LAVAR EL CONGRESO

Por: Iván Cepeda Castro

LA POSTULACIÓN DEL PROFESOR Gustavo Moncayo como candidato al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo comienza a suscitar debate público.

Los sectores que defienden al Gobierno sostienen que las víctimas no deben ni pueden postularse a cargos de representación popular. Sus aspiraciones políticas estarían supuestamente viciadas al usar su condición para lograr satisfacer intereses personales. En realidad, este cuestionamiento encubre una convicción que se disfraza con acusaciones perversas. Quienes sostienen esa clase de posiciones pretenden que los escaños del Congreso de la República estén reservados sólo para los que han hecho causa común en la parapolítica. Si bien el parlamento colombiano se ha caracterizado por su corrupción endémica, en los últimos dos cuatrienios hemos asistido a la proliferación en su seno de toda clase de conductas ilícitas como el integrar aparatos criminales, buscar la doble reelección del presidente Uribe a cambio del soborno y garantizar la impunidad sobre sus actos, por sólo citar unos pocos ejemplos. La pregunta entonces no es si las víctimas tienen idoneidad ética para ser elegidas. La cuestión radica en si la elaboración de las leyes y la realización del control político seguirán mayoritariamente en manos de los amigos corruptos del Gobierno Nacional.

Como todos los ciudadanos, las víctimas tienen el legítimo derecho a la participación política. Entre otras razones porque precisamente ese ejercicio debilita el poder de los perpetradores que han obtenido el dominio de las corporaciones públicas por medio de la fuerza y el fraude. Las víctimas deben participar en política a pesar del evidente desequilibrio de las condiciones de su intervención en el debate electoral: no cuentan con la maquinaria y los copiosos recursos económicos de sus contendores; no recurren a la clientela política ni a los aparatos armados para conseguir sus votos.

Tal es mi posición y, como lo he hecho siempre, plasmo mis convicciones en acciones prácticas. Por eso he decidido postularme a la Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del PDA. Mi programa no es otro que la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la contribución a todos los esfuerzos que conduzcan a la Paz. Considero que ese es el mejor antídoto para contrarrestar la profunda degradación de las instituciones en el país. Mi labor en el Congreso estará consagrada a defender a las víctimas de todas las formas de violación de los derechos humanos y a denunciar a quienes perpetran esas violaciones. El acto de presentación pública de mi campaña expresará ese propósito. Invito a quienes deseen acompañarme, a que el próximo miércoles 16 de diciembre a las diez de la mañana lavemos las paredes del Congreso de la República, como acto simbólico que representa nuestra voluntad de lograr la renovación política.

Comencé a escribir en El Espectador a finales de 2002, cuando me encontraba en el exilio al que me vi forzado luego de numerosas amenazas de muerte. Esta columna de opinión me permitió sobrellevar con dignidad esa dura experiencia y cumplir mi función como vocero del movimiento de víctimas. Manifiesto mi gratitud al periódico y en especial a su director, Fidel Cano. Siempre he considerado que El Espectador es uno de los pocos espacios de opinión pluralista que tiene aún nuestro país. Dejo temporalmente estas páginas y agradezco también a quienes han leído mis reflexiones y puntos de vista.

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Por: Elespectador.com

URIBE LE TEME A LA JUSTICIA: IVÁN CEPEDA

Por: Agencia Efe | Elespectador.com
"Se presenta como artífice de un proceso de justicia cuando ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado".

El presidente Álvaro Uribe "le teme a la Justicia, a que salgan a la luz pública los nexos que han tejido los sectores que le rodean con los paramilitares", dijo en Madrid el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda.

Cepeda, que asistió a la presentación del II Informe del Observatorio Internacional del proceso de desarme en Colombia y de la Ley de Justicia y Paz, dijo que Uribe "intenta presentarse como el artífice de un proceso de justicia cuando es él quien durante varios años ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado".

Cepeda añadió que ahora, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han comenzado los juicios, el presidente Uribe se ha convertido en "el principal agresor y detractor de estos jueces".

El defensor de los derechos humanos expresó la "inmensa preocupación" del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la forma en que se están desarrollando los procedimientos de justicia en Colombia y en los que -dijo- "el principal obstáculo es el Ejecutivo".

Y añadió que "si en Colombia hay una persecución es la de los jueces" , pues explicó que hay magistrados que están siendo víctimas de distintas formas de persecución, hasta el punto que algunos magistrados de la Corte han tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de medidas de protección en el interior del Estado colombiano.

Con respecto al debate que enfrenta a Uribe con la Corte Suprema de Justicia sobre la elección del nuevo fiscal general de la Nación, Cepeda afirmó que, a juicio del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el gobernante colombiano "debería declarase impedido" para proponer sus candidatos porque tiene "interés particular" en esa elección.

La CSJ ha desestimado en dos ocasiones la idoneidad de tres abogados propuestos por Uribe para la elección del nuevo fiscal.

"Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideramos que la terna de Uribe corresponde a personas que son muy cercanas a él y que seguramente no permitirían un desarrollo independiente de las investigaciones", aseguró Cepeda.

Iván Cepeda explicó, además, que Uribe tomó la decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, disueltas en 2006) "en un acto que nosotros como Movimiento de Víctimas calificamos como una estratagema de impunidad".

Los paramilitares extraditados -dijo- "poseen información que puede comprometer gravemente a sectores muy cercanos al presidente e incluso a él mismo".

Con respecto al desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado dijo que en Colombia, con unas cifras de más de cien mil personas asesinadas, más de 50.000 desaparecidas y 4 millones de personas desplazadas, "el proceso no ha reparado a ninguna sola víctima por vía judicial".

"Los campesinos que han perdido sus tierras están condenados a la miseria, mientras que quienes impulsaron la violencia paramilitar se han enriquecido con la concentración de tierras", dijo Cepeda, y agregó también que los "parapolíticos" siguen detentando el poder en muchas regiones.

Cepeda lamenta que el Gobierno colombiano intente presentarse ante la opinión pública internacional, y en particular en España, "como ejemplar y democrático, cuando es precisamente el que ha desarrollado una estrategia para dejarlo todo en la impunidad y en el silencio".

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MEDELLÍN Y CÓRDOBA

EN MEDELLÍN VAN CERCA DE 2.000 asesinatos este año y en el departamento de Córdoba más de 800.

Por: Iván Cepeda Castro

Cifras alarmantes que se presentan en dos lugares íntimamente ligados a la vida personal y política del presidente Álvaro Uribe, y en donde, según el discurso oficial, se había logrado llevar a la práctica con éxito el modelo de la seguridad democrática y el llamado “proceso de reconciliación”.

En Medellín está en curso la feroz disputa por la jefatura de la ‘Oficina de Envigado’, la estructura narcoparamilitar que han utilizado los clanes familiares para buscar el control de la ciudad y sus negocios lícitos e ilícitos. Las investigaciones que se están realizando han revelado la identidad de quienes forman parte de esos clanes y han utilizado los servicios de esas estructuras. Uno de tales personajes es el caballista Santiago Gallón Henao, quien tuvo negocios con empresas familiares del presidente Uribe y ha sido cercano a la familia Valencia Cossio. Al reconocer ante los jueces el cargo de concierto para delinquir agravado, Gallón Henao admitió su papel como financiador de grupos paramilitares. Pero ésta no fue su primera aparición en las páginas judiciales: se le había acusado además de haber asesinado, en compañía de su hermano, al futbolista Andrés Escobar. Otro personaje que logró pasar inadvertido por largo tiempo fue Guillermo Ángel. Como lo mostró el periodista Daniel Coronell, Ángel fue parte del grupo de narcotraficantes denominado ‘Los doce del patíbulo’ y dueño de una empresa de helicópteros que ha tenido entre sus clientes varias entidades estatales, al paramilitar Vicente Castaño y a “usuarios menos afortunados, como el trágicamente fallecido Pedro Juan Moreno Villa”. El presidente Uribe ha reconocido los vínculos de su familia con los hermanos Ángel. Los clanes familiares que triunfaron en la guerra con Pablo Escobar son los mismos que aparecen hoy en el trasfondo de la nueva guerra por el control de ‘La Oficina’.

Las muertes en Córdoba están ligadas a la batalla por el control territorial. Se trata de la guerra que libran estructuras paramilitares por adueñarse de zonas aptas para las rutas del narcotráfico. Denuncias que provienen del departamento señalan que municipios costeros como San Antero, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas y Moñitos, son utilizados como puertos por donde pasan las rutas del narcotráfico. Según esos testimonios, toda la zona está copada por grupos paramilitares que mantienen sus nexos con políticos y miembros de la Fuerza Pública. Todo esto sucede en la misma región en la que se encuentra ubicada la hacienda presidencial El Ubérrimo y en la que tienen sus propiedades amigos del Presidente de la República que han sido investigados por sus vínculos con el paramilitarismo, como William Salleg Taboada, director de El Meridiano de Córdoba, y el ex gobernador Jesús María López Gómez, condenado por pertenecer a las Auc.

Para desgracia de la ciudadanía en Medellín y Córdoba, los nexos entre los políticos, los narcotraficantes y los paramilitares siguen siendo los factores que determinan la historia de violencia que causa la muerte de cientos de personas cada año. En las elecciones que tendrán lugar en 2010, el sentimiento de indignación que provoca la catástrofe social que ha generado el régimen de criminalidad y enriquecimiento mafioso que nos gobierna debería transformarse en una consciente participación política.

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LOS EXTREMOS DE LA INJUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro

VISITÉ A CARMELO AGÁMEZ EN LA prisión de Corozal hace unos meses. Se encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales.

Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió: “Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.

Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez, no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez, integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca, asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió en el atentado.

A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos flexibles. Son los extremos de la injusticia.

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LA RESPONSABILIDAD DE FRANCISCO SANTOS

Por: Iván Cepeda Castro

EN UN FORO REALIZADO EN CALI, POco antes de la adopción de la Ley de Justicia y Paz, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, proponía la creación de un “tribunal de la reconciliación”.

Esta instancia, conformada por prestantes ciudadanos, debería ayudar a resolver el “problemita” de los efectos judiciales que podrían tener las confesiones de los jefes paramilitares. En presencia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el Vicepresidente llamaba a reemplazar las confesiones ante los fiscales por “confesiones morales”. En ese mismo discurso decía que la sociedad colombiana necesitaba entender que personas como Salvatore Mancuso también fueron víctimas y “les había tocado irse para la guerra”.

¿Por qué temía el Vicepresidente las confesiones con efectos judiciales? En abril de 1997 surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia. En el proceso de federación de los diversos grupos paramilitares había desempeñado un papel decisivo el proyecto de las Convivir, impulsado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Las empresas de seguridad, uno de cuyos fundadores era Mancuso, se convirtieron en la estructura que permitió la organización nacional de los paramilitares utilizando la institucionalidad legal que proporcionaba el Estado. Según Mancuso, en esos años Francisco Santos sostuvo varias reuniones con la cúpula de los grupos paramilitares. Incluso una de ellas habría tenido lugar en las instalaciones del periódico El Tiempo para explicar el sentido de la estrategia de las Auc. Para Santos, el nuevo “proyecto contrainsurgente” era un movimiento político-militar “con arraigo en distintas clases sociales —incluso las populares—”. Un proyecto que surgía “de las entrañas de la violencia guerrillera” ante el “vacío del Estado”.

Ahora, luego de que se han producido las confesiones de los jefes paramilitares, que intentaba evitar el Vicepresidente con el discurso de la reconciliación nacional, su lenguaje se ha tornado más abierto y directo. A los magistrados los acusa de llevar a cabo una “justicia espectáculo”. A los defensores de derechos humanos de formar parte de una asociación con los delincuentes. Ahora Mancuso ya no le parece el jefe de un movimiento político-militar digno de visitar la redacción de El Tiempo ni una víctima que tuvo que entrar en la guerra. Ahora, lo cataloga de delincuente y narcotraficante que no merece ninguna credibilidad.

La justicia tendrá que definir si el vicepresidente de la República, Francisco Santos, formó parte del proyecto de creación de las estructuras paramilitares en Bogotá. No obstante, las dimensiones de su responsabilidad son evidentes e innegables. Es difícil creer que el joven periodista de la casa editorial más influyente del país no conociera el verdadero trasfondo del proyecto paramilitar: sus estrechos nexos con las instituciones estatales, su carácter abiertamente agresivo, su táctica de “vaciar” y “limpiar” zonas enteras del país para obtener el control territorial de los clanes económicos y políticos. Pero además de la justificación consciente, y de las reuniones con los comandantes paramilitares, existe un hecho que habla del papel que ha desempeñado en este proceso Francisco Santos. Nadie que haya ocupado una posición tan alta en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe —un aparato involucrado orgánicamente con los grupos paramilitares y con multifacéticas formas de corrupción— puede considerarse exento de responsabilidad criminal.

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EL SEÑOR NARVÁEZ

Por: Iván Cepeda Castro



EN EL ARTÍCULO “GUERRA POLÍTICA como concepto de guerra integral”, publicado a mediados de la década de 1990 en la Revista de las Fuerzas Armadas, José Miguel Narváez afirmaba:

“El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras. Es aquí en donde se encuentra el verdadero centro del conflicto”. En palabras de Narváez, los magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, sindicalistas son un “cáncer sin diagnosticar plenamente”. La tarea consiste entonces en “neutralizar a los agentes enmascarados e infiltrados de la llamada guerra política”. Las “gentes de bien” deben rescatar la “educación patriótica y cívica” y evitar la sustitución de los “valores de la nacionalidad” por una “cultura de reclamación permanente de derechos”.

Esas reveladoras frases provienen de la ideología primaria y agresiva que ha imperado durante décadas en muchas de las instituciones militares, políticas y educativas del país: una mezcla de las tesis del nacionalsocialismo, los valores del Opus Dei y los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esos preceptos fueron los que inculcó Narváez en varias instituciones estatales. En las academias militares, como profesor enseñó su concepción sobre la psicología de la subversión y la guerra política. Su prédica fundamentalista nutrió el discurso del actual gobierno, que lo convirtió primero en uno de sus consultores de cabecera en asuntos de seguridad, y luego en subdirector del DAS. Desde esta última posición, Narváez contribuyó a crear la unidad de inteligencia G-3, que tenía como tarea principal —de acuerdo con los documentos incautados por la Fiscalía— “neutralizar” a los opositores del Gobierno.

Al parecer, el funcionario estatal compartía esas funciones con otra carrera paralela: la de consejero e instructor de los jefes paramilitares. Según Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, a Narváez “lo único que le faltaba era el brazalete”. Como miembro orgánico de las autodefensas servía de intermediario con el alto mando militar y político. Otros ex jefes de las Auc han ratificado esas afirmaciones. Freddy Rendón, alias El Alemán, aseguró que en esas visitas a los campamentos paramilitares el consejero iba acompañado de otro de los “asesores” de ellos, Ernesto Yamhure. Narváez se jactaba de sus relaciones con políticos y generales. Le transmitía a Carlos Castaño sus órdenes: asesinar a Jaime Garzón y a Manuel Cepeda, secuestrar a Piedad Córdoba. Era la aplicación práctica del curso en el que enseñaba que en Colombia es “lícito matar comunistas”.

El señor Narváez es apenas una pieza del aparato criminal: consejero de los jefes paramilitares y también del Gobierno, instigador del odio y emisario de las condenas a muerte proferidas por el alto mando militar y político. “Un hombre honorable”, así lo definió José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, otra de las instituciones que asesoró Narváez.

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La decisión de los directivos del periódico El Tiempo de destituir a la columnista Claudia López es un acto de abierta censura. Pero además es el primer ensayo de una estrategia propuesta por José Obdulio Gaviria: desarrollar la guerra política contra los magistrados, los columnistas y los defensores de derechos humanos. Otro fanático de derecha, muy similar en su prédica a Narváez.

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LA CONFIANZA DE LOS RICOS Y LAS REINAS

Por: Iván Cepeda Castro

A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990 asistí en Bruselas a una conferencia internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En la mesa que presidía el evento estaba el entonces embajador ante la Unión Europea Carlos Arturo Marulanda.

Recuerdo su mirada de desprecio al auditorio, en el que se encontraban algunos campesinos de la hacienda Bellacruz, ubicada en el departamento del Cesar. Con la ayuda de los paramilitares, el Embajador había usurpado las tierras de los labriegos y las había anexado a su inmensa propiedad. 270 familias tuvieron que salir de allí luego de varias incursiones armadas en las que los paramilitares incendiaron sus viviendas y cultivos. Después de años de buscar justicia ante los tribunales, los desplazados de Bellacruz lograron que se profiriera una orden de arresto contra Marulanda, quien se dio a la fuga. En julio de 2001, el ex diplomático fue capturado en España, pero meses más tarde se le dejó en libertad. La historia no terminó allí. Los campesinos obtuvieron que el Gobierno se comprometiera a entregarles unos predios para su asentamiento definitivo. Cuando al fin se les otorgaron tierras en Cundinamarca, la entonces gobernadora del departamento, Leonor Serrano, alentó a los alcaldes de la zona a que se abstuvieran de recibir a los desplazados, puesto que “eran guerrilleros que acarrearían conflictos en la comunidad”. Los campesinos interpusieron una acción de tutela que revisó la Corte Constitucional. Mediante la sentencia T-227 de 1997, el alto tribunal ordenó a la gobernadora abstenerse de restringir la libre circulación de las víctimas y la obligó a hacer un curso de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo.

Hoy, algunas de las familias desplazadas viven en el Tolima y se dice que sus tierras en el Cesar han sido compradas por el empresario Germán Efromovich para hacer cultivos industriales de agrocombustibles.

Esa es apenas una página de la historia de la usurpación de la tierra en Colombia, cuyo correlato es la creación de toda clase de leyes, acuerdos, incentivos, subsidios y programas para garantizar la impunidad, la legalización del despojo y en especial la concentración intensiva de la riqueza. De esa historia hace parte el reciente escándalo de los subsidios a familias acaudaladas por el programa Agro Ingreso Seguro. Mientras el Gobierno regatea sobre los costos que tiene la reparación de las víctimas, no vacila en entregar los recursos públicos a sus socios, los magnates de la tierra y del mundo empresarial, para obtener su respaldo político.

Luego de la férrea oposición del neoliberalismo a las ayudas públicas destinadas a los desposeídos, que contribuyó a incrementar la pobreza en el mundo, se ha operado un giro de las políticas económicas. Por una parte se entregan miserables “ayudas” con fines populistas, y al mismo tiempo, se desvía la mayor parte de los fondos consagrados a los pobres hacia los multimillonarios, con el pretexto de que ellos pueden “generar empleo”. Se trata de disfrazar una nueva versión del “darwinismo social” que pregona que la regla suprema del sistema es la supervivencia de los más aptos, o sea los ricos.

Con acierto un editorial de El Espectador en días pasados afirmó que el Estado colombiano es hoy una maquinaria corporativista: la alianza de corporaciones de la mafia, la criminalidad y la más rapaz corrupción. Eso es lo que el presidente Uribe define como “confianza inversionista”.

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MÁXIMOS GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS derechos humanos

Por: Iván Cepeda Castro

LA SEMANA QUE TERMINA, EL MOVImiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado dirigió un derecho de petición al gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, solicitándole que retire de la galería de ex mandatarios del departamento las fotografías de los ex gobernadores Jorge Luis Caballero y Trino Luna Correa.

Ambos fueron condenados por la justicia debido a sus nexos con los grupos paramilitares. Es la segunda petición de esta naturaleza que se formula. En Sucre, el actual gobernador se negó a descolgar las imágenes de cuatro de sus predecesores seriamente involucrados con las atrocidades perpetradas por las Auc. Es muy probable que esta nueva solicitud corra la misma suerte que la anterior. Ante tal circunstancia el Movimiento de Víctimas tendrá que recurrir a la acción de tutela.

En estos casos, la negación oficial a conceder medidas simbólicas correspondientes al derecho a la verdad y a la reparación de crímenes de lesa humanidad muestra el grado de influencia que continúan ejerciendo los sectores ligados a las redes paramilitares en los centros de poder. Los máximos responsables de ese aparato no han sido todavía desenmascarados ni juzgados. Pero es preciso reconocer que gracias a la Corte Suprema de Justicia las complejas estructuras de ese sistema han empezado a descifrarse y debilitarse. La sanción de decenas de parlamentarios es el paso más significativo que en el terreno judicial se ha dado en esa dirección en la historia del país. La firme determinación de la Corte de disolver las estructuras de la criminalidad de origen estatal se ha visto corroborada recientemente por la decisión de reasumir las investigaciones y procesos de algunos de los congresistas presuntamente comprometidos en la llamada parapolítica.

Luego del conjunto de ataques contra los magistrados de la Corte que se han urdido desde la cúspide del Poder Ejecutivo —que han incluido la creación de una unidad de inteligencia en el DAS para espiarlos y “neutralizarlos”— ahora el presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, informa que se ha detectado un plan para asesinarlo a él y a otros miembros de esa corporación. La principal línea del discurso oficial que justifica esa descarada persecución sostiene que la Corte Suprema ha “politizado la justicia” y “judicializado la política”. En realidad esa retórica expresa la nostalgia del Gobierno por la época en que los dirigentes del Estado gozaban de inmunidad y de la impunidad que les garantizaban los jueces que ellos designaban a su antojo. Esa época comienza a desvanecerse. En el mundo actual emerge un Sistema Internacional de Justicia que, a pesar de ser incompleto y selectivo aún, ya muestra resultados: entre 1990 y 2008, 77 jefes de Estado o gobierno de 43 países han sido procesados por crímenes contra la humanidad o graves delitos de corrupción.

En la condición presente del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los máximos garantes de los reducidos espacios democráticos que aún le restan a la sociedad colombiana, de las mejores conquistas de la Constitución de 1991, de los derechos humanos y de la acción judicial que se opone a los crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo. Por eso los magistrados que han decidido poner fin a la impunidad endémica que ha sostenido al poder corrupto y arbitrario son el blanco de los más encarnizados ataques y persecuciones. Su legítima labor merece pleno respaldo y admiración.

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EL CARTEL DE LAS TRES LETRAS


Por: Iván Cepeda Castro
EN SU EMISIÓN DEL PASADO FIN DE semana, Noticias Uno presentó fragmentos de un documento elaborado por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien hoy vive en el exilio.

Según el noticiero, dicho documento está en poder de las autoridades de Estados Unidos, y su contenido es un testimonio en el que García narra los detalles de su paso por el organismo de inteligencia, y los vínculos de personalidades del Gobierno Nacional con las Auc y el narcotráfico. El escrito afirma que en los círculos más íntimos de la mafia y del paramilitarismo al DAS se le conocía como ‘El Cartel de las Tres Letras’. “A finales del año 2002 —escribe el ex director de informática— Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS; en realidad este viaje (el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano) tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. […] Tanto los viajes de Jorge Noguera como los míos debían ser autorizados, por escrito mediante resolución firmada, por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.

De acuerdo al testimonio, otros colaboradores de Noguera en viajes oficiales a Estados Unidos ayudaron a perfeccionar el envío de los cargamentos de droga y a diseñar la forma en que los dineros pagados por su venta serían introducidos al país: “Se definió que el dinero sería enviado desde los Estados Unidos a través de correos humanos, estas personas serían recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por funcionarios del DAS, quienes se encargarían de que pasaran los controles sin problema alguno. […] Éramos un cartel gubernamental de narcotráfico y lavado de dinero”. En palabras de García, el ‘Cartel de las Tres Letras’ alcanzó a contar con varias rutas similares de tráfico de cocaína e ingreso ilegal de dinero a Colombia que fueron utilizadas por otros narcotraficantes y por bloques paramilitares. Su funcionamiento habría involucrado a funcionarios de varias instituciones estatales al más alto nivel, y permitió que durante los años 2003 y 2004 se introdujeran ilegalmente al país cerca de 100 millones de dólares y entre 50 y 60 millones de euros.

El documento mencionado contiene copiosa información sobre un voluminoso conjunto de actividades delictivas. Corresponde a las autoridades judiciales verificar su veracidad. Sin embargo, no sorprendería que a las múltiples labores criminales emprendidas desde el DAS se agregara el narcotráfico. Sería plenamente coherente con la inagotable historia de descomposición de esa entidad, y con la naturaleza de las redes mafiosas que se han incubado en el seno del Estado. ¿Qué hará falta para que sea clausurado el DAS?

Si las autoridades de Estados Unidos conocen esta información, la pregunta que surge es cuándo pedirán en extradición a los ex funcionarios, y a los funcionarios estatales en ejercicio, involucrados en tráfico de cocaína y lavado de activos. O también, cuándo pedirán en extradición a los políticos de alto nivel que se han lucrado con el narcotráfico. Y esto puede ocurrir cuando esos políticos y agentes estatales que han actuado como verdaderos capos del narcotráfico dejen de ser útiles a determinados fines geoestratégicos.

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LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PARAPOLÍTICOS

Por: Iván Cepeda Castro
EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE Crímenes de Estado, seccional Sucre, solicitó formalmente al gobernador de ese departamento, Jorge Barraza, que ordene retirar definitivamente de las paredes de la Gobernación las fotografías de los señores Salvador Arana, Erick Morris, Jorge Anaya y Miguel Ángel Nule Amín, que forman parte de la galería de ex mandatarios locales.

Los cuatro fueron gobernadores durante los años de mayor influencia y criminalidad de los grupos paramilitares en esa zona del país. La responsabilidad de Morris y Anaya en concierto para delinquir agravado ya ha sido probada en los tribunales y despachos judiciales. En el proceso que se sigue contra Salvador Arana por ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz, 11 (!) testigos han sido asesinados. La familia Díaz ha denunciado en forma reiterativa ser víctima de una serie de atentados, montajes judiciales y permanentes hostigamientos. En Sucre han sido ampliamente conocidos los vínculos del ex gobernador Arana con los paramilitares y su jefe Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, así como sus constantes visitas a la finca El Palmar, el centro de exterminio en el que fueron desaparecidos numerosos habitantes de San Onofre. Por su parte, el señor Nule Amín fue acusado ante la Fiscalía de impulsar el proyecto de expansión paramilitar en los Montes de María a través de reuniones en su finca Las Canarias y de la conformación de empresas de seguridad Convivir.

El gobernador Barraza rechazó la solicitud con el argumento de que “esa es una galería para que la gente recuerde quiénes fueron sus gobernadores” y que “no le veía mayor fundamento para resarcir el daño de las víctimas”.

Contrario a lo que piensa el Gobernador, el hecho de que reconocidos criminales sigan siendo honrados ante la sociedad como mandatarios dignos de homenajes y exaltaciones oficiales es una grave ofensa a las víctimas y a la sociedad. En la memoria colectiva la vida de estos personajes no puede seguir siendo preservada como ejemplo de servicio a la comunidad. Atendiendo a esa consideración diversos instrumentos de derecho internacional consagran una serie de disposiciones tendientes a esclarecer la verdad histórica, reconstruir la memoria de la sociedad acorde a la realidad que configuran los crímenes contra la humanidad, y encaminadas a instaurar vetos políticos a quienes ejerciendo funciones públicas abusaron de su poder y perpetraron masivas violaciones de derechos humanos. En el caso de los políticos que en Colombia se involucraron con grupos paramilitares y los utilizaron para acrecentar su caudal electoral o para ordenar homicidios contra sus rivales, las condenas penales y la prohibición para el ejercicio de la función pública son insuficientes. Se requiere además de medidas simbólicas que impidan que en el futuro esos mismos personajes, o sus aliados, puedan reeditar los métodos que les han permitido establecer sus posiciones e influencia en el Estado.

La solicitud formal que hemos realizado en Sucre debería dar lugar a muchas otras en todo el país. Invito a las víctimas y sus organizaciones a que realicen peticiones y acciones judiciales similares ante las autoridades, tendientes a que todo tipo de homenajes, exaltaciones públicas, galerías fotográficas o monumentos consagrados a individuos ligados a crímenes de lesa humanidad sean definitivamente proscritos.

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Los ASESINATOS DE DESMOVILIZADOS

Por: Iván Cepeda Castro
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CERCA DE 2.000 desmovilizados paramilitares han sido asesinados.

Según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, tan solo en 2009 en Antioquia, 113 de ellos murieron en forma violenta. El comisionado Frank Pearl atribuye estos hechos a un “ajuste de cuentas” o a disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico. Una explicación que omite reconocer que buena parte de los homicidios se están ejecutando por encargo de quienes les ordenaron crímenes y temen hoy ser delatados.

Algunos casos ejemplares así parecen demostrarlo. Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, mando medio de las Auc, estaba acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de El Aro. Fue baleado en Medellín cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel, en abril de este año. En el proceso de esclarecimiento de los móviles y los autores intelectuales de esa masacre, testimonió acerca de la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su hermano Santiago en ese crimen. Para diseñar esa operación, los hermanos Uribe se habrían reunido en una finca en Tarazá, Antioquia, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército. También mencionó que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia fue utilizado en desarrollo de la incursión. Después de esa declaración apareció una carta en la que al parecer Villalba se retractaba de la acusación, pero al darse a conocer la misiva, él mismo negó su autenticidad y denunció amenazas en su contra. El 28 de julio de 2008 fue asesinado Antonio López, alias Job, lugarteniente de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. López visitó la Casa de Nariño para entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno en compañía del ex gobernador Juan José Cháux, de quien era asesor. Los temas tratados en esa reunión aún no han sido aclarados. La muerte de alias Job se produjo días después de conocerse la realización del encuentro secreto en el palacio presidencial. Hace algunas semanas fue envenenado en la cárcel La Picota el ex comandante del bloque Tolima de las Auc Diego Martínez, alias Daniel. El envenenamiento se produjo en la víspera de una declaración en la que había anunciado que iba a implicar a políticos y mandos paramilitares.

Los homicidios, envenenamientos en las cárceles y amenazas contra los desmovilizados que se muestran dispuestos a colaborar con la justicia son parte de una estrategia de impunidad. De ella también hacen parte los obstáculos para poder visitar en las cárceles a los jefes paramilitares extraditados, los atentados en contra de sus familiares, la negación de los permisos especiales para que ellos ingresen a los Estados Unidos y las trabas de toda índole que interponen los funcionarios judiciales en ese país para que se puedan efectuar las diligencias. Esa estrategia busca poner un punto final al proceso de verdad y justicia. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un pronunciamiento reciente: “La Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.

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EL PERDÓN PRESIDENCIAL

Por: Iván Cepeda Castro
LA PETICIÓN DE PERDÓN EN SItuaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne que puede tener repercusiones éticas significativas si cumple algunas condiciones mínimas.

Para que sea auténtico este gesto se requiere conocer la verdad de los hechos, explicitarlos y demostrar el compromiso de esclarecerlos. También se debe enunciar a los destinatarios del perdón. Nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas.

Por último, sólo se puede pedir perdón en forma veraz si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado. O en otras palabras, si se experimenta arrepentimiento y se expresa la determinación de no repetir en el futuro acciones similares.

Se ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo? ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces? ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre? ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS? ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.

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UNA PRUEBA IRREFUTABLE

Por: Iván Cepeda Castro
103 CARPETAS Y MILES DE FOLIOS CONforman el archivo incautado al Grupo Especial de Inteligencia 3, G-3. O al menos parte de ese archivo. Antes de que la Fiscalía registrara las instalaciones del DAS la mayor parte de la información fue sustraída.

Esas carpetas contienen cientos de documentos, grabaciones, fotografías, piezas informáticas, órdenes, informes y memorias de la labor de espionaje que los investigadores del G-3 realizaron entre 2004 y 2005 contra personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, magistrados y líderes políticos. Entre las decenas de casos sobresalen los de los abogados Alirio Uribe y Gustavo Gallón, así como el del periodista Holman Morris.

Entre otros hechos, esos documentos dan cuenta de que el G-3 había elaborado las hojas de vida de estas personas buscando determinar sus “debilidades y fortalezas”, mantenía seguimiento las 24 horas del día sobre sus actividades, interceptaba todos sus medios de comunicación, recaudaba información sobre ellos y sus contactos en bases de datos privadas y públicas, arrendaba locales vecinos a sus casas, rondaba sus viviendas y sedes de trabajo, disponía de llaves de algunas de ellas, vigilaba a su núcleo familiar —con especial énfasis en sus hijos— y escudriñaba su situación financiera. Este régimen de meticuloso control se hacía a través de múltiples acciones ilegales. Todos estos procedimientos se realizaban sin órdenes judiciales. Algunos de los equipos y recursos empleados por los servicios secretos provenían de fondos reservados, es decir, de la cooperación internacional. En ocasiones el espionaje precedió a amenazas contra los defensores de Derechos Humanos y sus familiares (caso Soraya Gutiérrez), e incluso a atentados contra ellos (caso Jesús Emilio Tuberquia). Se utilizaba sus esquemas de protección oficiales (!) para mantener un seguimiento continuo sobre sus movimientos. Se investigaba y seguía a miembros de organizaciones internacionales, incluyendo a personas que cuentan con inmunidad diplomática. Cuando viajaban a otros países, algunos de los espiados eran también observados y sus conversaciones grabadas (!). Y todo esto se ocultaba a través de diversos mecanismos de encubrimiento, y era regularmente informado a colaboradores cercanos del presidente Álvaro Uribe, como José Obdulio Gaviria y José Miguel Narváez.

El G-3 no es más que una pieza del gigantesco y sofisticado aparato que responde al concepto de “inteligencia ofensiva”. O en otros términos, de un sistema que persigue “neutralizar” el accionar de organizaciones civiles. En estos casos se muestra que la finalidad principal de la actuación de los servicios secretos del Estado no es la lucha contra el terrorismo, sino la persecución de actividades profesionales y sociales legítimas. ¿Cuántos de los miles de líderes sociales y políticos que han sido asesinados por la criminalidad estatal habrán sido objeto de estas modalidades de inteligencia? ¿Cuántas carpetas similares habrá en los archivos de las unidades de inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía?

El archivo del G-3 es el más grande compendio documental detectado hasta hoy en el que se detallan los métodos que ha utilizado la criminalidad estatal en Colombia para aniquilar en forma sistemática a quienes trabajan por los Derechos Humanos, la libertad de opinión y la actuación en defensa de la democracia. La existencia y el contenido de este archivo son una prueba irrefutable.

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ES UN ASUNTO DE JUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro
AL SOLICITAR AL CONGRESO DE LA REpública archivar la llamada ley de víctimas, el presidente Álvaro Uribe empleó como argumento que la reparación tendría un costo aproximado de ochenta billones de pesos para el Estado y los contribuyentes.

En general, la orientación del Gobierno en términos del presupuesto de la Nación se basa en recaudar impuestos cuya destinación define las prioridades de su política. Por eso buena parte de esos recursos se destinan a financiar el gasto militar y la subvención de determinados sectores del empresariado y la banca, con el fin de fortalecer la seguridad democrática y la “confianza inversionista”. En ausencia de políticas sociales, el Gobierno ha creado una serie de instancias —Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Acción Social, etc.— que disimulan con ayudas puntuales y de beneficencia pública la falta de verdaderos programas estratégicos en materia de salud, vivienda y educación. En este mismo sentido, el Gobierno quiere asimilar al esquema de carácter asistencial y populista la reparación integral de las víctimas. El Decreto 1290 de 2008, que ordena la “reparación administrativa”, es expresión de tal concepto. Busca generar la apariencia de un programa de “reparaciones” de amplio espectro sin tocar los bienes y capitales de los políticos, empresarios y narcoterratenientes, comprometidos con la acumulación de riqueza por la vía de la violencia.

Como bien lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el deber de reparación del Estado no corresponde a “aspiraciones inalcanzables”: “La reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”. La expresión elemental de la justicia con relación a la reparación integral concierne no sólo al deber estatal de garantizar que los perpetradores de los crímenes —en primer lugar, sus máximos responsables— sean debidamente juzgados y sancionados. También consiste en que la principal fuente de la reparación material provenga de los bienes que han sido usurpados y de los cuales se benefician los jefes de los grupos criminales. Pero aquí no ocurre tal cosa. Por el contrario, las tierras que se han incautado terminan siendo vendidas a consorcios vinculados con las redes criminales y narcotraficantes. La reparación se convierte en una forma de legalización de las propiedades usurpadas por medio de cadenas de testaferros.

Pero más allá del argumento fiscal, el Gobierno promovió el archivo de la ley de víctimas, pues quiere a toda costa evitar que se reconozcan los crímenes de Estado. En días pasados, en una reunión pública el médico Juan Carlos Boja fue sometido a la fuerza por agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena. El joven médico interpeló al presidente Uribe por esa clase de crímenes. La respuesta a sus insistentes preguntas fue la violenta y desproporcionada reacción de la Policía.

Una ley de víctimas que cumpla con los principios universales debe incluir procedimientos e instancias transparentes que permitan perseguir y restituir efectivamente a las víctimas las tierras y los capitales financieros de los que hoy gozan los parapolíticos y paraempresarios. Ese es el tipo de norma que buscan crear los movimientos de víctimas en Colombia y que a la postre lograrán que se adopte.

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TRES ESLABONES DE LA CADENA

Por: Iván Cepeda Castro
EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEsos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.

El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos.

El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación.

Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.

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A SOLAS CON DIEGO FERNANDO MURILLO

Por: Iván Cepeda Castro
PRIMO LEVI, EL ESCRITOR ÍTALO-judío sobreviviente de Auschwitz, recuerda en uno de sus textos la experiencia de sus compañeros de infortunio.

En los días en que se hacía inminente que las fuerzas aliadas tomarían el control del campo de exterminio, los nazis les decían a quienes, reducidos a escombros humanos, habían logrado preservar la vida, que de nada serviría que relataran los horrores sufridos, pues nadie les creería. Ese pasaje es frecuentemente citado. Revela tres perspectivas diferentes del problema de la verdad de los crímenes en masa. En primer lugar, el punto de vista de los autores de las atrocidades, quienes seguros del poder que han acumulado creen que podrán mantener su control sobre los sobrevivientes y la sociedad, o que lograrán escabullirse de la justicia. En segundo lugar, la dimensión de los crímenes y del aparato que los ha ejecutado, que desafía el entendimiento y hace parecer desquiciada toda narración de lo acontecido. Y por último, la perspectiva de las víctimas, quienes se enfrentan a las anteriores dificultades al intentar transmitir lo que han padecido. Los sobrevivientes de acontecimientos de violencia en masa están en clara desventaja: son susceptibles de nuevos ataques por parte de sus verdugos, que han acumulado poder a través de los crímenes cometidos, y además son puestos bajo sospecha, pues sus conciudadanos tienden a pensar que han perdido el juicio cuando escuchan los testimonios de lo que han padecido. De alguien que narra eventos de extrema crueldad a gran escala o comportamientos delictivos desarrollados institucionalmente, tiende a creerse que desvaría por efectos del daño que se le ha causado.

A pesar de esa situación de inmensa desventaja, las víctimas tienen a su favor que conocen parcial o totalmente la verdad de lo acontecido. A la experiencia directa del sufrimiento se suma su determinación de esclarecer de manera exhaustiva lo ocurrido.

Esa decisión sin límites las lleva a encontrar las identidades y motivaciones de los perpetradores, y en ocasiones incluso a descifrar el organigrama del sistema criminal: quiénes ordenaron en el más alto nivel las acciones, cómo planificaron y actuaron, en qué medida alcanzaron a lucrarse, qué agencias del poder político y militar fueron convertidas en escuadrones de la muerte, cuáles eran los grados de complicidad de diferentes sujetos, qué procedimientos de eliminación de los delatores operaron. Conocer la verdad de ese organigrama no es equivalente a desmantelar el sistema criminal. Pero tener ese conocimiento y el sustento probatorio que lo respalda es el fundamento de su disolución y del fin de la apariencia de legalidad en la actuación de los funcionarios estatales que lo dirigen.

El pasado 28 de mayo, junto a la senadora Piedad Córdoba y al defensor de derechos humanos Danilo Rueda, visitamos en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo. Durante cuatro horas tuvimos una extensa y detallada conversación. Al igual que Salvatore Mancuso, afirmó que su familia está siendo amenazada y que no se le permite ingresar a Estados Unidos. Pidió garantías para el debido proceso. Aseguró que tiene la voluntad de profundizar en asuntos que ya ha comenzado a revelar, así como tocar nuevos hechos esenciales de la historia de los grupos paramilitares, sus cómplices y jefes. Se trata de un nuevo avance en el camino hacia la verdad y la justicia.

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ASÍ FUE LA REUNIÓN DE COLOMBIANOS POR LA PAZ CON EL EX PARAMILITAR EN UNA CÁRCEL DE EE.UU.

A SOLAS CON SALVATORE MANCUSO
Por: Iván Cepeda Castro
Su extradición, dijo, fue una estrategia para tapar la responsabilidad criminal de algunos líderes políticos. Denunció que para garantizar su silencio, son amenazados sus familiares que permanecen en Colombia.
Desmovilización de Salvatore Mancuso
Foto: Semana
Salvatore Mancuso se desmovilizó como jefe del bloque Catatumbo en diciembre de 2005. Fue extraditado a EE.UU. en mayo de 2008.

En la recepción del hotel, Piedad Córdoba me dijo que esa mañana del pasado viernes 22 de mayo tenía una sensación parecida a aquella que la embargaba durante los primeros días de su secuestro, cuando en el campamento de las Auc se esperaba la llegada de Carlos Castaño. En esta ocasión al que íbamos a ver era a otro de sus captores, Salvatore Mancuso, prisionero hoy en la Correctional Treatment Facility; una penitenciaría privada en Washington.

La reunión se prolongó durante cinco horas. En ella comprobamos que la extradición de la cúpula de los grupos paramilitares obedeció a la inminencia de las confesiones más decisivas que implicarían a sus aliados políticos, militares y económicos, que hoy detentan las más altas posiciones en el Estado. Para garantizar su silencio, se mantiene bajo amenazas a sus familiares, quienes no han podido ingresar a los Estados Unidos, pues no se les conceden los permisos especiales requeridos.

La estrategia de impunidad contempla, además, el encauzamiento judicial de sus familias y el asesinato de cientos de los desmovilizados que ejecutaban las órdenes o tenían contacto directo con los socios políticos y empresariales. También quedó claro en la reunión que algunos de los extraditados han entregado ya valiosa información a autoridades judiciales y aduaneras estadounidenses. Información que concierne a figuras colombianas del más alto nivel.

Los aspectos sustanciales de la verdad que tienen que contar los paramilitares ya se conocen en EE.UU. Esa información se hará pública tarde o temprano. Por ahora su contenido se mantiene en la reserva de las investigaciones. Ante la ausencia de un acuerdo integral de cooperación judicial, todavía es posible mantenerla al margen de los procesos que se adelantan en Colombia.

Durante la visita Mancuso nos relató unas cuantas de esas grandes verdades. Todas ellas impactantes por los personajes que auspiciaron y se beneficiaron de las acciones de las Auc. Algunos elementos de esa información confirmaron lo que ya intuíamos sobre la responsabilidad criminal de determinados líderes políticos y agentes estatales.

Nos impresionó escuchar de los labios del jefe paramilitar las precisiones de tiempo, modo y lugar de cómo se dieron los hechos. En otros casos aparecieron implicados nuevos protagonistas de la vida pública del país. Esas historias son las piezas del ascenso de sectores de las élites regionales y de los clanes familiares al poder utilizando las estructuras de lo que Mancuso llama el “paramilitarismo de Estado”; de la utilización del narcotráfico para financiar la política, de la usurpación de la tierra legalizada por medio del testaferrato y de la compra de la tierra destinada a la reparación por medio de consorcios de testaferros; de los asesinatos perpetrados contra los aliados paramilitares usando a los aparatos de seguridad del Estado, de la traición que hicieron los políticos a los pactos de complicidad; del empleo de ciertas instancias judiciales para obstaculizar las investigaciones acerca de la responsabilidad de los políticos implicados en las versiones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Con la extradición se buscaba clausurar para siempre la posibilidad de que esas historias se convirtieran en acervo probatorio. Pero la situación está cambiando. Ahora ya sabemos que las autoridades judiciales en Estados Unidos tienen copiosa información. Y nosotros también comenzamos a tenerla. Que se declare ante los jueces y se revele públicamente es cuestión de tiempo.

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COMPLICIDADES Y TRAICIONES

Por: Iván Cepeda Castro
A PROPÓSITO DE LOS EFECTOS QUE ha tenido la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, un editorial del periódico El Tiempo, titulado “Un año después”, afirmó en días pasados:

“Todo indica que las dos metas deseables —tener a los ‘paras’ en cárceles de verdad y esclarecer la verdad de sus actos en Colombia— no se pueden lograr a la vez”. La identidad de los máximos responsables políticos y empresariales de crímenes de lesa humanidad quedaría oculta. El proceso de esclarecimiento se aplazaría indefinidamente. Es cierto que la extradición por delitos de narcotráfico pretende ser utilizada como un mecanismo para afectar severamente las investigaciones en Colombia, y para impedir que las víctimas y sus abogados participen en los procedimientos judiciales. No obstante, comienzan a surgir signos de algo distinto. Así parecen indicarlo algunas revelaciones que han hecho en los distritos judiciales de Washington y Nueva York Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en las que se implica, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, a ejecutivos de empresas bananeras, y a congresistas.

¿Cómo explicar estas circunstancias? Durante los últimos años hemos asistido a una incesante proliferación de actuaciones ilegales relacionadas directamente con el entorno del Gobierno: conciertos para delinquir agravados que se disimulan como acuerdos políticos o programáticos, actos de nepotismo, densas redes de testaferrato, fraude electoral, espionaje político, conspiraciones para el cohecho, promoción de ejecuciones extrajudiciales como crímenes de Estado, intimidación de los operadores judiciales, obstrucción a la justicia, calumnia contra quienes investigan y generan opiniones críticas, montajes judiciales, fabricación de pruebas y estadísticas, abusos de poder, desviación de las instituciones públicas para auspiciar la ilegalidad o encubrirla, prevaricato, proliferación de las más variadas modalidades de corrupción. En cada uno de estos escándalos se revela el mismo patrón. Grupos de funcionarios públicos subordinados a cadenas de mando ejecutan acciones dolosas concertadas. Detrás de sus actividades aparecen altos responsables de gobierno. Más allá de la gravedad de estas situaciones particulares, preocupa el panorama que arroja el conjunto de ellas. Se trata, ni más ni menos, que de la disolución del Estado de derecho por la vía de una dinámica en la que se articulan la criminalidad de sistema con formas de corrupción y comportamientos mafiosos.

En esa dinámica, la proliferación de los actos ilegales a gran escala basada en pactos entre delincuentes genera una espiral. Cuando comienzan las investigaciones, a la complicidad sigue la traición y a esta última la supresión, por cualquier vía, de quienes fueron los antiguos socios. En los casos de actuaciones criminales altamente complejas no es posible controlarlo todo e impedir que queden “cabos sueltos”. La obsesión por encubrir al mismo tiempo tantos delitos genera descuidos, acumula resentimientos, permite las filtraciones de información. El intento de los máximos responsables por hacer que recaiga la responsabilidad absoluta sobre los ejecutores directos de las sórdidas operaciones hace que aparezcan los delatores (Rafael García, Jorge Lagos). Y en un momento dado puede ocurrir que sobrevenga la ola de revelaciones simultáneas de las grandes verdades. Aquellas que dejan al desnudo la verdadera naturaleza del poder criminal.

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LOS POBRES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Por: Iván Cepeda Castro
LA INQUIETANTE APARICIÓN DE UNA enfermedad que se difunde rápidamente en todo el planeta muestra las proporciones y la profundidad de la crisis del sistema de vida contemporáneo en condiciones de la llamada globalización.

Como lo predijeron los especialistas en el comienzo de la crisis económica mundial, lo específico de esta nueva debacle es que se encadena con otras crisis; entre ellas la del ecosistema. El modelo del capitalismo a ultranza, que sin ningún miramiento ético decidió conscientemente ignorar las consecuencias prácticas de la manipulación mercantil de todos los recursos y seres del planeta, se enfrenta ahora a los primeros efectos devastadores a gran escala que con celeridad se van encadenando.

Como se sabe, durante las épocas de grandes epidemias, las peores consecuencias las sufren las sociedades y las poblaciones pobres. Basta ver el panorama del sida. Según el compendio Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2008, de la OMS, una de cada tres personas infectadas por el VIH vive en algún país africano. Como lo advierte un editorial del periódico La Jornada de México, el contraste entre las muertes registradas en ese país y los cuadros clínicos provocados por el mismo virus en Estados Unidos tiene su explicación en la pobreza. La práctica neoliberal de destruir el servicio de salud pública ha dejado expuestos a la desprotección a millones de personas. Como lo asegura el editorialista: “En el contexto así creado y agravado por los gobiernos neoliberales que van de 1988 al presente, el surgimiento de un brote viral largamente anunciado ha de ser obligadamente desastroso y, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en diversas naciones europeas, mortal para muchos de los infectados”.

Ese diagnóstico, que sirve de contexto sociológico a la nueva enfermedad global, no se diferencia mucho del que se puede hacer en Colombia. Aquí también las víctimas más cuantiosas de todas las desgracias pertenecen a los estratos pobres y vulnerables. En el país la situación general de los servicios de salud es lamentable. Su privatización ha llevado a que el acceso a la atención médica y hospitalaria se convierta en un privilegio de sectores restringidos. En condiciones de alerta ante una epidemia, se hace evidente que las poblaciones rurales, los millones de desplazados y los sectores pertenecientes a los barrios marginales de las grandes ciudades no tienen acceso a las medidas preventivas ni curativas. ¿Cómo acatar la recomendación de lavarse las manos regularmente en tugurios donde ni siquiera hay servicio de agua y alcantarillado? Quienes viven sin servicios, en condiciones de desnutrición endémica, sin ningún acceso a la asistencia médica, están expuestos a la desprotección total. Cada año en el país decenas de miles de personas pobres o en situación de marginalidad sufren los estragos de las catástrofes naturales. Al afrontar el peligro que hoy acecha es un deber de las autoridades nacionales y locales destinar recursos y poner en práctica políticas médicas especiales para esas poblaciones antes de que ocurra con ellas un nuevo desastre de inmensas proporciones.

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Todo está listo para la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo. La Cruz Roja Internacional, la Iglesia y el gobierno de Brasil han anunciado su respaldo. Las Farc piden que de la misión humanitaria haga parte la senadora Piedad Córdoba y el profesor Gustavo Moncayo. Sólo falta un acto de buena voluntad del Gobierno. Esperamos que se dé lo antes posible.

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‘LARGE SUMS OF MONEY’

Por: Iván Cepeda Castro
“El acusado apoyó la elección presidencial de Uribe en 2002, contribuyó con grandes sumas de dinero [‘large sums of money’] para su campaña, y lo hizo porque creía que la paz era importante”.

Así figura en la transcripción oficial de la audiencia realizada en Nueva York, en donde se profirió condena de 31 años de cárcel a alias Don Berna por narcotráfico. Las palabras de la cita textual aparecen en el alegato final de la abogada de Murillo, quien presentó las consideraciones sobre elementos que debían atenuar la pena del acusado. La abogada aseguró que Murillo fue forzado a entrar en la guerra, que ayudaba a su comunidad y que era un “patriota”, pues había enfrentado a las guerrillas y apoyado la campaña de Álvaro Uribe. En el transcurso de la audiencia quedó claro que todo lo que afirmaba la abogada de Murillo contaba con su aprobación.

Estuve en la audiencia en desarrollo de las acciones del Movimiento de Víctimas. El propósito era que donde estuvieran detenidos los jefes paramilitares extraditados se produzca la intervención de las víctimas. La revelación de Don Berna pareciera anunciar las confesiones que vienen, que se comienzan a hacer porque fue traicionado el primer Pacto de Ralito: no el del proceso de desmovilización, sino el que consagraba la alianza con políticos para “refundar la patria”. Los paramilitares cumplieron: entregaron dinero y presionaron a los electores. Los políticos faltaron a su palabra. Temían que los fueran a delatar y que debieran responder por los crímenes de sus socios. La extradición se convirtió en una salida para ocultar sus responsabilidades. Pero tarde o temprano la verdad aparecerá con su contundencia.

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APARATO CRIMINAL

Por: Iván Cepeda Castro
UNO DE LOS ASPECTOS MÁS AVANZAdos de la histórica sentencia proferida por la Corte Suprema de Perú contra Alberto Fujimori es que reconoce expresamente la ejecución de crímenes de Estado que se explican “a partir de la configuración de un aparato de poder organizado en cuya cúspide se encontraba el acusado como jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional”.

A pesar de que la criminalidad estatal como parte del ejercicio del poder político ha sido un hecho frecuente en la historia, son pocos los fallos judiciales en los que se demuestra la existencia de este fenómeno. Regularmente la tesis de la conformación del Estado, o de dependencias estatales, en sistemas de terror es concebida como algo inverosímil. La denuncia sobre el diseño de planes por altos funcionarios de gobierno, e incluso por el propio jefe de Estado, cuyo propósito es la eliminación de ciudadanos, es vista como una ficción ideológica que pretende deslegitimar el poder soberano. En situaciones de violaciones generalizadas de derechos humanos la sospecha de que los máximos autores de los ilícitos están en la cima del poder es tratada como un desvarío, o como una peligrosa acusación cuyos autores deben ser reprimidos.

Las más de 700 páginas de la sentencia contra Fujimori sustentan la cadena de indicios que prueba cómo surgió el aparato criminal. Durante los años de su gobierno se produjeron cambios estructurales en instituciones del Estado peruano que tenían por finalidad adaptarlas para la perpetración de asesinatos selectivos. Los organismos de inteligencia se transformaron en entidades encargadas de espiar a los opositores políticos, y se conformó a la sombra del poder ejecutivo un grupo paramilitar que llevaba a cabo homicidios, desapariciones forzadas y masacres. Ese aparato se encargaba no sólo de perpetrar los delitos. Su función era también encubrirlos, e incluso legitimarlos socialmente por medio de condecoraciones y ascensos otorgados a los funcionarios involucrados. Dentro de esta jerarquía de poder, la responsabilidad penal de Fujimori fue la del “autor mediato”, es decir, la del encargado de utilizar su influencia para poner en marcha el dispositivo criminal, dirigirlo y contribuir a ocultar ante la opinión pública las actuaciones de las redes criminales.

Desde esta perspectiva específica la condena del ex presidente Fujimori tendrá efectos sobre el contexto colombiano. Poco a poco en Colombia se ha comenzado a reconocer la existencia de la criminalidad cometida por los agentes del Estado. Dicho reconocimiento es aún parcial y débil. No contiene todavía, en forma explícita, la aceptación de que no se trata de actos cometidos por individuos aislados, sino del funcionamiento de instituciones como aparatos criminales. Falta que aquí sean identificados por los jueces los máximos responsables de tales desviaciones de poder: los autores mediatos o directos que han propiciado en nuestro país décadas de abusos y crímenes de Estado.

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El anuncio hecho por las Farc de que liberarán en forma unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo es una nueva demostración de la legitimidad del trabajo de Colombianas y Colombianos por la Paz, liderado por la senadora Piedad Córdoba. También es el resultado de la perseverancia del profesor Gustavo Moncayo. Para que la operación humanitaria que conduzca a esta nueva liberación sea pronta y exitosa, el Gobierno debe brindar todas las garantías necesarias.

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LA NUEVA FASE DE LA ‘LIMPIEZA SOCIAL’

Por: Iván Cepeda Castro
EN MÁS DE 100 MUNICIPIOS Y 20 DE las principales ciudades del país han aparecido panfletos en los que se anuncia el regreso de la “limpieza social” contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales.

Progresivamente la lista de amenazados se amplía. Ahora incluye también a los miembros de las ‘barras bravas’, los estudiantes y profesores de colegios, así como a los líderes de organizaciones juveniles. Los comunicados afirman: “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes”. A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, considera que se trata de bandas criminales dispersas, a simple vista es notorio que en esta operación nacional se reconocen los métodos utilizados en el pasado por las estructuras paramilitares, encubiertas hoy con nuevos nombres y símbolos. El procedimiento se despliega especialmente en los barrios populares de las grandes urbes y en las zonas en las que las Auc han ejercido control. El plan busca el miedo colectivo mediante acciones en distintas fases. En un primer momento se lanza el rumor de que van a comenzar los actos de “limpieza”, luego se distribuyen los panfletos, se impone el toque de queda a partir de las diez de la noche, y se procede a realizar los asesinatos. De esta forma, muchas zonas de las principales ciudades del país viven ya sometidas a esta nueva etapa de terror social.

En Bogotá, los habitantes de nueve localidades han recibido los comunicados amenazantes. Bajo esta campaña 30 jóvenes fueron asesinados en los meses de febrero y marzo. La última semana hubo dos cortes de fluido eléctrico en algunos lugares de Ciudad Bolívar. Después del primero, en las entradas de todas las casas se hallaron los panfletos, y durante el segundo se presentó una masacre en la que murieron siete jóvenes. Los líderes locales aseguran que en muchos barrios de la capital hay situaciones similares. Su conclusión es que esa clase de acciones no las hace una banda de ladrones, sino un grupo organizado que cuenta con cuantiosos recursos.

Desde hace meses, a través de informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la gravedad de esta situación. Sin embargo, dado que esos informes no se pueden hacer públicos pues se les ha dado un carácter confidencial, determinadas autoridades impiden que se decrete la alerta temprana para prevenir los crímenes. Ante esa situación de negligencia e inoperancia, la Defensoría Pueblo debería tomar la decisión de comunicar sus informes de riesgo directamente a la opinión pública y permitir de esta forma que al menos se conozca ampliamente lo que está pasando en muchas partes del país.

La mal llamada “limpieza social” hace parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios, en los que se busca despertar en la gente del común el miedo a ultranza que conduce a toda clase de reacciones primarias. En el caso de Colombia, ese ambiente de “depuración” criminal se articula bien con la paulatina consolidación de una institucionalidad cada vez más perversa en la que todas las dependencias del poder público se funden en la voluntad del Ejecutivo. El ambiente de terror y a la vez de fascinación por la mano fuerte de un gobernante arbitrario, corresponde bien al estado anímico que buscan quienes defienden la reelección. Es el ambiente que propicia el apoyo irreflexivo de las mayorías a un poder decadente en tiempos de profunda crisis ética y económica.

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

EL DERECHO A LA MÚSICA

Por: Iván Cepeda Castro
SE CUMPLEN 70 AÑOS DE VIDA DEL maestro Raúl García, defensor incansable del acceso democrático a la música clásica. Para hablar de su significativa contribución a la cultura nacional, decidí ceder en esta ocasión este espacio a David García:

“Para agasajar a Hitler el 20 de abril de 1933, en una fiesta celebrada con bombos y platillos, el dramaturgo oficial del nazismo Hanns Johst le dedicó al Führer una pieza de teatro en la cual uno de los personajes dice: ‘En cuanto oigo hablar de cultura le quito el seguro a mi (pistola) Browning’. Esta anécdota representa una actitud común a todos los regímenes totalitarios o semitotalitarios en la historia, que se han sentido amenazados por la cultura, entendida en este caso como intelectualidad, cuando ésta ha sido crítica frente al poder. En nuestra historia reciente con frecuencia hemos presenciado tales actitudes. Así ocurrió con el maestro Raúl García, fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su director durante 22 años, quien fue perseguido en medio de un proceso político en su contra.

Cuando durante la década de 1970 Raúl García fundó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la música clásica era monopolio de una pequeña élite que asistía a los conciertos del Teatro Colón. En contraste, el maestro García decidió diseñar y llevar a cabo una política cultural integral que se fundamentó en cuatro pilares: llevar la música clásica a los barrios populares, a los parques, a las escuelas y a las iglesias. La realización de una cuidadosa programación de ciclos de compositores y épocas de la historia de la música que fueron educando en el curso del tiempo el oído y la percepción estética del nuevo público. La creación del programa de televisión Música para todos, a través del cual se utilizó un lenguaje pedagógico comprensible para los televidentes de todo el país y la cualificación de la orquesta misma con la contratación de excelentes directores e instrumentistas extranjeros que impregnaron a la orquesta un alto nivel musical.

Todo esto tuvo como resultado una estrecha relación entre público y orquesta y convirtió a la Filarmónica de Bogotá en la mejor de todo el país. Quienes asistieron, por ejemplo, a los conciertos de los sábados en este período, recordarán cuando una parte del público llegó a romper las ventanas del Auditorio León de Greiff para no perderse la novena sinfonía de Beethoven bajo la conducción del director búlgaro Dimiter Manolov.

El acceso a la alta cultura en Colombia debería ser un derecho de incidencia colectiva; sin embargo, la política cultural democrática propuesta por el maestro García en aquellos años le significó un alto costo político y humano, a pesar de que los resultados positivos de semejante política saltaban, y saltan hoy, como una terca realidad a la vista de todos.

Este sábado, 21 de marzo de 2009, gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la misma Orquesta como institución, se realizó un concierto-homenaje en honor al maestro Raúl García que mucho más que la celebración de sus 70 años simbolizan un acto de desagravio por una historia de intolerancia al mejor estilo del personaje de la obra dedicada al Führer”. David García.

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Considero que Francisco Rojas Birry debiera abandonar su cargo como personero en el Distrito Capital. Ningún funcionario público encargado de la política de Derechos Humanos debiera mantenerse en su cargo mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción.

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

6 de marzo, por las víctimas de los crímenes de Estado

Por: Iván Cepeda Castro
COMO OCURRIÓ EL AÑO ANTERIOR, el pasado 6 de marzo se realizaron actos en varias ciudades del país y del mundo para que se ponga fin a los crímenes de Estado en Colombia. En esta ocasión el propósito no era convocar multitudinarias movilizaciones.

En cambio, se realizó la jornada “Los ‘falsos positivos’ son crímenes de Estado”. En un encuentro que se llevó a cabo en Bogotá asistieron más de 200 familiares de los jóvenes que han sido desaparecidos y ejecutados por miembros del Ejército Nacional. Sus testimonios mostraron una escalofriante realidad: más de 1.400 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte de los procesos judiciales emprendidos se hallan ante la justicia penal militar, los familiares que exigen justicia son amenazados, muchas de las familias no han podido recuperar los cadáveres de sus seres queridos, que siguen en fosas comunes; los muchachos asesinados continúan siendo considerados terroristas muertos en combate sin que su nombre sea dignificado.

En el encuentro se presentaron testimonios acerca de que esta clase de crímenes se han seguido cometiendo este año; afirmación que desmiente la declaración del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien sostuvo ante los medios de comunicación que el “problema de los ‘falsos positivos’ ya fue resuelto”. Por eso los familiares de las víctimas exigen la destitución de este ministro y que se sancione a ex generales como Mario Montoya, quien ahora goza de estatus diplomático como embajador en República Dominicana.

Esta jornada coincidió con un hecho que reafirma la voluntad del Gobierno por debilitar al máximo los procesos de verdad y justicia en Colombia. El 5 de marzo fue extraditado a Estados Unidos el paramilitar Éver Veloza. En sus confesiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, este ex jefe de las Auc había comenzado a esclarecer una parte de los miles de crímenes que se cometieron bajo su mando. Además —y esto es lo más significativo—, había involucrado a líderes políticos, altos mandos militares, ganaderos y empresarios. Pocos días antes de su extradición, alias H.H. acusó al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez de haber sido miembro del llamado ‘Grupo de los seis’, el círculo de hombres poderosos que ordenaba crímenes a los paramilitares.

El señor Narváez ha figurado ya en otras declaraciones de los jefes paramilitares. Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato del humorista Jaime Garzón y del secuestro de la congresista Piedad Córdoba. En la misma declaración, El Iguano sostuvo que Narváez dictaba en los centros de instrucción de las Auc en Córdoba un curso titulado: “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Por su parte, Salvatore Mancuso declaró ante un fiscal en Washington que Narváez era uno de los “maestros” de los paramilitares mientras que era simultáneamente profesor de la Escuela Superior de Guerra. Y como si esto fuera poco, Narváez también fue asesor de inteligencia en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del presidente Uribe. ¿Qué habrá sido de la carrera de este siniestro personaje después de su paso por el ‘Grupo de los seis’, el Gobierno Nacional y el DAS? ¿Qué cargo estará ocupando hoy? ¿Qué relaciones personales tendrá con el presidente Uribe? ¿Cuándo lo arrestará la Fiscalía?

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

6 de marzo, por las víctimas de los crímenes de Estado

Por: Iván Cepeda Castro
COMO OCURRIÓ EL AÑO ANTERIOR, el pasado 6 de marzo se realizaron actos en varias ciudades del país y del mundo para que se ponga fin a los crímenes de Estado en Colombia. En esta ocasión el propósito no era convocar multitudinarias movilizaciones.

En cambio, se realizó la jornada “Los ‘falsos positivos’ son crímenes de Estado”. En un encuentro que se llevó a cabo en Bogotá asistieron más de 200 familiares de los jóvenes que han sido desaparecidos y ejecutados por miembros del Ejército Nacional. Sus testimonios mostraron una escalofriante realidad: más de 1.400 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte de los procesos judiciales emprendidos se hallan ante la justicia penal militar, los familiares que exigen justicia son amenazados, muchas de las familias no han podido recuperar los cadáveres de sus seres queridos, que siguen en fosas comunes; los muchachos asesinados continúan siendo considerados terroristas muertos en combate sin que su nombre sea dignificado.

En el encuentro se presentaron testimonios acerca de que esta clase de crímenes se han seguido cometiendo este año; afirmación que desmiente la declaración del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien sostuvo ante los medios de comunicación que el “problema de los ‘falsos positivos’ ya fue resuelto”. Por eso los familiares de las víctimas exigen la destitución de este ministro y que se sancione a ex generales como Mario Montoya, quien ahora goza de estatus diplomático como embajador en República Dominicana.

Esta jornada coincidió con un hecho que reafirma la voluntad del Gobierno por debilitar al máximo los procesos de verdad y justicia en Colombia. El 5 de marzo fue extraditado a Estados Unidos el paramilitar Éver Veloza. En sus confesiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, este ex jefe de las Auc había comenzado a esclarecer una parte de los miles de crímenes que se cometieron bajo su mando. Además —y esto es lo más significativo—, había involucrado a líderes políticos, altos mandos militares, ganaderos y empresarios. Pocos días antes de su extradición, alias H.H. acusó al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez de haber sido miembro del llamado ‘Grupo de los seis’, el círculo de hombres poderosos que ordenaba crímenes a los paramilitares.

El señor Narváez ha figurado ya en otras declaraciones de los jefes paramilitares. Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato del humorista Jaime Garzón y del secuestro de la congresista Piedad Córdoba. En la misma declaración, El Iguano sostuvo que Narváez dictaba en los centros de instrucción de las Auc en Córdoba un curso titulado: “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?”. Por su parte, Salvatore Mancuso declaró ante un fiscal en Washington que Narváez era uno de los “maestros” de los paramilitares mientras que era simultáneamente profesor de la Escuela Superior de Guerra. Y como si esto fuera poco, Narváez también fue asesor de inteligencia en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del presidente Uribe. ¿Qué habrá sido de la carrera de este siniestro personaje después de su paso por el ‘Grupo de los seis’, el Gobierno Nacional y el DAS? ¿Qué cargo estará ocupando hoy? ¿Qué relaciones personales tendrá con el presidente Uribe? ¿Cuándo lo arrestará la Fiscalía?

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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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