fernando Tabares asistieron a diferentes reuniones en la Casa de Nariño con el fin de recibir instrucciones sobre el seguimiento ilegal a magistrados de la Corte. Dichos seguimientos habían sido dispuestos por la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien para emprender una “tarea” de semejantes alcances debió contar con la aprobación del Presidente de la República. Otro ex director del DAS, Jorge Noguera, amigo y ex colaborador del presidente Uribe, testificó ante los magistrados que le informaba personalmente al mandatario sobre los seguimientos realizados a sindicalistas. Como lo han aseverado los implicados, en todas estas sórdidas operaciones ellos cumplían órdenes que se impartían como parte de la política de seguridad democrática y de la llamada Inteligencia Estratégica, cuya orientación es potestad del Presidente de la República.

El episodio de las llamadas “chuzadas” —otro nombre para banalizar en Colombia los crímenes de lesa humanidad— ha puesto en evidencia algo más que la existencia de un grupo que hacía espionaje ilegal. Unidades como el G-3 y el GONI son apenas dos piezas del complejo aparato de criminalidad estatal que funciona en Colombia desde hace décadas, como lo reconocieron el ministro Valencia Cossio y el director del DAS Felipe Muñoz. El mismo aparato que ha eliminado al menos a 15.000 líderes de la oposición y que ha exterminado organizaciones enteras. En una entidad oficial que se desvía hacia la criminalidad sistemática, las órdenes y los reportes mantienen un sentido jerárquico. Por esa razón, la máxima responsabilidad recae en la cúspide, donde se encuentra “el hombre de atrás”. En este caso particular ese personaje es el presidente Uribe.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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