Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro

El representante a la cámara por el PDA Iván Cepeda Castro presenta a la opinión pública el informe sobre algunos de los aspectos más relevantes de su actividad parlamentaria. Dicha labor se hizo en constante contacto y consulta con los movimientos de víctimas y organizaciones sociales. Cinco meses de actividad legislativa dejan importantes resultados para el país.

Dos debates de control político

El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].

El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.

El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.

Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.

Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.

Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.

Constancias y audiencias

A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.

El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.

El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].

Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.

NOTAS AL PIE:

[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo.

[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal

[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.

El Espectador publica HOY la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. click aquí

El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido democráticamente por el partido político Unión Patriótica (UP), fue asesinado como parte de un plan de exterminio sistemático diseñado por altos mandos militares con el apoyo de grupos paramilitares.

A raíz del asesinato de Manuel Cepeda Vargas, y ante la falta de voluntad del estado colombiano por aclarar el crimen, sus familiares, en cabeza de su hijo, Iván Cepeda Castro, instauraron una demanda penal contra el Estado colombiano. En el transcurso de los procesos judiciales adelantados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias fácticas del crimen y para develar la identidad de los responsables, se pudo establecer que el operativo en el que se dio muerte al Senador fue realizado por un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares, el cual fue diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, bajo el auspicio de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El pasado 26 de mayo del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un hecho histórico, condenó al Estado colombiano por acción y omisión en el asesinato del Senador Manuel Cepeda Vargas. La Sentencia de la Corte dispone que el Estado colombiano tiene el deber de reparar integralmente a las víctimas directas del crimen. Ordena la realización de actos simbólicos de memoria y de perdón que contribuyan a preservar la vida y dignidad de las víctimas bajo garantías de no repetición, y exige que la Sentencia sea dada a conocer a todo el país mediante la impresión y difusión de la misma a través de un periódico de circulación nacional.

El Espectador en su edición de hoy, domingo 28 de noviembre de 2010, publica la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA



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Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes
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Tel: 3 82 4416

ENTREVISTA EN "LA SILLA VACÍA" SOBRE LEY DE VÍCTIMAS

LA PARADOJA DE IVÁN CEPEDA

Por camila osorio
11/18/2010

Ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por fin arrancó la discusión del proyecto de ley de víctimas que radicó Santos en el Congreso. Se moverá a paso de tortuga.

Aunque sólo necesita cuatro debates para volverse ley, es posible que hasta diciembre sólo supere uno, el de esta comisión. Y no solo por la resistencia que tiene entre congresistas de La U y del Partido Conservador, sino también por la polémica que ha generado dentro del Polo, el partido que más objeciones ha hecho a la ley y del que no se esperaba ninguna oposición en este tema.

En la legislatura pasada, cuando el Partido Liberal presentó la ley, el Polo apoyó el proyecto, que el gobierno de Uribe terminó hundiendo. Cuando Santos resucitó el proyecto y lo presentó en la Cámara, los representantes de la Comisión Primera que debían presentar la ponencia estaban seguros que contaban con el respaldo de Germán Navas Talero, el representante del Polo en esta comisión. Pero no fue así. Talero no firmó la ponencia. Cuando La Silla Vacía le preguntó por qué, respondió con un nombre: Iván Cépeda.

La pelea de Cepeda
Iván Cepeda fue elegido como Representante por Bogotá el pasado 14 de marzo con 35 mil votos, una votación significativa para una persona que nunca antes se había lanzado a elecciones. Su padre había sido senador, pero Iván no le debe sus votos a una maquinaria heredada. Él construyó su trayectoria política como activista de los derechos humanos.

Cepeda asumió como suyo el drama de las víctimas de los paramilitares y de miembros del Estado cuando su papá, el senador Manuel José Cepeda, militante de la Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994. Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de Estado -Movice- y escribió ensayos y libros que reivindicaban a las víctimas de la Unión Patriótica.

En el 2008, Cepeda se hizo visible en el país por varias cosas: por su protesta en frente de la Embajada de Costa Rica a raíz de que el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, intentó pedir asilo para evadir la orden de captura de la Fiscalía que lo investigaba por parapolítica; por su militancia en el grupo de Colombianos y Colombianas por la paz, liderado por Piedad Córdoba, que promueve el intercambio de secuestrados de las Farc por guerrilleros presos y una salida negociada del conflicto; y más recientemente, por sus denuncias de los falsos positivos y de los cementerios de N.N. en la Macarena.

“He decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA.(...)Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones.”, dijo en su última columna de El Espectador, antes de lanzarse oficialmente a la política. Su bandera eran las víctimas.

Lo que Cepeda no esperaba es que también fuera a ser la bandera del gobierno al que su partido le declaró la oposición. Pero desde que Santos radicó personalmente el proyecto de ley de víctimas en el Congreso, Iván le tiene una lista infinita de quejas a la propuesta.

Las 35 quejas de Iván
La ponencia de víctimas tiene en este momento 177 artículos que deberán ser discutidos y votados en Comisión Primera (ver ponencia) [1]. Además, tiene 53 proposiciones, que también deberán ser discutidas y votadas. Iván Cepeda presentó 34 (ver proposiciones) [2]. Es decir, que si bien hay opositores a la ley dentro de la Unidad Nacional, la mayoría de ellos aún están callados. La gran oposición pública viene del Polo, y promete hacer el debate aún más largo.

“Nosotros no queremos torpedear la ley, pero tampoco queremos aprobar una ley que tenga falencias para en unos años tener que volver a discutirla, como pasa con Justicia y Paz”, explicó a La Silla Vacía Cepeda, quien reconoce los aciertos de la ley de Justicia y Paz pero cree que hubiera podido ser más ambiciosa. Cuando se trata de las víctimas, Iván Cepeda es un maximalista, y esa posición puede ayudarle a las víctimas o puede convertirse en el chispero que le de los argumentos suficientes a los opositores para hundir la iniciativa.

La ley que defendía Uribe era minimalista: discriminaba a las víctimas de crímenes de Estado argumentando el tema de la sostenibilidad fiscal; no diferenciaba claramente la reparación de la asistencia social o de emergencia a las víctimas; y tampoco incluía un capítulo sobre reparación de tierras. La nueva ponencia sí incluye estos tres puntos. Cepeda quiere mucho más.

Las proposiciones del Polo son muchas pero tres de ellas son polémicas: la definición de víctima, los objetivos de la Comisión de la Verdad y los instrumentos para la reparación.

Cepeda se opone a que la definición de víctimas incluya la frase: “cuando estas -las violaciones a Derechos Humanos- hayan tenido lugar en desarrollo y ocasión de otros actos terroristas”. Para Cepeda, tal como está el artículo, no permitiría que la ley cubra hechos como los ‘falsos positivos’. "La definición de víctima debe ser amplia".

Los de La U y del Partido Conservador dicen que esta frase garantiza que no entren a ser considerados víctimas de esta ley los damnificados por DMG o de la delincuencia común. Y para el representante Guillermo Rivera, ponente de la ley, es obvio que tal como está redactado el artículo caben también las personas que fueron asesinadas y presentadas como ‘falsos positivos’ por miembros del Ejército, porque son víctimas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, así no sean crímenes cometidos en combate.

Cepeda también pide que se incluyan explícitamente las parejas del mismo sexo en esta definición, proposición que sí está respaldada por otros tres ponentes, pero no por el Partido Conservador que considera que con el calificativo de ‘igualdad’ en la aplicación de la ley ya están incluidas las parejas homosexuales.

En el punto de la Comisión de Verdad, la ponencia propone que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas y sus actores desde 1991. Cepeda cree que la Comisión debe esclarecer los crímenes cometidos desde 1948, y sobre todo enfocarse en develar las estructuras económicas y políticas que financiaron el conflicto armado. “Esto sería una garantía para no repetición de los crímenes”, dijo Cepeda a La Silla Vacía. “Hay que desactivar los aparatos parapolíticos y la paraeconomía para darle todas las garantías a las víctimas.”

Una comisión de la verdad como la planteada en la ponencia, que se dedique solo a identificar los patrones de la guerra y sus actores, es el tipo de comisión que sólo debería existir cuando termine el conflicto, dice Cepeda.

Pero el punto realmente polémico, que no ha sido debatido entre los congresistas, es la proposición de Cepeda para la reparación. Propone que el Fondo de Reparación incluya los bienes de los parapolíticos o “los bienes de quienes han sido condenados por concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a grupos armados al margen de la ley”.

En la ponencia actual, el Fondo está financiado por multas impuestas a los individuos y a los grupos armados, contribuciones voluntarias de gobiernos u organizaciones internacionales, y con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio.

Si los congresistas han sido renuentes a que los parapolíticos pierdan su curul en el Congreso por la aplicación de ‘la silla vacía’, es poco probable que ahora apoyen que también se les quiten sus bienes para reparar a las víctimas. Y más cuando algunos de ellos heredaron los fortines electorales de los políticos hoy condenados por sus vínculos con los paramilitares.

Los dilemas
La propuesta de Cepeda tiene poca probabilidad de ser acogida por la Corporación dada la bancada tan minoritaria que tiene el Polo. Pero aún así este representante puede terminar jugando un papel clave en todo el debate dado su papel como símbolo de las víctimas del Estado.

Hay dos opciones. Cepeda, con sus propuestas, podría ayudar a mover el debate hacia las víctimas, haciendo parecer la propuesta del gobierno en comparación moderada y apenas justa, con lo cual ayudaría a que la ley salga como la plantearon inicialmente los liberales, sin los recortes que promueven los más uribistas.

La otra opción es que Cepeda termine ‘dando papaya’ para que los opositores de la ley usen sus propuestas más maximalistas para caricaturizar la ley y movilizar a la sociedad en contra no solo de las proposiciones del Polo sino de todo el proyecto del gobierno con el argumento de la sostenibilidad fiscal. La opción intermedia, y que ya será un hecho, es que simplemente se alargue el debate mientras discuten cada una de las 53 proposiciones de Iván.

“Si el Congreso se toma todo el tiempo para discutir el proyecto de regalías, ¿por qué no debe hacerlo con víctimas? No hay afanes cuando se trata de conseguir la mejor ley”, dijo Cepeda a La Silla Vacía.

“Hace unos meses era imposible pensar que entraran todas las víctimas sin discriminación”, dijo el coordinador de ponentes Guillermo Rivera. “La ley de víctimas se ha ido construyendo con pequeñas batallas”.

La ofensiva de Cepeda, en cambio, es irse a la guerra en el primer debate. “Buscamos al máximo que la ley tenga dientes, que no sea un acto simbólico”, dice.

Publicado en La Silla Vacía (http://www.lasillavacia.com)

PLIEGO MODIFICATORIO A LA LEY DE VÍCTIMAS, PROPONE REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA (CLICK AQUI):

AL NO FIRMAR PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS, PDA PROPONE MECANISMOS CONCRETOS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN

Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.

Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.

Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:

1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.

2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.

4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.

6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.

7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.

El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

http://fb.me/ujgip2e1

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

En relación con los hechos que han generado debate público en las últimas semanas y que conciernen al Polo Democrático Alternativo manifiesto lo siguiente:

Desde hace varios años el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos. Al mismo tiempo, los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos: la implementación de la educación gratuita hasta el grado 11, la apertura de miles de cupos para educación tecnológica y profesional; la política de seguridad alimentaria que busca erradicar el hambre y la desnutrición en Bogotá; la ampliación de la cobertura en el servicio de salud; el diseño de una EPS distrital que demuestre que la salud es un derecho y no un negocio; la consolidación de un sistema integrado de transporte, etcétera. Todos estos son programas y decisiones de gobierno que demuestran que en Bogotá sí se puede garantizar derechos constitucionales que históricamente se le han negado a la mayoría de nuestros ciudadanos.

No obstante todo lo anterior, considero que la gravedad de los hechos de los que se responsabiliza tanto a algunos funcionarios públicos de la administración distrital, como a algunos miembros del partido ameritan una pronta y transparente investigación, así como también una total colaboración con las instancias judiciales y disciplinarias competentes. En estas circunstancias no caben ni apoyos acríticos ni actitudes encubridoras.

El Polo en virtud de su talante democrático debe ser el abanderado de la defensa del derecho al control político. La ética y la transparencia en el ejercicio de los funcionarios públicos y representantes del Polo son un deber sin el cual no se puede construir un proyecto político alternativo. Las denuncias no pueden ser simplemente ignoradas, vengan de donde vengan. De hecho, las denuncias presentadas por miembros del Polo resultan una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido.

Además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad.

De otra parte, se hace necesario contrarrestar las tendencias de caudillismo que no consulta ni responde a las decisiones colectivas del partido. No puede pretender ser democrático aquel que pisotea las normas de la participación democrática de una colectividad.

Al mismo tiempo, propongo que se desarrolle un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior de la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo, considero que es imperativo convocar a la mayor brevedad la realización del congreso nacional del PDA.

ENTREVISTA A IVÁN CEPEDA EN "EL ESPECTADOR"

La entrevista de Cecilia Orozco | 16 Octubre 2010 - 3:21am

"A veces creo que soy muy moderado"

El Espectador | Elespectador.com

Iván Cepeda explica por qué se opone a la ley de víctimas que se tramita en el Congreso y se refiere a su condición de hijo de un líder asesinado.

Cecilia Orozco Tascón.- En estos días se discute la ley de víctimas y restitución de tierras. Era impensable que un proyecto similar avanzara con Álvaro Uribe. Hoy es posible por una decisión del gobierno Santos. Sin embargo, usted se opone, ¿por qué?
Iván Cepeda Castro.- Reconozco que el proyecto tiene algunos puntos que constituyen un avance, pero, al tiempo, tiene grandes limitaciones y vacíos. Cito unos: las víctimas no han sido consultadas para la presentación de este proyecto. El Gobierno dice que se hizo en otro momento, pero es importante que ellas, que son las protagonistas de la ley, opinen sobre el actual. Segundo, en la ley hay un gran obstáculo para la reparación. La Administración ha incluido una limitante muy fuerte, que es el concepto de sostenibilidad fiscal.
C.O.T.- Pero el Gobierno debe ser responsable con las finanzas de la nación.
I.C.C.- Es cierto, pero también debe tener sentido de las proporciones. Hasta donde se sabe, el Gobierno habla de $44 billones en diez años, de los cuales $33 estarían consagrados a la asistencia y sólo $11 a una efectiva reparación. Eso significa que habría algo más de un billón de pesos al año para este último objetivo. Esos recursos son nimios con relación a la catástrofe que vive el país. Es muy mezquino y ausente de cierto decoro ético poner la reparación en esos términos. Cuando se trata de gastar en defensa, no hay alarma por la estabilidad fiscal. El Gobierno ha propuesto $20 billones en un año para la defensa nacional, mientras que para 4 millones de víctimas le parece suficiente un billón anual.
C.O.T.- Lo que hay previsto sobre restitución de tierras, ¿tampoco lo deja tranquilo?
I.C.C.- Hay algo previsto, sí, pero, ¿por qué no se diseña una política para perseguir los bienes, los capitales y las tierras apropiados ilegalmente? No debe pensarse sólo en cómo indemnizar, sino en la manera de debilitar el aparato criminal. El proyecto no tiene una política seria que permita captar recursos para reparar a las víctimas. No se prevé ningún mecanismo para la restitución del patrimonio usurpado, lo que hace inviable el mantenimiento de esa restitución. Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio.
C.O.T.- En sana lógica, se diría que los familiares de los victimarios no deberían tener el mismo tratamiento del Estado que las víctimas de sus parientes.
I.C.C.- Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa?
C.O.T.- ¿Usted prefiere que no haya ley o que pase con algunas de las falencias que señala?
I.C.C.- Quisiera una ley de víctimas que responda a los derechos de verdad, justicia y reparación, y no una que pueda ser eventualmente declarada inexequible por la Corte Constitucional, o que sea inocua porque reconocerá uno que otro derecho, pero sin resolver el problema de fondo.
C.O.T.- Es raro verlo a usted, defensor de derechos, como parte de un Congreso desprestigiado.
I.C.C.- Antes de intentar ser elegido, lo pensé mucho. Llegué a esta posición, porque creo que la búsqueda de justicia, verdad y reparación, desde el punto de vista estrictamente judicial, tiene unos límites. No quiero decir que sea una lucha vana o improductiva, pero quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas son los representantes de los poderes populares. Decidí experimentar y no me arrepiento.
C.O.T.- ¿De dónde salieron los recursos económicos para su campaña a la Cámara y cuántos votos obtuvo?
I.C.C.- Obtuve 35 mil votos e hice una campaña de opinión, sin ningún tipo de maquinarias, únicamente en Bogotá. En el Polo no represento ninguna colectividad política en particular, ni siquiera aquella en la que militó mi padre buena parte de su vida. Soy un representante que viene del movimiento de víctimas y de derechos humanos. Como se imaginará, los recursos que tuve fueron muy limitados y los conseguí mediante préstamos con amigos.
C.O.T.- 35 mil votos en Bogotá no es poca cosa. ¿Qué tipo de votante es el suyo?
I.C.C.- Durante la campaña encontré gente que pensé que no votaría por mí, pero lo hizo. Me refiero a personas provenientes de vertientes ideológicas diferentes y de partidos políticos tradicionales. Para mi sorpresa, algunos eran de ciertos estratos sociales. No estoy seguro, pero quisiera pensar que lo hicieron porque ha calado el mensaje de las víctimas y el del respeto a los derechos humanos. Por supuesto, también hubo votación de la izquierda y de sectores que tuvieron empatía con mi padre.
C.O.T.- Su partido ha sido descalificado por la gestión y los presuntos malos manejos de la Alcaldía de Bogotá. ¿Es crítico de lo que ocurre en el Polo o prefiere mirar para otro lado?
I.C.C.- Soy crítico de ciertas actuaciones y comportamientos. Lo que la opinión pública ha expresado debería conducir a que el partido examine de una manera objetiva la gestión de la Alcaldía. Pero también distingo claramente entre eventuales problemas que pudieran existir y las campañas que se vienen haciendo para etiquetar al Polo y para crear en la conciencia ciudadana que el partido es corrupto inventando algunos hechos o exagerando otros.
C.O.T.- El movimiento que usted representa es, explícitamente, una organización para víctimas de crímenes estatales. ¿No termina segregando a otras víctimas, por ejemplo, las de la guerrilla?
I.C.C.- No. También abogamos por otras víctimas y por sus derechos. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado no niega que la guerrilla ha causado daño y que ha generado víctimas individuales y colectivas con actos que pueden ser castigados como crímenes de guerra.
C.O.T.- La pregunta viene al caso porque si a uno le preocupa la suerte de unas víctimas, no puede ser sensible a unas e insensible a otras…
I.C.C.- Comparto lo que usted dice. Parte de lo que debemos resolver como sociedad es adquirir la sensibilidad que nos haga reaccionar sin miramientos. Los más privilegiados reaccionan indignados sólo si sus derechos no son respetados, pero son indiferentes con los de los demás. También me llama la atención que nadie ponga en tela de juicio la condición de víctima de un secuestrado de la guerrilla. Y que quien ha tenido un familiar víctima de desaparición forzada tenga que justificarse.
C.O.T.- En una parte del mundo político y periodístico se le percibe a usted como exagerado. ¿Se siente poco tolerante con posiciones distintas a la suya?
I.C.C.- No. Por el contrario, a veces creo que soy muy moderado. ¿Qué pedimos para las víctimas?, que haya efectivamente una reparación, que se desmantelen los aparatos criminales, que se reconozca el daño que se ha hecho. No son planteamientos de carácter revolucionario.
C.O.T. Usted dio una batalla muy larga para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad en el crimen de su padre. Pero ese reconocimiento resultó, paradójicamente, negativo, porque se presentaron ataques a la memoria de su padre. ¿Se arrepiente de esa lucha?
I.C.C.- Lo que había en el fondo era un profundo malestar por haber logrado una sentencia internacional en la que se reconoce que el asesinato de Manuel Cepeda fue un crimen de Estado. De ninguna manera me arrepiento. Por el contrario, me siento muy orgulloso de haber llevado a esas instancias el tema de mi padre.
C.O.T.- ¿Cree que logró su propósito o está insatisfecho con la forma como el Estado pidió perdón por la muerte de su padre?
I.C.C.- La sentencia de la Corte Interamericana es irreversible y su posición es incontrovertible. Además, este fallo es el inicio de la definición en la Corte, de la persecución del Estado contra la Unión Patriótica, siguiente paso en este debate. El presidente Uribe no quiso presentar el perdón que le exigió la Corte, en los términos en que se lo solicitó. Espero que el gobierno Santos lo haga.
C.O.T.- Y si eso no ocurriera, ¿iniciaría una nueva batalla jurídica contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana?
I.C.C.- Colombia no ha cumplido en los términos en que lo exigió la Corte, pero no quiero llegar a esa instancia. El gobierno Santos sabe que tiene que cumplir. Va a ser interesante observar su actitud para evaluar hasta dónde el discurso tiene coherencia.
C.O.T.- Si no cumple, ¿cuál es el siguiente paso jurídico?
I.C.C.- Podría ocurrir que la Corte Interamericana termine enviando un informe ante la asamblea general de la OEA, lo cual tiene una repercusión política internacional enorme y genera un precedente internacional muy negativo para Colombia ante los órganos de justicia como la Corte Penal Internacional.
C.O.T.- Usted formó parte de un grupo que habló con los paramilitares extraditados. ¿Por qué quiso hablar con los victimarios?
I.C.C.- Esta decisión se tomó y no a título personal, en el seno del Movimiento de Víctimas del Estado, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba. No fue fácil sopesar lo esencial que era el encuentro, con el rechazo natural que sentíamos. No me arrepiento porque tuvimos la oportunidad de conocer la verdad sobre los hechos que intentaron sepultar con la extradición de estas personas. El resultado de esas visitas es que los llamados jefes paramilitares no eran los jefes, sino que formaban parte de un gran aparato criminal en el que ellos cumplían unas funciones, ejecutaban órdenes de otros. La parainstitucionalidad de Colombia todavía está por ser desenmascarada.
C.O.T.- ¿A cuál de los jefes paramilitares saludó primero?
I.C.C.- A Salvatore Mancuso.
C.O.T.- ¿Lo saludó de mano?
I.C.C.- No. El primer encuentro fue supremamente difícil, porque se suponía que había que entablar una conversación y yo no me sentía cómodo. Fue un momento muy tenso: él me extendió la mano y no se la pasé.
C.O.T.- ¿Qué lo impactó más?
I.C.C.- Entender mejor quiénes eran. Y mi conclusión es que ellos no eran los señores de la guerra omnipotentes que creíamos, sino los instrumentos de otros, sin que esa circunstancia minimice su responsabilidad. Le repito una frase que utilicé en el debate sobre tierras, y que no es mío. Proviene de alias Pitirri. Él decía: “Unos veníamos matando; otros venían comprando, y otros iban legalizando”. Esas palabras tan simples resumen lo que hemos visto en estos años: primero fueron las masacres; después, las grandes adquisiciones de tierra. Y lo que estamos viendo hoy es la legalización de esos dominios.
“Es temprano para comparar”
Cecilia Orozco.- ¿Cómo evalúa al gobierno Santos y qué comparación hace con las administraciones de Uribe?
Iván Cepeda.- Es temprano para hacer comparaciones o evaluaciones, porque el Gobierno actual ha anunciado unos propósitos, pero hay que juzgar por los hechos. No sólo por sus palabras y por sus gestos públicos que también hay que apreciar. La ruta de la administración se definirá por los proyectos a los que nos está abocando; y lo que veo en el Congreso en materia de propuestas legislativas es sombrío. Hay iniciativas que plantea el Gobierno que pueden afectar gravemente los derechos de los ciudadanos.
C.O.- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
I.C.- Por ejemplo, la iniciativa de convertir la macroestabilidad económica en un derecho fundamental. Se genera así un mecanismo que intimidará a los jueces de la República a la hora de fallar acciones de tutela, acciones en favor de los desplazados, sentencias de reparación de víctimas u otro tipo de decisiones que puedan ser consideradas como dañinas a lo que se denomina estabilidad fiscal.
C.O.- ¿Cree que se camufla una especie de reforma subrepticia de la justicia?
I.C.- Creo que eso forma parte de un gran proyecto que tiene muchos ingredientes de continuidad con el modelo anterior.
Dos veces en el exilio
C.O.- ¿Cuántas veces ha estado en el exilio?
I.C.- Salimos entre el año 65 y el 70 porque iban a matar a mi padre. Yo tenía en ese momento tres años. Después, en el año 2000, tuvimos que irnos hasta 2004 por circunstancias que tenían que ver con el proceso en el caso del asesinato de mi padre, cuando se produjo la condena de dos suboficiales como autores materiales del crimen.
C.O.- Supongo que hay un momento en que uno tira la toalla y se instala definitivamente en otro sitio. ¿Por qué no lo ha hecho?
I.C.- En algún momento, sobre todo en el segundo exilio, cuando no quería irme del país, pero tuve que hacerlo, me convencí de que esa opción le hace perder a uno el sentido a la vida.
C.O.- Obviamente su nombre siempre estuvo entre los vigilados en el complot del espionaje del DAS.
I.C.- Cierto, pero menos que otras personas.
C.O.T. ¿Hasta dónde invadieron su privacidad? ¿Lo sabe?
I.C.C.- Siempre he sido consciente de que interceptaban las comunicaciones. También de que había seguimientos, pero nunca imaginé la sofisticación de lo que se ha encontrado en los archivos del DAS.
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http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso-230033-veces-creo-soy-muy-moderado

Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

ELESPECTADOR.COM

Iván Cepeda Castro | 13 Octubre 2010 - 10:37pm

Por: Elespectador.com

EL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS contiene algunos preceptos que pueden contribuir a la superación de los efectos de la violencia.

Por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba para los procesos de restitución de tierras, y el reconocimiento de las víctimas de agentes estatales. No obstante, el proyecto también tiene múltiples vacíos, e incluso contempla prescripciones que limitan severamente el derecho a la reparación.

Uno de los ejes transversales de la legislación propuesta por el gobierno del presidente Santos es la tesis de que las sentencias judiciales están entre las principales amenazas de la estabilidad macroeconómica. Para el Gobierno no son la corrupción ni el gigantesco gasto en defensa ni las generosas gabelas y beneficios tributarios a los más pudientes, las causas de los problemas de insolvencia fiscal. El peligro radica en los fallos de tutela que protegen los derechos de la población desplazada y el acceso al servicio de salud para los más pobres. Este razonamiento es el sustento ideológico de un frontal ataque contra la Constitución de 1991 hecho con una poderosa máquina parlamentaria.

Con ese mismo espíritu se ha diseñado la ley de víctimas. Los artículos 5 y 13 del proyecto introducen el concepto de “sostenibilidad fiscal” que recorta drásticamente la pretendida reparación. El proyecto además deja a discreción del Gobierno fijar los montos de la indemnización de las víctimas por la reparación administrativa, limita algunas de las modalidades de la indemnización por vía judicial —lo cual es un claro retroceso—, y no establece la restitución patrimonial para quienes han sido despojados de tierras.

El enorme daño causado durante décadas de violencia a más de cuatro millones de personas que reconoce el Gobierno, quiere ser reparado con 40 billones de pesos entregados a lo largo de una década. En otros campos, el ahorro fiscal no constituye obstáculo. El país entrega anualmente 20 billones de pesos para los gastos de defensa y seguridad democrática, sin que ello suscite la alarma del Ministro de Hacienda. Para disimular tal precariedad, el proyecto pretende incorporar una serie de artículos e incisos que confunden las prestaciones sociales del Estado con medidas de reparación, lo cual riñe con la constitucionalidad de la ley.

El estilo utilizado en el proyecto para obligar a las autoridades a cumplir con la sostenibilidad fiscal, me hace recordar el intento fallido de los decretos de emergencia social del anterior gobierno de recortar la autonomía de los médicos al momento de formular procedimientos. Jueces y médicos terminan siendo los responsables de hacer viable una política en que los intereses privados se aseguran a través del sacrificio de los derechos fundamentales.

Por elementales principios éticos la reparación no debe ser un asunto de regateo económico. Lo indicado en este caso es crear mecanismos eficaces para que las fuentes de esa reparación sean los bienes y capitales de los aparatos criminales. Igualmente, desarrollar la jurisprudencia que ha establecido la creación de impuestos a las empresas que se han lucrado de la acción de los grupos armados ilegales como una de las fuentes para la reparación. De esta forma, el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales puede contribuir al mismo tiempo a la no repetición de la violencia.

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección del Fiscal General de la Nación”

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección
del Fiscal General de la Nación”

Durante la semana anterior se conocieron las declaraciones de Juan Carlos
Sierra alias ‘El Tuso’, en las que entre otros hechos, reveló sus estrechos
nexos con el ex senador Mario Uribe.

Según afirmó Luis González, jefe de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación, las declaraciones del narcotraficante alias ‘El Tuso’
darán lugar a una investigación en el ente acusador y ante la Corte Suprema
de Justicia.

El representante Iván Cepeda Castro instó al presidente de la República
Juan Manuel Santos a que cambie la terna de candidatos que aspiran al cargo
de Fiscal General de la Nación.

La terna que examina actualmente la Corte Suprema de Justicia está viciada
-sostuvo el parlamentario- quien la propuso, el ex presidente Álvaro Uribe,
tiene interés particular en esta designación. El nuevo Fiscal debe
investigar las acusaciones hechas contra el ex senador Mario Uribe, primo
del ex mandatario; la responsabilidad de sus más estrechos en el espionaje
del DAS; la presunta responsabilidad de algunos ex ministros en tratos de
corrupción, y muchos otros eventos criminales. Por esta razón, la elección
del nuevo Fiscal debe responder al criterio fundamental de imparcialidad. Para
que se asegure el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su
conjunto, invito al presidente Santos para que postule nuevos candidatos.

Oficina de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Congreso de la República de Colombia

Entrevista en Revista Semana a Iván Cepeda

“Gracias a Colombia, la convención contra la desaparición forzada regirá en el mundo”
Nación El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el “panorama será cada vez más sombrío”.

Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.

La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del “derecho a la reparación”, a la “búsqueda de la persona” o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad “que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial”.

Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención “entraría en vigor”, pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.

El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

Semana.com: ¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?

Iván Cepeda:
La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.

En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.

Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

Semana.com: ¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?

I.C.: En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

Semana.com: ¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?

I.C.: Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

Semana.com: ¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?

I.C.: Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

Semana.com: ¿Quiénes han firmado el convenio?

I.C.: Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

Semana.com: ¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?

I.C.: La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama Un cadáver insepulto en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

Semana.com: ¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
I.C.:
La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.

En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

Semana.com: ¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?

I.C.: Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Semana.com: Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?

I.C.: Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.

Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

Semana.com: ¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?

I.C.: Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

Semana.com: ¿En su criterio cuáles son esos estándares?

I.C.: Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Semana.com: Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?

I.C.: Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.

Se abre paso la Convención contra la desaparición forzada en Colombia

Con diez votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en la mañana de hoy en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley No 303/10 en la Cámara y 209/09 del Senado sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención fue adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

El representante Iván Cepeda, ponente coordinador de esta iniciativa, calificó la Convención como un instrumento revolucionario para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. También señaló que su aprobación en Colombia se constituiría en un hecho histórico de enorme significado para la humanidad. La Convención ha sido ratificada por 19 Estados y sólo falta uno para completar los veinte requeridos para su entrada en vigencia.

El acto contó con la participación de Christian Salazar Volkmann, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; Guilhem Ravier, coordinador de protección de la Comisión Internacional de la Cruz Roja; Federico Andreu Guzmán, director de la Comisión Colombiana de Juristas; José Daniel Álvarez de Familiares Colombia; Gloria Gómez, directora de ASFADDES; Jorge Cubides, Asesor Jurídico Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República; Andrés Orlando Peña de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; María Paulina Riveros Dueñas, representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y una vocera de la embajada de Francia.

“Colombia podría tener el honor de ser el país que mediante la aprobación de la Convención logre que este valioso instrumento de derechos humanos entre en vigor, lo cual le confiere una enorme importancia internacional a la decisión que adopte el Congreso de la República” afirmó el parlamentario.

Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, afirmó que la desaparición forzada es la más grave violación a los derechos humanos porque implica el desconocimiento de otros derechos, como el derecho a la seguridad, a la dignidad, a no sufrir tortura o trato inhumano y degradante, a una personalidad jurídica, a un juicio justo, a la vida familiar y el derecho a la vida.

“La desaparición forzada es una violación continúa en el tiempo. Según el artículo 5 de la Convención es un crimen de lesa humanidad cuando es sistemático y generalizado”

La convención en su articulado prioriza las voces de las víctimas, determina que los familiares tienen derecho a conocer las circunstancias de la desaparición, el paradero de los restos de sus seres queridos y a una reparación integral. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a los desaparecidos y a lograr la verdad sobre lo ocurrido.

Federico Andreu, director de la CCJ, explicó que la Convención pretende lograr la represión del delito al tipificar la desaparición forzada como una violación autónoma, de naturaleza grave y con carácter permanente y continuado. También determina la responsabilidad individual y prohíbe que se invoque la obediencia debida para la exoneración de responsabilidades penales; determina normas procedimentales mediante la cooperación judicial entre los Estados Parte y define las medidas de prevención.

Con el voto favorable por parte de Colombia se contribuye a que las víctimas de todo el planeta cuenten con un recurso ante la justicia, y que además sean escuchadas de acuerdo a lo que determina la normativa internacional. “Es un llamado ético que nace de una convicción solidaria” sostuvo el representante Iván Cepeda

El representante Cepeda agradeció a la Comisión su apoyo, a los invitados y a los familiares de desaparecidos que estuvieron presentes durante el acto de sustentación.

“Es un momento trascendental para el país y nos llena de emoción haber logrado este reconocimiento en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes” concluyó el parlamentario.

OFICINA DE DE PRENSA

IVÁN CEPEDA CASTRO

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

CONSTANCIA PRESENTADA POR IVÁN CEPEDA ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SOBRE EL CASO DE PIEDAD CÓRDOBA

LA OPOSICIÓN DEBE TENER DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN

El día de ayer nos enteramos de la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba, ordenando su destitución de la curul, obtenida por voto popular, e inhabilitándola por 18 años a ejercer cargos públicos.

La senadora Piedad Córdoba ha demostrado como miembro de Colombianos por la Paz un profundo compromiso con Colombia en la búsqueda de soluciones pacíficas al largo conflicto armado que sufre nuestro país. Desde su curul ha ejercido una labor crítica y de oposición. Es este comportamiento ético el que está sancionando el Procurador General. Consideramos que esta lamentable decisión obedece a motivos políticos y la rechazamos.

El respaldo probatorio en que se apoya esta decisión del Procurador se desprende de los documentos supuestamente encontrados en computadores hallados en territorio extranjero. Hay que recordar que la recolección de esas pruebas no cumple con los requisitos de cadena de custodia, es decir, que no corresponde a un procedimiento controlado que se utiliza sobre los indicios materiales relacionados con un delito, desde el momento de su localización hasta su evaluación por parte de los operadores de justicia. Esta cadena de custodia tiene como propósito evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones de la prueba.

El informe que la Interpol produjo a raíz de estos hechos también señala que existen irregularidades en la recolección de estas pruebas. Por esta razón, creemos que se está violando el respeto al debido proceso.

En derecho existe algo que se suele llamar la “Teoría de los frutos del árbol envenenado”. Significa que cuando una prueba es ilícita, todos los “frutos” jurídicos que se desprenden de este proceso no tienen validez.

Es necesario recordar que las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación acerca de las operaciones ilegales realizadas por el DAS revelan que uno de los objetivos fundamentales de estas operaciones era el desprestigiar públicamente a la oposición y con nombre propio a la senadora Piedad Córdoba, utilizando diversos métodos que eventualmente podrían incluir la invención de pruebas.

Con la destitución de la senadora Piedad Córdoba se está construyendo jurídica y políticamente el camino para que la única posibilidad sea la vía militar al conflicto armado en Colombia, hecho que nos preocupa profundamente.

El Polo Democrático Alternativo rechaza rotundamente la decisión tomada por el Procurador General de la Nación. Consideramos que es necesario respetar el derecho al debido proceso de la senadora Piedad Córdoba y que la oposición política en Colombia debe tener derecho a la libre expresión sin que por ello sea perseguida o exterminada.

IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador de la República

Polo Democrático Alternativo

LOS ROSTROS DEL DESPOJO

Septiembre 19 de 2010
Publicado por: El Tiempo*

**Iván Cepeda Castro

En el debate de control político sobre tierras en la Cámara de Representantes, citado para el 18 de agosto de 2010, mencioné algunos nombres de personas y consorcios que hacen parte de poderosas estructuras que han participado en diversas modalidades de despojo de la propiedad rural en el país. Sin ponerle rostro e identidad al problema de tierras es imposible avanzar en la restitución que anunció el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Dos de los ejemplos que presenté fueron la compra masiva de tierras que viene realizando un consorcio de magnates en la zona de los Montes de María, y las inmensas propiedades del señor Víctor Carranza -acusado de ser uno de los principales jefes paramilitares del país- en zonas donde se han producido desplazamientos forzados.

Hace pocos días, fue radicado el proyecto de ley de origen gubernamental para la restitución de tierras.

Surgen serios interrogantes acerca de si casos como los que expuse en el Congreso quedarían incorporados o debidamente tratados mediante la norma que se propone. ¿Poderosos consorcios que han realizado compras masivas de tierras y que han legalizado títulos de predios en sitios en los que se produjeron masacres y desplazamientos forzados podrían ser considerados "terceros de buena fe"? ¿A estos "desinformados" magnates les serían pagadas multimillonarias compensaciones? ¿Las inmensas propiedades de jefes paramilitares que despojaron tierras antes del surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia -1995- no serían objeto de restitución? ¿Las víctimas de despojo provocado, directa o indirectamente, por agentes del Estado no serán consideradas como parte del procedimiento expedito de restitución de tierras?

Estos interrogantes surgen cuando se examina el artículo 2o. del proyecto de ley que limita el carácter de beneficiario de la restitución a aquellas personas que fueron despojadas "por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en proceso de justicia y paz". Esto quiere decir que los mecanismos transicionales solo beneficiarían a las víctimas de despojo de actos cometidos por las Auc. No incluirían a las víctimas de jefes u organizaciones paramilitares anteriores o que no hicieran parte de ese grupo, ni a las víctimas de agentes del Estado. Todas ellas tendrían que apelar a la ineficiente justicia ordinaria.

De igual forma, el capítulo segundo del proyecto no precisa el carácter de los "terceros de buena fe" que compraron las tierras usurpadas y a quienes se les da el derecho de presentarse como opositores en el proceso de restitución y, eventualmente, a ser compensados. Es cierto que existe el derecho a la presunción de la buena fe, pero el aprovechamiento inescrupuloso de las circunstancias de desplazamiento para quedarse con sus tierras es un delito que se suma a la violencia armada ya ejercida contra la víctima. Y eso es lo que están haciendo grandes empresas y conglomerados económicos en los territorios de mayor desplazamiento en Colombia, a través de aparentes justos títulos.

De esta forma, la Ley de Restitución podría terminar siendo un instrumento que beneficie a un número limitado de personas que han sufrido el despojo, y que indemnice a magnates de la tierra, situación contraria al reconocimiento sin discriminación que debe ser el principio rector de una legislación justa e integral sobre víctimas. Todo esto en el contexto de la política del actual gobierno que, en materia rural, dará un impulso irrestricto a las explotaciones agroindustriales y mineras. Un modelo que empobrece al país, así como destruye la forma de vida del campesinado, de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

* * * *

Esta semana formularé denuncia penal contra el señor José Obdulio Gaviria por los delitos de instigación a la violencia, injuria y calumnia que se desprenden de su columna de opinión 'Alertas tempranas (I)'.

*http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1

** Representante a la Cámara

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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