PRONUNCIAMIENTO

Bogotá D.C. Diciembre 20 de 2011

Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.

Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.

No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.

Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.


Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda

Representante Iván Cepeda denuncia venganza por parte de parapolíticos de Sucre

La denuncia surge luego de conocerse recientes acciones judiciales emprendidas en contra del médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz

BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.

Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones.

Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.

El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.

El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.

Representante Iván Cepeda media en entrega de interno que se fugó de cárcel Bellavista

*El recluso solicitó la intervención del congresista y de una ONG como
garantes para su entrega, la cual estuvo condicionada a su traslado a la
cárcel de Itagüí*

*
*

ITAGÜÍ, 15/12/11. En cumplimiento de sus funciones como miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo
parlamentario que viene realizando en las penitenciarías del país, el
representante Iván Cepeda obró en el día de hoy como garante en la entrega
del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la
cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre cuando era llevado
a una diligencia médica.


Horas después de darse a la fuga, el interno anunció su deseo de entregarse
a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima
seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras,
director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del
representante Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de
Justicia y del Inpec, hacia el medio día de hoy se logró la entrega del
recluso en la cárcel de Itagüí.


El congresista Iván Cepeda reiteró su ánimo de seguir trabajando en la
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en
las diferentes cárceles de Colombia .



*A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL INPEC DA
AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN:*

*
*

7102-DINPE-GDH-1493

Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2011

Doctor

*Iván Cepeda Castro*

Representante a la Cámara

Ciudad

*Referencia: *CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO



Reciba un cordial saludo por parte del Grupo de Derechos Humanos.

De manera atenta y de acuerdo a su solicitud verbal relacionada con la
entrega del señor

CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO, el día 14 de Diciembre de los corrientes ante
el Director

Técnico de este Instituto, me permito informarle que el *Instituto nacional
Penitenciario y*

*carcelario (INPEC), garantiza los derechos humanos del interno como
política*

*institucional *y destinará como lugar de reclusión el Establecimiento
Penitenciario y carcelario

de Itaguí, donde tendrá acceso a los programas de reinserción social
establecidos. En lo

referente a la iniciación de los procesos administrativos a causa de la
fuga, este instituto no

puede omitir las disposiciones legales referentes a estos temas.

Así mismo le informo que para esta gestión el Inpec ha delegado a la
Doctora Diana Carmenza

Rúa Betancur, Subdirectora Operativa Regional Noroeste, a quien podrá
contactar en el celular

No.(…), para que coordine la posible entrega del prófugo en mención.



Finalmente, me permito solicitarle que para futuras peticiones, estas sean
hechas por escrito,

con el fin de dejar los registros documentales de las acciones adelantadas
por cada una de las

partes.



Cordialmente



*MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY*

*COORDINADORA***

*GRUPO DE DERECHOS HUMANOS*

Proyectó: MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY

Revisó: Tc POMPY ARUBAL PINZÓN BARÓN -Director Técnico

15/12/2011

Dirección05/Mis documentos/Oficios 2011

Calle 26 No. 27 - 48 Conmutador 2347474 Ext. 190

Ataque a Iván Cepeda por su respaldo a campesinos de Las Pavas

REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD APORTES SAN ISIDRO INTERPONE QUEJA
DISCIPLINARIA ANTE EL PROCURADOR GENERAL


*El congresista aseguró que esta acción hace parte de una campaña para
desprestigiar a las víctimas y a quienes defienden sus derechos*


BOGOTÁ, 08/12/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció
que el pasado 5 de diciembre fue interpuesta una queja disciplinaria en su
contra ante la Procuraduría General de la Nación, sustentada en la labor de
garante que cumplió el congresista en el retorno pacífico de ASOCAB a la
hacienda Las Pavas el 4 de abril de este año. Afirmó que con esto se busca
presentar la acción de acompañamiento a la comunidad campesina en su
retorno legal a su tierra, como una invasión ilegal.


Cepeda recordó que su acompañamiento a los campesinos, ahora señalado por
empresarios palmicultores que ocupan los terrenos de Las Pavas, se realizó
de manera pública, y no fue un acto clandestino ni violatorio de la ley,
como quiere hacerlo ver el particular que interpone la acción.


Afirmó que esta queja ante el Procurador corresponde a la persecución a la
comunidad de Las Pavas por su justa reclamación que por años ha hecho por
la tierra, actualmente ocupada por algunos empresarios palmeros
cuestionados en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.


Muestra de esto, según el congresista, es que desde el pasado 28 de
noviembre se conoció ampliamente una resolución de la Fiscalía Seccional de
Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad
y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un
“nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.


El representante recordó que desde que inició su labor como congresista,
hace un año y medio, ha sido blanco de innumerables ataques, amenazas,
difamaciones, y atentados contra su vida, como producto de las actividades
de respaldo y acompañamiento a miles de víctimas de violaciones a los
derechos humanos en distintas regiones del país.


Expresó que en este caso se pretende desviar la atención de la opinión
pública hacia un ataque político y jurídico en su contra, dejando de lado
el fondo de este asunto que es el legítimo derecho que tiene la comunidad
campesina de Las Pavas sobre su tierra.


Iván Cepeda dijo que asumirá con argumentos los procesos que se abran en su
contra por su actividad en defensa de los derechos humanos.

30 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Este año se cumplen 3 décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se
impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la
No violencia Contra las Mujeres.

En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las
mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco
del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene
presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de
2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de
integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados),
presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades
campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de
población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia
sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad
personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes
quien participó en el debate de control político que realizamos en la
Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual
contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto,
quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue
víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.

Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin
garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no
avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así
una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las
mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las
mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un
motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad

Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a que
reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos
suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública
de equidad de género para las mujeres

Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la
ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de
distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para
saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual ha
tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre
y autónoma para las mujeres en la región.

Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos
del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia
y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas
lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.

Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este
25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra
las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de
Bogotá.

Bogotá, 25 de noviembre de 2011

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO
iVÀN CEPEDA CASTRO

Comparto con ustedes copia de esta carta que recibí "CARTA DE SOLIDARIDAD CON IVÁN CEPEDA, DIRIGIDA AL PRESIDENTE SANTOS"

Presidencia de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Casa de Nariño
Cra. 8 No. 7 – 26
Bogotá
Fax 0057-1-337 58 90

Honorable Señor Presidente

Desde la condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas se han recrudecido los señalamientos contra Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos y parlamentario del Polo Democrático Alternativo. El representante a la Cámara Iván Cepeda es fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), sector bastante vulnerable por las amenazas y atentados contra sus integrantes, defensores y abogados.

La integridad física y las presiones y amenazas contra Iván Cepeda Castro se han visto aumentadas luego de que él entrevistara en la cárcel de Itagüi, Departamento de Antioquia, al exjefe paramilitar Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.
La declaración del paramilitar compromete al expresidente Uribe en conformación de grupo paramilitar. Señala que el señor Álvaro Uribe estuvo comprometido con la formación del grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC.

El defensor de derechos humanos Cepeda Castro logra, por primera vez, señalar las relaciones de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares a través de una entrevista y testimonio grabado que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Inmediatamente después de estas investigaciones aparecen reacciones temerarias del señor Álvaro Uribe Vélez y de personas pertenecientes a su círculo político más cercano contra el parlamentario Cepeda Castro. El señor Uribe Vélez, con improperios, señala a mediados de septiembre a Iván de “sicario moral“. Posteriormente, el 27septiembre el señor Obdulio Gaviria (exasesor de Uribe Vélez) publica un artículo de opinión en el periódico El Tiempo, en el que hace declaraciones calumniosas señalando a Iván Cepeda como cercano a la guerrilla de las FARC.
Señor Presidente Juan Manuel Santos: en Colombia, esos señalamientos equivale a una sentencia de muerte.

Los abajo firmantes nos declaramos solidarios con el parlamentario y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro y pedimos para él todas la garantías para que se le respete en su trabajo su integridad física y moral.

Es necesario fortalecer las políticas de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, dirigentes sociales y los familiares y las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia.

Lo invitamos a que se pronuncie públicamente en un acto simbólico de desagravio a quienes, como Iván y otros, fueron desacreditados públicamente por Uribe Vélez y cuya desacreditación continúa a raíz de las últimas denuncias de Iván Cepeda.

Estamos convencidos de que un acto de esta naturaleza puede salvar muchas vidas y, sobre todo, puede contribuir a generar un ambiente de reconciliación que aporte a los esfuerzo por la paz en Colombia que todos anhelamos.

(quien quiera firmar, puede escribir a: comitecolombianoddhheuropa@gmail.com)

Con sentimiento de respeto

PRIMERAS FIRMAS

HOLLMAN MORRIS - Periodista, Premio Internacional Derechos Humanos de
Nuremberg 2011

Dr. CARLOS GAVIRIA Diaz - Ex-magistrado y ex-senador de la Republica

ANGELA ROBLEDO – Representante a la Cámara por el partido Verde

PATRICIA ARIZA - Dramaturga, poetisa y actriz de teatro colombiana, fundadora de la Casa de la Cultura, de la Corporación Colombiana de Teatro.

PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ – Abogada, política colombiana, exsenadora y líder del Movimiento Colombianos por la Paz.

FERNANDO RENDON - Premio Nóbel alternativo de la paz, director de la revista Prometeo y organizador del festival internacional de la poesía en Medellín

CLAUDIA LOPEZ – Investigadora y Analista política.

CONSTANZA VIEIRA - periodista – Colombia

LIZANDRO DUQUE - Director de cine colombiano, académico y columnista

JUAN JOSE LOZANO - Director de cine colombiano

GLORIA ARIAS NIETO - Periodista.

ANA FERNANDA URREA - Especialista en medición de opinión pública

ANTONIO MORALES - Periodista – Colombia

CARLOS A. LOZANO Guillen. - Periodista. Director del semanario VOZ


CARLOS NARANJO- Periodista, dirigente nacional del PDA.


ALIRIO URIBE MUÑOS - Defensor de Derechos Humanos


GERMAN GUZMAN NOGALES – Fotógrafo, periodista

JUAN MANUEL ROCA – Poeta

SANTIAGO ESPINOSA – Escritor

LEON VALENCIA – Periodista, investigador. Director de la Corporación Nuevo Arco Iris.

FRANKLIN CASTAÑEDA V. – Secretario General del CSPP (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos)

DANILO RUEDA – Periodista y representante de Justicia por Colombia

DANIEL SAMPER P. – Periodista

ALFREDO MOLANO JIMENO – Periodista de El Espectador

PEDRO MEDELLIN – Periodista

JOSE ANTEQUERA – Abogado, Representante de H.I.J.O.S.

FELIPE ZULETA - Periodista
FERNANDO ARELLANO ORTIZ- periodista, director del Observatorio Latinoamericano
DOMINIQUE DOUJENIS- Pintora, medios.
JUAN M. TRUJILLO
MADELEIN ORTIZ SANCHEZ – Abogada especializada en responsabilidad y daño.
ABIMAEL CASTRO-Periodista, Colombia
CAROLINA ALZATE
DIMITRIOS VITINIOTIS – Traductor.
OSCAR EDUARDO ARÉVALO BERNAL- Ingeniero ambiental.
MANUEL ROZENTAL
CARLOS JIMENEZ- Profesor universitario y periodista.
MARIANA SALAZAR- Politóloga.
FABIAN ACOSTA SANCHEZ- Filósofo U, Nacional.
JUAN CARLOS VILLAMIZAR ALARCON.
NELSON MORALES (Chile)
ALBA TERESA HIGUERA BUITRAGO-Socióloga, Experta en inmigración y Refugio. Defensora de DDHH.
JAIRO RAFAEL JEREZ FONTALVO-Arquitecto, Defensor de Derechos Humanos.
CARLOS MEJIA CORTES- Ingeniero Eléctrico, miembro del concejo por el partido Die Linke Eckernfoerde (Alemania).
DIANA MILENA CHACON (residente en Viena)
L. ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO- Abogada. Universidad Nacional de Colombia
CHRISTIAN GARRIDO.
CARLOS VIDALES- Poeta, escritor, profesor, artista.
MONICA AGUDELO - Agrónoma
ALVARO LUNA PORRAS- Asociacionista
DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ Filósofo (Universidad de Viena)
MARCELA TOVAR THOMAS- Filósofa Universidad Nacional de Colombia
ANGELICA LATORRE- Comunicadora Social y Periodista
OSCAR A. CABALLERO.
IRENE VELEZ- PhD Bellow, Institute of Geography & Geology University of Copenhagen.
ANDRES GOMEZ TARAZONA- filólogo, periodista y editor del periódico El Turbión
MARTHA NUBIA BELLO- Profesora Universidad Nacional de Colombia.
ARMANDO OROZCO- Poeta, escritor y periodista.
RICARDO CARDENAS.
PATRICIA QUINTERO.
EDGAR MONTENEGRO - Asamblea y Mandato Popular del Centro
RAÚL GARCÍA Músico (exdirector y fundador Orquesta Filarmónica)
María Victoria de García -socióloga

ORGANIZACIONES SOCIALES

- ARTISTAS POR LA PAZ
- CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO
- CORPORACION NUEVO ARCO IRIS
- COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
- MOVICE ( Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)
- COLOMBIANOS POR LA PAZ
- H.I.J.O.S.

Cuna del Bloque Metro

Por: IVÁN CEPEDA CASTRO (14 de Noviembre del 2011)

Las páginas principales de la historia del paramilitarismo en Colombia apenas están escribiéndose. Las numerosas declaraciones a la justicia de sus más conocidos lugartenientes -recluidos en cárceles norteamericanas o nacionales- han venido despejando interrogantes claves sobre el origen del fenómeno criminal, su estructura y sus relaciones de alto nivel con la 'parapolítica', la paraeconomía y la parainstitucionalidad: tres sectores orgánicamente vinculados.
Uno de los pasajes esenciales de esta historia, aún en construcción, que encumbra más la responsabilidad de la parainstitucionalidad, lo constituye el caso de Álvaro Uribe Vélez en el período en que fue gobernador, entre 1995 y 1997.
Como es conocido de la opinión, en los últimos meses recibí los testimonios de dos ex paramilitares. El primero, Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', ex comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, recluido en la cárcel de Itagüí; y el segundo, Juan Guillermo Monsalve, alias 'Guacharaco', recluido en la cárcel de Cómbita. Por las gravísimas acusaciones que contra Uribe contienen los videos de ambos relatos, los remití de manera inmediata a la Fiscal General de la Nación.
Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia.
Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias 'Juan Pablo', comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino.
En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado, y con el apoyo de la Convivir El Cóndor, que presidía Luis Alberto Villegas -afirma Sierra-, los Uribe Vélez ordenaron dos masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas.
El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro, sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.
Dado que los hechos denunciados por estos paramilitares ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones que deben esclarecer los sucesos que, tal vez, constituyen la más alta fase de la criminalidad paramilitar.
Tales denuncias requieren una pronta y eficiente investigación, proteger a los testigos y a sus familias, que denuncian crecientes amenazas contra ellos. Ese es el enorme reto que tiene hoy la administración de justicia en Colombia.
No cesan los voceros de Uribe de intentar deslegitimar las decisiones que inexorablemente viene asumiendo la justicia colombiana en el esclarecimiento de casos como los aquí planteados. Sus herramientas, las calumnias y los falsos sofismas no lograrán detener la verdad.

publicado en:

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/cuna-del-bloque-metro_10759788-4

Human Rights Watch manifiesta preocupación por seguridad de exparamilitares que declararon en contra de expresidente Uribe

*José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human
Rights Watch le dirigió una carta al ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, en la cual le solicita que se adopten las medidas necesarias para
garantizarles la seguridad a los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan
Guillermo Monsalve y a sus familias.*

* *

BOGOTÁ, 04/11/11. La carta surge dos meses después de que la opinión
pública conociera los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la
finca Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto
Guerrero”, quienes señalan la supuesta participación del expresidente
Álvaro Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la
ejecución de masacres y su relación con actividades de narcotráfico de
estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También
mencionan el apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la
presidencia en el año 2002.



En la misiva, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas
de Human Rights Watch, le expresa al ministro de Justicia Juan Carlos
Esguerra, su preocupación por las amenazas de las cuales ha sido víctima
Monsalve y su familia, y le pide al Inpec adoptar todas las medidas
necesarias para garantizarle la seguridad, “mientras las autoridades
investigan estas denuncias de manera inmediata y activa”.



La carta fue enviada con copia a la Fiscal General Viviane Morales y al
representante a la Cámara Iván Cepeda Castro quien ha venido haciendo
seguimiento a la crisis carcelaria.



Cepeda recordó que en días pasados el Inpec se negó a trasladar al recluso
Monsalve, quien se encuentra en la cárcel de Cómbita y que había solicitado
el cambio a otra prisión por las constantes amenazas que viene recibiendo.



El congresista valoró la comunicación de Human Rights Watch y le hizo un
llamado al ministro de Justicia para que atienda de manera pronta y
efectiva a las preocupaciones del organismo internacional.





*A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*





Washington, D.C. - 3 de noviembre de 2011

Dr. Juan Carlos Esguerra
Ministro de Justicia y del Derecho
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá, Colombia

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de expresar nuestra
preocupación por la seguridad de Pablo Hernán Sierra García y Juan
Guillermo Monsalve, dos ex paramilitares que, en declaraciones públicas
recientes, afirmaron que el ex Presidente Álvaro Uribe habría estado
activamente involucrado con un grupo paramilitar.

En agosto y septiembre de 2011, Sierra y Monsalve ofrecieron declaraciones
grabadas en video a Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara, en las
cuales señalaron que Uribe habría mantenido vínculos directos con
paramilitares. Ambos aseveraron que el hermano de Uribe, Santiago Uribe,
también habría estado activamente involucrado con un grupo paramilitar. Las
declaraciones de Sierra y Monsalve han tenido amplia repercusión en la
prensa y el Representante Cepeda, a su vez, ha entregado los testimonios a
la Fiscalía General de la Nación. En una carta firmada el 10 de septiembre
de 2011, Monsalve denunció ante la Fiscalía que familiares suyos habían
recibido una amenaza de muerte telefónica.

En atención a lo anterior, quisiera solicitar a V.E. que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adopte todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de Sierra y de Monsalve, ambos
detenidos en la cárcel de Cómbita. Es crucial que reciban plena protección
mientras las autoridades investigan estas denuncias de manera inmediata y
activa.

Agradezco de antemano la atención inmediata que pueda brindarle a este
grave asunto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más
alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

Iván Cepeda, Representante a la Cámara se refiere a una carta enviada por el abogado Jaime Granados en representación de Álvaro Uribe ante la CIDH.

Llamado urgente a las bases para renovación del Polo hace Iván Cepeda

*Ante el hecho de que del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático no
analizó la solicitud de retiro de su actual presidente, el congresista
apeló a las bases del partido para que insistan en la renovación de la
colectividad*

* *



BOGOTÁ, 01/11/11. En un comunicado público, esta vez dirigido a los
organismos y miembros del Polo Democrático Alternativo, el representante a
la Cámara Iván Cepeda Castro pidió que quienes se identifiquen con las
propuestas de reforma y de renovación de la dirigencia de ese partido,
envíen cartas al Comité Ejecutivo Nacional dejando clara su posición.



El congresista señaló que en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del
Polo del día de ayer, no se analizó la carta enviada por él, en la cual
pidió que se convocara un congreso extraordinario para renovar el partido y
para que se asumieran las responsabilidades políticas por los resultados de
las elecciones, solicitándole la renuncia a su actual presidente, Jaime
Dussán.



“*Por la tanto, hago un llamado a todos los miembros y organismos del
partido que se identifican con esta posición, para que se pronuncien en el
mismo sentido enviando cartas al Comité Ejecutivo del Polo Democrático
Alternativo, dejando clara la petición de convocatoria al congreso y la
solicitud de renuncia de su presidente*”, concluyó Cepeda.

Oficina de prensa

Carta pública enviada al Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 31 de octubre de 2011

Señores:

COMITÉ EJECUTIVO

Polo Democrático Alternativo

Ciudad

Reciban un cordial saludo:


El mensaje de la ciudadanía en las recientes elecciones es claro y refleja,
como amplios sectores del partido lo vienen reclamando, la impostergable
necesidad de hacer una profunda reflexión y de efectuar una renovación
radical del Polo Democrático Alternativo, su dirigencia y su actitud
política.


Es hora de abrir las puertas de la colectividad a nuevos liderazgos
provenientes de las organizaciones sociales, de los movimientos de jóvenes
y de las mujeres. Es urgente una profunda reforma colectiva y democrática.


Por estas razones, le pido al Comité Ejecutivo Nacional del partido que se
convoque cuanto antes a un congreso extraordinario, con el objeto de
debatir ampliamente y en forma democrática la orientación general del PDA y
la nueva composición de su dirección nacional.


Compañeras y compañeros:


Los resultados en las urnas del día de ayer no pueden analizarse
coherentemente sin que se asuman responsabilidades políticas y
comportamientos autocríticos. En consecuencia, solicito respetuosamente al
Comité Ejecutivo que en su sesión de hoy le pida a su presidente, Jaime
Dussán, su renuncia.


Atentamente,

IVÁN CEPEDA CASTRO

Defensor de derechos humanos

Representante a la Cámara


Colectivo Vamos por los Derechos

Iván Cepeda entregó a CIDH testimonios que comprometen a expresidente Uribe con paramilitarismo

WASHINGTON (EE.UU), 28/10/11. Durante su visita a la ciudad de Washington,
el representante a la Cámara Iván Cepeda se reunió con Santiago
Canton, secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le
entregó los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y de Pablo
Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, quienes señalaron la supuesta participación del
expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.



Las grabaciones entregadas a la CIDH corresponden a las mismas que fueron
dadas a conocer por el representante en el mes de septiembre, luego de sus
visitas a las cárceles de Itagüí y Cómbita, y que fueron remitidas a la
Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.



El congresista Cepeda recordó que la entrega de estos importantes
testimonios se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que las
instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el
internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el
expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la
violación de los derechos humanos.



En su testimonio, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del
mayordomo de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez
en el nordeste antioqueño, afirma que desde esa finca se coordinaron
acciones paramilitares como las masacres del municipio de San Roque y que el
entonces gobernador Uribe Vélez protegía las actividades de narcotráfico del
Bloque Metro de las AUC que operaba en la región.



Por su parte, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero” asegura
que los fundadores del grupo paramilitar de San Roque que luego se convirtió
en el Bloque Metro, fueron además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe
Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan
Guillermo Villegas Uribe, excandidato a la Cámara, y Santiago Gallón Henao,
ganadero y caballista.

¿POR QUÉ APOYO A AURELIO SUÁREZ?

Quiero invitarlas e invitarlos a votar por Aurelio Suárez. Considero que sus propuestas son coherentes con el proyecto político de la izquierda democrática, responden a un profundo conocimiento de la ciudad de Bogotá, tienen en su centro la preocupación por el bienestar y la equidad social, y son un antídoto eficaz al destructivo proyecto neoliberal que se impone en la actualidad en Colombia.


A pesar de valiosas conquistas sociales en los últimos ocho años, los problemas más graves que sufre nuestra capital son la desigualdad y la negación continua de los derechos fundamentales para la mayoría de ciudadanos. Considero que Aurelio encarna de manera cualificada, valiente y ética los valores de la defensa de esos derechos
negados.


Merece nuestro respaldo, además, porque se ha intentado por todos los medios convencer a la opinión pública de que los sectores de izquierda desaparecerán después de esta elección. La izquierda colombiana ha soportado infinidad de golpes, persecuciones y campañas de exterminio. No es la primera vez que se intenta decretar su defunción. Pero no lo han logrado ni lo logrará con este nuevo intento. Por eso este respaldo, al que invito, constituye asimismo la afirmación de que un proyecto de
trasformación social profunda y democrática hoy es imperativo y posible en nuestro país.

Iván Cepeda Castro

Defensor de Derechos Humanos

Representante a la Cámara por Bogotá

EL SILENCIO DE LA MACARENA

Opinión | Mar, 10/18/2011 - 23:00

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com
El pasado 2 de octubre, El Espectador publicó el artículo "De visita en La Macarena", sobre un correo enviado por la embajada de los Estados Unidos luego de la visita de sus funcionarios al cementerio de La Macarena, Meta, como consecuencia de las denuncias realizadas sobre la posible existencia de una gigantesca fosa común en dicho lugar.

El artículo no analiza la trascendencia del debate ni los procesos a los que dio lugar. Por mi parte, nunca denuncié la existencia de esa supuesta fosa, pero sí de una grave situación. Según la Fiscalía, en La Macarena y en al menos otros cinco cementerios de la zona (Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y otros dos en San José del Guaviare) existen más de 2.000 cadáveres no identificados que han sido entregados a las autoridades forenses por la Fuerza Pública. Aunque no han querido ser mostrados públicamente los informes operacionales, el Ejército sostiene que se trata de miembros de grupos armados muertos en combate. Como se sabe, en esos lugares se ha aplicado el Plan Colombia y han tenido lugar cruentos enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla. También se ha registrado la actuación de estructuras paramilitares. La población civil ha sufrido los estragos de esos enfrentamientos.

He venido formulando numerosos requerimientos a la Fiscalía para que investigue, practique inspecciones en los cementerios, y rastree todos los datos con el fin de identificar a las personas que figuran en tales sitios como NN. Luego de las primeras visitas e indagaciones se encontró, por ejemplo, que en el cementerio La Resurrección de Granada existía una tumba múltiple sin ninguna identificación externa con 42 cadáveres, y varias bóvedas con otros 24. Esos cuerpos no identificados eran personas que murieron en la retoma del municipio de Puerto Lleras, que en julio de 1999 fue blanco de un ataque guerrillero. En diciembre de 2010, en cumplimiento de un requerimiento que hice se procedió a la exhumación de esos cuerpos entre los cuales había varios menores de edad.

¿Los muertos de Puerto Lleras, enterrados en Granada, eran todos guerrilleros que cayeron en los combates? ¿Hubo civiles que perecieron en medio del fuego cruzado?

Esos cementerios contienen historias del conflicto armado que quieren ser silenciadas. En muchos de los casos, las fuerzas militares no respetaron los protocolos que rigen para el levantamiento de los cadáveres. En muchos otros, existen fundamentos para presumir que los inhumados fueron víctimas de ejecuciones o desapariciones forzadas.

No obstante, el resultado más relevante de este debate fue que contribuyó a incentivar la acción de las autoridades para esclarecer la realidad de las personas no identificadas y desaparecidas que han sido sepultadas en muchos cementerios del país. Luego de las sesiones parlamentarias de control político sobre La Macarena, por iniciativa del Ministerio del Interior se suscribió un convenio con el Instituto de Medicina Legal y la Registraduría, a través del cual se cotejaron las tarjetas necrodactilares de personas NN en Colombia con el Archivo Nacional de Identificación Dactilar. El resultado del convenio fue la identificación de 5.582 personas, de las cuales cerca de 440 se encuentran dentro del Registro Nacional de Desaparecidos. Para avanzar en el proceso de identificación y localización que de los cuerpos sepultados, el Instituto de Medicina Legal -en cabeza de su director, Carlos Eduardo Valdés- lidera una plataforma conformada por diversos organismos del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

A pesar de estos avances, tanto el Gobierno como los comandantes de la Fuerza Pública insisten ahora en crear normas que afiancen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, como las iniciativas que implicarían la ampliación del fuero penal militar. Tales medidas obstaculizarían, entre otras cosas, esclarecer los numerosos casos de ejecuciones o desapariciones de personas cuyos cuerpos se encuentren en los cementerios como NN. En los próximos días adelantaré un debate en el Congreso sobre nuevos hechos relacionados con la cadena criminal de los mal llamados “falsos positivos” y presentaré mis argumentos contrarios a cualquier ampliación del fuero penal militar.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-306214-el-silencio-de-macarena

Requerimiento a las autoridades para que atiendan de manera urgente la crisis humanitaria y las infracciones al DIH que se presentan en Suárez Cauca

Con enorme preocupación he recibido información sobre la crisis humanitaria y la ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario que afronta comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en el municipio de Suárez Cauca desde el pasado 25 de septiembre a raíz de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC.

Desde ese momento los civiles se encuentran en medio del fuego cruzado, y en estado de confinamiento ante la imposibilidad de ingresar alimentos y de salir de la zona debido a la utilización de un cerco militar por parte del Ejército que restringe la circulación, y del no tránsito de planchones por el embalse de La Salvajina el cual comunica a varios corregimientos con la cabecera municipal del municipio, lo que deja incomunicada a gran parte de la comunidad de Cerro Tijeras y de los consejos comunitarios de Mindala, Pureto, Bellavista, Brisas de Mary López, y Meseta

Las provisiones de comunidad de la comunidad se han acabado, no pueden realizar sus actividades y labores productivas por temor a ser víctimas de fuego cruzado; y no cuentan con las condiciones necesarias para permanecer en los lugares de refugio.

Adicionalmente se denuncia por parte de las comunidades, actuaciones por parte del ejército y de la guerrilla que contravienen el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción y de respeto a los bienes protegidos, como por ejemplo, a través de la siembra de minas antipersonales en la zona.

Luego de más de siete días de presentarse esta difícil situación el Estado solo se ha hecho presente a través de las fuerzas armadas. De manera respetuosa me permito requerir a Acción Social, a la Alcaldía Municipal de Suárez y a la Gobernación Cauca, para que de manera urgente procedan a garantizar la atención y ayuda humanitaria que esta población requiere. Es importante anotar que el Cabildo de Cerrotigeras nos ha expresado que el lugar más crítico en este momento por parte de las comunidades indígenas se presenta en los sitos de asamblea permanente de Agua Clara, Playa Rica y el Amparo.

De igual manera requiero al Ministerio de Defensa para que garantice de manera estricta el cumplimiento a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario en la zona.

Es importante recordar que la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a los DDHH se puede configurar por acción de los agentes del Estado, pero también por omisiones de sus deberes constitucionales y legales.


Atentamente

Iván Cepeda Castro

AMPLIAR EL FUERO PENAL MILITAR SERÍA ABRIRLE CAMINO A LA IMPUNIDAD

SOBRE PROYECTO DEL GOBIERNO PARA REFORMAR JUSTICIA PENAL MILITAR
*“Ampliar el fuero penal militar sería abrirle camino a la impunidad”: Iván
Cepeda*

* *

BOGOTÁ, 6/10/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático
Alternativo, Iván Cepeda Castro, reaccionó duramente a la iniciativa del
Gobierno Nacional que incluyó en la Reforma a la Justicia medidas para
ampliar el fuero castrense y un marco especial para el juzgamiento de
militares, lo que para él viola de manera flagrante la normatividad
internacional que ha concebido la justicia penal militar funcional y que, en
ningún caso, contempla la regresión al fuero de casta. El congresista, quien
ya había presentado ponencia negativa al proyecto de defensoría técnica a
militares, discutido en la Comisión Segunda de Cámara, advirtió que se
opondrá tajantemente a la aprobación de esta nueva propuesta en los debates
en Cámara de representantes.



Iván Cepeda plantea que este nuevo marco jurídico aumentaría el riesgo de
impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar
como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico,
concierto para delinquir, extorsiones, entre otros. Además, señaló que con
la nueva normatividad se le quitaría a la Fiscalía General la función de ser
el primer órgano en hacer presencia en el lugar donde presuntamente se haya
cometido un delito por parte de un militar.



*“Es inadmisible que el Gobierno, en lugar de perseguir los crímenes y
depurar la justicia penal militar, pretenda reimplantar medidas ya abolidas
por la jurisprudencia internacional y por la doctrina de la Corte
Constitucional como lo es el fuero penal militar”,* puntualizó Cepeda.



El congresista señaló que la propuesta, además de regresiva, es violatoria
del derecho a la igualdad, al poner a la víctima en una posición de
desequilibrio frente al presunto agresor. Del mismo modo, Cepeda anunció que
prepara un debate de control político para el mes de noviembre, sobre la
situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. En este
debate, se expondrá la inconveniencia de dicho marco jurídico militar, dado
la enorme cantidad de militares relacionados con estos crímenes y otros de
igual gravedad.

OFICINA DE PRENSA

Respaldo a movilización de 400 pobladores en el Sur de Bolívar

BOGOTÁ. 01/09/11. El representante por el Polo Democrático Alternativo,
Iván Cepeda Castro, respalda la movilización de las comunidades concentradas en el Arenal, Sur de Bolívar, las cuales protestan por la situación de
violencia que se viene presentando en la región.

El congresista reiteró su preocupación por los numerosos asesinatos y los
hostigamientos contra los campesinos y campesinas, por parte de los
distintos actores armados, con el objetivo de apropiarse de sus tierras,
ricas en recursos naturales, especialmente en oro.

Cepeda aseguró que desde el Congreso de la República continuará apoyando a
las comunidades campesinas en la defensa de su territorio, y que adelantará
las acciones pertinentes ante los órganos gubernamentales para que de manera
urgente se convoque a la Mesa de Interlocución del sur de Bolívar, espacio
de concertación entre el gobierno y las comunidades de soluciones a las
problemáticas de tierras y territorio, derechos humanos, inversión social y
minería en la región. La Mesa fue suspendida unilateralmente por el anterior
gobierno y no ha sido convocada por el actual, pese a las reiteradas
solicitudes de las comunidades.

OFICINA DE PRENSA

Las trampas del despojo en Montes de María, Urabá y los Llanos orientales


HOY EN PLENARIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES


*Las trampas del despojo en Montes de María, Urabá y los Llanos orientales*


**

*En debate de control político, el representante Iván Cepeda explicará cómo
grandes empresarios han adquirido miles de hectáreas mediante el abuso de
poder y estrategias delictivas, de la mano de las entidades estatales.*


**

BOGOTÁ, 31/08/11. Dándole continuidad al primer debate que se llevó a cabo
en la anterior legislatura, este miércoles 31 de agosto, a partir de las 3
de la tarde, el representante a la Cámara Iván Cepeda castro, liderará el
segundo debate sobre tierras, enfocado en los fenómenos de despojo y
extranjerización de predios en tres regiones del país.


En compañía de los representantes Wilson Arias del Polo Democrático, y
Guillermo Rivera del Partido Liberal, se darán a conocer en detalle las
trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para
despojar de sus predios a miles de campesinos en los Montes de María, y
Urabá, y la apropiación de recursos públicos por parte de inversionistas
nacionales y extranjeros en los Llanos orientales.


Al debate de control político que será transmitido en directo por el Canal
Institucional, están citados los ministros de Agricultura y de Transporte,
Juan Camilo Restrepo, y Germán Cardona, el Superintendente de Notariado y
Registro, Jorge Enrique Vélez, y el director de Incoder, Juan Manuel Ospina.

Oficina de prensa

Discurso que hice ayer en el Congreso en el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en el asesinato de mi padre, Manuel Cepeda

Me complace que hoy sea en este recinto donde se lleva a cabo el acto
solemne de reconocimiento de responsabilidad estatal por el asesinato de mi
padre. Él fue en sus últimos años congresista: primero elegido como
representante a la Cámara para el período legislativo 1990-1994, y acababa
de posesionarse como senador de la República cuando lo mataron. Una franja
tricolor señala la curul que él ocupaba en esta sala.

En este mismo recinto en el que nos encontramos, el 19 de octubre de 1993,
denunció que iban a atentar en su contra tres generales del Ejército
Nacional e integrantes de grupos paramilitares bajo la Operación Golpe de
Gracia; un plan macabro que terminó con la vida de otros miembros de la
dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, así como le costó
el exilio a la concejal Aída Abella y al senador Hernán Motta.

Meses después, el 9 de agosto de 1994, sin que las autoridades hubieran
tomado ninguna clase de medidas para evitar su inminente asesinato, ocurrió
el crimen anunciado, exactamente tal y como él lo había descrito en la
sesión del agitado debate de control político.

En un operativo mixto, militares y paramilitares lo asesinaron cuando venía
aquí, a la comisión segunda constitucional a defender en calidad de ponente
el proyecto de ley que ratificaba la adopción del protocolo segundo
adicional a los convenios del Derecho Internacional Humanitario.

Acompañando ese operativo estuvo presente el propio jefe paramilitar Carlos
Castaño. Así lo narró en el libro* Mi Confesión*. Según los paramilitares,
había recibido esa orientación de los generales a través de uno de sus
asesores, José Miguel Narváez, quien dictaba un curso en los centros de
sicarios de las AUC llamado: "¿Por qué es legítimo matar comunistas en
Colombia?".

Esa misma suerte la corrió buena parte de la bancada parlamentaria de la
Unión Patriótica. Uno tras otro, siete de sus congresistas fueron
asesinados. Algunos de ellos murieron abaleados en sus casas, delante de sus
familias. El sucesor de mi padre, el senador Hernán Motta, como ustedes lo
han visto en este acto, vive en el exilio. Lo amenazaron a él y a su
familia, la cual había ya sufrido el homicidio del hermano de Hernán,
también militante de la UP. Llegará el día, señoras y señores
parlamentarios, en que a esa bancada aniquilada por la violencia, se le
rinda un merecido homenaje.

En esa luctuosa época a diario caían asesinados los militantes de la UP, y
el ritual semanal era ir a enterrar a un nuevo líder inmolado. Eran días
como aquel, en que a mi tía Stella, a quien ustedes escucharon aquí, le
dinamitaron su casa por ser dirigente de la colectividad en el Cauca; un
atentado del que ella y su familia se salvaron milagrosamente. Días como
aquel en que nos despertamos con la noticia del asesinato de Bernardo
Jaramillo, de Jaime Pardo Leal o de José Antequera. En los que las noticias
eran como aquella, que tanto recuerdo, acerca de que en el sepelio de un
concejal de la UP en el Meta, los paramilitares habían puesto ante la
funeraria un potente equipo de sonido, habían montado una fiesta y al salir
el cortejo fúnebre dispararon matando e hiriendo a algunos de los familiares
y dolientes.

Y mientras ocurría este baño de sangre como lo manifestó ante notario
público el ex consejero de paz, Carlos Ossa Escobar, el general, entonces
ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina dijo un día cuando éste fue a
visitarlo a su despacho para expresarle suma preocupación porque cada día
estaban matando a un miembro de la UP: *“*Carlos, a ese ritmo no van a
acabar nunca”. Sobran los comentarios.

No ha sido fácil el camino de 17 años para llegar a esta tarde en la que se
reconoce la responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad. Dicho
camino ha consistido en una sucesión de exilios, atentados, amenazas, que
han incluido el espionaje de nuestra vida privada y repetidas campañas de
desprestigio.

Nada de eso nos hizo desfallecer, y debemos decir hoy sin presunción pero
con orgullo que buena parte del proceso de justicia en este caso se ha
logrado gracias a nuestra perseverancia, a la de nuestros incansables
abogados y abogadas del Colectivo “José Alvear Restrepo” y del Centro
Internacional para la Justicia, CEJIL, y al trabajo del Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado.**

Para solo mencionar uno de los innumerables episodios de esta persecución
que buscaba dejar en la impunidad el caso Cepeda y el genocidio de la UP;
baste recordar el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por parte del anterior gobierno.

El anterior presidente de la República cuando fue notificado de la sentencia
internacional que hoy respetuosamente se acata, hizo una declaración en la
que so pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre, en realidad
agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias que habíamos formulado
“falsas acusaciones” contra el país y como que habíamos procedido “con odio
a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos".

Esa actitud es lastimosamente reveladora del sentimiento de complicidad con
los autores de muchos de los crímenes contra la humanidad que se han
cometido en Colombia, de la persistencia de algunos sectores de la extrema
derecha del país en seguir justificando sus actuaciones violentas y del
desafío a la justicia internacional para mantener la impunidad de crímenes
estatales en Colombia.

Hoy, a diferencia de tales comportamientos, el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos hace oficialmente el reconocimiento de responsabilidad por el
crimen perpetrado contra el senador Manuel Cepeda Vargas, y solicita en esta
sesión solemne perdón por este hecho.

Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la petición de perdón en
situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un
acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la
verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la
enunciación de los destinatarios de la petición, el reconocimiento público
del daño causado y la expresión del compromiso de no repetir en el futuro
acciones similares.

Al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Gobierno Nacional no solo honra su deber de acatar y poner en práctica
las medidas de reparación dictaminadas por el tribunal internacional en un
caso particular. Al mismo tiempo, realiza una acción simbólica que tiene al
menos cuatro significados profundos para la sociedad colombiana, que quiero
destacar brevemente.

*En primer lugar, al reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso
del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se cumple con un acto de
justicia en uno de los miles de hechos del genocidio contra la UP. *

* *

La Corte Interamericana estableció nítidamente que el Estado colombiano
además de ser responsable por acción y omisión del homicidio político contra
el senador Cepeda, fue responsable de haber violado un conjunto de derechos
fundamentales: haber negado la justicia y mantener la impunidad sobre los
máximos responsables que ordenaron y planificaron el asesinato; haber negado
la alianza criminal al más alto nivel entre sectores de las fuerzas
militares y los grupos paramilitares; haber atentado contra la libertad de
expresión y de asociación política de Manuel Cepeda en tanto comunicador
social y líder de la Unión Patriótica y del Partido Comunista; intentar
destruir o tergiversar la memoria del hecho y dañar gravemente nuestra honra
y dignidad; desarrollar una incesante persecución contra quienes buscamos
justicia en este caso, llegando incluso a llevarnos al exilio, etcétera,
etcétera.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el asesinato
perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda tiene las
características de un crimen de Estado. Cito la sentencia en su párrafo 124:
“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del
derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra
comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su
ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y
agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que
debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las
investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre
los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La
planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así
realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de
mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción
organizada, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”.



Sobre este particular no puedo dejar de subrayar que la sentencia de la
Corte Interamericana en el caso Cepeda se inscribe en el histórico
movimiento que está en curso actualmente en nuestra sociedad en el que se
llevan a cabo trascendentales procesos judiciales, y en el que se adoptan
la leyes que comienzan a consagrar algunas medidas tendientes a satisfacer
los derechos de las víctimas. Es el proceso en el que está surgiendo, tal
vez por primera vez en nuestra historia, el principio de proscripción de los
crímenes contra la humanidad.



Deseo decir, señor Ministro, que el Congreso de la República debe defender y
no debilitar este movimiento por la justicia. Reformar la Justicia es
necesario pero solo para fortalecerla; no para socavar su autonomía, anular
sus poderes, someter su independencia a la voluntad de los intereses
políticos o favorecer el regreso al reino de la impunidad, en el que se han
encontrado casos como el que hoy es objeto de una medida de reparación.
Debemos fortalecer la actuación de las altas cortes, de la justicia
constitucional, de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de
control.



*En segundo lugar, el acto de hoy tiene el significado de ser un
reconocimiento de la verdad histórica y, en ese sentido de nuestra dignidad
y de la dignidad del senador Manuel Cepeda Vargas. *

* *

Este reconocimiento comienza a cerrar definitivamente la discusión acerca de
la naturaleza de los crímenes que se han cometido en las últimas décadas
contra miles de miembros de la oposición política en nuestro país, y se
constituye en un precedente fundamental para esclarecer el carácter del
genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista.



Ha quedado clara la esencia política de este crimen y que los móviles que
impulsaron a sus autores intelectuales eran los de acabar de raíz la Unión
Patriótica como opción que tenía un programa de cambios sustanciales. No
fueron el narcotráfico, ni la venganza personal los que acabaron con un
movimiento político entero

* *

La verdad de este caso es que Manuel Cepeda era un líder político de
oposición, quien fue asesinado para dar un golpe de gracia a la
colectividad política a la que perteneció, que en el momento de su muerte
había sido debilitada por miles de otros crímenes y que había sido declarada
objetivo de planes genocidas que cumplieron rigurosamente su propósito hasta
lograr debilitar sus estructuras organizativas y su influencia política.



*El tercer aspecto que tiene el reconocimiento del Estado es que éste es un
acto con hondo significado para la Democracia y para el comienzo del
procedimiento de la reparación política en el caso de la Unión Patriótica.*



La lección auténticamente democrática del sacrificio de los miles de
miembros y líderes de la UP debe quedar por fuera de cualquier duda
malintencionada. A pesar de que eran plenamente concientes de que su vida
corría un extraordinario riesgo, prefirieron asumir el peligro y, muchos de
ellos, eligieron permanecer en sus puestos y actividades a sabiendas que
ello les costaría su vida.



Lo hicieron porque creían firmemente en la Democracia y en la acción
política no violenta. Esa convicción la defendieron con su vida y con la de
los suyos. Quiero citar a ese propósito lo que ha dicho el hijo de uno de
los dirigentes de la UP asesinados, José Antequera: “En lo que se refiere a
la Unión Patriótica es claro que la opción demostrada con la propia vida de
sus militantes, una y mil veces, fue la de la paz y la democracia, y eso, en
vez de ser un motivo de vergüenza, es un orgullo y un legado generalizable.
El día que vengan las disculpas que tiene que pedir el Estado colombiano, lo
que debe venir es el reconocimiento de esa verdad: que en Colombia no es
delito ser comunista, como lo fue Manuel Cepeda; que la Unión Patriótica fue
una esperanza real de paz; que los derechos humanos deben ser garantizados
sin distinción de raza, género, credo u opinión política”.



No es legítimo matar comunistas, ni conservadores ni liberales. No es
legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas. Esa es la verdadera
lección que debemos aprender como parte de un proceso de civilización
política. Esa es la Democracia: el diario ejercicio del diálogo y la
decisión sobre asuntos vitales de la sociedad, en medio de las
contradicciones más álgidas, pero en la convicción de que podemos encontrar
el acuerdo, o cuando menos un ambiente propicio a la contradicción sana.

* *

*Por último, la petición oficial de perdón en el caso Manuel Cepeda Vargas
es un acto que renueva la esperanza en que Colombia podrá poner fin al
prolongado conflicto armado* *que destruye al país.*



Difícilmente puede pensarse que Colombia llegará a la Paz y a la
reconciliación sin que se esclarezca el genocidio contra la UP. Se trata de
uno de los grandes crímenes de nuestra historia que dejó una trágica
enseñanza: no puede responderse a un pacto de paz o a un proceso de paz con
la traición y el asesinato de quienes crean en la promesa de respetar la
palabra empeñada en ese pacto.



Y esta afirmación la dirijo a todas las partes del conflicto a las que exijo
no solo que respeten el Derecho Humanitario, a la población civil y a sus
propios contrincantes; sino además que respeten los pactos y los procesos en
los que se llegue a acuerdos para finalizar el conflicto armado.



Señor ministro Germán Vargas Lleras,

señoras y señores congresistas,

señoras y señores:



En nombre de mi familia, en mi calidad de defensor de derechos humanos y de
Representante a la Cámara, acepto esta petición de perdón como signo de un
tiempo nuevo en Colombia en el que sea posible la participación democrática
de todas las fuerzas políticas.



Acepto esta petición solemne de perdón como un acto que simboliza la
convicción de que al eliminar sectores de la oposición se hizo un daño
irreparable a la sociedad colombiana, y que el gobierno afirma que es una
situación que no puede ni debe volver a repetirse.

Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de
esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia,
fundada en la Democracia y en la Justicia.

Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar
para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al
Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar.

“Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento”, decía mi padre en un
escrito póstumo dedicado a mi madre Yira Castro, y recordando a muchos de
sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la
Unión Patriótica no han muerto. Vivirán por siempre en la memoria de nuestra
sociedad. Su vida, como lo demuestra este acto, no pudo destruirla la
impunidad.

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2011.

Gobierno reconocerá públicamente responsabilidad en magnicidio de senador Manuel Cepeda Vargas

*El acto se efectuará en cumplimiento de la sentencia de 26 de mayo de 2010
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado
colombiano por su responsabilidad, por acción u omisión en el asesinato *

* *

BOGOTÁ, 06/08/11. Tras 17 años del crimen del senador de la Unión
Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno Nacional efectuará un acto
público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ante los
familiares del líder fallecido y la sociedad colombiana, en sesión Plena del
Congreso de la República. Así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en sentencia de 26 de mayo de 2010, al encontrar responsable al
Estado, por acción u omisión de sus funcionarios en este magnicidio,
cometido en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la UP.



El encargado de hacer la declaración por parte del Gobierno será el Ministro
del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y estarán presentes el
vicepresidente Angelino Garzón, altos funcionarios del gobierno, el gabinete
ministerial, importantes personalidades de la vida nacional, y el cuerpo
diplomático.



El acto se llevará a cabo en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, de
5:00 a 6:30 de la tarde, con transmisión en directo por el Canal
Institucional, Telemedellín y Telepacífico.

Iván Cepeda entregó a Fiscalía declaración de ex jefe paramilitar que comprometería a hijos de Uribe

*El representante a la Cámara dijo que se trata de grabaciones recogidas en
visita oficial al extraditable José Gelvez alias “El Canoso”, recluido en la
cárcel La Picota*

* *

BOGOTÁ, 02/08/11. Después de conocerse algunas críticas a las visitas hechas
por el representante a la Cámara Iván Cepeda a cárceles colombianas para
entrevistarse con los exjefes paramilitares y para verificar las situación
de derechos humanos en dichos establecimientos, el congresista recordó que
estas visitas se efectuaron como parte de misiones oficiales de las
Comisiones de Derechos Humanos del Congreso de la República, en coordinación
con las autoridades judiciales.



Agregó que en las cárceles de Valledupar, La Picota y El Buen Pastor de
Bogotá se encontraron graves irregularidades que serán objeto de debate de
control político el próximo 24 de agosto en la Comisión Segunda de la Cámara
de representantes.



Como resultado de una de estas visitas a la cárcel La Picota de Bogotá,
Cepeda le entregó a la Fiscalía General una grabación en la cual el exjefe
paramilitar José Gelvez alias “El Canoso”, señala a los hijos del
expresidente Álvaro Uribe de haber tenido negocios con paramilitares en
Santa Marta.



Tal como aparece en la grabación y según lo publicaron varios medios de
comunicación como la revista Semana, en una columna de María Teresa
Ronderos: “El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de
Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos
‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de
artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe,
Tomás y Jerónimo”.



En la grabación, “El Canoso” cuenta cómo los paramilitares Jorge 40 y Hernán
Giraldo y su sobrino lograron entrar en la concesión del Parque
Tayrona a través
de un socio de Aviatur en Santa Marta, negocio en el cual habrían
participado también Tomás y Jerónimo Uribe. Conforme a la columna de Semana,
el señor Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, admitió que recibió el
consejo del presidente Uribe de asociarse con una empresa para dicha
concesión y que cuando se enteró de que los paramilitares habían entrado a
su empresa, él les compró la parte correspondiente.



El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se
hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano
investigador adelante las acciones pertinentes.



Igualmente, anunció que las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso
continuarán visitando los establecimientos carcelarios con el fin de hacer
un seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y de verificar
la situación de derechos humanos que viven los presos. La próxima visita
será a la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), por petición de
organizaciones defensoras de los derechos humanos.




OFICINA DE PRENSA

“Reconocer matrimonio homosexual sería avance en construcción de la democracia”: Iván Cepeda

*El congresista también respalda la adopción de hijos por parejas del mismo
sexo, al considerar que es el legítimo derecho que tienen a conformar una
familia***

BOGOTÁ, 25/07/11. Con respecto a las decisiones que deberá tomar la Corte
Constitucional sobre el matrimonio y la adopción de hijos por parte de
parejas del mismo sexo, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
afirmó que las parejas conformadas por personas homosexuales deben gozar de
los mismos derechos que gozan las parejas heterosexuales, y aseguró que la
ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la
democracia.

“*Un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas
homosexuales a casarse, a adoptar hijos y a constituir una familia de
acuerdo con sus convicciones y elecciones personales*”, puntualizó el
congresista.

El representante del Polo Democrático ratificó el respaldo a todas las
personas pertenecientes a los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero). Dijo que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en
su jurisprudencia, está proscrita toda forma de discriminación en razón de
la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y
beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de
parejas heterosexuales o parejas homosexuales.

Cepeda manifestó que espera que el fallo de la Corte en esta oportunidad sea
consecuente con anteriores decisiones que ampliaron los derechos de las
parejas del mismo sexo, en lo relacionado con la seguridad social y las
pensiones de sobrevivientes.


OFICINA DE PRENSA

EL CRIMEN INVISIBLE

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com

Radiografía del fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado.

Al cierre de las sesiones parlamentarias de este semestre, con la representante Ángela Robledo hicimos un debate sobre la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado. Pocos días antes de la sesión de control político, un grupo que se identificaba como facción de los comandos urbanos de ‘Los Rastrojos’ hizo llegar un mensaje amenazante contra varias de las principales organizaciones de mujeres, una de las testigos que intervino en la audiencia y su hija, la Defensoría del Pueblo y otras personas e instituciones. Provocar el debate público sobre un crimen como éste suscita, de inmediato, la reacción de quienes lo han perpetrado. Saben que por ello sus máximos responsables pueden ser llevados a tribunales internacionales.

La historia enseña que en todo contexto de atrocidades generalizadas, la agresión sexual contra las mujeres se usa como estrategia bélica. No sólo porque los ejércitos son por excelencia organizaciones que se rigen por principios patriarcales. Este tipo de violencia estimula a la tropa con la promesa de que las mujeres serán parte del botín de guerra, y además se emplea como estrategia para la destrucción o dominación de grupos humanos, pues ataca a las mujeres en su función reproductiva, así como en su papel esencial en la organización de la vida social y en la transmisión de la identidad cultural.

En Colombia, la Corte Constitucional caracterizó las formas de agresión sexual en el conflicto armado en una trascendental decisión, el Auto 092 de 2008. Al definir la violencia sexual como estrategia bélica, la Corte le asignó las características propias de los crímenes de lesa humanidad: una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible que cometen todos los actores armados. La definición de la jurisprudencia colombiana coincide con la contenida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que tipifica los actos de abuso sexual como crímenes contra la humanidad.

El Auto 092 incluye un catálogo de las circunstancias en las que se perpetra. Diversas modalidades de agresión sexual se presentan como parte del desplazamiento forzado, del control territorial, del amedrantamiento de comunidades, del reclutamiento forzado, de las masacres, de la destrucción de poblados, de la desaparición forzada, del secuestro, etc. En esas situaciones es común que se combinen múltiples manifestaciones de ultraje que pueden incluir: violación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado, aborto forzado, infecciones de transmisión sexual, acoso sexual, exhibición forzada de la desnudez, esterilización, etc. La violencia sexual se practica de manera colectiva e individual; indiscriminada o selectivamente cuando se trata de mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas, defensoras de derechos humanos y liderezas de asociaciones de víctimas. Igualmente, la Corte estableció que las niñas y mujeres de comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas se encuentran entre las víctimas más frecuentes de esta clase de ataques. La amenaza o la violencia sexual se usan para mantener el régimen de control de poblaciones y forman parte de los castigos que se imponen como respuesta al desacato de órdenes de los grupos armados o las fuerzas militares en determinadas regiones. Asimismo, a las mujeres se les imponen códigos de conducta a través de modelos de esclavitud sexual y social.

En algunos lugares del país se han delimitado zonas de cautiverio y de prostitución forzada. En 2008, la prensa informó que 80 jovencitas fueron confinadas en un pueblo del departamento de Putumayo, y sometidas a un régimen de esclavitud sexual por una de las nuevas estructuras paramilitares de la región. En San Onofre, Sucre, era común en la época del terror que impuso el jefe paramilitar alias Cadena que sus hombres dispusieran a su antojo de las mujeres. También es conocido el caso del jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien en la Sierra Nevada de Santa Marta hacía que le trajeran a las adolescentes para embarazarlas como una especie de tributo que debían pagarle las comunidades indígenas de la zona. “El Patrón era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”, decía una de sus subalternas.

Como lo afirma la Corte Constitucional, estas situaciones ocurren en medio de una triple invisibilidad: la indolencia social, el silencio forzado de las víctimas y una impunidad absoluta. Con pocas excepciones como la de la Defensoría del Pueblo que ha diseñado un proyecto de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, las instituciones estatales no desarrollan políticas públicas sobre el tema. Las estadísticas que tienen los ministerios son parciales, no se han establecido sistemas de asistencia, prevención y protección; la ley dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres —1257 de 2008— no ha sido aún reglamentada por el Gobierno; muchos de los funcionarios estatales y operadores judiciales no poseen la formación y la sensibilidad necesarias para tratar de manera profesional la atención de las víctimas; no se ha designado hasta hoy a la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, quien es la funcionaria encargada de liderar todos estos asuntos en el Poder Ejecutivo. Lo más grave es que los informes oficiales dan cuenta de una impunidad prácticamente total en este campo. Para el debate en el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación informó que tan sólo se investigan 206 casos, que en su Unidad de Justicia y Paz hasta hoy se han hecho únicamente seis imputaciones, y que todavía la justicia no ha proferido condenas. Cifras y realidades desconcertantes si se tiene en cuenta que los datos que arroja el estudio “Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra” realizado por las organizaciones de mujeres con el apoyo de Intermon Oxfam revela que en la última década 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual en los municipios con conflicto armado. Lo que significa que cada hora seis mujeres sufren algún acto de ultraje sexual.

Así como se conocen los relatos de víctimas de múltiples desplazamientos forzados, también hay narraciones que muestran que muchas mujeres han sido víctimas de múltiples violaciones sexuales en distintos contextos. En el debate de control político, presentamos el testimonio de María Eugenia Urrutia, dirigente de la organización Afromupaz —compuesta por mujeres afrocolombianas desplazadas del Chocó—, quien ha sido violada en tres ocasiones por miembros de grupos paramilitares. Luego de padecer sucesivos desplazamientos, los ultrajes han sobrevenido en cada sitio al que llegó con su familia como castigo por su liderazgo social. Ella denunció que la participación de mujeres en la exigencia de derechos viene ocasionando, como represalia, la violación de sus niñas.

Como se señaló, todos los actores del conflicto armado ejercen en forma sistemática los vejámenes sexuales. En la respuesta del Instituto de Medicina Legal al debate parlamentario, para el período 2007 al 2009 las guerrillas eran responsabilizadas en 32 dictámenes periciales, mientras que los grupos paramilitares aparecían en 10 y las Fuerzas Militares en 126. Pese a que esta respuesta reconoce un fuerte subregistro y a que en la mayoría de los dictámenes no fue identificado el autor de los delitos sexuales, llama la atención que los miembros del Ejército y la Policía aparecen como presuntos responsables de más del 70% de los casos denunciados. Ya desde 2006, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia alertó sobre el “aumento de denuncias de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de servidores públicos, en particular miembros de la Fuerza Pública”. En los últimos dos años la Oficina informó de hechos atribuidos a integrantes de las instituciones castrenses en 14 departamentos, e hizo especial énfasis en el caso ocurrido en Arauca en octubre de 2010, en el que se inculpó a un miembro del Ejército por la violación de dos niñas con un intervalo aproximado de dos semanas.

No obstante que el Ministerio de Defensa Nacional ha expedido directivas en las que se ordena “cero tolerancia a la violencia sexual” en las filas de la Fuerza Pública, tales exhortos parecen seguir siendo desoídos en la práctica, pues las cifras expuestas y comprometedores comportamientos registrados de algunos mandos, generan serios interrogantes acerca de si sectores de las Fuerzas Militares imparten instrucciones para consentir y estimular el abuso sexual. En marzo de 2007, se conocieron fotos tomadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una escuela del municipio de El Castillo. En el pizarrón de una de sus aulas, miembros del Batallón XXI Vargas que realizaron un operativo militar en la zona dejaron la siguiente inscripción acompañada de cinco instrucciones precisas: “Tema del día: como violar a una guerrillera (sic)”. El Ministro de Defensa se comprometió en el epílogo del debate a investigar estos hechos.

Es urgente que el Estado colombiano adopte un conjunto de políticas públicas que erradiquen la violencia que se perpetra a diario contra mujeres y niñas, especialmente de la violencia sexual utilizada como método de guerra. Para ello se debe acabar con la impunidad y que los máximos responsables de organizaciones o aparatos armados que hayan ordenado la ejecución sistemática del abuso sexual sean condenados ejemplarmente. De igual modo, es necesario que se emprenda una labor pedagógica con el concurso de los medios masivos de comunicación que ayude a construir la condena social del ultraje sexual con fines de dominio militar o de control territorial. El reconocimiento de la violencia sexual como parte de los crímenes contra la humanidad que se cometen a diario en Colombia no sólo forma parte del proceso de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también es un aspecto sustancial de la verdad que requerimos para convertirnos en una sociedad realmente democrática.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-284498-el-crimen-invisible

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA PIDE A MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES QUE EMBAJADOR DE COLOMBIA EN PERÚ, VISBAL MARTELO, SEA RETIRADO DEL CARGO

Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011

Doctora
María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores
Ciudad


Respetada Ministra:


El 19 de mayo de 2011 dirigí derecho de petición al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, mediante el cual solicité se ordenara la separación del cargo de algunos embajadores de la República de Colombia, entre los que incluí al actual embajador en Perú, señor Jorge Visbal Martelo, contra quien se adelanta un proceso penal por presuntos nexos con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

La Presidencia de la República remitió mi petición, por competencia, a ese Ministerio, el que mediante oficio No. 38129 de 30 de junio de 2011, suscrito por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, doctora Patti Londoño Jaramillo, señaló que: “Ante la ausencia de antecedentes penales o sentencias ejecutoriadas en contra de los precitados Embajadores [incluye al embajador Jorge Visbal Martelo] y ante la inexistencia de causales que los inhabiliten, no procedería la separación del ejercicio de sus funciones…”.

Por otra parte, la señora Ministra, en diálogo con la periodista María Isabel Rueda, publicado en el periódico El Tiempo el 13 de marzo de 2011, respondió ante las criticas al embajador Jorge Visbal Martelo por las investigaciones que están en curso, Usted afirmó que: “En ninguno de los tres casos hay investigaciones abiertas”1

Asimismo, en entrevista concedida al periódico El Espectador, el 28 de mayo de 2011, refiriéndose a las críticas que ha recibido el gobierno por tener embajadores investigados, entre otros a Jorge Visbal Martelo en Perú, afirmó Usted que: “Mientras sólo haya una investigación preliminar, el Gobierno asume la presunción de inocencia. El día que se abra una investigación formal por cargos, es otra cosa”2.

El día de ayer, según lo registran diversos medios de comunicación, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, fue llamado a rendir indagatoria por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Se dice igualmente, que: “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue quien vinculó a Visbal a una investigación por sus presuntos nexos con las Auc”3.


Señora Ministra:


Ante esta situación, y haciendo uso de mi investidura como Congresista de la República, me permito formularle un respetuoso requerimiento a mi solicitud de 19 de mayo de 2011, en el sentido de que a la mayor brevedad, y retomando sus propias palabras, con carácter urgente, se separe del cargo de embajador de Colombia en Perú, al señor Jorge Visbal Martelo, por ser de suma gravedad que una persona con expedientes judiciales abiertos sea el representante diplomático de Colombia ante otro país.

Agradezco de antemano su respuesta que espero cumpla con las promesas hechas ante los medios de comunicación.

Cordial saludo,


Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara

1 Tomado de la página en Internet: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9007871.html
2 Tomado de la página en Internet: http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-273370-el-liderazgo-no-se-impone
3 Tomado de la página en Internet: http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1506034

LAS ACTITUDES AUTORITARIAS NO DEBEN ASFIXIAR LA RENOVACIÓN DEL POLO

(Declaración pública del representante Iván Cepeda Castro)

Es legítimo que el Polo Democrático Alternativo tenga sus candidatos y llame a votar
por ellos. No obstante, votar es un derecho constitucional que se debe ejercer
conscientemente y ser respetado en toda circunstancia.

Con autoritarismo no se puede pretender sofocar el examen interno de
responsabilidades ni truncar el proceso de renovación del partido.

El camino adecuado para avanzar en la renovación es el debate democrático, la
realización de foros programáticos y del congreso del PDA. La corriente que
represento dentro del Polo considera que es posible lograr esa renovación desde
adentro, respetando los mecanismos internos y el espíritu democrático. Para que ello
sea posible quienes asumen la dirección del partido están obligados a rodear de
garantías tanto el debate como el proceso electoral.

Bogotá, 13 de julio de 2011

Iván Cepeda Castro

Colectivo Vamos por los Derechos

RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

RENDICIÓN DE CUENTAS
REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

PERIODO LEGISLATIVO 2010 - 2011

Desde mi elección como representante a la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo, tuve como principio la rendición de cuentas a mis electores. En cumplimiento de este principio democrático, y pasado el primer año de mi gestión, entrego este informe que detalla los resultados concretos tanto en los debates de control político, como en el trabajo en las comisiones y la plenaria de la Cámara. Una labor que obedece al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, las cuales han guiado mi accionar.

Iván Cepeda Castro


I. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO



En esta legislatura, llevamos a cabo cuatro importantes debates de control político en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara:



1. Debate Despojo de Tierras

En acompañamiento a varias comunidades campesinas que reclaman sus tierras, denunciamos las trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para despojar de sus predios a cientos de campesinos desplazados de diferentes regiones del país como los Montes de María, el Urabá, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Córdoba, entre otros.

Entre las maniobras para el despojo de tierras, denunciamos la práctica de muchos empresarios que reciben información privilegiada por parte de organismos del Estado, para saber la situación de endeudamiento de muchos campesinos que se ven obligados a vender a precios irrisorios para subsanar sus deudas. Otras estrategias están encaminadas a legalizar tierras obtenidas ilegalmente por parte de los grupos paramilitares, a través de la compra de registros legales en las notarías del país, práctica que el mismo Gobierno reconoció en un informe entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011.

Con posterioridad al debate de control político se ha participado activamente en el impulso de la iniciativa surgida desde diferentes espacios de confluencia del movimiento social, especialmente del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Popular, y del Movimiento de Crímenes de Estado, en torno a la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías.Congreso que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, en donde se espera poder avanzar en mandatos y en una agenda común en torno a la restitución de las tierras, y la defensa de los territorios.



2. Debate Crisis humanitaria en los llanos orientales: situación de cuatro cementerios en los que se han enterrado personas no identificadas (NN), muchos de ellos casos de falsos positivos y desapariciones forzadas.

En un proceso de acompañamiento a las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada, nos propusimos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación y develar la grave situación de personas no identificadas o NN, que se encuentran enterradas en los distintos cementerios del país, especialmente en la región de los llanos orientales, muchos casos coincidentes con reportes de personas desaparecidas en municipios de la zona como Granada, Villavicencio y la Macarena en el departamento del Meta. Formulamos varios requerimientos a la Fiscalía para lograr la plena identificación de estas personas, los cuales fueron atendidos y dieron paso a importantes investigaciones y acciones que viene desarrollando el ente investigador, como las inspecciones a los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare.

Como resultado de esa gestión, acompañamos al Ministerio del Interior, a la Registraduría y al Instituto de Medicina Legal en la entrega del reporte sobre identificación de 438 personas, que figuraban como no identificadas y que aparecen en los bancos de datos sobre desaparición forzada.



3. Debate Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares en Colombia.

Le solicitamos al Gobierno Nacional que elimine del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de Bacrim o bandas criminales, y que reconozca que en Colombia están operando poderosas estructuras paramilitares, heredadas de una falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Advertimos que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada, ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros fuerza pública o en las esferas de poder.

Reiteramos que las bandas llamadas por el gobierno Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en Colombia. Expusimos los mapas según los cuales, las nuevas estructuras paramilitares tienen asiento en las mismas zonas ocupadas por los antiguos grupos paramilitares, y zonas de adjudicación de licencias para explotación minera.



4. Debate Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.

En compañía de la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, adelantamos el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

Conforme a la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto colombiano, realizada por Oxfam en conjunto con varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre los años 2001 y 2009 se registraron 489.687 agresiones directas a mujeres, en municipios con presencia de conflicto y por parte de todos los actores armados. Es decir, se presentaron 149 agresiones al día, 6 cada hora.

Advertimos sobre la gravedad de las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, la fuerza pública es la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, muy por encima de los grupos armados. Por lo tanto, le pedimos al gobierno nacional la implementación urgente de una política en el interior de las tropas para acabar con este delito, así como el cumplimiento de las diversas recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de DDHH sobre esta problemática.



DEBATE SOBRE PROYECTO DE DEFENSORÍA TÉCNICA A MILITARES

Nos opusimos con argumentos al proyecto presentado por el gobierno nacional para ampliar el servicio de defensoría técnica a militares por delitos no contemplados por la justicia penal militar.

Dejamos constancia sobre la inconveniencia de este proyecto que pretende que, con recursos públicos y privados, se cree una poderosa defensoría técnica para los militares implicados en casos de investigaciones disciplinarias o penales que comprendan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros.



II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



1. PROYECTOS:


GESTIÓN EN LA LEY DE VÍCTIMAS



A lo largo de la discusión del proyecto de ley de víctimas, insistimos en la importancia de tener un instrumento que efectivamente garantizara los derechos de las víctimas, y en especial el derecho a la reparación. En este espíritu, participamos de manera activa durante sus cuatro debates, presentando numerosas proposiciones, junto con la bancada del Polo Democrático en el Senado.

Durante el debate, y desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron tres audiencias sobre despojo de tierras en Medellín, Barranquilla y Sincelejo.

Entre los temas propuestos que se mantuvieron en el texto finalmente aprobado por el Congreso se encuentran:

1. En materia de protección a las víctimas, se extendieron las medidas de protección se ordena la revisión de programas y se establecen criterios para hacerlo.

2. Se incorporaron fuentes adicionales para el fondo de reparación, entre ellas los recursos provenientes de la dirección nacional de estupefacientes objeto de extinción de dominio, en los porcentajes determinados por el Gobierno Nacional, y los montos de las condenas de los parapolíticos.

3. Se creó un grupo especializado de policía judicial para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado los victimarios.

4. Se aseguró que la Defensoría del Pueblo realice una labor de asesoría, acompañamiento y representación judicial de todas las víctimas

5. En materia de restitución se logró que el desplazamiento no interrumpa la posesión para efectos de lograr por parte de la víctima la prescripción adquisitiva de dominio, y que las mujeres puedan iniciar el proceso de restitución así no aparezcan como propietarias en los títulos del predio.

Pese a estas disposiciones, la ley de víctimas presenta graves problemas y deficiencias frente a las demandas de las víctimas y los estándares internacionales en la materia. Actualmente, en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diversas organizaciones de DDHH, agrarias, de víctimas y de mujeres, se prepara una demanda para que la Corte Constitucional pueda ajustar esta ley y se convierta en un instrumento que sirva a todas las víctimas.



MODIFICACIONES A LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Señalamos los problemas que contenía el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Entre las principales preocupaciones estuvo el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos. Advertimos que esta ley no garantiza que se ponga un punto final a la acción criminal que se ha venido desarrollando desde los organismos de inteligencia. Pese a su aprobación, logramos modificar el término de la reserva sobre documentos de inteligencia, reduciéndolo en 10 años, dejando la posibilidad de que el gobierno la amplíe de 25 a 40 años y no hasta 50 como se propuso inicialmente. Con esto buscamos salvaguardar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sin embargo en el trámite en Senado se aumentaron 5 años más.



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INTRODUJIMOS EL ARTÍCULO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA TODA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

También logramos la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Este artículo obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los entes gubernamentales.



LOGRAMOS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Como ponente coordinador, trabajé activamente para la aprobación de proyecto de Ley para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ley sancionada por el presidente de la República. Este es el primer tratado internacional destinado exclusivamente a buscar la prevención del delito de desaparición forzada, la protección de las víctimas, la búsqueda de personas que han padecido este crimen y la sanción de los responsables. Reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.



NOS OPUSIMOS AL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

Nos opusimos a la ley de sostenibilidad presentada por el gobierno, pues representa un proyecto regresivo en materia de derechos fundamentales, especialmente porque con su aprobación, el estado social de derecho no se sustentará en la realización de los derechos humanos sino en la sostenibilidad fiscal, al limitar la independencia de otras ramas del poder público, las cuales estarán sujetas a razones fiscales, al momento de tomar sus decisiones.

Para el gobierno nacional constituyen riesgo fiscal, el pasivo pensional, el régimen de seguridad social en salud, la población desplazada y la ley de víctimas.

Se trata de una política económica de austeridad selectiva, en la que lejos de pretender reducir la deuda pública, lo que se pretende es garantizar el recorte de recursos de los entes territoriales que no podrán cumplir sus obligaciones en materia de inversión social para dar paso a un flujo de recursos a favor de la Nación con los cuales se financiaran, entre otros, los proyectos de infraestructura vial atrasados que favorecen principalmente a las multinacionales y a los inversionistas extranjeros, mientras que se debilitan los derechos fundamentales principalmente el trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna.





OPOSICIÓN AL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEMANDA A LA LEY 1424 DE 2010



La ley 1424 denominada “ley de justicia transicional” es la norma que ha sido tramitada de manera más rápida en el Congreso de la República, la cual surgió como respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de que realizara la Corte Constitucional frente al principio de oportunidad de desmovilizados, que permitiría el saneamiento judicial de estas personas sin ningún tipo de investigación sobre los crímenes cometidos.

Durante su trámite en el Congreso, advertimos sobre la inclusión de varias disposiciones que atentaban contra los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia, y la más importante de ellas: el artículo que dispone que la información que surja en el marco de los denominados acuerdos por la verdad que crea esta norma, no pueden tenerse como prueba en un proceso judicial.

Al ser aprobada esta norma, decidimos demandar ante la Corte Constitucional dichos aspectos, actuación que se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el representante por el Polo Democrático Germán Navas Talero.



2. LOGROS EN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES


Crisis de derechos humanos en cárcel de Valledupar

Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes lideramos una visita de inspección a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, para hacer pública la grave situación humanitaria que se vive en ese centro carcelario. Conseguimos la aprobación de una carta mediante la cual, Cámara de representantes les solicitó al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la cárcel, iniciativa que llevó días más tarde a la adopción de medidas por parte del gobierno, tales como el traslado de 240 internos y la disposición de presupuesto para iniciar las obras de reparación del acueducto y el alcantarillado.



Audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó

Se llevó a cabo una audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de escuchar las inquietudes y denuncias con respecto a la seguridad de sus miembros y las constantes amenazas por parte de grupos paramilitares que siguen operando en el Urabá antioqueño.



Trabajo conjunto de las Comisiones de Paz del Congreso

Conseguimos que las Comisiones de Paz del Senado y Cámara acordaran el diseño de una agenda conjunta para atender los asuntos en los temas de paz.



3. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

Investigación por las “chuzadas” y seguimientos ilegales del DAS

Desde que inició la investigación por parte de los organismos investigadores y de control por estos delitos cometidos desde esta dependencia del Gobierno, hemos estado acompañando y apoyando a las víctimas, tanto en los debates de control político que han tenido lugar en el Congreso de la República, como en los distintos procesos contra exfuncionarios de la entidad que adelanta la justicia ordinaria, y en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Igualmente, hemos hecho seguimiento a los procesos contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien además de estar sindicado en el caso de las “chuzadas” y los seguimientos ilegales, ha sido acusado de participar como autor intelectual del asesinato del senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, entre otros delitos.



III. OTRAS ACTIVIDADES

1. ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS

Apoyo al retorno de campesinos a la finca Las Pavas

Luego de una visita solicitada por la asociación de campesinos ASOCAB que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, entregamos una constancia a la plenaria de la Cámara, en la cual se expresa la inconformidad de los campesinos, quienes se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon) .

Le solicitamos al Ministro de Agricultura, llevar a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución y el derecho a un retorno digno a los predios que les pertenecen.

Es importante destacar que con posterioridad al retorno de esta comunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre este caso, ordenando al INCODER reiniciar el proceso judicial para la protección de los derechos de ASOCAB.

Conmemoración masacres de El Naya

En la conmemoración de una década de la sangrienta incursión paramilitar en la región del Río Naya, acompañamos a las víctimas en su petición al gobierno nacional por el respeto a sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral, al territorio y al respeto a sus planes de vida. Mediante una constancia presentada a la plenaria de la Cámara, recordamos que esta comunidad lleva 10 años sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la responsabilidad penal de los autores de la masacre y de sus beneficiarios, ni cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas, cuántas personas fueron desplazadas, y en general cuántas personas resultaron víctimas de esa acción paramilitar.

Le hicimos un llamado al Procurador General de la Nación, para que adelante las Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que no tomaron las decisiones necesarias para evitar la incursión paramilitar en el 2001, y contra quienes no las ejecutaron, permitiendo la realización de cientos de crímenes. También a la Fiscalía General de la Nación, para que asuma la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la región del Naya, como crímenes de lesa humanidad, para que en el menor tiempo posible defina cuántas y cuáles son las víctimas, para que construya un plan metodológico que le permita adelantar la investigación no sólo contra los perpetradores, sino también contra quienes han sido denunciados como financiadores y beneficiarios de los crímenes cometidos, y finalmente para que se investigue a las estructuras que hoy están operando en la región e intentan mantener impunes estos hechos.



2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA

En las profundidades del infierno

El Espectador

Sobre crisis humanitaria en cárcel de Valledupar

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-275536-profundidades-del-infierno

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Las bandas criminales del despojo

El Tiempo

9 de abril de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/las-bandas-criminales-del-despojo.html

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La paz como camino

El Tiempo

11 de febrero de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4

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Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

El Espectador

13 de octubre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal

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Los rostros del despojo

El Tiempo

19 de septiembre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1



Más información, acceso a noticias y a los videos sobre nuestros debates y documentos en:

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OFICINA DE PRENSA

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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