RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

SEGUNDO SEMESTRE 2011


ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

PROYECTOS:

SE BUSCÓ ELIMINAR LA AMPLIACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
A lo largo de la discusión del proyecto de Reforma Judicial, insistimos en la inconveniencia de la aprobación de la iniciativa en tanto incluyera el artículo que busca ampliar el fuero penal militar.

Expresamos en los distintos debates que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por eso nos acogimos al concepto proferido por parte de Human Rights Watch, que deja en claro el daño que se puede hacer con este aspecto de la reforma a la justicia a la causa de las víctimas, al Estado de derecho y a la propia justicia. Además, la reforma puede abrir la puerta a que Colombia termine en la CPI y que no sea certificada en derechos humanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En los próximos debates que debe afrontar el proyecto seguiremos trabajando para lograr el retiro del artículo sobre la ampliación del fuero penal militar.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Logramos la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz, el cual establece que “en todo proceso llevado en el Sistema de Justicia y Paz se aplicará el método de investigación correspondiente a la tipificación penal de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio”.

La iniciativa implica que en todos los casos en los cuales se investigan delitos cometidos por paramilitares de manera individual como asesinatos y desplazamiento forzado, éstos serán tratados como crímenes de sistema, a los cuales están vinculados los aparatos económicos y de poder del país, lo cual significaría un gran avance en materia de verdad histórica.

Confiamos en que el Senado mantendrá esta iniciativa en el próximo debate legislativo.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HOMENAJE A JAIME GARZÓN

Con nuestra ponencia en la Cámara de representantes, obtuvimos la aprobación del proyecto mediante el cual se honra la memoria del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural, tras 12 años de su asesinato.

La iniciativa declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Esperanza, y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de Señal Colombia se realice la recopilación, selección y publicación de la vida y obra del periodista, así como para que incorporen, dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Además, el proyecto establece la construcción de un busto del periodista, que será ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.


SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Junto a varias organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, le enviamos una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual le solicitamos una audiencia con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.

La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.

RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE LEGALIZARÍA MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Junto a la representante Alba Luz Pinilla se radicó el Proyecto de Ley 058 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales de conformidad con el principio de dignidad humana, igualdad y pluralismo que establece la Constitución Política (Art. 1º).

Dicho proyecto propone que el matrimonio sea un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo, hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de procrear o de auxiliarse mutuamente. Asimismo plantea que las personas del mismo o distinto sexo, mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.


DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:

En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la plenaria de la Cámara:

1. Debate Despojo de Tierras en Montes de María

En este debate presentamos diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.

Presentamos también un video de una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al exministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Denunciamos también que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

Interrogamos al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María, especialmente en lo que tiene que ver con los terceros de buena fe.

Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía General que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos, y a varios empresarios compradores de las tierras por lo denunciado en el debate.


2. Debate crisis carcelaria en Colombia

En este debate insistimos en replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Denunciamos la grave situación de hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, como es el caso de la prisión de Bellavista de Medellín, donde existe una sobrepoblación del 300 por ciento.

Del mismo modo, dimos a conocer varios casos de agresiones de personal masculino de guardia hacia reclusas de la cárcel El Buen Pastor Bogotá.

Denunciamos que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las Reglas mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado.

Al final se hicieron varias peticiones concretas con el fin de dar solución a la problemática carcelaria:
• Se conceda prisión domiciliaria a enfermos terminales, respondiendo a criterios mínimos de seguridad.
• Se adelante un estudio que con perspectiva de DDHH reclasifique a toda población carcelaria en nuevos centros de reclusión, patios y torres.
• Bajo el criterio de sostenibilidad carcelaria prohibir el ingreso de nuevos internos a las cárceles que presentan situaciones de hacinamiento extremo, tipo Bellavista y Modelo.
• Crear el Comité especial para la revisión de la situación judicial facultado para revisar la ejecución de penas y la detención preventiva, y que podrá dar recomendaciones frente a los casos que evalúe ante la autoridad competente, así como hacer recomendaciones sobre el uso racional de las medidas de reclusión.
• Terminar contrato con Caprecom y buscar una salida digna al problema del servicio de salud.
• Intervenir con carácter urgente el pabellón ERE Sur de La Picota y enviar a todos sus internos a la Cárcel de Combita.


Creación de una Comisión interinstitucional para evaluar crisis carcelaria

Como conclusión del debate de control político sobre política carcelaria, el Ministerio de Justicia avaló la creación de una Comisión interinstitucional encargada de analizar y sugerir los correctivos en materia de sobrepoblación, infraestructura, satisfacción de necesidades básicas, salud, entre otros temas, inicialmente en las cárceles de Bellavista de Medellín, Villahermosa de Cali, Modelo de Bogotá y Tramacúa de Valledupar. Se propone que esta comisión esté integrada por profesionales técnicos de diversas instituciones del Estado, ajenos al Inpec y a los órganos de control. También, por académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en trabajo con población carcelaria.

Se creará un grupo de trabajo encargado de estudiar medidas conducentes a contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. Este grupo estudiará los procesos, prácticas y patrones que se aplican en materia de detención preventiva y de ejecución de penas. El grupo estaría conformado por abogados de diferentes organizaciones con trayectoria en trabajo penitenciario y carcelario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio Público.

La conformación de ambos grupos será concertada con el Ministerio de Justicia y el viceministro de asuntos penitenciarios y carcelarios.

LOGROS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Entrega de testimonios a Fiscalía y CIDH
Entregamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares y su apoyo a actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Las declaraciones fueron entregadas en desarrollo del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria del país que incluyó las cárceles de Itagüí y Cómbita, y fue llevado a cabo con autorización de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes.

La entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de las funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.

Gestión en entrega de preso que se fugó de cárcel Bellavista

En cumplimiento de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo parlamentario realizado en las penitenciarías del país, obré como garante en la entrega del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre de 2011 cuando era llevado a una diligencia médica.

El interno anunció su deseo de entregarse a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del representante Iván Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de Justicia y del Inpec, logramos la entrega del recluso en la cárcel de Itagüí el día 15 de diciembre.

Audiencia de Derechos Humanos en Arenal, Sur de Bolívar.
La Audiencia que fue aprobada por la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 19 de noviembre del año en curso, y tenía como propósito evidenciar la crítica situación en materia de derechos humanos que vive la región, y buscar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades del Estado a nivel nacional y regional, contó con la participación de aproximadamente 300 personas de diferentes municipios del sur de Bolívar.

La comunidad reunida en Arenal denunció como un riesgo de despojo el incremento de los cultivos de palma en la región. En materia de minería, dieron a conocer la existencia de concesiones que incluyen caños y humedales, y la permanente presencia de retroexcavadoras, como verdadera minería ilegal, la cual se desarrolla con anuencia de la fuerza pública y de las autoridades municipales.

También denunciaron que continúa incrementándose el paramilitarismo en la región quienes han manifestado su interés de retomar el control del territorio. A raíz de estas y otras denuncias, radicamos ante la Plenaria de la Cámara el acta del desarrollo de la Audiencia Pública, y le solicitamos a esa Corporación remitir copia de la constancia y del Acta a las Instituciones que fueron convocadas y que no asistieron a la audiencia.

OTRAS ACTIVIDADES
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo a campesinos que buscan restitución en Las Pavas en el sur de Bolívar
Luego de llevar a cabo una visita solicitada por las asociaciones campesinas que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas en el mes de abril del presente año, continuamos apoyando la petición de estos campesinos que reclaman justamente la restitución de los terrenos que ahora están en manos del consorcio palmicultor San Isidro.
Estuvimos acompañando a estas comunidades en su protesta el día 16 de diciembre a raíz de la persecución de la cual han sido víctimas, luego de una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
Como parte de nuestras actividades parlamentarias y de defensa de los derechos humanos, continuaremos apoyando a los campesinos de Las Pavas en su justa reclamación.
Acompañamiento a marcha de campesinos de Mampuján
El 12 de diciembre acompañamos a las comunidades de Mampuján del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan (Bolívar), en una marcha hasta la ciudad de Cartagena. Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005; la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz no se ha cumplido.
Por eso respaldamos a estas comunidades en su exigencia al Estado y al Gobierno Nacional del cumplimiento a cabalidad con las víctimas de un proceso de reparación integral colectiva e individual.

Reconocimientos:
En una encuesta realizada por la oficina de información y prensa de la Cámara de representantes, entre 80 congresistas, con el fin de conocer la posición de éstos frente al desempeño parlamentario del segundo semestre del 2011, aparece el representante Iván Cepeda en el 5º lugar de los representantes con mejor trabajo legislativo, y el debate sobre tierras realizado en el mes de agosto quedó en el segundo lugar de los mejores debates de control político.