Cepeda celebró decisión de Incoder de ordenar revocatoria de adjudicación sobre predios de Víctor Carranza


El representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo que el reciente anuncio del Incoder de expedir resolución de revocatoria directa de adjudicación sobre 27 mil hectáreas utilizadas por la ganadería La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta, es un claro resultado de sus denuncias en el debate sobre tierras realizado  en mayo de 2012 y consignadas en el libro Víctor Carranza alias ‘El Patrón’. El congresista reveló una matriz de mecanismos ilegales, utilizada por Carranza para apropiarse de éstos y otros terrenos.

BOGOTÁ, 28/01/2013. El congresista y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, afirmó que esta nueva acción del Gobierno Nacional debe ser el comienzo de una serie de decisiones sobre más de 45 mil hectáreas que se presume fueron conseguidas mediante el despojo y la adjudicación fraudulenta, por parte de testaferros de Víctor Carranza, procesado actualmente por la justicia por sus presuntos nexos y conformación de grupos paramilitares.
El representante recordó que durante la investigación para el libro y los debates en el Congreso, quedó claro que Víctor Carranza es uno de los más grandes latifundistas del país. Una fuente le dijo a Cepeda que en 2011, Carranza habría celebrado con una extravagante fiesta, la consecución de la hectárea número un millón.
Los predios (El Pedregal, Mi Llanura, Campo Hermoso, El Rincón y Las Corocoras) objeto de la decisión de revocatoria están ubicados en la inspección El Porvenir, de Puerto Gaitán, y se comprobó que Carranza los habría adquirido ilegalmente a través de José Baldomero Romero, alias Guillermo Torres.
El congresista anunció que continuará al frente de este tema, pues quedan acciones pendientes frente a otros predios de Víctor Carranza como es el caso de la hacienda El Brasil, donde se repite la matriz ilegal de adquisición de terrenos y según versión de un exjefe paramilitar ante un juez de Justicia y Paz, allí habría funcionado una base paramilitar y existirían fosas comunes. En ese sentido Cepeda, también le solicitó al Incoder que inicie la recuperación de 10 mil hectáreas de baldíos de la nación, ubicados en el predio Morichito, en Puerto Gaitán, igualmente de propiedad de Carranza.

Investigación contra Uribe es el paso más importante de la justicia colombiana en el caso de la parapolítica: Cepeda


Así lo dijo el congresista Iván Cepeda, tras conocer la decisión del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre de reabrir investigación contra Álvaro Uribe Vélez, en calidad de exgobernador de Antioquia, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en 1996. La investigación se abrió a raíz de dos testimonios de exmiembros de grupos paramilitares, recibidos por el representante Cepeda en desarrollo de las visitas a diferentes cárceles del país, con fines humanitarios.

 El representante a la Cámara y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda Castro, recibió con satisfacción el anuncio hecho por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, de la apertura de investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el delito de concierto para delinquir, por presuntos nexos con grupos paramilitares en el periodo en el que se desempeñó como gobernador de Antioquia.

Este es, sin duda, el paso más importante de la justicia colombiana en el terrible caso de la parapolítica. Es la primera vez que se abre una investigación en la justicia ordinaria contra el expresidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador”, subrayó el congresista.

El 19 de agosto de 2012, en desarrollo de las visitas realizadas a varias cárceles del país, como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el representante Cepeda recibió la declaración del exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante paramilitar recluido en la cárcel de Itagüí, quien afirma que a mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Álvaro Uribe.

En un segundo testimonio, Juan Guillermo Monsalve,  hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez en el nordeste antioqueño, quien integró el grupo paramilitar que operó en esa región a mediados de los 90, afirma que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, no sólo apoyó esas autodefensas, sino que presuntamente ordenó una de las masacres ocurridas en el municipio de San Roque.

Para el congresista, el hecho de que se abra esta investigación es de suma importancia para las víctimas del paramilitarismo, ya que el caso de Álvaro Uribe es un capítulo vital para entender este fenómeno. Dijo que espera que a esta investigación, se sumen muchas más, provenientes de testimonios de los exjefes paramilitares, que coinciden en señalar la participación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez en hechos ilícitos.

Dentro de esos señalamientos se encuentran casos de masacres y la creación de bloques de autodefensas y grupos de limpieza social, relacionados con otras propiedades de los Uribe Vélez como La Mundial, La Carolina, San Cipriano y El Ubérrimo, que según otros testimonios, han servido como lugar de entrenamiento, centro de operaciones y de reuniones de grupos paramilitares.

Cepeda reiteró que a raíz de la entrega de estas denuncias a la Fiscalía,  se han incrementado las presiones y amenazas contra Pablo Hernán Sierra y su familia, especialmente contra Juan Monsalve y su familia, quienes no han parado de ser hostigados para que Monsalve se retracte de sus afirmaciones.

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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