Por una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer

*Artículo obligaría al Gobierno a encarar situación de violencia contra las
mujeres *

*La norma pretende que por fin se tomen medidas en todas las esferas
gubernamentales para garantizar la protección y la eficaz atención a las
mujeres que han sido víctimas de violencia por razón de su género, y
establece la implementación de programas de prevención y sensibilización
contra este fenómeno*
* *
BOGOTÁ, 27/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda buscará que sea
aprobada una proposición para que se incluya en el Plan Nacional de
Desarrollo, un artículo que plantea la puesta en marcha de una política
pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación contra la mujer.

De manera adicional, esta norma obligaría al Gobierno Nacional a
reglamentar en el corto plazo, la Ley 1257 de 2008, que reformó los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal, y que contempla mecanismos para proteger y
atender a las mujeres que han sido objeto de violencia, y dicta medidas
para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los
entes gubernamentales.

El congresista señaló que *“es hora de que en Colombia se legisle para
ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta
ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos”.* “*Es inadmisible
que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya
reglamentado esta trascendental norma”, *precisó*.*

La Ley también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para
vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje
de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación
técnica y profesional.

El representante afirmó que de ser aprobado, este artículo busca que el
Estado colombiano cumpla con las recomendaciones de organismos
internacionales de protección de los Derechos Humanos, y con las
obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, y en la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ambas
ratificadas por Colombia.

Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo
para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del
conflicto armado.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103
lmyepes21@gmail.com
Bogotá - Colombia

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO VS. REPARACIÓN

*Ley de víctimas sin presupuesto, continuidad de la seguridad democrática,
conformación de redes de informantes, y el desconocimiento del nuevo
paramilitarismo, son algunos de los reparos del representante a la Cámara
Iván Cepeda sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se votará hoy en el
Congreso de la República*

* *
BOGOTÁ, 26/4/11. A propósito de la discusión del Plan Nacional de
Desarrollo que se llevará a cabo hoy en las plenarias de Cámara y Senado, el
congresista Iván Cepeda Castro advirtió sobre el carácter lesivo de varios
puntos incluidos en este proyecto. El congresista señaló que el PND no
contempla el presupuesto para la reparación de las víctimas, y menos para
cumplir con las políticas de restitución de tierras, y tampoco modifica las
modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados.* *

* *

*“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación
contenidas en Ley víctimas y de restitución de tierras, sin que se cree un
sustento presupuestal en el PND?”,* puntualizó el representante.**

Cepeda afirmó que el proyecto no reconoce la persistencia del conflicto
armado y sus graves consecuencias para el país, y por lo tanto tampoco
contempla políticas de Estado en esta materia. Dijo que el Plan es tolerante
con el paramilitarismo, al darle la denominación de simples bandas
delincuenciales (Bacrim), cuando *“en realidad se trata de poderosas
estructuras que dominan grandes territorios del país”*. Además, recordó que
según una alerta del Ministerio del Interior, estos grupos estarían pensando
en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las elecciones de
octubre para controlar los presupuestos locales.

Explicó que el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a
darle continuidad a la política de seguridad democrática, con la
conformación de redes de informantes, y con la intención de armar a civiles,
una práctica que en algunos lugares del país sólo ha provocado la pérdida de
control por parte de la fuerza pública.

*“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias, si en
los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo
insuficientes, sino generadoras de más violencia”, *concluyó.

Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del
Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento
forzados.
--
*Lina Yepes Giraldo*
Jefa de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Móvil: 317 501 9103

IVÁN CEPEDA DENUNCIA QUE LOS CAMPESINOS QUE RETORNAN A SUS TIERRAS ESTÁN SIENDO JUDICIALIZADOS

Denuncian que están judicializando a campesinos que retornan a sus tierras

Por: arico | Elespectador.com

Según el congresista Iván Cepeda, los acusan de ocupación ilegal de sus propias parcelas.

El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, al calificarlas de persecuciones arbitrarias, al tiempo que llamó la atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el tema.
Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizara una acción de retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de judicializaciones por distintos delitos, como ocupación ilegal de tierras y calumnia.
El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos como garante, manifestó su preocupación y dijo que “estas judicializaciones buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo que les fue arrebatado”.
El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre los hechos que vienen ocurriendo en el país contra las personas que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de persecución, asesinatos y todo tipo de intimidaciones.
“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, reiteró Cepeda.
De acuerdo con el congresista, los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron despojados, por las acciones paramilitares en 2003. Dichos terrenos ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-263153-denuncian-estan-judicializando-campesinos-retornan-sus-tierras

Iván Cepeda denuncia persecución judicial a campesinos que reclaman tierras en finca Las Pavas

*El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes
judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas,
en el Sur de Bolívar, las calificó de persecuciones arbitrarias, y llamó la
atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se
pronuncien sobre el tema*

BOGOTÁ, 14/4/11. Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las
Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizaran una acción de
retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los
derechos que tienen a la restitución de las tierras, y a retornar a ellas de
manera digna, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de
judicializaciones por distintos delitos como ocupación ilegal de tierras y
calumnia.

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos
como garante, manifestó su preocupación y dijo que *“estas judicializaciones
buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones
arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo
que les fue arrebatado”.*

El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los
organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre
los graves hechos que vienen ocurriendo en nuestro país contra las personas
que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de
persecución, asesinatos, y todo tipo de intimidaciones.

*“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías
necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para
que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya
lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los
derechos humanos y faltas disciplinarias”*, reiteró Cepeda.

Es de recordar que los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación
de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de
Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron
despojados, por la acciones paramilitares en el 2003. Dichos terrenos ahora
están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías
y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles
dichos predios.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO EXPEDIDO POR LAS
ASOCIACIONES DE CAMPESINOS DE LAS PAVAS:


*COMUNIDAD DE LAS PAVAS Y SUS LÍDERES EN GRAVE RIESGO*

*ASOCAB EXIGE GARANTIAS EN SU RETORNO*

*Alertamos a todos y todas, la comunidad nacional e internacional, medios de
comunicación y opinión pública sobre los siguientes hechos que ponen en
riesgo el proceso voluntario y autónomo de retorno y restitución de tierras
que como comunidad de las Pavas sur Bolívar hemos emprendido.*

*A pesar que el presente caso fue puesto en conocimiento de la sesión de la
Mesa Nacional de Garantías el pasado lunes 04 de abril, presidida por el
Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras y con la
presencia del Vicepresidente de la República de Colombia, Dr. Angelino
Garzón, el Estado colombiano no ha emprendido acciones efectivas para
garantizar nuestras vidas, integridad física, libertad y para garantizar
nuestro derecho al retorno y la restitución de nuestras tierras. ASOCAB
inició su retorno desde el 04 de abril de 2011.*

*HECHOS*

*1. El día de hoy, 13 de abril de 2011 a las 5:30 p.m., dos miembros de
la Fiscalía 39 de San Martin de Loba, se hicieron presentes en la comunidad
que se encuentra pacíficamente en la Hacienda las Pavas y tomaron
fotografías a todas las familias que hemos decidido ejercer nuestro derecho
al retorno y a los miembros de organizaciones nacionales e internacionales
acompañantes.*

*2. Los miembros de la Fiscalía no enseñaron su identificación, sin
embargo nos manifestaron que se encontraban en una labor ordenada por la
Fiscalía 39 de San Martin de Loba, para “judicializar a todos quienes se
encontraban allí”.*

*3. Es de tener en cuenta que la Fiscalía 39 de San Martin de Loba,
Fiscal Wilson Antonio Valeta Monterrosa, adelanta dos procesos penales en
contra de tres líderes de ASOCAB; por los delitos de Invasión de tierras
contra ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, ETNI TORRES MORENO y MISAEL PAYARES y por
calumnia contra este ultimo. Los radicados son 136676001121201100014 y
136676001121201100066.*

*4. Mientras tanto, los hechos que como comunidad desplazada hemos
denunciado desde hace varios años y continuamos denunciando, no tienen
ninguna celeridad por parte de la Justicia en Colombia, pero sí prestan
atención y son eficaces a las solicitudes de las Empresas palmeras que han
utilizado muchas estrategias para despojarnos de nuestro territorio*

*5. Un ejemplo de ello son las denuncias contra Mario Mármol Montero,
reconocido por la comunidad como uno de los paramilitares que participó de
nuestro desplazamiento forzado desde el año 2003. La denuncia reposa en la
Fiscalía desde hace tiempo, sin embargo este hombre está aun en la región
ejerciendo toda serie de atropellos e intimidaciones contra nosotros.*

*6. La Fiscalía de San Martin de Loba, convirtió a Mario Mármol en una
víctima y a nosotros, la comunidad desplazada, nos convirtió en
victimarios. Mario Mármol puso denuncia penal contra uno de nuestros
líderes y la fiscalía adelanta con celeridad su denuncia. Mario Mármol es
actualmente protegido por el consorcio el Labrador, (empresas palmeras) y
por la Policía de Mompox que ha manifestado que se encuentra en nuestra
comunidad protegiendo a dichas empresas. El día domingo 10 de abril, al
igual que la fiscalía tomó fotografías de todos y todas quienes nos
encontramos en la hacienda las Pavas a la cual hemos decidido retornar.*

*7. Como comunidad desplazada hemos acudido y acudiremos a todas las
vías de dialogo e interlocución, así como hemos insistido en las distintas
instancias judiciales y administrativas, para exigir el respeto a nuestros
derechos, pero el Estado no nos los ha reconocido. Exigimos un trato digno
y respetuoso a nuestro retorno y al derecho de permanecer en nuestro
territorio.*

*SOLICITUDES*

*1. Que se convoque de manera inmediata la Mesa de Interlocución del sur
de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado
desde el año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde las
comunidades, en donde uno de los casos de garantías es el de la comunidad de
las Pavas, con el fin de garantizar el retorno y la permanencia en la
Hacienda que nos pertenece y nos fue despojada.*

*2. Que se nos restituyan YA, los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere y se nos adjudiquen los restantes 11 predios baldíos que conforman la
Hacienda Las Pavas de donde fuimos desplazados y de los que hemos sido
ilegalmente despojados.*

*3. Que la Defensoría y Procuraduría acompañen permanentemente nuestra
comunidad, con el objeto de garantizarnos los derechos al retorno así como
la integridad personal a las familias retornadas de las pavas.*

*4. Que desde el Gobierno Nacional, se ordene a la Policía Nacional
abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o
interrumpir nuestro retorno a estos predios.*

*5. Se adelanten las investigaciones acerca de las irregularidades
cometidas por la Fiscalía 39 Local de San Martin de Loba por las
investigaciones iniciadas contra los lideres de ASOCAB (Misael Payares
Guerrero, Eliud Alvear Cumplido y Etni Torres Moreno), así mismo que se
abstengan de darle tratamiento de delito al ejercicio del derecho
fundamental de Retorno.*

*6. Que se adelanten por parte de la Procuraduría General de la Nación y
los demás entes de control que correspondan las investigaciones pertinentes,
con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias por las
actuaciones de funcionarios del INCODER, el Inspector de Policía de El
Peñón, el Juez Primero Promiscuo de Mompox, el comandante de la Policía de
Bolívar y del Ministerio de Agricultura que han intervenido en el caso de
nuestro desplazamiento y despojo y en el conflicto de tierras con las
empresas palmeras CI Tequendama SA y Aportes San Isidro SA.*

* *
*Denuncian:*

*- ASOCIACION CAMPESINA DE BUENOS AIRES*

*- FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR*

*- COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR*

*- CAPITULO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO SUR DE BOLIVAR Y SUR
DEL CESAR - MOVICE*

*ORGANIZACIONES ACOMPAÑANTES DEL RETORNO,*
* *

*PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO- PDPMM, DIOCESIS DE
MAGANGÉ, CORPORACION SEMBRAR, SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL,
PROJECT COUNSELLING SERVICE –PCS, CHRISTIAN AID, RED DE HERMANDAD Y
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA- REDHER, EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ-
ECAPS, RED DE COMUNIDADES E INICIATIVAS DE PAZ DESDE LA BASE, FUNDACION
CHASQUIS, MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO-MOVICE*

CUESTIONAN ARTÍCULO DE ACUERDO DE TRANSACCIÓN

*“Nuevos aspectos en Ley de víctimas impiden reparación integral”*

*El representante a la Cámara Iván Cepeda consideró que algunos apartes
aprobados hoy por Comisión Primera de Senado son un atentado al derecho a la
justicia y a la reparación integral, al establecer que quien acceda a la
reparación administrativa no podrá buscar la judicial y porque en el tema de
tierras sólo reconoce a las víctimas a partir de 1991*

**

BOGOTÁ, 12/4/11. Luego de la aprobación del articulado de la Ley de Víctimas
en su penúltimo debate en la Comisión Primera de Senado, el representante a
la Cámara Iván Cepeda rechazó algunos de los puntos aprobados en la
iniciativa. El congresista afirmó que la *“ley ha quedado con una definición
restrictiva y discriminatoria de las víctimas”, *ya que las personas que han
sido objeto de despojo de tierras sólo serán tenidas en cuenta a partir 1991
y no desde 1985, según quedó aprobado en el texto para las demás víctimas
del conflicto.

El representante puntualizó que al introducirse el acuerdo de transacción,
se les está negando el derecho a la reparación integral a las víctimas, ya
que establece que las víctimas que accedan a la reparación administrativa
deberán renunciar a la indemnización judicial.

*“Se ha producido un atentado contra el derecho a la justicia porque la
indemnización se plantea a través de un contrato de transacción con las
víctimas, es decir que las personas que recurran a la indemnización que
ofrece esta ley no podrán hacerlo ante los tribunales de justicia para
exigir su reparación. Esto viola directamente la constitución”,* aseguró
Cepeda.

El congresista manifestó que espera que la plenaria de Senado retome el
verdadero sentido de la ley, y que "*no se entierren las pocas cosas buenas
y de avanzada que tiene"**, *y anunció que de lo contrario, preparará una
demanda contra los aspectos que considera lesivos e inconstitucionales.

*“Si se aprueban esos aspectos que no compartimos, pues tendrán que ser
revisados y declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional”,*aseveró.

Prensa Representante Iván Cepeda

¿LOCOMOTORAS SIN RIELES?

Por: Iván Cepeda Castro * | Elespectador.com



En el refugio para víctimas del invierno en Bohórquez hay 1.654 personas.


Entre resignados y olvidados, miles de atlanticenses esperan ayuda para mitigar su desgracia por el invierno.
El cielo sobre el campamento de los damnificados de las inundaciones en la zona adyacente al Canal del Dique está cubierto por los buitres que vuelan en círculo. La situación es desesperada. No se ha renovado el contrato con la compañía encargada de hacer el mantenimiento de las pocas cabinas de baño que hay entre las pequeñas carpas. Al mediodía, cuando el sol calienta más fuerte, el hedor es insoportable. El campamento, ubicado en las afueras de la población de Bohórquez, alberga a 422 niños, 1.232 adultos, 144 familias. Ya han muerto cuatro personas por las enfermedades que han comenzado a aquejar a los damnificados, que no cuentan con atención médica. Los niños corren descalzos por la tierra, no pueden ir al colegio porque no hay transporte que los lleve a las escuelas de otros municipios. Los adultos salen desde la madrugada a hacer la interminable fila para recibir algunos víveres que entrega la compañía privada Comfamiliar. Una señora que acaba de llegar de Barranquilla me dice que salió ayer a las 3 de la mañana y que sólo hoy pudo obtener la ayuda. Saca de la pequeña tienda en la que está hacinada con su numerosa familia el paquete que logró recibir. Lo vacia en la tierra: "Nos quieren hacer creer que estos son mercados de $300.000. ¡Mentiras! Como todo lo que nos han prometido la Gobernación y el Gobierno". Veo unos cuantos sobres de arroz, una bolsa de agua y dos latas de atún. Eso les debe durar quince días. El hambre y la sed los agobian, el sol los agota en medio del árido campamento, pero prefieren el calor infernal a la lluvia. Cada vez que se precipitan las primeras gotas de un aguacero, experimentan el pánico provocado por la certeza de que vendrán nuevas inundaciones invernales.

En Campo de la Cruz, otra de las poblaciones arrasadas por las inundaciones, los campesinos temen por su vida y, además, por sus tierras.

Ya han aparecido compradores ofreciéndoles $4'000.000 por hectárea y algunas familias han vendido. Se han ido de sus hogares ante el escepticismo de que la situación mejore. No reciben ayudas, pero en cambio les están llegando puntualmente los recibos de agua y energía, servicios a los que no han tenido acceso por meses. En muchas de sus parcelas aún quedan las aguas estancadas y no se está haciendo evacuación. Donde ya no hay agua de las inundaciones, las ratas y otras plagas se han adueñado de los predios. No hay interés en que los damnificados retornen. Los líderes de la comunidad creen que la negligencia oficial obedece a que compañías extranjeras y poderosos consorcios nacionales están tras sus tierras, porque allí hay petróleo y coltán —el codiciado mineral que se utiliza en alta tecnología—. Reina la incertidumbre, pues, donde la tierra ya se ha recuperado, el temor de que las paredes del Canal vuelvan a ceder y sobrevengan nuevas gigantescas inundaciones les impide cultivar la tierra y producir sus alimentos.

"La vida de la región depende de que se construya un muro sólido donde se abrió el gran boquete —afirman los damnificados del Canal—. La Gobernación subestima el peligro". Piensan que se repetirá la historia: desde hace años se advertía de la probabilidad de inundación por la falta de obras en el Canal del Dique, el cual fue construido precisamente con el propósito de ayudar a regular el curso del río Magdalena ante el constante e inminente peligro de inundaciones durante la época de lluvias. Ahora aseguran que se avecinan nuevas catástrofes por la misma causa.

Voy hasta Santa Lucía, lugar donde se abrió hace meses la brecha de 214 metros por la que entró la inundación. Lo que encuentro es un rudimentario muro erigido con sacos de arena. Ya se observan filtraciones y resquebrajamientos en la precaria obra. Me explican que el problema es mayor aún. Además, debe atenderse el riesgo que representan algunos de los boquetes que fueron hechos para evitar los desbordamientos, así como otros lugares en que las orillas del Canal muestran debilidades estructurales. Según quienes conocen el terreno, a lo largo de 115 km del Canal se hallan sitios con diversos niveles de riesgo de inundación. Aunque el gobernador Verano de la Rosa asevera que ya se han contratado los trabajos para sortear esta situación, los damnificados sostienen que las autoridades no les han informado sobre plan alguno con las soluciones integrales y urgentes que la emergencia demanda.

El Gobierno Nacional ha utilizado la alegoría de las “locomotoras del desarrollo económico” como el camino seguro a la prosperidad. Pero la realidad de las regiones del país pone de manifiesto los resultados a los que ha conducido una errática política estatal practicada por lustros. De ese panorama de pobreza de las comunidades y explotación de la naturaleza, hace parte la desastrosa condición de damnificados de inundaciones que saben que en cualquier momento sobrevendrá una nueva catástrofe que, si se quisiera, podría evitarse. ¿Cómo pretender que las “locomotoras” nos lleven a la prosperidad en un país sin “rieles”? ¿Cómo implementar políticas de desarrollo sin políticas para prevenir o atender eficazmente los desastres, sin redes de protección sanitaria, sin una infraestructura básica necesaria, sin una verdadera reforma agraria? La crisis de las inundaciones en el Canal del Dique evidencia esta problemática: el programa económico del gobierno del presidente Santos se fundamenta en locomotoras sin rieles.

*Senador de la República (sic) Representante a la Cámara
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-262112-locomotoras-sin-rieles

LAS 'BANDAS CRIMINALES' DEL DESPOJO

⁠(tomado de ELTIEMPO.COM) 9 de abril de 2011


Iván Cepeda Castro

Iván,

"¿Cómo se explica la inusitada escalada de asesinatos contra las y los líderes que luchan por la restitución de sus tierras?"

    El término 'bacrim', o bandas criminales emergentes, lo acuñó el gobierno del presidente Uribe en el 2006 en su afán por ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que su gobierno había acabado con el paramilitarismo. El presidente Santos asumió esa denominación al incorporarla al texto del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo: "Agrupaciones de carácter multidelictivo, con alcance transnacional, carentes de plataforma ideológica y cuyos fines son netamente económicos".

    Se ha vuelto una práctica recurrente negar la existencia de las estructuras paramilitares cambiándoles el nombre ("fuerzas oscuras", "autodefensas", "grupos de justicia privada"). El presidente Barco decía que ese era un problema semántico. La trágica experiencia de las últimas décadas demostró que no tenía razón. Definir correctamente el paramilitarismo es el primer paso para combatirlo y derrotarlo.

    Los órganos de las Naciones Unidas y de la OEA no definen estas poderosas estructuras criminales como meras pandillas narcotraficantes. Algo comprensible si se atiende a los interrogantes que suscita la interpretación que hace del fenómeno el Gobierno. ¿Cómo se explica la inusitada escalada de asesinatos contra las y los líderes que luchan por la restitución de sus tierras? ¿Será que los beneficiarios del desplazamiento forzado han contratado a esas supuestas bandas delictivas para proteger sus intereses? ¿A qué se debe la coincidencia en el mapa del país del control territorial que hoy ejercen esos grupos con el que tuvieron los bloques de las Auc?

    En el debate que sobre estas estructuras se adelantó en la Cámara el pasado 23 de marzo, me referí a dos situaciones verificables. En primer lugar, las falsas desmovilizaciones de bloques paramilitares incluyeron mantener estructuras de reemplazo en la sombra. Por eso, en muchas partes no hubo desmovilización sino transmisión y relevo de mando. En segundo lugar, mediante ese mecanismo, los jefes de la 'parapolítica' y de la 'paraeconomía' lograron conservar su brazo armado, que es el que hoy continúa actuando con la complicidad de agentes del Estado.

    Sobre la primera situación presenté apartes de la carta que alias 'Ernesto Báez' le dirigió al ex comisionado Luis Carlos Restrepo, en diciembre del 2006, en la que le decía: "Me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos, gozan de libre albedrío. (...) En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios". Ante este diciente recordatorio, solo cabe preguntar: ¿a qué se dedican hoy más de 1.500 jefes del paramilitarismo que no se desmovilizaron?

    La respuesta puede extraerse de las propias investigaciones que adelantó en su momento la Fiscalía General de la Nación. El expediente del proceso conocido como "el computador de 'Jorge 40' " contiene todo un verdadero manual para la organización de falsas desmovilizaciones con miles de impostores y la bitácora de negocios de narcotráfico del Bloque Norte. Allí está registrada una conversación del 7 de febrero del 2006 entre 'Jorge 40' y 'don Antonio', en la que afirma el jefe de la Unidad Central de Análisis Criminal del CTI: "Se refieren a un personal de la organización que no van a desmovilizar, el cual quedaría encargado del cuido de las zonas vulnerables, para evitar que sean retomadas por el enemigo".

    Sobre la segunda situación, acaba de conocerse una entrevista concedida desde la cárcel en Estados Unidos por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso al periódico EL TIEMPO, en la que anuncia, crudamente, que el próximo capítulo que descubrirá Colombia es el pacto de los políticos con las 'bacrim'.




Representante Iván Cepeda exige garantías y derechos a restitución y retorno de comunidad de Las Pavas en el sur de Bolívar

CONSTANCIA ANTE PLENARIA DE CÁMARA


El congresista respalda a los campesinos que se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon)

BOGOTÁ, 5/4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda radicó una constancia ante plenaria de esa Corporación, en la cual expone la difícil situación de la comunidad desplazada de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, la cual fue desplazada y despojada de sus terrenos en el 2003 por la acción paramilitar de Jesús Emilio Escobar.

Cepeda detalló que son más de 3000 hectáreas las que se reclaman y que ahora son explotadas por el Consorcio Palmicultor El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama. Recalcó que dichas tierras no están contempladas en el “plan de choque” planteado por el ministerio de Agricultura, el cual les ofrece a los campesinos recibir otros terrenos bajo un contrato de comodato, en lugar de los predios que les pertenecen.

Por tal motivo, el congresista requirió al Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo para que lleve a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución de sus tierras y el derecho a un retorno digno.

“Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda y dé una pronta respuesta al pliego de peticiones presentado por estas comunidades e impulse los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la restitución y al retorno”, dijo.

Iván Cepeda también denunció que recientemente se abrieron procesos de judicialización contra tres líderes de la asociación que representa a estas comunidades (Asocab), por los delitos de invasión de tierras y calumnia, y pidió garantías para ellos.

“Hago el mismo llamado al Ministerio del Interior y de Justicia para que brinde las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y finalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, puntualizó el congresista.

Restitución y retorno digno pide Iván Cepeda para 500 campesinos que reclaman tierras en Las Pavas en el Sur de Bolívar

Son más de 300 hectáreas las que reclaman las comunidades campesinas que fueron desplazadas y despojadas de la hacienda Las Pavas en el municipio de El Peñón en 2003, terrenos ahora explotados por el Consorcio Palmicultor El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama

BOGOTÁ, abril 4/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda acompañó hoy a las comunidades desplazadas de la hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, en una movilización para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras que les corresponden legítimamente, y a retornar a ellas de manera digna.

 

Los campesinos de Las Pavas consideran inaceptable la propuesta del ministerio de Agricultura de recibir otras tierras en comodato, cuando parte de los terrenos (300 hectáreas) que venían ocupando, algunos desde 1997 y otros desde 1949 y de los cuales fueron sacados en el 2003, ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios. 

Al respecto, el representante Cepeda afirmó que

“esta es una acción ejemplar que muestra a una comunidad campesinos que, de manera digna reclama sus derechos y que no está dispuesta a aceptar ofertas minúsculas del gobierno”. 

“Como parlamentario haré uso de todas las facultades del control político para acompañar y respaldar a esta comunidad en sus propuestas de retorno digno”, aseguró Cepeda al referirse a las acciones que emprenderá desde la Cámara de Representantes para brindarle acompañamiento a la comunidad de Las Pavas en su proceso de restitución de tierras. 

POR PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA ASOCAB PARA PARTICIPAR COMO GARANTE



Iván Cepeda acompaña a desplazados que reclaman tierras en Las Pavas en el Sur de Bolívar

Las comunidades campesinas de esta región que han sufrido la violencia por décadas buscaron el apoyo del congresista del Polo Democrático para pedirle al gobierno nacional que les sean restituidos los terrenos de los cuales los despojaron y que hoy son propiedad del Consorcio Palmero El Labrador, conformado por Aportes San Isidro y C.I. Tequendama

BOGOTÁ, abril 4/11. Hoy lunes 4 de abril, el representante a la Cámara Iván Cepeda acompañará a las comunidades desplazadas de la hacienda Las Pavas, en la vereda Buenos Aires, municipio de El Peñón en el departamento de Bolívar, en su petición al gobierno nacional para que en el “plan de choque” en el cual los ha incluido el Ministerio de Agricultura, se les restituyan los predios de los cuales fueron desplazados, y que hoy son explotados por el consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano.

El congresista viajará hasta la finca Las Pavas para escuchar las peticiones de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), quienes se niegan a aceptar el acuerdo propuesto por el Ministerio, consistente en la entrega de otras tierras bajo un contrato de comodato, en lugar de restituirles completamente sus propiedades, de las cuales fueron despojados por el accionar paramilitar de Jesús Emilio Escobar.

Cepeda afirmó que “el gobierno les debe garantizar los derechos y la efectiva restitución de tierras a estas comunidades y no ceder ante los intereses de los grandes consorcios y empresas multinacionales que se vienen beneficiando de los predios”.

Iván Cepeda indicó que atenderá la invitación de esta comunidad, la cual le ha solicitado que participe como garante, ya que recientemente se abrieron procesos de judicialización contra tres líderes de Asocab por los delitos de invasión de tierras y calumnia, y anunció que se buscará que estos líderes tengan todas las garantías en el proceso de reclamación de lo que les pertenece como víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras.

Iván Cepeda se reúne con víctimas en San Onofre y con damnificados del invierno en Barranquilla


AGENDA REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA CASTRO

BOGOTÁ, abrl 1/11. Hoy viernes 1º de abril, el representante a la Cámara, Iván Cepeda se reunirá con campesinos y con el movimiento de víctimas de las estructuras paramilitares en San Onofre, Sucre, con el fin de abordar la grave situación de amenazas a miembros del movimiento y de asesinatos a líderes en procesos de reclamación de tierras, que han ocurrido en los últimos días en todo el país.

A las 11:30 am dará una rueda de prensa en la ciudad de Sincelejo y en la tarde estará reunido con el Movimiento de Víctimas en San Onofre. 

Del mismo modo, el sábado 2 de abril, el congresista estará en Barranquilla, departamento del Atlántico, para reunirse con los damnificados del invierno en esa zona de la región Caribe que no han recibido de manera oportuna la ayuda del Gobierno Nacional y que se encuentran en una difícil situación humanitaria.

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

Loading...