CONSTANCIA PRESENTADA POR IVÁN CEPEDA ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SOBRE EL CASO DE PIEDAD CÓRDOBA

LA OPOSICIÓN DEBE TENER DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN

El día de ayer nos enteramos de la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba, ordenando su destitución de la curul, obtenida por voto popular, e inhabilitándola por 18 años a ejercer cargos públicos.

La senadora Piedad Córdoba ha demostrado como miembro de Colombianos por la Paz un profundo compromiso con Colombia en la búsqueda de soluciones pacíficas al largo conflicto armado que sufre nuestro país. Desde su curul ha ejercido una labor crítica y de oposición. Es este comportamiento ético el que está sancionando el Procurador General. Consideramos que esta lamentable decisión obedece a motivos políticos y la rechazamos.

El respaldo probatorio en que se apoya esta decisión del Procurador se desprende de los documentos supuestamente encontrados en computadores hallados en territorio extranjero. Hay que recordar que la recolección de esas pruebas no cumple con los requisitos de cadena de custodia, es decir, que no corresponde a un procedimiento controlado que se utiliza sobre los indicios materiales relacionados con un delito, desde el momento de su localización hasta su evaluación por parte de los operadores de justicia. Esta cadena de custodia tiene como propósito evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones de la prueba.

El informe que la Interpol produjo a raíz de estos hechos también señala que existen irregularidades en la recolección de estas pruebas. Por esta razón, creemos que se está violando el respeto al debido proceso.

En derecho existe algo que se suele llamar la “Teoría de los frutos del árbol envenenado”. Significa que cuando una prueba es ilícita, todos los “frutos” jurídicos que se desprenden de este proceso no tienen validez.

Es necesario recordar que las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación acerca de las operaciones ilegales realizadas por el DAS revelan que uno de los objetivos fundamentales de estas operaciones era el desprestigiar públicamente a la oposición y con nombre propio a la senadora Piedad Córdoba, utilizando diversos métodos que eventualmente podrían incluir la invención de pruebas.

Con la destitución de la senadora Piedad Córdoba se está construyendo jurídica y políticamente el camino para que la única posibilidad sea la vía militar al conflicto armado en Colombia, hecho que nos preocupa profundamente.

El Polo Democrático Alternativo rechaza rotundamente la decisión tomada por el Procurador General de la Nación. Consideramos que es necesario respetar el derecho al debido proceso de la senadora Piedad Córdoba y que la oposición política en Colombia debe tener derecho a la libre expresión sin que por ello sea perseguida o exterminada.

IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador de la República

Polo Democrático Alternativo

LOS ROSTROS DEL DESPOJO

Septiembre 19 de 2010
Publicado por: El Tiempo*

**Iván Cepeda Castro

En el debate de control político sobre tierras en la Cámara de Representantes, citado para el 18 de agosto de 2010, mencioné algunos nombres de personas y consorcios que hacen parte de poderosas estructuras que han participado en diversas modalidades de despojo de la propiedad rural en el país. Sin ponerle rostro e identidad al problema de tierras es imposible avanzar en la restitución que anunció el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Dos de los ejemplos que presenté fueron la compra masiva de tierras que viene realizando un consorcio de magnates en la zona de los Montes de María, y las inmensas propiedades del señor Víctor Carranza -acusado de ser uno de los principales jefes paramilitares del país- en zonas donde se han producido desplazamientos forzados.

Hace pocos días, fue radicado el proyecto de ley de origen gubernamental para la restitución de tierras.

Surgen serios interrogantes acerca de si casos como los que expuse en el Congreso quedarían incorporados o debidamente tratados mediante la norma que se propone. ¿Poderosos consorcios que han realizado compras masivas de tierras y que han legalizado títulos de predios en sitios en los que se produjeron masacres y desplazamientos forzados podrían ser considerados "terceros de buena fe"? ¿A estos "desinformados" magnates les serían pagadas multimillonarias compensaciones? ¿Las inmensas propiedades de jefes paramilitares que despojaron tierras antes del surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia -1995- no serían objeto de restitución? ¿Las víctimas de despojo provocado, directa o indirectamente, por agentes del Estado no serán consideradas como parte del procedimiento expedito de restitución de tierras?

Estos interrogantes surgen cuando se examina el artículo 2o. del proyecto de ley que limita el carácter de beneficiario de la restitución a aquellas personas que fueron despojadas "por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en proceso de justicia y paz". Esto quiere decir que los mecanismos transicionales solo beneficiarían a las víctimas de despojo de actos cometidos por las Auc. No incluirían a las víctimas de jefes u organizaciones paramilitares anteriores o que no hicieran parte de ese grupo, ni a las víctimas de agentes del Estado. Todas ellas tendrían que apelar a la ineficiente justicia ordinaria.

De igual forma, el capítulo segundo del proyecto no precisa el carácter de los "terceros de buena fe" que compraron las tierras usurpadas y a quienes se les da el derecho de presentarse como opositores en el proceso de restitución y, eventualmente, a ser compensados. Es cierto que existe el derecho a la presunción de la buena fe, pero el aprovechamiento inescrupuloso de las circunstancias de desplazamiento para quedarse con sus tierras es un delito que se suma a la violencia armada ya ejercida contra la víctima. Y eso es lo que están haciendo grandes empresas y conglomerados económicos en los territorios de mayor desplazamiento en Colombia, a través de aparentes justos títulos.

De esta forma, la Ley de Restitución podría terminar siendo un instrumento que beneficie a un número limitado de personas que han sufrido el despojo, y que indemnice a magnates de la tierra, situación contraria al reconocimiento sin discriminación que debe ser el principio rector de una legislación justa e integral sobre víctimas. Todo esto en el contexto de la política del actual gobierno que, en materia rural, dará un impulso irrestricto a las explotaciones agroindustriales y mineras. Un modelo que empobrece al país, así como destruye la forma de vida del campesinado, de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

* * * *

Esta semana formularé denuncia penal contra el señor José Obdulio Gaviria por los delitos de instigación a la violencia, injuria y calumnia que se desprenden de su columna de opinión 'Alertas tempranas (I)'.

*http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1

** Representante a la Cámara

Inspección judicial en el cementerio de Granada Meta y visita al cementerio Jardines del Paraíso de San José del Guaviare

Inspección judicial en el cementerio de Granada Meta y visita al cementerio Jardines del Paraíso de San José del Guaviare
Septiembre 12 de 2010
Una delegación encabezada por el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, y el Sacerdote Jesuita, Javier Giraldo, visitó el cementerio de Granada, Meta, el pasado 10 de septiembre.
Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación con un equipo técnico del CTI adelantó la inspección judicial a dicho cementerio, que el representante a la Cámara Cepeda había solicitado la semana anterior.
El objetivo de esta inspección por parte de la Fiscalía fue realizar labores tendientes al inicio de una investigación sobre el funcionamiento del cementerio, las causas de los fallecimientos y determinar las identidades de las personas no identificadas que reposan en un sector de este cementerio. El organismo determinó que se congelaran los trabajos de remoción de tierras que desde hace diez días se vienen efectuando en dos lugares de el cementerio.
La delegación también se reunió con autoridades civiles y militares del municipio para analizar la situación de los numerosos cuerpos no identificados que yacen en el cementerio municipal.
Al día siguiente de la inspección judicial en el Cementerio de Granada, Meta, la comisión se desplazó a San José de Guaviare, donde se reunió con el alcalde Pedro Arenas García y visitó dos cementerios de este municipio en los que se encuentran cadáveres sin identificar entregados por miembros del Ejército Nacional como personas muertas en combate.
“Necesitamos es que se esclarezca esa situación, así como la del cementerio de San José del Guaviare, La Macarena y Vista Hermosa. Hay un número considerable de cuerpos sin identificar sepultados en estos cementerios y no sabemos quiénes son realmente” sostuvo el representante, Iván Cepeda Castro.
Oficina de prensa
Representante a la Cámara
Iván Cepeda Castro

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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