Demandantes del Fuero Penal Militar celebran decisión de Corte Constitucional

La demanda fue radicada el 19 de febrero del presente año por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ.

BOGOTÁ, 23/10/2013. Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la Reforma del Fuero Penal Militar, los demandantes recordaron que además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.
Del mismo modo, señalaron que la ampliación del fuero militar, es decir, dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas “falsos positivos”.  “Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”, concluyeron.
También aseguraron que el Congreso desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.


OFICINA DE PRENSA REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA

Denuncian amenazas de las ‘Águilas Negras’ contra líderes campesinos en Catatumbo


Así se lo hicieron saber campesinos de la región de Catatumbo (Norte de Santander) al representante Iván Cepeda, quien hace parte de la mesa de garantes para los diálogos entre Gobierno y campesinos. Los voceros denunciaron que el grupo paramilitar ‘Águilas Negras’ porta un listado en el cual declara objetivo militar a varios líderes comunitarios y hace presencia en una zona donde está asentado el Ejército Nacional.

BOGOTÁ, 16/10/2013. El representante Iván Cepeda expresó su preocupación por las nuevas amenazas de los grupos paramilitares contra líderes campesinos en Catatumbo, las cuales surgen en el momento en que se adelantan gestiones para reactivar las conversaciones entre Gobierno y campesinos.
Catatumbo ha sufrido innumerables crímenes por parte de los paramilitares y esas imágenes de la violencia siguen vivas. Además, es inconcebible que se presenten estas amenazas cuando los campesinos reclaman garantías para continuar el diálogo social con el Gobierno, que busca mejorar las condiciones de las comunidades”, afirmó Cepeda.
El congresista indicó que la denuncia de los campesinos reviste mayor gravedad, teniendo en cuenta que afirman que el grupo paramilitar que los amenaza, se presenta uniformado con camisetas de las ‘Águilas Negras’, y hace presencia constante en un lugar de la llamada zona de consolidación, de dominio de las Fuerzas Militares.
Al igual que en otros casos de amenazas, el representante Cepeda les solicitó a las autoridades y al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y oficinas encargadas, que se investigue a fondo la existencia de los grupos paramilitares que están intimidando a los campesinos en la región de Catatumbo, y se extremen las medidas de protección para sus líderes.

Cepeda rechaza asesinato de líder de víctimas en Los Palmitos Sucre


Después de participar en una reunión a la que asistía el representante Iván Cepeda, se presentó el crimen del señor Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, miembro de la mesa de víctimas del municipio de Los Palmitos (Sucre). El congresista denunció la grave situación de amenazas que viven las comunidades y líderes de varios municipios en Sucre y Bolívar por parte de grupos paramilitares.

SINCELEJO, 07/10/2013. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró el asesinato del líder campesino Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, representante de la mesa de víctimas ante el Consejo de Justicia Transicional de Los Palmitos.  La muerte se produjo horas después de que el señor Olmos Cárdenas asistiera a una reunión con el congresista y con otros líderes de víctimas y defensores de derechos humanos en el municipio de Los Palmitos.
Del mismo modo, Cepeda denunció los graves casos de amenazas a líderes campesinos de la zona de alta montaña del municipio de El Carmen de Bolívar y los Montes de María, donde se han venido recibiendo panfletos a nombre de las AUC y las Bacrim antirrestitución. A esta situación se suman la reciente detención de Jorge Luis Montes y el proceso judicial abierto contra Ricardo Esquivia, dos reconocidos líderes comunitarios de la región que fueron amenazados. La comunidad denunció como arbitrarias estas acciones, ya que se produjeron después de que aparecieran los panfletos acusando a los líderes de pertenecer a grupos terroristas.
El congresista reiteró la gravedad de que estos hechos continúen ocurriendo cuando se adelanta un proceso de paz en el país. “Este nuevo crimen y las constantes amenazas confirman que las víctimas continúan siendo perseguidas, estigmatizadas y exterminadas”, afirmó.
El representante exhortó al Gobierno Nacional para que tome en serio los graves riesgos que corren los líderes de las víctimas y de las comunidades campesinas. “La primera medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares ejerciendo poder en varios departamentos de la Costa Caribe, incluso ante la mirada de algunos efectivos de las fuerzas del Estado”.
Además, llamó la atención de la Unidad de Restitución de Tierras para que priorice los procesos en los que empresarios y terratenientes han despojado a los campesinos, pues se están prefiriendo los procesos por litigios entre pequeños propietarios.

Carta dirigida a la Subsecretaría de Cámara de representantes sobre Decreto presidencial que establece nueva prima especial a congresistas

DESCARGAR AQUÍ

Derecho de petición enviado el 7 de febrero del presente año, en el que le solicito al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4 de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos


DESCARGAR AQUÍ
                                              

Informe de actuación especial de la Contraloría 2013 confirma beneficio de la familia Uribe Moreno de distrito de riego y drenaje Mocarí



DESCARGAR AQUÍ INFORME

Ver también columna del espectador 

La expansión del Ubérrimo
Por: Salomón Kalmanovitz

En junio de 2007 escribí una columna sobre las finanzas de Montería, en la que observaba que contaba con una excelente infraestructura de vías y que el entonces presidente Uribe había inaugurado un puente sobre el río Sinú, pagado por la Nación.



Ver más aquí



Academia y paz


Uribe destinó recursos a distrito de riego en Córdoba para beneficio propio y habría acumulado baldíos adjudicados a campesinos

Con base en la investigación que inició con el debate de control político de tierras realizado en 2010 y en un informe de actuación especial solicitado a la Contraloría General de la República, el representante Iván Cepeda dio a conocer que Álvaro Uribe, siendo presidente de la República, tuvo un interés directo en la asignación de más de 5.800 millones de fondos del presupuesto Nacional al Distrito de Riego Mocarí que abastece entre otros terrenos de su propiedad, el de la hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba.

Además, se encontró que la familia Uribe Moreno habría violado la ley agraria al acumular varios baldíos adjudicados a campesinos en zona rural de Montería.

El congresista les pidió a las autoridades competentes que se investiguen a fondo estos posibles hechos de corrupción e irregularidades contra el patrimonio público.

BOGOTÁ, 02/10/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda denunció que entre los años 2007 y 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe tomó varias decisiones relacionadas con el manejo de los Distritos de Adecuación de Tierras o de Riego, que terminaron beneficiando 59 predios suyos y de su familia (1.469 hectáreas), ya que se otorgó un presupuesto mayor al distrito de riego Mocarí, del cual se benefician, con respecto a los dineros asignados a los demás distritos en otras regiones del país.

Los 59 terrenos están a nombre de la familia Uribe Moreno y de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (cuyos socios son Lina Moreno, Jerónimo y Tomás Uribe), y las zonas de influencia del Distrito de Riego en las que se encuentran ubicados recibieron alrededor de 1.410 millones de pesos para su adecuación. Se ubican en los municipios de San Carlos, Montería, Cereté y Ciénaga de Oro.

Mediante el Decreto 732 de 2008, el Gobierno se atribuye la facultad de escoger los proyectos de adecuación de tierras, con el criterio de que fueran terrenos activos en materia agropecuaria, con el fin de fomentar la generación de ingresos a las familias dueñas de los terrenos.

Luego del nombramiento de Arturo Enrique Vega Varón, amigo cercano del expresidente Uribe, como director de Corpoica, el Gobierno a través del Incoder, celebró cinco (5) convenios con esa corporación para la rehabilitación, complementación, administración, operación y conservación de los distritos, desviando así el objeto misional de dicha entidad, según una auditoría de la Contraloría General publicado en 2011.

Corpoica destinó el 26 por ciento del presupuesto de los 11 Distritos de Adecuación existentes en el país al Distrito Mocarí, es decir, 5.800 millones de pesos.

Para el representante Cepeda, “es evidente que en estas decisiones medió un interés particular por parte del expresidente, quien a sabiendas de que se beneficiaría de manera directa de las mejoras y ampliaciones del distrito de riego Mocarí, dispuso lo pertinente para la asignación de esos recursos. Aquí se afectó el patrimonio público. Esa no es la actuación que un ciudadano espera del primer mandatario de la nación”, agregó el congresista.

En la información recaudada por el representante con respecto a acumulación de tierras, se encontró que Lina Moreno, Jerónimo y Tomás Uribe, adquirieron entre 1996 y 2003, a través de la Agropecuaria El Ubérrimo, 4 predios que fueron inicialmente baldíos adjudicados a campesinos en Montería (Córdoba). En este caso, los Uribe Moreno compraron más de una UAF y también fueron terrenos beneficiados con el Distrito de Riego Mocarí.

Del mismo modo, en 1994, la Agropecuaria de los Uribe Moreno adquirió un bien de reforma agraria en Montería, infringiendo la ley frente a la condición de transferencia del derecho de dominio únicamente a campesinos de escasos recursos o sin tierra.

Cepeda afirmó que “el hoy candidato al Congreso, Álvaro Uribe y su partido, Uribe Centro Democrático pregonan que una de sus grandes banderas para esta campaña es buscar que el Estado sea austero y transparente. ¿Con qué autoridad de carácter moral, el expresidente que se benefició de dineros públicos para sus predios levanta semejante consigna?”, puntualizó.

DESCARGAR AQUÍ LA PRESENTACIÓN 

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

Loading...