“Reconocer matrimonio homosexual sería avance en construcción de la democracia”: Iván Cepeda

*El congresista también respalda la adopción de hijos por parejas del mismo
sexo, al considerar que es el legítimo derecho que tienen a conformar una
familia***

BOGOTÁ, 25/07/11. Con respecto a las decisiones que deberá tomar la Corte
Constitucional sobre el matrimonio y la adopción de hijos por parte de
parejas del mismo sexo, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
afirmó que las parejas conformadas por personas homosexuales deben gozar de
los mismos derechos que gozan las parejas heterosexuales, y aseguró que la
ampliación de libertades es el camino hacia la construcción de la
democracia.

“*Un Estado social de derecho debe reconocer el derecho de las personas
homosexuales a casarse, a adoptar hijos y a constituir una familia de
acuerdo con sus convicciones y elecciones personales*”, puntualizó el
congresista.

El representante del Polo Democrático ratificó el respaldo a todas las
personas pertenecientes a los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero). Dijo que tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en
su jurisprudencia, está proscrita toda forma de discriminación en razón de
la orientación sexual, y todas las parejas gozan de los mismos derechos y
beneficios, y tienen las mismas cargas, independientemente de si se trata de
parejas heterosexuales o parejas homosexuales.

Cepeda manifestó que espera que el fallo de la Corte en esta oportunidad sea
consecuente con anteriores decisiones que ampliaron los derechos de las
parejas del mismo sexo, en lo relacionado con la seguridad social y las
pensiones de sobrevivientes.


OFICINA DE PRENSA

EL CRIMEN INVISIBLE

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com

Radiografía del fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado.

Al cierre de las sesiones parlamentarias de este semestre, con la representante Ángela Robledo hicimos un debate sobre la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado. Pocos días antes de la sesión de control político, un grupo que se identificaba como facción de los comandos urbanos de ‘Los Rastrojos’ hizo llegar un mensaje amenazante contra varias de las principales organizaciones de mujeres, una de las testigos que intervino en la audiencia y su hija, la Defensoría del Pueblo y otras personas e instituciones. Provocar el debate público sobre un crimen como éste suscita, de inmediato, la reacción de quienes lo han perpetrado. Saben que por ello sus máximos responsables pueden ser llevados a tribunales internacionales.

La historia enseña que en todo contexto de atrocidades generalizadas, la agresión sexual contra las mujeres se usa como estrategia bélica. No sólo porque los ejércitos son por excelencia organizaciones que se rigen por principios patriarcales. Este tipo de violencia estimula a la tropa con la promesa de que las mujeres serán parte del botín de guerra, y además se emplea como estrategia para la destrucción o dominación de grupos humanos, pues ataca a las mujeres en su función reproductiva, así como en su papel esencial en la organización de la vida social y en la transmisión de la identidad cultural.

En Colombia, la Corte Constitucional caracterizó las formas de agresión sexual en el conflicto armado en una trascendental decisión, el Auto 092 de 2008. Al definir la violencia sexual como estrategia bélica, la Corte le asignó las características propias de los crímenes de lesa humanidad: una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible que cometen todos los actores armados. La definición de la jurisprudencia colombiana coincide con la contenida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que tipifica los actos de abuso sexual como crímenes contra la humanidad.

El Auto 092 incluye un catálogo de las circunstancias en las que se perpetra. Diversas modalidades de agresión sexual se presentan como parte del desplazamiento forzado, del control territorial, del amedrantamiento de comunidades, del reclutamiento forzado, de las masacres, de la destrucción de poblados, de la desaparición forzada, del secuestro, etc. En esas situaciones es común que se combinen múltiples manifestaciones de ultraje que pueden incluir: violación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado, aborto forzado, infecciones de transmisión sexual, acoso sexual, exhibición forzada de la desnudez, esterilización, etc. La violencia sexual se practica de manera colectiva e individual; indiscriminada o selectivamente cuando se trata de mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas, defensoras de derechos humanos y liderezas de asociaciones de víctimas. Igualmente, la Corte estableció que las niñas y mujeres de comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas se encuentran entre las víctimas más frecuentes de esta clase de ataques. La amenaza o la violencia sexual se usan para mantener el régimen de control de poblaciones y forman parte de los castigos que se imponen como respuesta al desacato de órdenes de los grupos armados o las fuerzas militares en determinadas regiones. Asimismo, a las mujeres se les imponen códigos de conducta a través de modelos de esclavitud sexual y social.

En algunos lugares del país se han delimitado zonas de cautiverio y de prostitución forzada. En 2008, la prensa informó que 80 jovencitas fueron confinadas en un pueblo del departamento de Putumayo, y sometidas a un régimen de esclavitud sexual por una de las nuevas estructuras paramilitares de la región. En San Onofre, Sucre, era común en la época del terror que impuso el jefe paramilitar alias Cadena que sus hombres dispusieran a su antojo de las mujeres. También es conocido el caso del jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien en la Sierra Nevada de Santa Marta hacía que le trajeran a las adolescentes para embarazarlas como una especie de tributo que debían pagarle las comunidades indígenas de la zona. “El Patrón era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”, decía una de sus subalternas.

Como lo afirma la Corte Constitucional, estas situaciones ocurren en medio de una triple invisibilidad: la indolencia social, el silencio forzado de las víctimas y una impunidad absoluta. Con pocas excepciones como la de la Defensoría del Pueblo que ha diseñado un proyecto de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, las instituciones estatales no desarrollan políticas públicas sobre el tema. Las estadísticas que tienen los ministerios son parciales, no se han establecido sistemas de asistencia, prevención y protección; la ley dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres —1257 de 2008— no ha sido aún reglamentada por el Gobierno; muchos de los funcionarios estatales y operadores judiciales no poseen la formación y la sensibilidad necesarias para tratar de manera profesional la atención de las víctimas; no se ha designado hasta hoy a la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, quien es la funcionaria encargada de liderar todos estos asuntos en el Poder Ejecutivo. Lo más grave es que los informes oficiales dan cuenta de una impunidad prácticamente total en este campo. Para el debate en el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación informó que tan sólo se investigan 206 casos, que en su Unidad de Justicia y Paz hasta hoy se han hecho únicamente seis imputaciones, y que todavía la justicia no ha proferido condenas. Cifras y realidades desconcertantes si se tiene en cuenta que los datos que arroja el estudio “Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra” realizado por las organizaciones de mujeres con el apoyo de Intermon Oxfam revela que en la última década 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual en los municipios con conflicto armado. Lo que significa que cada hora seis mujeres sufren algún acto de ultraje sexual.

Así como se conocen los relatos de víctimas de múltiples desplazamientos forzados, también hay narraciones que muestran que muchas mujeres han sido víctimas de múltiples violaciones sexuales en distintos contextos. En el debate de control político, presentamos el testimonio de María Eugenia Urrutia, dirigente de la organización Afromupaz —compuesta por mujeres afrocolombianas desplazadas del Chocó—, quien ha sido violada en tres ocasiones por miembros de grupos paramilitares. Luego de padecer sucesivos desplazamientos, los ultrajes han sobrevenido en cada sitio al que llegó con su familia como castigo por su liderazgo social. Ella denunció que la participación de mujeres en la exigencia de derechos viene ocasionando, como represalia, la violación de sus niñas.

Como se señaló, todos los actores del conflicto armado ejercen en forma sistemática los vejámenes sexuales. En la respuesta del Instituto de Medicina Legal al debate parlamentario, para el período 2007 al 2009 las guerrillas eran responsabilizadas en 32 dictámenes periciales, mientras que los grupos paramilitares aparecían en 10 y las Fuerzas Militares en 126. Pese a que esta respuesta reconoce un fuerte subregistro y a que en la mayoría de los dictámenes no fue identificado el autor de los delitos sexuales, llama la atención que los miembros del Ejército y la Policía aparecen como presuntos responsables de más del 70% de los casos denunciados. Ya desde 2006, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia alertó sobre el “aumento de denuncias de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de servidores públicos, en particular miembros de la Fuerza Pública”. En los últimos dos años la Oficina informó de hechos atribuidos a integrantes de las instituciones castrenses en 14 departamentos, e hizo especial énfasis en el caso ocurrido en Arauca en octubre de 2010, en el que se inculpó a un miembro del Ejército por la violación de dos niñas con un intervalo aproximado de dos semanas.

No obstante que el Ministerio de Defensa Nacional ha expedido directivas en las que se ordena “cero tolerancia a la violencia sexual” en las filas de la Fuerza Pública, tales exhortos parecen seguir siendo desoídos en la práctica, pues las cifras expuestas y comprometedores comportamientos registrados de algunos mandos, generan serios interrogantes acerca de si sectores de las Fuerzas Militares imparten instrucciones para consentir y estimular el abuso sexual. En marzo de 2007, se conocieron fotos tomadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una escuela del municipio de El Castillo. En el pizarrón de una de sus aulas, miembros del Batallón XXI Vargas que realizaron un operativo militar en la zona dejaron la siguiente inscripción acompañada de cinco instrucciones precisas: “Tema del día: como violar a una guerrillera (sic)”. El Ministro de Defensa se comprometió en el epílogo del debate a investigar estos hechos.

Es urgente que el Estado colombiano adopte un conjunto de políticas públicas que erradiquen la violencia que se perpetra a diario contra mujeres y niñas, especialmente de la violencia sexual utilizada como método de guerra. Para ello se debe acabar con la impunidad y que los máximos responsables de organizaciones o aparatos armados que hayan ordenado la ejecución sistemática del abuso sexual sean condenados ejemplarmente. De igual modo, es necesario que se emprenda una labor pedagógica con el concurso de los medios masivos de comunicación que ayude a construir la condena social del ultraje sexual con fines de dominio militar o de control territorial. El reconocimiento de la violencia sexual como parte de los crímenes contra la humanidad que se cometen a diario en Colombia no sólo forma parte del proceso de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, también es un aspecto sustancial de la verdad que requerimos para convertirnos en una sociedad realmente democrática.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-284498-el-crimen-invisible

REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA PIDE A MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES QUE EMBAJADOR DE COLOMBIA EN PERÚ, VISBAL MARTELO, SEA RETIRADO DEL CARGO

Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011

Doctora
María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores
Ciudad


Respetada Ministra:


El 19 de mayo de 2011 dirigí derecho de petición al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, mediante el cual solicité se ordenara la separación del cargo de algunos embajadores de la República de Colombia, entre los que incluí al actual embajador en Perú, señor Jorge Visbal Martelo, contra quien se adelanta un proceso penal por presuntos nexos con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

La Presidencia de la República remitió mi petición, por competencia, a ese Ministerio, el que mediante oficio No. 38129 de 30 de junio de 2011, suscrito por la Viceministra de Asuntos Multilaterales, doctora Patti Londoño Jaramillo, señaló que: “Ante la ausencia de antecedentes penales o sentencias ejecutoriadas en contra de los precitados Embajadores [incluye al embajador Jorge Visbal Martelo] y ante la inexistencia de causales que los inhabiliten, no procedería la separación del ejercicio de sus funciones…”.

Por otra parte, la señora Ministra, en diálogo con la periodista María Isabel Rueda, publicado en el periódico El Tiempo el 13 de marzo de 2011, respondió ante las criticas al embajador Jorge Visbal Martelo por las investigaciones que están en curso, Usted afirmó que: “En ninguno de los tres casos hay investigaciones abiertas”1

Asimismo, en entrevista concedida al periódico El Espectador, el 28 de mayo de 2011, refiriéndose a las críticas que ha recibido el gobierno por tener embajadores investigados, entre otros a Jorge Visbal Martelo en Perú, afirmó Usted que: “Mientras sólo haya una investigación preliminar, el Gobierno asume la presunción de inocencia. El día que se abra una investigación formal por cargos, es otra cosa”2.

El día de ayer, según lo registran diversos medios de comunicación, el embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, fue llamado a rendir indagatoria por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Se dice igualmente, que: “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue quien vinculó a Visbal a una investigación por sus presuntos nexos con las Auc”3.


Señora Ministra:


Ante esta situación, y haciendo uso de mi investidura como Congresista de la República, me permito formularle un respetuoso requerimiento a mi solicitud de 19 de mayo de 2011, en el sentido de que a la mayor brevedad, y retomando sus propias palabras, con carácter urgente, se separe del cargo de embajador de Colombia en Perú, al señor Jorge Visbal Martelo, por ser de suma gravedad que una persona con expedientes judiciales abiertos sea el representante diplomático de Colombia ante otro país.

Agradezco de antemano su respuesta que espero cumpla con las promesas hechas ante los medios de comunicación.

Cordial saludo,


Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara

1 Tomado de la página en Internet: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9007871.html
2 Tomado de la página en Internet: http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-273370-el-liderazgo-no-se-impone
3 Tomado de la página en Internet: http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1506034

LAS ACTITUDES AUTORITARIAS NO DEBEN ASFIXIAR LA RENOVACIÓN DEL POLO

(Declaración pública del representante Iván Cepeda Castro)

Es legítimo que el Polo Democrático Alternativo tenga sus candidatos y llame a votar
por ellos. No obstante, votar es un derecho constitucional que se debe ejercer
conscientemente y ser respetado en toda circunstancia.

Con autoritarismo no se puede pretender sofocar el examen interno de
responsabilidades ni truncar el proceso de renovación del partido.

El camino adecuado para avanzar en la renovación es el debate democrático, la
realización de foros programáticos y del congreso del PDA. La corriente que
represento dentro del Polo considera que es posible lograr esa renovación desde
adentro, respetando los mecanismos internos y el espíritu democrático. Para que ello
sea posible quienes asumen la dirección del partido están obligados a rodear de
garantías tanto el debate como el proceso electoral.

Bogotá, 13 de julio de 2011

Iván Cepeda Castro

Colectivo Vamos por los Derechos

RENDICIÓN DE CUENTAS REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

RENDICIÓN DE CUENTAS
REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

PERIODO LEGISLATIVO 2010 - 2011

Desde mi elección como representante a la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo, tuve como principio la rendición de cuentas a mis electores. En cumplimiento de este principio democrático, y pasado el primer año de mi gestión, entrego este informe que detalla los resultados concretos tanto en los debates de control político, como en el trabajo en las comisiones y la plenaria de la Cámara. Una labor que obedece al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, las cuales han guiado mi accionar.

Iván Cepeda Castro


I. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO



En esta legislatura, llevamos a cabo cuatro importantes debates de control político en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara:



1. Debate Despojo de Tierras

En acompañamiento a varias comunidades campesinas que reclaman sus tierras, denunciamos las trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para despojar de sus predios a cientos de campesinos desplazados de diferentes regiones del país como los Montes de María, el Urabá, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Córdoba, entre otros.

Entre las maniobras para el despojo de tierras, denunciamos la práctica de muchos empresarios que reciben información privilegiada por parte de organismos del Estado, para saber la situación de endeudamiento de muchos campesinos que se ven obligados a vender a precios irrisorios para subsanar sus deudas. Otras estrategias están encaminadas a legalizar tierras obtenidas ilegalmente por parte de los grupos paramilitares, a través de la compra de registros legales en las notarías del país, práctica que el mismo Gobierno reconoció en un informe entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011.

Con posterioridad al debate de control político se ha participado activamente en el impulso de la iniciativa surgida desde diferentes espacios de confluencia del movimiento social, especialmente del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Popular, y del Movimiento de Crímenes de Estado, en torno a la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías.Congreso que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, en donde se espera poder avanzar en mandatos y en una agenda común en torno a la restitución de las tierras, y la defensa de los territorios.



2. Debate Crisis humanitaria en los llanos orientales: situación de cuatro cementerios en los que se han enterrado personas no identificadas (NN), muchos de ellos casos de falsos positivos y desapariciones forzadas.

En un proceso de acompañamiento a las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada, nos propusimos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación y develar la grave situación de personas no identificadas o NN, que se encuentran enterradas en los distintos cementerios del país, especialmente en la región de los llanos orientales, muchos casos coincidentes con reportes de personas desaparecidas en municipios de la zona como Granada, Villavicencio y la Macarena en el departamento del Meta. Formulamos varios requerimientos a la Fiscalía para lograr la plena identificación de estas personas, los cuales fueron atendidos y dieron paso a importantes investigaciones y acciones que viene desarrollando el ente investigador, como las inspecciones a los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare.

Como resultado de esa gestión, acompañamos al Ministerio del Interior, a la Registraduría y al Instituto de Medicina Legal en la entrega del reporte sobre identificación de 438 personas, que figuraban como no identificadas y que aparecen en los bancos de datos sobre desaparición forzada.



3. Debate Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares en Colombia.

Le solicitamos al Gobierno Nacional que elimine del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de Bacrim o bandas criminales, y que reconozca que en Colombia están operando poderosas estructuras paramilitares, heredadas de una falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Advertimos que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada, ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros fuerza pública o en las esferas de poder.

Reiteramos que las bandas llamadas por el gobierno Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en Colombia. Expusimos los mapas según los cuales, las nuevas estructuras paramilitares tienen asiento en las mismas zonas ocupadas por los antiguos grupos paramilitares, y zonas de adjudicación de licencias para explotación minera.



4. Debate Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.

En compañía de la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, adelantamos el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

Conforme a la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto colombiano, realizada por Oxfam en conjunto con varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre los años 2001 y 2009 se registraron 489.687 agresiones directas a mujeres, en municipios con presencia de conflicto y por parte de todos los actores armados. Es decir, se presentaron 149 agresiones al día, 6 cada hora.

Advertimos sobre la gravedad de las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, la fuerza pública es la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, muy por encima de los grupos armados. Por lo tanto, le pedimos al gobierno nacional la implementación urgente de una política en el interior de las tropas para acabar con este delito, así como el cumplimiento de las diversas recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de DDHH sobre esta problemática.



DEBATE SOBRE PROYECTO DE DEFENSORÍA TÉCNICA A MILITARES

Nos opusimos con argumentos al proyecto presentado por el gobierno nacional para ampliar el servicio de defensoría técnica a militares por delitos no contemplados por la justicia penal militar.

Dejamos constancia sobre la inconveniencia de este proyecto que pretende que, con recursos públicos y privados, se cree una poderosa defensoría técnica para los militares implicados en casos de investigaciones disciplinarias o penales que comprendan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros.



II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



1. PROYECTOS:


GESTIÓN EN LA LEY DE VÍCTIMAS



A lo largo de la discusión del proyecto de ley de víctimas, insistimos en la importancia de tener un instrumento que efectivamente garantizara los derechos de las víctimas, y en especial el derecho a la reparación. En este espíritu, participamos de manera activa durante sus cuatro debates, presentando numerosas proposiciones, junto con la bancada del Polo Democrático en el Senado.

Durante el debate, y desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron tres audiencias sobre despojo de tierras en Medellín, Barranquilla y Sincelejo.

Entre los temas propuestos que se mantuvieron en el texto finalmente aprobado por el Congreso se encuentran:

1. En materia de protección a las víctimas, se extendieron las medidas de protección se ordena la revisión de programas y se establecen criterios para hacerlo.

2. Se incorporaron fuentes adicionales para el fondo de reparación, entre ellas los recursos provenientes de la dirección nacional de estupefacientes objeto de extinción de dominio, en los porcentajes determinados por el Gobierno Nacional, y los montos de las condenas de los parapolíticos.

3. Se creó un grupo especializado de policía judicial para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado los victimarios.

4. Se aseguró que la Defensoría del Pueblo realice una labor de asesoría, acompañamiento y representación judicial de todas las víctimas

5. En materia de restitución se logró que el desplazamiento no interrumpa la posesión para efectos de lograr por parte de la víctima la prescripción adquisitiva de dominio, y que las mujeres puedan iniciar el proceso de restitución así no aparezcan como propietarias en los títulos del predio.

Pese a estas disposiciones, la ley de víctimas presenta graves problemas y deficiencias frente a las demandas de las víctimas y los estándares internacionales en la materia. Actualmente, en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diversas organizaciones de DDHH, agrarias, de víctimas y de mujeres, se prepara una demanda para que la Corte Constitucional pueda ajustar esta ley y se convierta en un instrumento que sirva a todas las víctimas.



MODIFICACIONES A LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Señalamos los problemas que contenía el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Entre las principales preocupaciones estuvo el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos. Advertimos que esta ley no garantiza que se ponga un punto final a la acción criminal que se ha venido desarrollando desde los organismos de inteligencia. Pese a su aprobación, logramos modificar el término de la reserva sobre documentos de inteligencia, reduciéndolo en 10 años, dejando la posibilidad de que el gobierno la amplíe de 25 a 40 años y no hasta 50 como se propuso inicialmente. Con esto buscamos salvaguardar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sin embargo en el trámite en Senado se aumentaron 5 años más.



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INTRODUJIMOS EL ARTÍCULO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA TODA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

También logramos la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Este artículo obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los entes gubernamentales.



LOGRAMOS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA

Como ponente coordinador, trabajé activamente para la aprobación de proyecto de Ley para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ley sancionada por el presidente de la República. Este es el primer tratado internacional destinado exclusivamente a buscar la prevención del delito de desaparición forzada, la protección de las víctimas, la búsqueda de personas que han padecido este crimen y la sanción de los responsables. Reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.



NOS OPUSIMOS AL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

Nos opusimos a la ley de sostenibilidad presentada por el gobierno, pues representa un proyecto regresivo en materia de derechos fundamentales, especialmente porque con su aprobación, el estado social de derecho no se sustentará en la realización de los derechos humanos sino en la sostenibilidad fiscal, al limitar la independencia de otras ramas del poder público, las cuales estarán sujetas a razones fiscales, al momento de tomar sus decisiones.

Para el gobierno nacional constituyen riesgo fiscal, el pasivo pensional, el régimen de seguridad social en salud, la población desplazada y la ley de víctimas.

Se trata de una política económica de austeridad selectiva, en la que lejos de pretender reducir la deuda pública, lo que se pretende es garantizar el recorte de recursos de los entes territoriales que no podrán cumplir sus obligaciones en materia de inversión social para dar paso a un flujo de recursos a favor de la Nación con los cuales se financiaran, entre otros, los proyectos de infraestructura vial atrasados que favorecen principalmente a las multinacionales y a los inversionistas extranjeros, mientras que se debilitan los derechos fundamentales principalmente el trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna.





OPOSICIÓN AL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEMANDA A LA LEY 1424 DE 2010



La ley 1424 denominada “ley de justicia transicional” es la norma que ha sido tramitada de manera más rápida en el Congreso de la República, la cual surgió como respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de que realizara la Corte Constitucional frente al principio de oportunidad de desmovilizados, que permitiría el saneamiento judicial de estas personas sin ningún tipo de investigación sobre los crímenes cometidos.

Durante su trámite en el Congreso, advertimos sobre la inclusión de varias disposiciones que atentaban contra los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia, y la más importante de ellas: el artículo que dispone que la información que surja en el marco de los denominados acuerdos por la verdad que crea esta norma, no pueden tenerse como prueba en un proceso judicial.

Al ser aprobada esta norma, decidimos demandar ante la Corte Constitucional dichos aspectos, actuación que se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el representante por el Polo Democrático Germán Navas Talero.



2. LOGROS EN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES


Crisis de derechos humanos en cárcel de Valledupar

Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes lideramos una visita de inspección a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, para hacer pública la grave situación humanitaria que se vive en ese centro carcelario. Conseguimos la aprobación de una carta mediante la cual, Cámara de representantes les solicitó al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la cárcel, iniciativa que llevó días más tarde a la adopción de medidas por parte del gobierno, tales como el traslado de 240 internos y la disposición de presupuesto para iniciar las obras de reparación del acueducto y el alcantarillado.



Audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó

Se llevó a cabo una audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de escuchar las inquietudes y denuncias con respecto a la seguridad de sus miembros y las constantes amenazas por parte de grupos paramilitares que siguen operando en el Urabá antioqueño.



Trabajo conjunto de las Comisiones de Paz del Congreso

Conseguimos que las Comisiones de Paz del Senado y Cámara acordaran el diseño de una agenda conjunta para atender los asuntos en los temas de paz.



3. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES

Investigación por las “chuzadas” y seguimientos ilegales del DAS

Desde que inició la investigación por parte de los organismos investigadores y de control por estos delitos cometidos desde esta dependencia del Gobierno, hemos estado acompañando y apoyando a las víctimas, tanto en los debates de control político que han tenido lugar en el Congreso de la República, como en los distintos procesos contra exfuncionarios de la entidad que adelanta la justicia ordinaria, y en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Igualmente, hemos hecho seguimiento a los procesos contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien además de estar sindicado en el caso de las “chuzadas” y los seguimientos ilegales, ha sido acusado de participar como autor intelectual del asesinato del senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, entre otros delitos.



III. OTRAS ACTIVIDADES

1. ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS

Apoyo al retorno de campesinos a la finca Las Pavas

Luego de una visita solicitada por la asociación de campesinos ASOCAB que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, entregamos una constancia a la plenaria de la Cámara, en la cual se expresa la inconformidad de los campesinos, quienes se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon) .

Le solicitamos al Ministro de Agricultura, llevar a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución y el derecho a un retorno digno a los predios que les pertenecen.

Es importante destacar que con posterioridad al retorno de esta comunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre este caso, ordenando al INCODER reiniciar el proceso judicial para la protección de los derechos de ASOCAB.

Conmemoración masacres de El Naya

En la conmemoración de una década de la sangrienta incursión paramilitar en la región del Río Naya, acompañamos a las víctimas en su petición al gobierno nacional por el respeto a sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral, al territorio y al respeto a sus planes de vida. Mediante una constancia presentada a la plenaria de la Cámara, recordamos que esta comunidad lleva 10 años sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la responsabilidad penal de los autores de la masacre y de sus beneficiarios, ni cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas, cuántas personas fueron desplazadas, y en general cuántas personas resultaron víctimas de esa acción paramilitar.

Le hicimos un llamado al Procurador General de la Nación, para que adelante las Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que no tomaron las decisiones necesarias para evitar la incursión paramilitar en el 2001, y contra quienes no las ejecutaron, permitiendo la realización de cientos de crímenes. También a la Fiscalía General de la Nación, para que asuma la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la región del Naya, como crímenes de lesa humanidad, para que en el menor tiempo posible defina cuántas y cuáles son las víctimas, para que construya un plan metodológico que le permita adelantar la investigación no sólo contra los perpetradores, sino también contra quienes han sido denunciados como financiadores y beneficiarios de los crímenes cometidos, y finalmente para que se investigue a las estructuras que hoy están operando en la región e intentan mantener impunes estos hechos.



2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA

En las profundidades del infierno

El Espectador

Sobre crisis humanitaria en cárcel de Valledupar

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-275536-profundidades-del-infierno

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Las bandas criminales del despojo

El Tiempo

9 de abril de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/las-bandas-criminales-del-despojo.html

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La paz como camino

El Tiempo

11 de febrero de 2011

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4

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Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

El Espectador

13 de octubre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal

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Los rostros del despojo

El Tiempo

19 de septiembre de 2010

Por: Iván Cepeda Castro

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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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