LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PARAPOLÍTICOS

Por: Iván Cepeda Castro
EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE Crímenes de Estado, seccional Sucre, solicitó formalmente al gobernador de ese departamento, Jorge Barraza, que ordene retirar definitivamente de las paredes de la Gobernación las fotografías de los señores Salvador Arana, Erick Morris, Jorge Anaya y Miguel Ángel Nule Amín, que forman parte de la galería de ex mandatarios locales.

Los cuatro fueron gobernadores durante los años de mayor influencia y criminalidad de los grupos paramilitares en esa zona del país. La responsabilidad de Morris y Anaya en concierto para delinquir agravado ya ha sido probada en los tribunales y despachos judiciales. En el proceso que se sigue contra Salvador Arana por ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz, 11 (!) testigos han sido asesinados. La familia Díaz ha denunciado en forma reiterativa ser víctima de una serie de atentados, montajes judiciales y permanentes hostigamientos. En Sucre han sido ampliamente conocidos los vínculos del ex gobernador Arana con los paramilitares y su jefe Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, así como sus constantes visitas a la finca El Palmar, el centro de exterminio en el que fueron desaparecidos numerosos habitantes de San Onofre. Por su parte, el señor Nule Amín fue acusado ante la Fiscalía de impulsar el proyecto de expansión paramilitar en los Montes de María a través de reuniones en su finca Las Canarias y de la conformación de empresas de seguridad Convivir.

El gobernador Barraza rechazó la solicitud con el argumento de que “esa es una galería para que la gente recuerde quiénes fueron sus gobernadores” y que “no le veía mayor fundamento para resarcir el daño de las víctimas”.

Contrario a lo que piensa el Gobernador, el hecho de que reconocidos criminales sigan siendo honrados ante la sociedad como mandatarios dignos de homenajes y exaltaciones oficiales es una grave ofensa a las víctimas y a la sociedad. En la memoria colectiva la vida de estos personajes no puede seguir siendo preservada como ejemplo de servicio a la comunidad. Atendiendo a esa consideración diversos instrumentos de derecho internacional consagran una serie de disposiciones tendientes a esclarecer la verdad histórica, reconstruir la memoria de la sociedad acorde a la realidad que configuran los crímenes contra la humanidad, y encaminadas a instaurar vetos políticos a quienes ejerciendo funciones públicas abusaron de su poder y perpetraron masivas violaciones de derechos humanos. En el caso de los políticos que en Colombia se involucraron con grupos paramilitares y los utilizaron para acrecentar su caudal electoral o para ordenar homicidios contra sus rivales, las condenas penales y la prohibición para el ejercicio de la función pública son insuficientes. Se requiere además de medidas simbólicas que impidan que en el futuro esos mismos personajes, o sus aliados, puedan reeditar los métodos que les han permitido establecer sus posiciones e influencia en el Estado.

La solicitud formal que hemos realizado en Sucre debería dar lugar a muchas otras en todo el país. Invito a las víctimas y sus organizaciones a que realicen peticiones y acciones judiciales similares ante las autoridades, tendientes a que todo tipo de homenajes, exaltaciones públicas, galerías fotográficas o monumentos consagrados a individuos ligados a crímenes de lesa humanidad sean definitivamente proscritos.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Los ASESINATOS DE DESMOVILIZADOS

Por: Iván Cepeda Castro
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CERCA DE 2.000 desmovilizados paramilitares han sido asesinados.

Según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, tan solo en 2009 en Antioquia, 113 de ellos murieron en forma violenta. El comisionado Frank Pearl atribuye estos hechos a un “ajuste de cuentas” o a disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico. Una explicación que omite reconocer que buena parte de los homicidios se están ejecutando por encargo de quienes les ordenaron crímenes y temen hoy ser delatados.

Algunos casos ejemplares así parecen demostrarlo. Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, mando medio de las Auc, estaba acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de El Aro. Fue baleado en Medellín cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel, en abril de este año. En el proceso de esclarecimiento de los móviles y los autores intelectuales de esa masacre, testimonió acerca de la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su hermano Santiago en ese crimen. Para diseñar esa operación, los hermanos Uribe se habrían reunido en una finca en Tarazá, Antioquia, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército. También mencionó que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia fue utilizado en desarrollo de la incursión. Después de esa declaración apareció una carta en la que al parecer Villalba se retractaba de la acusación, pero al darse a conocer la misiva, él mismo negó su autenticidad y denunció amenazas en su contra. El 28 de julio de 2008 fue asesinado Antonio López, alias Job, lugarteniente de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. López visitó la Casa de Nariño para entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno en compañía del ex gobernador Juan José Cháux, de quien era asesor. Los temas tratados en esa reunión aún no han sido aclarados. La muerte de alias Job se produjo días después de conocerse la realización del encuentro secreto en el palacio presidencial. Hace algunas semanas fue envenenado en la cárcel La Picota el ex comandante del bloque Tolima de las Auc Diego Martínez, alias Daniel. El envenenamiento se produjo en la víspera de una declaración en la que había anunciado que iba a implicar a políticos y mandos paramilitares.

Los homicidios, envenenamientos en las cárceles y amenazas contra los desmovilizados que se muestran dispuestos a colaborar con la justicia son parte de una estrategia de impunidad. De ella también hacen parte los obstáculos para poder visitar en las cárceles a los jefes paramilitares extraditados, los atentados en contra de sus familiares, la negación de los permisos especiales para que ellos ingresen a los Estados Unidos y las trabas de toda índole que interponen los funcionarios judiciales en ese país para que se puedan efectuar las diligencias. Esa estrategia busca poner un punto final al proceso de verdad y justicia. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un pronunciamiento reciente: “La Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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