6 DE MARZO Y LAS FALSAS RESTITUCIONES

Por Iván Cepeda | Publicado el 17 de febrero de 2012


http://m.elcolombiano.com/article/32208


El próximo 6 de marzo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado marchas en Montería y Villavicencio.

Se trata de acciones independientes y autónomas del Gobierno, que no cuentan con su apoyo logístico y que se realizan en medio de difíciles condiciones de seguridad en lugares donde existe control paramilitar y terrateniente.

También son demostraciones que plantean un mensaje claro al presidente Santos sobre el problema de los territorios despojados: se debe decir cuál es la verdadera intención de la política que designa como "restitución de tierras".

El Gobierno debe hablarles con franqueza a las víctimas del despojo y a la población desplazada, en vez de inflar la percepción de la restitución.

Aunque el principal acento del Plan de Choque -aplicado en los primeros meses de esta administración- fue la restitución, en realidad su prioridad fue la formalización de tierras.

Finalizado el Plan, tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas. El senador Jorge Enrique Robledo puso en evidencia la disparidad entre los anuncios gubernamentales y lo que muestra la cruda realidad del proceso.

En el Plan Nacional de Desarrollo se dice que a la vuelta de los próximos cuatro años se habrán realizado 160.000 restituciones. No obstante, el propio Gobierno reconoce que en 2012 sólo se harán 11.000.

El problema en la aplicación de la inversión de carga de la prueba en los procesos de restitución de tierras, tal como lo estipula la Ley de Víctimas, se constituye en otro golpe sensible a la esperanza de que algunas de las tierras despojadas regresen a las manos de sus verdaderos dueños.

El perfil de la política rural del Gobierno que apunta al papel protagónico de la agroindustria y a conceder amplios territorios a la explotación minera -39 millones de hectáreas- encuentra correlación en la formulación del principio del derecho de superficie y del contrato de uso, que permitirán subsanar cualquier problema que tengan los conglomerados en eventuales litigios.

Así, lo que aparece como restitución auspiciaría un modelo "asociativo" que convertiría a los productores campesinos en peones de plantaciones agroindustriales. A esto se añade el documento Conpes que contiene el plan de sostenibilidad de la Ley de Víctimas, según el cual, ante la alegación de buena fe exenta de culpa, es muy probable que los empresarios del campo ganen los juicios de restitución en un 80%.

¿Se incluirá en estos casos a Cementos Argos S.A. y a Tierras de Promisión en los Montes de María, a Aportes San Isidro S.A. -actual propietario de la hacienda Las Pavas- o al empresario Germán Efromovich en la antigua Hacienda Bellacruz?

Por lo demás, llama la atención que en los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro se omite la responsabilidad de estas y otras empresas, así como la alusión directa a terratenientes que poseen miles de hectáreas.

Como si esto fuera poco, queda por resolver el asunto de las condiciones políticas de las regiones donde se ha producido el despojo masivo. Allí no basta con crear esquemas de protección a los líderes campesinos. Se requiere una revolución democrática en estas regiones que haga frente a tenebrosos sectores que se oponen a la restitución, entre los cuales están aquellos aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por estas razones, y desafiando los peligros, los campesinos marcharán el 6 de marzo en Montería y Villavicencio.

Human Rights Watch respalda a Iván Cepeda frente a reclamo del abogado Jaime Granados

*José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human
Rights Watch le dirigió una carta al apoderado del expresidente Álvaro
Uribe en la cual le aclara al jurista que esa organización continuará
observando de cerca la actuación de las autoridades judiciales frente a las
declaraciones hechas por Juan Monsalve y Pablo Hernán Sierra sobre los
presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares*

*
*

BOGOTÁ, 16/02/12. La carta surge como respuesta a la carta que el abogado
Jaime granados le envió a Vivanco el 8 de noviembre de 2011, en la cual el
abogado afirma que el congresista Iván Cepeda “vive en razón de causarle
daño” al expresidente Álvaro Uribe y que “en muchas ocasiones ha actuado en
contra de su buen nombre, incluso engañando a la justicia con falsas
denuncias”.


Esta misiva se da meses después de que el representante a la Cámara diera a
conocer los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la finca
Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique
Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”,
quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe
Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de
masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También mencionan el
apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la presidencia en
el año 2002.


Además, en el mensaje, José Miguel Vivanco, le expresa su respaldo al
congresista y le responde a Granados que “la contribución del Dr. Cepeda ha
sido crucial para el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, y
que continuará apoyando sus futuros esfuerzos en este ámbito.


*A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*



Aclaraciones respecto a las declaraciones del señor Iván Cepeda Castro


Washington D.C., 13 de febrero de 2012

Estimado Sr. Granados:


Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con su comunicación del 8
de noviembre en la que expresa su preocupación por las acusaciones
formuladas contra el ex Presidente Álvaro Uribe. Desde su fundación, Human
Rights Watch asumió el compromiso de apoyar iniciativas destinadas a
consolidar el estado de derecho y asegurar la integridad de las
investigaciones judiciales que promueven el juzgamiento de quienes cometen
violaciones de derechos humanos, así como de sus cómplices y aliados. En
relación al asunto que le preocupa, quisiéramos asegurarle que
continuaremos observando de cerca la actuación de las autoridades
judiciales frente a las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo
Hernán Sierra sobre los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con
grupos paramilitares. También seguiremos instando a las autoridades
colombianas pertinentes a que adopten medidas para garantizar la seguridad
de estos dos ex paramilitares, en especial teniendo en cuenta la
información que recibimos recientemente sobre nuevas amenazas contra
Monsalve.

Tomamos nota de sus observaciones acerca de la conducta del destacado
representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. No obstante, como seguramente
sabrá, el Dr. Cepeda goza de amplio respeto en Washington y en Europa
debido a sus importantes esfuerzos para lograr que los paramilitares rindan
cuentas por sus atrocidades. En tal sentido, creemos que la contribución
del Dr. Cepeda ha sido crucial para el fortalecimiento del estado de
derecho en Colombia y continuaremos apoyando sus futuros esfuerzos en este
ámbito.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

CC: Honorable Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro

OFICINA DE PRENSA

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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