MÁXIMOS GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS derechos humanos

Por: Iván Cepeda Castro

LA SEMANA QUE TERMINA, EL MOVImiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado dirigió un derecho de petición al gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, solicitándole que retire de la galería de ex mandatarios del departamento las fotografías de los ex gobernadores Jorge Luis Caballero y Trino Luna Correa.

Ambos fueron condenados por la justicia debido a sus nexos con los grupos paramilitares. Es la segunda petición de esta naturaleza que se formula. En Sucre, el actual gobernador se negó a descolgar las imágenes de cuatro de sus predecesores seriamente involucrados con las atrocidades perpetradas por las Auc. Es muy probable que esta nueva solicitud corra la misma suerte que la anterior. Ante tal circunstancia el Movimiento de Víctimas tendrá que recurrir a la acción de tutela.

En estos casos, la negación oficial a conceder medidas simbólicas correspondientes al derecho a la verdad y a la reparación de crímenes de lesa humanidad muestra el grado de influencia que continúan ejerciendo los sectores ligados a las redes paramilitares en los centros de poder. Los máximos responsables de ese aparato no han sido todavía desenmascarados ni juzgados. Pero es preciso reconocer que gracias a la Corte Suprema de Justicia las complejas estructuras de ese sistema han empezado a descifrarse y debilitarse. La sanción de decenas de parlamentarios es el paso más significativo que en el terreno judicial se ha dado en esa dirección en la historia del país. La firme determinación de la Corte de disolver las estructuras de la criminalidad de origen estatal se ha visto corroborada recientemente por la decisión de reasumir las investigaciones y procesos de algunos de los congresistas presuntamente comprometidos en la llamada parapolítica.

Luego del conjunto de ataques contra los magistrados de la Corte que se han urdido desde la cúspide del Poder Ejecutivo —que han incluido la creación de una unidad de inteligencia en el DAS para espiarlos y “neutralizarlos”— ahora el presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, informa que se ha detectado un plan para asesinarlo a él y a otros miembros de esa corporación. La principal línea del discurso oficial que justifica esa descarada persecución sostiene que la Corte Suprema ha “politizado la justicia” y “judicializado la política”. En realidad esa retórica expresa la nostalgia del Gobierno por la época en que los dirigentes del Estado gozaban de inmunidad y de la impunidad que les garantizaban los jueces que ellos designaban a su antojo. Esa época comienza a desvanecerse. En el mundo actual emerge un Sistema Internacional de Justicia que, a pesar de ser incompleto y selectivo aún, ya muestra resultados: entre 1990 y 2008, 77 jefes de Estado o gobierno de 43 países han sido procesados por crímenes contra la humanidad o graves delitos de corrupción.

En la condición presente del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los máximos garantes de los reducidos espacios democráticos que aún le restan a la sociedad colombiana, de las mejores conquistas de la Constitución de 1991, de los derechos humanos y de la acción judicial que se opone a los crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo. Por eso los magistrados que han decidido poner fin a la impunidad endémica que ha sostenido al poder corrupto y arbitrario son el blanco de los más encarnizados ataques y persecuciones. Su legítima labor merece pleno respaldo y admiración.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

EL CARTEL DE LAS TRES LETRAS


Por: Iván Cepeda Castro
EN SU EMISIÓN DEL PASADO FIN DE semana, Noticias Uno presentó fragmentos de un documento elaborado por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien hoy vive en el exilio.

Según el noticiero, dicho documento está en poder de las autoridades de Estados Unidos, y su contenido es un testimonio en el que García narra los detalles de su paso por el organismo de inteligencia, y los vínculos de personalidades del Gobierno Nacional con las Auc y el narcotráfico. El escrito afirma que en los círculos más íntimos de la mafia y del paramilitarismo al DAS se le conocía como ‘El Cartel de las Tres Letras’. “A finales del año 2002 —escribe el ex director de informática— Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS; en realidad este viaje (el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano) tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. […] Tanto los viajes de Jorge Noguera como los míos debían ser autorizados, por escrito mediante resolución firmada, por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.

De acuerdo al testimonio, otros colaboradores de Noguera en viajes oficiales a Estados Unidos ayudaron a perfeccionar el envío de los cargamentos de droga y a diseñar la forma en que los dineros pagados por su venta serían introducidos al país: “Se definió que el dinero sería enviado desde los Estados Unidos a través de correos humanos, estas personas serían recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por funcionarios del DAS, quienes se encargarían de que pasaran los controles sin problema alguno. […] Éramos un cartel gubernamental de narcotráfico y lavado de dinero”. En palabras de García, el ‘Cartel de las Tres Letras’ alcanzó a contar con varias rutas similares de tráfico de cocaína e ingreso ilegal de dinero a Colombia que fueron utilizadas por otros narcotraficantes y por bloques paramilitares. Su funcionamiento habría involucrado a funcionarios de varias instituciones estatales al más alto nivel, y permitió que durante los años 2003 y 2004 se introdujeran ilegalmente al país cerca de 100 millones de dólares y entre 50 y 60 millones de euros.

El documento mencionado contiene copiosa información sobre un voluminoso conjunto de actividades delictivas. Corresponde a las autoridades judiciales verificar su veracidad. Sin embargo, no sorprendería que a las múltiples labores criminales emprendidas desde el DAS se agregara el narcotráfico. Sería plenamente coherente con la inagotable historia de descomposición de esa entidad, y con la naturaleza de las redes mafiosas que se han incubado en el seno del Estado. ¿Qué hará falta para que sea clausurado el DAS?

Si las autoridades de Estados Unidos conocen esta información, la pregunta que surge es cuándo pedirán en extradición a los ex funcionarios, y a los funcionarios estatales en ejercicio, involucrados en tráfico de cocaína y lavado de activos. O también, cuándo pedirán en extradición a los políticos de alto nivel que se han lucrado con el narcotráfico. Y esto puede ocurrir cuando esos políticos y agentes estatales que han actuado como verdaderos capos del narcotráfico dejen de ser útiles a determinados fines geoestratégicos.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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