ES UN ASUNTO DE JUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro
AL SOLICITAR AL CONGRESO DE LA REpública archivar la llamada ley de víctimas, el presidente Álvaro Uribe empleó como argumento que la reparación tendría un costo aproximado de ochenta billones de pesos para el Estado y los contribuyentes.

En general, la orientación del Gobierno en términos del presupuesto de la Nación se basa en recaudar impuestos cuya destinación define las prioridades de su política. Por eso buena parte de esos recursos se destinan a financiar el gasto militar y la subvención de determinados sectores del empresariado y la banca, con el fin de fortalecer la seguridad democrática y la “confianza inversionista”. En ausencia de políticas sociales, el Gobierno ha creado una serie de instancias —Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Acción Social, etc.— que disimulan con ayudas puntuales y de beneficencia pública la falta de verdaderos programas estratégicos en materia de salud, vivienda y educación. En este mismo sentido, el Gobierno quiere asimilar al esquema de carácter asistencial y populista la reparación integral de las víctimas. El Decreto 1290 de 2008, que ordena la “reparación administrativa”, es expresión de tal concepto. Busca generar la apariencia de un programa de “reparaciones” de amplio espectro sin tocar los bienes y capitales de los políticos, empresarios y narcoterratenientes, comprometidos con la acumulación de riqueza por la vía de la violencia.

Como bien lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el deber de reparación del Estado no corresponde a “aspiraciones inalcanzables”: “La reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”. La expresión elemental de la justicia con relación a la reparación integral concierne no sólo al deber estatal de garantizar que los perpetradores de los crímenes —en primer lugar, sus máximos responsables— sean debidamente juzgados y sancionados. También consiste en que la principal fuente de la reparación material provenga de los bienes que han sido usurpados y de los cuales se benefician los jefes de los grupos criminales. Pero aquí no ocurre tal cosa. Por el contrario, las tierras que se han incautado terminan siendo vendidas a consorcios vinculados con las redes criminales y narcotraficantes. La reparación se convierte en una forma de legalización de las propiedades usurpadas por medio de cadenas de testaferros.

Pero más allá del argumento fiscal, el Gobierno promovió el archivo de la ley de víctimas, pues quiere a toda costa evitar que se reconozcan los crímenes de Estado. En días pasados, en una reunión pública el médico Juan Carlos Boja fue sometido a la fuerza por agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena. El joven médico interpeló al presidente Uribe por esa clase de crímenes. La respuesta a sus insistentes preguntas fue la violenta y desproporcionada reacción de la Policía.

Una ley de víctimas que cumpla con los principios universales debe incluir procedimientos e instancias transparentes que permitan perseguir y restituir efectivamente a las víctimas las tierras y los capitales financieros de los que hoy gozan los parapolíticos y paraempresarios. Ese es el tipo de norma que buscan crear los movimientos de víctimas en Colombia y que a la postre lograrán que se adopte.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

TRES ESLABONES DE LA CADENA

Por: Iván Cepeda Castro
EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEsos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.

El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos.

El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación.

Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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