IVÁN CEPEDA DISPUESTO A AYUDAR A RESOLVER CRISIS CAMPESINA EN TARAZÁ

El Representante a la Cámara, Iván Cepeda, expresó estar dispuesto a contribuir en la resolución de la grave crisis que se vive en la cabecera municipal de Tarazá, ocasionada por la movilización de miles de campesinos, procedentes de la zona rural de este municipio y de los de Valdivia e Ituango, en el Bajo Cauca antioqueño, que piden la suspensión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos y la reparación de los daños ocasionados por el herbicida glifosato a las siembras de pan coger.

Ante la solicitud de la organización campesina que lidera la movilización, para que participe en una eventual comisión facilitadora y de acercamiento con el gobierno, el parlamentario del Polo Democrático mostró su pleno interés y manifestó su esperanza de encontrar buena disposición por parte del Gobierno Nacional. "Toda acción que, mediante el entendimiento, permita disminuir el sufrimiento de la gente y las tensiones, será objeto de mi rotundo esfuerzo", puntualizó el representante Cepeda.

IVÁN CEPEDA, CONGRESISTA MÁS DISCIPLINADO (artículo en EL NUEVO SIGLO)

Fuente: http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/30941-la-bancada-mas-disciplinada-es-la-verde-congreso-visible.html

La bancada más disciplinada es la Verde: Congreso Visible

Jueves, 24 de Febrero de 2011 00:00
Tanto en Cámara como en Senado votan de acuerdo con las posiciones de su colectividad.

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

“ES POSIBLE concluir que el Partido Verde es la colectividad más disciplinada, a pesar que a lo largo de este primer periodo haya demostrado algunas diferencias en términos programáticos, por ejemplo, en lo relacionado a la penalización de menores”, concluyeron los analistas del programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Al analizar el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, Congreso Visible aplicó el método de medición Rice (IR) y el Índice de Acuerdo Partidista (IAP). El primero toma en cuenta los votos por el “sí” o por el “no” en cada proyecto con relación al total de cada bancada; el segundo compara los votos de cada congresista con los del vocero y considera las abstenciones. En ambos casos el cálculo arroja un valor que oscila entre cero y uno; cuando el valor se acerque o sea igual a 0, el índice sugiere que el partido es indisciplinado y, por el contrario, si el índice es igual a 1 o se aproxima a este valor, quiere decir que el partido es muy disciplinado.

Según el informe, “la disciplina calculada a través del IR puede ser entendida como unanimidad, es decir, que los miembros de un partido voten del mismo modo. Pero la disciplina partidista calculada mediante el IAP difiere de la calculada mediante el IR, ya que no sólo es vista como unanimidad sino también como asistencia a las sesiones y cumplimiento de las directrices que trace el líder o los líderes de cada partido”.

La medición dio como resultado que el Partido Verde se ubica en primer lugar tanto en Senado como en Cámara, con IAP 0,78 e IR 0,92, en el primer caso, y con IAP 0,80 e IR 0,97, en el segundo; en Cámara los verdes son seguidos por el Polo Democrático (0,69/0,94) y el Partido Social de Unidad Nacional, La U (0,56/0,93), mientras que en el Senado son secundados por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira (0,68/0,93), y Cambio Radical (0,62/0,87).

En la Cámara La U, el Polo y los verdes registraron un índice Rice entre 0,9 y 1, pero “al elaborar los cálculos mediante el IAP, el Partido Verde se mantiene como el partido más disciplinado, siendo el único que registra un índice superior a 0,7, seguido por el Polo”.

“Al realizar este mismo ejercicio en el Senado, se observa que el Partido Conservador registra el IR más alto, cercano al 0.9”, anota el informe, pero, precisa, “cuando se calcula el IAP, y por ende se consideran las abstenciones y el papel de los voceros en el Senado, el índice disminuye para todos los casos” y “el Partido Verde registra el IAP más alto”.

Al aplicar el IAP individualmente a los legisladores, los congresistas más disciplinados resultaron ser de la Cámara, los primeros son Iván Cepeda, del Polo Democrático (0,91); Alfonso Prada, del Partido Verde (0,91); Telésforo Pedraza, del Partido Conservador (0,85); Guillermo Rivera, del Partido Liberal (0,82); e Iván Darío Sandoval, del Partido Liberal (0,79). Les siguen los senadores Gilma Jiménez, del Partido Verde (0,98); Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático (0,87); Efraín Cepeda, del Partido Conservador (0,85); y Álvaro Ashton, del Partido Liberal (0,85).

“La disciplina partidista se considera un factor importante para analizar la actividad legislativa ya que indica cómo actúan los partidos, las posibles divisiones al interior de los mismos y explica, en parte, el desenlace de cada una de las iniciativas de ley discutidas en el Congreso”, se lee en el informe de Congreso Visible.

“En el caso colombiano, la implementación del voto nominal obligatorio brinda la posibilidad de emplear métodos a través de los cuales es posible observar qué tan cohesionados son los partidos a la hora de votar, además de identificar los niveles de abstención y sus implicaciones”, indicó el documento.

¿RETORNO Y PERMANENCIA SIN GARANTÍAS?

Probablemente, uno de los asuntos que mayor controversia ha causado en los últimos meses en Colombia es la política de restitución de tierras. En contraste a los conatos de discusiones de carácter democrático que se han librado públicamente en torno a la ley de tierras, la reacción que ha causado en algunos sectores, vinculados a la gran propiedad de la tierra y expresada mediante diversos métodos y escenarios al país, ha sido virulenta. Durante décadas, la cuestión agraria ha permanecido de una u otra forma en el fondo de toda discusión política en Colombia. Los períodos de violencia que ha sufrido nuestro país están íntima y profundamente vinculados con los ciclos de acumulación de la tierra y los capitales vinculados a esta en muy pocas manos y representa uno de los mayores obstáculos para la maduración de la democracia y la justicia en Colombia. Los últimos años del gobierno de Uribe representan uno de los períodos más violentos del despojo de tierras. Dos entre miles de estos casos son el de la Hacienda las Pavas, en el departamento de Bolivar y los predios de El Tamarindo, en el Atlántico.


123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares. Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al INCODER la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión. No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico DAABON, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.

Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.
Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.
En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento del Atlántico, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia. Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40, se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios. En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el ESMAD ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.
Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad. Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.
Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades. Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.
IVAN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara

¡POR EL DERECHO A LA OPOSICIÓN POLÍTICA!

Ante el grave hecho suscitado por la intención de restringir los derechos políticos y el derecho a la oposición mediante la inclusión del artículo 47 del proyecto de Ley de reforma de los partidos políticos y de los procesos electorales, al excluir del censo electoral las cédulas de quienes en las últimas elecciones no votaron -con lo cual quedarían impedidos para participar en las próximos comicios 15'000.000 millones de colombianos de no inscribir su cédula de nuevo-, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en una concentración pacífica y respetuosa ante la Corte Constitucional para impugnar el contenido de esa norma, por inconstitucional.

Les proponemos llevar un pañuelo para simbolizar una mordaza y circular este mensaje por toda la red

Convocan: Iván Cepeda y Vamos por los Derechos

Fecha: Viernes 18 de febrero de 2011
Lugar: Palacio de Justicia (Calle 12 # 7-65)
Hora: 11:00 am

LA PAZ COMO CAMINO

por: Iván Cepeda Castro (publicado en ELTIEMPO.COM)

Como resultado del diálogo epistolar entre el grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz y la guerrilla de las Farc, se ha presentado en los últimos años una serie de liberaciones unilaterales de personas que estaban en poder de la organización guerrillera.

La finalidad de ese diálogo ha sido buscar que, mediante el respeto de normas enunciadas en el Derecho Internacional Humanitario, pueda llegarse a un clima favorable a la solución del conflicto armado mediante un proceso de negociación política.

En la segunda carta enviada por Colombianas y Colombianos por la Paz en noviembre del 2008, se señalaba que uno de los objetivos esenciales de ese proceso es la eliminación del secuestro como método de guerra y de financiación: "Creemos que la práctica del secuestro es de por sí inhumana, y no se le puede defender sin que al mismo tiempo se ingrese en el terreno cenagoso donde campea la divisa de 'el fin justifica los medios' ".

En esa misiva se preguntaba a los líderes de las Farc si estaban dispuestos "a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro". También se recordaba que un antecedente significativo en esta materia estaba contenido en el segundo apartado del Acuerdo de La Uribe, suscrito en 1984, en el que la guerrilla se manifestaba dispuesta a estudiar el abandono del secuestro "como arma política y económica".

En su respuesta a la pregunta formulada, las Farc afirmaron: "La guerra, a medida que se generaliza, produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota".

El avance en nuestra sociedad de la conciencia en materia de derechos humanos y del propio derecho humanitario ha convertido en imperativa la decisión de adoptar reglas básicas de respeto a los no combatientes, como condición insoslayable en el desarrollo de la confrontación.

Se ha hecho evidente el rechazo al secuestro en todas sus manifestaciones: como medio de financiación, como forma de resolver el qué hacer con los miembros de las Fuerzas Armadas llevados a rendición -cautiverio que en algunos casos se prolonga por más de una década- o como medio político de presión al adversario.

Esa conciencia se ha venido expresando igualmente en el repudio creciente a otras prácticas, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las ejecuciones masivas, mal llamadas 'falsos positivos'.

La necesidad de adoptar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en el Congreso de la República demuestra que las cuestiones relacionadas con las violaciones de la dignidad humana se han ido convirtiendo en un asunto central del debate público en el país.

De este modo, el trabajo paciente que desde hace años realizamos Piedad Córdoba y un grupo de personas para lograr hechos unilaterales de carácter humanitario puede contribuir a propiciar una situación nueva para alcanzar la paz: la declaración en que las Farc hagan un compromiso solemne y verificable de renunciar al secuestro en todas sus modalidades abriría la puerta para el diálogo y estimularía seriamente otros signos positivos que se han presentado en la actual coyuntura política.

Actitudes de cada lado

Como se sabe, en diversas intervenciones públicas el presidente Juan Manuel Santos ha hecho expresa la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar hacia la paz. En sus palabras se advierte la convicción de que si Colombia quiere ser aceptada en la comunidad internacional como una nación moderna y una economía próspera, sin lugar a dudas ha de poner fin a una de las guerras internas más prolongadas que existen hoy por hoy en el planeta, respetar los derechos humanos y desarrollar la democracia.

Por su parte, los jefes guerrilleros también han hecho declaraciones en las que se formulan propuestas para avanzar en esa dirección: además de las liberaciones unilaterales en el caso de las Farc, el Eln propuso un cese de hostilidades para facilitar la atención de las víctimas de la ola invernal.

No obstante, como la experiencia indica, la dinámica del conflicto armado colombiano hace que las oportunidades para consolidar escenarios propicios para el inicio de diálogos de paz no se presenten con frecuencia, y que cuando las hay deban aprovecharse sin dilaciones.

Como sostienen informes recientes, los golpes militares asestados a la guerrilla están provocando el surgimiento de nuevas estrategias bélicas. Se corre el riesgo de una mayor fragmentación del conflicto armado y del empleo de métodos y armas que lo degraden aún más. Por eso se requiere pronto llegar al momento en que, cara a cara, se sienten en la mesa de diálogo y negociación los representantes de las partes del conflicto armado.
Un nuevo proceso de paz en Colombia requiere la asimilación de las lecciones del pasado: de sus aciertos, pero sobre todo de sus errores y carencias.

Su carácter no será el de una simple desmovilización y entrega de armas, pero tampoco el de una negociación maximalista. Debe tener tiempos precisos, no puede prolongarse sin un cronograma que agote fases explícitamente concertadas y no puede dejar de lado a sectores decisivos, como los líderes empresariales y las Fuerzas Militares. Debe planificarse en todos sus detalles en medio de la discreción, para que cuando llegue su fase pública no se corra el riesgo de interferencias o manipulaciones que den al traste con los avances logrados.

Siguiendo a Gandhi

Las medidas de carácter humanitario pretenden la máxima limitación posible del sufrimiento en la guerra. La proscripción de determinados métodos y conductas en los conflictos armados es un postulado al que ha llegado la humanidad después de padecer siglos de barbarie.

Para Colombia, país que ha sufrido la violencia en ciclos de larga duración, la aplicación de esas normas es un signo esperanzador. Pero ello hoy es insuficiente.

Podemos aspirar a que de manera pronta se sienten a la mesa de negociación los representantes de las partes del histórico conflicto armado que ha dividido nuestra nación. Tenemos la oportunidad de pasar del estadio en que hemos intentado, una y otra vez, construir el camino hacia la paz, para comenzar a trasegar la paz como camino, siguiendo la enseñanza de ese gran hombre de la no violencia, Mahatma Gandhi.

IVÁN CEPEDA CASTRO*
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* REPRESENTANTE A LA CÁMARA Y MIEMBRO DE COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS POR LA PAZ

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4

FUERON NECESARIOS CIEN AÑOS...

Declaración de Iván Cepeda Castro al Polo Democrático Alternativo


Las luchas por los derechos democráticos en Colombia se han realizado en medio de la exclusión en todas sus variantes posibles. Así lo testimonia una pertinaz lista de ejemplos que caracterizan la historia contemporánea del país: el intento por reestablecer la pena de muerte en 1925, la encarcelación de dirigentes del Partido Socialista Revolucionario en 1927, la masacre de los obreros bananeros el 6 de diciembre de 1928. En los años treinta, la llamada “Revolución en marcha”, como se llamó a las reformas parciales intentadas durante el primer gobierno de López Pumarejo chocó con los intereses de los gremios económicos representados en los dos partidos tradicionales, lo que condujo a la retoma del poder por los conservadores y a derogar aspectos sustanciales de las reformas que intentó aquel gobierno. La violencia que se derivó de estos parciales intentos por crear un fundamento normativo del Estado social de derecho trajo consigo 200.000 muertos, el despojo masivo de tierras y cerca de dos millones de desplazados, en el comienzo de un período de violencia que aún no concluye. A mediados del siglo pasado se expidieron normas (como el Acto Legislativo 06 de 1954 o el decreto 0434 de 1956) que creaban delitos de “índole comunista” que condujeron a ilegalizar partidos de izquierda y a la censura de opinión. El corolario de toda esta persecución infame fue primero el genocidio contra el movimiento gaitanista y luego el genocidio contra la Unión Patriótica. Todos estos hechos dan cuenta de la actitud de los sectores más fanáticos y extremistas del poder por extirpar cualquier intento de lucha por los derechos fundamentales. No han vacilado en ejercer la violencia, la represión, la discriminación abierta y el genocidio cuando han sentido amenazados sus intereses y su hegemonía.


Pero como si esto fuera poco, cuando las estrategias de aniquilación no han surtido el efecto buscado, y cuando los métodos criminales no han sido suficientemente eficaces, se ha apelado a seducir o sobornar a líderes y sectores de la izquierda, convirtiendo a algunas de sus prominentes figuras en defensores del statu quo.


En medio de la adversidad que la ha llevado casi al punto de desaparecer, la izquierda ha resurgido una y otra vez, tras el fuego, como el Ave Fénix de las cenizas. Pareciera que no somos conscientes de ello. Con frecuencia se olvida que la existencia en nuestro país de la oposición política ha tenido un costo inmenso en vidas humanas y que varias generaciones han sido literalmente desaparecidas en el intento de construir un modelo social diferente.


Estos ciclos de violencia y persecución no han pasado sin dejar una dolorosa huella. Se refleja en las deformaciones de la personalidad política de la izquierda desde sus orígenes. Se prefiere el individualismo o la secta al proyecto colectivo. La desconfianza innata y el prejuicio se anticipan como forma privilegiada del debate. Durante un largo período se creyó a ciegas que el uso de la violencia, o cualquier clase de métodos, era justificable ante el uso brutal de la fuerza por las instituciones oficiales y sus grupos paramilitares. En fin, la ausencia manifiesta o la precariedad de verdaderos hábitos democráticos ha sido una de las principales trabas para el ejercicio de la acción transformadora.


Fueron necesarios casi cien años para que los movimientos democráticos se encontraran en una coalición compuesta por múltiples movimientos sociales y por partidos de diversas características ideológicas. Resultado de ello es el joven partido Polo Democrático Alternativo.


Para el Polo los últimos dos años han sido especialmente difíciles. El partido ha estado sometido a duras pruebas. Tres de ellas presentan una enorme dificultad. La gestión de la Alcaldía de Bogotá ha estado en el ojo del huracán debido, de una parte, al cuestionamiento por el procedimiento a través del cual han sido otorgados numerosos contratos de obras públicas y, de otra, por los costosos retrasos que ha tenido la administración en la ejecución de las obras que ha emprendido. Además de esto, están las diferencias internas que existen dentro del partido y que no le han permitido avanzar en la consolidación de posiciones que permitan mediar entre la autonomía de tendencias y los intereses generales del partido. Estas diferencias que se han ventilado sin tener reglas claras en el debate público e interno, han sido instrumentalizadas para tratar de menoscabar el significativo respaldo que ha alcanzado el Polo en sus muy cortos años de vida; tiempo dentro del cual ha derrotado consecutivamente en dos períodos a los partidos tradicionales en varias administraciones u órganos de decisión locales. Otra dura prueba ha sido la persecución de que ha sido víctima el partido a través del espionaje, campañas sistemáticas de desprestigio de toda índole y el asesinato político. Tan solo en 2010 fueron asesinados 13 líderes del Polo.


Muchos han tratado de que no existamos, pero hemos sobrevivido. A pesar de todos los embates y de los sectarismos propios, la izquierda democrática ha sido generosa con sus detractores y victimarios. Ha hecho ingentes esfuerzos por dialogar con todos los sectores, ha buscado la salida definitiva del conflicto armado interno, ha participado obstinadamente en los procesos electorales, participó en 1991 hombro a hombro con múltiples corrientes políticas en la creación de la Constitución y su carta de derechos, etcétera. Pero, al mismo tiempo, pareciese que a la izquierda le falta generosidad consigo misma para tratar sus propias dificultades. Se debe ser generosos con el otro, pero también consigo mismo, pues, inmersos en discusiones internas y toda suerte de antagonismos, la izquierda no puede asumir una actitud autodestructiva.


Pedimos ser generosos con nosotros mismos y sensatos, pero que al mismo tiempo no seamos ciegos y afrontemos con responsabilidad política nuestras deficiencias. Ha llegado el tiempo de hacer una profunda reflexión sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. El partido puede, por su esencia y talante democráticos, cambiar el país, participar en la movilización social civil y suprapartidista que ya señala un camino hacia la lucha por los derechos fundamentales de todos y puede, atraer a los sectores desencantados de la política. Con este objetivo el Polo debe trazar directrices precisas en este período sobre su agenda política:


  • Necesita ejercer la oposición a este gobierno y, al mismo tiempo, desarrollar una férrea lucha contra los sectores que integran el bloque criminal ligado a la parapolítica y al poder terrateniente; exigir que sus actuaciones no queden en la impunidad y que se desmantelen definitivamente las estructuras paramilitares.

  • Acompañar las movilizaciones sociales de las víctimas de crímenes contra la humanidad en su reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación, así como en los procesos de restitución de tierras.

  • Acompañar a los sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y a los trabajadores de las grandes empresas que explotan recursos naturales estratégicos, en su resistencia a los megaproyectos y a la minería industrial.

  • Acompañar a las personas y comunidades víctimas de los desastres naturales y velar por salidas reales y transparentes a su actual situación de desamparo.

  • Tener la iniciativa en la búsqueda de la Paz y en la creación de un escenario de diálogo directo entre las partes del conflicto armado.


Para poder hacer esto es necesario aprender de nuestros errores. Contrarrestar todo vicio ligado a prácticas corruptas o clientelistas, así como profundizar las prácticas democráticas y derrotar toda forma de caudillismo. Evitar los debates abstractos sobre la definición teórica del régimen y prestar toda la atención posible al desarrollo de estrategias concretas que nos pongan en la iniciativa del debate público. No olvidar que el Polo Democrático Alternativo está llamado a defender los derechos de todos los colombianos y colombianas. Se lo debemos no sólo a las generaciones venideras, sino, además, a cerca de diez mil líderes que en las últimas décadas han sido asesinados o desaparecidos en la lucha por la conquista de los derechos fundamentales, por una sociedad democrática y por una nación en la que tengan un lugar digno todos sus habitantes.


VAMOS POR LOS DERECHOS

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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