DEBATE SOBRE FOSAS EN LA MACARENA

IVÁN CEPEDA CASTRO

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMUNICADO, JULIO 27 DE 2010.

POR FOSAS EN LA MACARENA SERÁN CITADOS ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA LOS MINISTROS DEL INTERIOR, DE DEFENSA Y LA ENCARGADA DE LA CARTERA DE RELACIONES EXTERIORES

En la Sesión Plenaria del Senado y la Cámara de Representantes del día de hoy, el representante por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro y la senadora Gloría Inés Ramírez del mismo partido, radicarán ante las dos Cámaras una proposición para citar a los ministros del Interior, de la Defensa y de Relaciones Exteriores a debate sobre el hallazgo de un cementerio clandestino con centenares de fosas, localizado en un terreno adyacente a la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra. Serán invitados el Fiscal y el Procurador General de la Nación.

La citación pretende hacer un llamado para que se verifique y se investigue a profundidad la cifra real sobre el número de cadáveres que se encuentran sepultados sin identificación clara, las causas de los decesos y las actuaciones de la fuerza pública en este caso.

La denuncia sobre la existencia de este cementerio clandestino fue presentada el pasado 22 de julio de 2010 en una Audiencia de Derechos Humanos que contó con el acompañamiento de una numerosa delegación nacional e internacional integrada por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España, dos de Estados Unidos, varios abogados y dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, quienes pudieron comprobar la existencia de este cementerio clandestino. La misión también constató que en las tumbas no había "ninguna identificación distinta a unas tabletas de madera con unos números, en los que aparecen los años y otro tipo de datos".

Cerca de 800 campesinos provenientes de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, asistieron a la Audiencia, y varios de ellos presentaron testimonio sobre las múltiples violaciones de derechos humanos de que vienen siendo objeto en la región y confirmaron las 253 denuncias sobre “falsos positivos” y 79 de desapariciones forzadas.

La Fiscalía General de la Nación logró identificar a 41 de los muertos, entre las que se cuentan 4 personas reportadas como desaparecidas.

En esta fosa podrían haber sido sepultadas víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.

EL CEMENTERIO CLANDESTINO DE LA MACARENA




Nacional | 24 Julio 2010 - 10:00pm

Por: Iván Cepeda Castro*/ Especial para El Espectador | Elespectador.com

Las denuncias que se hicieron en la audiencia pública evidenciaron la existencia del complejo de fosas localizado en el Meta, en un terreno controlado por las Fuerzas Militares.

Esta semana asistí a la audiencia de Derechos Humanos convocada por la senadora Gloria Inés Ramírez en el municipio de La Macarena, Meta, en la que participaron además la senadora Piedad Córdoba, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, y una delegación compuesta por nueve parlamentarios europeos, así como diversas organizaciones internacionales. Escuchamos los testimonios de los representantes de ochocientos campesinos que llegaron de distintos municipios de la región.

Las denuncias que se hicieron en la audiencia pública evidenciaron la existencia del complejo de fosas que está localizado en un terreno controlado por las Fuerzas Militares. En la tarde visitamos ese lugar. El cementerio clandestino se localiza en una extensa superficie anexa a la base militar en la que funcionan las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, y a la vez parece una prolongación del cementerio oficial del municipio que está ubicado en la misma zona. Se compone de cientos de fosas identificadas con pequeñas tabletas de madera que tienen inscripciones de las fechas en las que fueron enterrados los cuerpos y que datan desde 2004 hasta 2010.

Las exhumaciones realizadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía apenas están comenzando ahora. Según los testimonios de los habitantes de la zona, en un comienzo en ese terreno miembros del Ejército amontonaban los cadáveres en bolsas negras. Pero luego el sepulturero del cementerio oficial del municipio se encargó de cavar las fosas. Esta macabra práctica comenzó luego de que concluyera la llamada zona de despeje que sirvió de escenario para los diálogos entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla de las Farc.

En el caso del cementerio del Ejército en La Macarena ocurrió algo similar a lo acontecido con el escándalo de los “falsos positivos” perpetrados en el municipio de Soacha. Las autoridades sólo reconocieron su existencia cuando organismos internacionales y la prensa comenzaron a interesarse por el tema. En el caso del cementerio, en diciembre de 2009 una delegación de ONG británicas visitó el conjunto de fosas que había al lado de la base militar y se entrevistó con las autoridades locales. Durante esa visita, el coronel del Ejército Alfonso Yunda les aseguró a los miembros de la delegación que el cementerio daba cuenta de uno de los mayores éxitos de la política de seguridad democrática, puesto que allí yacían “guerrilleros dados de baja en combate”. Jhonny Hurtado, el defensor de Derechos Humanos que guió a la delegación británica en su visita al cementerio, fue asesinado en su finca el 15 de marzo de 2010.

En un oficio fechado el 12 de febrero de 2010, la directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia, afirmó que en el cementerio habría “aproximadamente 2.000 cuerpos” y que era necesario cuanto antes adelantar las labores para su exhumación e identificación científica. Por su parte, la Cancillería reconoció el día de la audiencia que en el cementerio habría 449 cadáveres de personas abatidas por el Ejército en combates realizados en la zona.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos han documentado al menos diez casos que demuestran que jóvenes de la región fueron desaparecidos y posteriormente enterrados en el cementerio del Ejército. Uno de esos casos fue presentado en la audiencia. Según el relato de Gerardo Borda a su hijo Everardo, un joven campesino, lo detuvieron miembros del Ejército en la vereda La Jardinera, y lo asesinaron el 16 de enero de 2008. Tiempo después Medicina Legal informó que su cuerpo fue hallado en el cementerio clandestino. Los familiares de personas desaparecidas que han hecho este tipo de denuncias han sido constantemente amenazados.

Los hechos de La Macarena revelan numerosas irregularidades y podrían constituir un nuevo caso de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la forma de masivas ejecuciones perpetradas por agentes del Estado. Sin duda, como lo demuestran las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría, no se hicieron debidamente los procesos de identificación y levantamiento de cadáveres. No se ha podido establecer una contabilidad cierta de la cantidad de cuerpos enterrados, que no es inferior a 449 como lo ha reconocido el propio Gobierno Nacional. Tampoco se tiene certeza de las circunstancias en las que murieron las personas enterradas en una zona sobre la que ejerce control la Fuerza Pública. Durante largo tiempo, el cementerio clandestino no contó con medidas de protección que impidieran la manipulación de las fosas y los restos mortales que contienen.

De los relatos de las víctimas en la audiencia de La Macarena se desprende un cuadro de múltiples violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que tiene como componente esencial las ejecuciones masivas que en Colombia se han conocido como “falsos positivos”. Una imagen que dista diametralmente de aquella presentada por el gobierno del presidente Uribe, que ha proclamado al municipio de La Macarena como ejemplo de su proyecto de “recuperación y consolidación del territorio”. Esta publicidad se ha hecho especialmente en Estados Unidos, pues las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido ubicadas en esa región cuentan con la financiación del Plan Colombia.

¿Cuántos cementerios clandestinos creados por las Fuerzas Militares, como el de La Macarena, habrá en los municipios de Colombia?

* Líder de Derechos Humanos y senador del Polo Democrático.

IVÁN CEPEDA Y GUSTAVO PETRO RESPONDEN A LOS JEFES PARAMILITARES

El Representante electo a la Cámara, Iván Cepeda, y el ex candidato presidencial, Gustavo Petro, respondieron hoy la carta que recibieron de ocho de los principales jefes paramilitares detenidos en cárceles colombianas.

Bogotá, 19 de julio de 2010.


Señores:

FREDY RENDÓN HERRERA

RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA

RODRIGO PÉREZ ALZATE

ARNUBIO TRIANA MAHECHA

JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA

ÁLVARO SEPÚLVEDA QUINTERO

EDWAR COBOS TÉLLEZ

JESÚS IGNACIO ROLDÁN

Miembros desmovilizados de las AUC



Respuesta a su misiva del pasado 6 de Julio:


La verdad, la justicia y la reparación son deberes que ustedes deben cumplir, y derechos de todas las víctimas y la sociedad colombiana. Así lo consagran normas como la Ley 975 de 2005, a la que en calidad de desmovilizados se acogieron, y que establece que para obtener beneficios de carácter jurídico, se debe confesar toda la verdad sobre sus acciones y alianzas, esclarecer plenamente todos los aspectos del fenómeno paramilitar -incluyendo los nombres de quienes los patrocinaron, financiaron, comandaron, apoyaron e instigaron- y resarcir a las víctimas integralmente.


Somos conscientes que en todo este proceso se han presentado numerosos hechos que buscan garantizar la impunidad a quienes ordenaron a las AUC la ejecución de crímenes masivos y sistemáticos, con el fin de acumular riquezas y poder político. Sabemos que en estos años fueron asesinados más de 2.000 desmovilizados en situaciones que no han sido dilucidadas por los órganos judiciales. Sabemos, igualmente, que se han proferido amenazas, y en algunos casos cometido atentados, contra sus familiares para impedir que ustedes confiesen. También que se ha utilizado el procedimiento de extradición como mecanismo para obstaculizar los procesos de investigación y juzgamiento en Colombia.


Tal y como ustedes mismos lo expresan, la sociedad colombiana no conoce aún las dimensiones reales que ha tenido el fenómeno paramilitar, y que este último trasciende por mucho las estructuras militares bajo su mando. Sobre este particular, son reveladoras sus afirmaciones: “El aparato armado – inmerso en el proyecto macro del paramilitarismo, sólo constituye la punta del iceberg de éste fenómeno, cuya magnitud, aún no se ha exhibido a los ojos del país en su real dimensión”. “[D]e nada valdrá la comparecencia de los ex combatientes a la justicia, de nada valdrá la aplicación del beneficio punitivo de la pena alternativa, en fin, de nada valdrá la verdad y la justicia a medias, si quienes personifican el fenómeno paramilitar desde los distintos estadios de la sociedad y el Estado continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico, evadiendo, a cualquier precio, la responsabilidad que están llamados a asumir”.


De este modo, contribuiría significativamente a este proceso que ustedes entreguen a los fiscales y jueces toda la información y todas las pruebas disponibles para responder a las preguntas: ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones de la “parapolítica”, la “parainstitucionalidad” y la “paraeconomía”? ¿Quiénes son los verdaderos jefes de las redes que conforman esas estructuras? ¿Quiénes ordenaron las incursiones armadas, los asesinatos selectivos y las masacres? ¿Cuáles de ellos continúan, como ustedes dicen, “agazapados en el poder político y económico“? ¿Qué empresas multinacionales participaron en esos planes de exterminio? ¿Quiénes están al mando de los nuevos grupos paramilitares que actualmente operan en el país? ¿Cuál es la verdadera dimensión del despojo de tierras? ¿En qué consiste la estructura de testaferrato para legalizar esa usurpación y qué consorcios están detrás de la compra masiva de tierras que han sido sometidas a extinción de dominio?


Tales respuestas sustentadas en pruebas y entregadas a las autoridades competentes, pueden constituirse en un aporte esencial para que se realice el principio de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, para la restitución de tierras y territorios a comunidades desplazadas, y para que Colombia alcance la reconciliación nacional y la paz.


Si bien el Polo Democrático Alternativo se ha declarado en oposición al nuevo gobierno y no hace parte del Acuerdo de Unidad Nacional que éste ha propuesto, estamos dispuestos a explorar múltiples vías que ofrecen las leyes vigentes en el país para garantizar la revisión de los criterios de extradición en el caso de quienes participen activamente en un auténtico proceso de justicia, verdad y reparación; a buscar la protección de los familiares de los ex jefes de las AUC, y a propiciar la investigación exhaustiva de los asesinatos del que han sido objeto los desmovilizados.


El diálogo colombiano sobre la tierra, su uso y su función social, sobre la reparación integral de las víctimas y sobre la verdad está abierto en Colombia, y nosotros creemos que es a partir de allí de donde comenzará el verdadero proceso de la reconciliación nacional.



Gustavo Petro Urrego Iván Cepeda Castro

Ex Candidato Presidencial Representante a la Cámara

Polo Democrático Alternativo

LAS JUSTIFICACIONES DEL PRESIDENTE

Las justificaciones del Presidente

Iván Cepeda Castro* | Medellín | Publicado el 13 de julio de 2010
La incitación a la violencia y la justificación de crímenes de lesa humanidad es una práctica recurrente del presidente Álvaro Uribe Vélez y sus colaboradores más cercanos. Lo ha sido siempre. Desde la época en que asesinaron al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a quien el entonces gobernador de Antioquia había acusado públicamente de ser "enemigo de las fuerzas armadas".

Durante los últimos ocho años he tenido una constante polémica con el presidente Uribe y sus colaboradores sobre esta viciosa práctica, que regularmente ellos presentan ante la opinión como parte de un estilo vehemente de librar el debate político. Primero fue con el señor José Obdulio Gaviria, quien al ser convocadas las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado, afirmó que dichos eventos eran convocados por las FARC. Esas calumniosas acusaciones sirvieron de incitación para el asesinato de seis personas que estaban organizando las manifestaciones en diversas ciudades del país. Tal situación motivó una carta firmada por 63 congresistas de Estados Unidos rechazando esas declaraciones, y el asesor presidencial se vio obligado a retractarse en una extensa carta pública. Luego la polémica fue con el señor Fabio Echeverri Correa, quien como gerente de la campaña de reelección presidencial creó un mensaje publicitario en el que se calificaba a los miembros de la UP de asesinos bajo el eslogan "¡Adelante, Presidente!". A él le tocó retirar los mensajes publicitarios y pedir excusas a las víctimas de la UP por orden de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-959 de 2006 me dio la razón y determinó que la campaña de reelección del presidente Uribe había violado el derecho a la honra y al buen nombre.

Ahora, la discusión es sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado. El presidente Uribe en vez de reconocer la responsabilidad estatal, como lo prueba la sentencia, y de pedir perdón, como lo ordena el tribunal internacional, hizo una declaración en que agravia nuevamente a las víctimas de la UP. Y como si esto fuera poco, ahora ha puesto a sus colaboradores a desplegar una campaña de apología de este crimen de Estado. Todo con el propósito de desacatar la justicia internacional, desviar la atención acerca del cumplimiento cabal de su sentencia, y, al mismo tiempo, ocultar las numerosas actuaciones ilegales del gobierno de la seguridad democrática. El señor José Obdulio Gaviria tiene que responder ante la Fiscalía General por su papel en el diseño del aparato que desde el DAS organizó la persecución criminal contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. El señor Andrés Felipe Arias tiene que responder ante el país por los turbios episodios que motivaron su retiro del Ministerio de Agricultura. ¿Con qué autoridad moral ellos invocan el nombre de la patria para exigir a las víctimas del genocidio político rectificaciones y demandas de perdón?

La verdad sobre el asesinato perpetrado contra el senador Cepeda ha quedado definitivamente establecida. Como dice la sentencia internacional, la Corte Interamericana "estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda se encuentra comprometida por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales [?] pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP".

* Esta columna se publica por petición de Iván Cepeda, haciendo uso de su derecho a la réplica a una columna del doctor Andrés Felipe Arias, publicada por este diario el sábado 3 de julio de 2010
Publicado en El Colombiano

VíCTIMAS NO DEBEN PEDIR PERDÓN

Julio 2 de 2010
Por: Iván Cepeda

Por primera vez un tribunal internacional condena al Estado colombiano por el asesinato de un líder político de oposición: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. Los alcances y el carácter trascendental de esta decisión se desprenden de su contenido.

En el texto de la sentencia se encuentran los elementos probatorios para demostrar que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado, planificado y ejecutado por estructuras organizadas que han involucrado a mandos militares y a jefes paramilitares. Comienza a resolverse, de manera definitiva, la polémica sobre este capítulo de nuestra historia contemporánea. Durante largo tiempo, las instancias oficiales han querido negar ese exterminio, atribuirlo al narcotráfico o a las víctimas, quienes supuestamente asumieron posiciones que las dejaron expuestas a la violencia proveniente de múltiples grupos ilegales. A la luz de lo que comienza a establecer la justicia internacional, el genocidio contra la UP es uno de los tantos crímenes de Estado cometidos en el país, que por su naturaleza son crímenes contra la humanidad.

El dictamen internacional se pone en consonancia con los desarrollos que vienen haciendo los tribunales nacionales al condenar a mandos del Ejército y a líderes políticos como "autores mediatos" o, en otras palabras, como dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad. Son precisamente esos avances los que pretenden socavar propuestas como la de fortalecer el fuero penal militar, limitar las atribuciones de las altas cortes o convertir a la Fiscalía en una dependencia del Poder Ejecutivo.

La Corte Interamericana considera que la ejecución de oponentes por razones políticas vulnera directamente la democracia. Con el objeto de poner punto final a la criminalidad de Estado, el tribunal internacional dictó órdenes específicas de reparación. Dichas medidas responden a la necesidad de evitar la perpetración de asesinatos como el del senador Cepeda Vargas, y de buscar la erradicación del contexto ideológico que promueve ese tipo de criminalidad: que se siga incitando a la violencia o justificando la impunidad con la "culpabilidad de las víctimas". Entre las disposiciones que adoptó la Corte, le ordenó al Estado colombiano que formulara una solicitud de perdón y el reconocimiento de responsabilidad estatal en un acto solemne en el que estuvieran reunidas las dos cámaras legislativas.

Hace algunos días, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo una declaración que presentó a la opinión pública como una petición de perdón relacionada con el caso Cepeda. No obstante, el presidente Uribe no reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ni cumplió con ninguna de las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana. En cambio, aseguró que las víctimas promueven el desprestigio del país en el exterior. No pudo ocultar su malestar por la sentencia. El Presidente convirtió la supuesta solicitud de perdón en un nuevo agravio. Por tal motivo, le escribí una carta en la que le informaba que su solicitud en tales condiciones es inaceptable.

Las decisiones de la Corte Interamericana no son recomendaciones que quedan a consideración de los funcionarios del Gobierno Nacional. Se trata de órdenes para ser acatadas y cumplidas debidamente. De no hacerlo, el Estado se expone a nuevas sanciones y transmite el mensaje de que no está dispuesto a respetar las normas de derechos humanos. Un pésimo precedente a los ojos de otras instancias jurídicas y políticas de la comunidad internacional.

La sentencia de la Corte Interamericana pone las cosas en su sitio. Ni las víctimas son culpables de los crímenes de lesa humanidad que han sufrido ni deben pedir perdón a sus victimarios. Así no les guste a los perpetradores y sus cómplices.

fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/victimas-no-deben-pedir-perdon_7786760-1

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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