A SOLAS CON DIEGO FERNANDO MURILLO

Por: Iván Cepeda Castro
PRIMO LEVI, EL ESCRITOR ÍTALO-judío sobreviviente de Auschwitz, recuerda en uno de sus textos la experiencia de sus compañeros de infortunio.

En los días en que se hacía inminente que las fuerzas aliadas tomarían el control del campo de exterminio, los nazis les decían a quienes, reducidos a escombros humanos, habían logrado preservar la vida, que de nada serviría que relataran los horrores sufridos, pues nadie les creería. Ese pasaje es frecuentemente citado. Revela tres perspectivas diferentes del problema de la verdad de los crímenes en masa. En primer lugar, el punto de vista de los autores de las atrocidades, quienes seguros del poder que han acumulado creen que podrán mantener su control sobre los sobrevivientes y la sociedad, o que lograrán escabullirse de la justicia. En segundo lugar, la dimensión de los crímenes y del aparato que los ha ejecutado, que desafía el entendimiento y hace parecer desquiciada toda narración de lo acontecido. Y por último, la perspectiva de las víctimas, quienes se enfrentan a las anteriores dificultades al intentar transmitir lo que han padecido. Los sobrevivientes de acontecimientos de violencia en masa están en clara desventaja: son susceptibles de nuevos ataques por parte de sus verdugos, que han acumulado poder a través de los crímenes cometidos, y además son puestos bajo sospecha, pues sus conciudadanos tienden a pensar que han perdido el juicio cuando escuchan los testimonios de lo que han padecido. De alguien que narra eventos de extrema crueldad a gran escala o comportamientos delictivos desarrollados institucionalmente, tiende a creerse que desvaría por efectos del daño que se le ha causado.

A pesar de esa situación de inmensa desventaja, las víctimas tienen a su favor que conocen parcial o totalmente la verdad de lo acontecido. A la experiencia directa del sufrimiento se suma su determinación de esclarecer de manera exhaustiva lo ocurrido.

Esa decisión sin límites las lleva a encontrar las identidades y motivaciones de los perpetradores, y en ocasiones incluso a descifrar el organigrama del sistema criminal: quiénes ordenaron en el más alto nivel las acciones, cómo planificaron y actuaron, en qué medida alcanzaron a lucrarse, qué agencias del poder político y militar fueron convertidas en escuadrones de la muerte, cuáles eran los grados de complicidad de diferentes sujetos, qué procedimientos de eliminación de los delatores operaron. Conocer la verdad de ese organigrama no es equivalente a desmantelar el sistema criminal. Pero tener ese conocimiento y el sustento probatorio que lo respalda es el fundamento de su disolución y del fin de la apariencia de legalidad en la actuación de los funcionarios estatales que lo dirigen.

El pasado 28 de mayo, junto a la senadora Piedad Córdoba y al defensor de derechos humanos Danilo Rueda, visitamos en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo. Durante cuatro horas tuvimos una extensa y detallada conversación. Al igual que Salvatore Mancuso, afirmó que su familia está siendo amenazada y que no se le permite ingresar a Estados Unidos. Pidió garantías para el debido proceso. Aseguró que tiene la voluntad de profundizar en asuntos que ya ha comenzado a revelar, así como tocar nuevos hechos esenciales de la historia de los grupos paramilitares, sus cómplices y jefes. Se trata de un nuevo avance en el camino hacia la verdad y la justicia.

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

ASÍ FUE LA REUNIÓN DE COLOMBIANOS POR LA PAZ CON EL EX PARAMILITAR EN UNA CÁRCEL DE EE.UU.

A SOLAS CON SALVATORE MANCUSO
Por: Iván Cepeda Castro
Su extradición, dijo, fue una estrategia para tapar la responsabilidad criminal de algunos líderes políticos. Denunció que para garantizar su silencio, son amenazados sus familiares que permanecen en Colombia.
Desmovilización de Salvatore Mancuso
Foto: Semana
Salvatore Mancuso se desmovilizó como jefe del bloque Catatumbo en diciembre de 2005. Fue extraditado a EE.UU. en mayo de 2008.

En la recepción del hotel, Piedad Córdoba me dijo que esa mañana del pasado viernes 22 de mayo tenía una sensación parecida a aquella que la embargaba durante los primeros días de su secuestro, cuando en el campamento de las Auc se esperaba la llegada de Carlos Castaño. En esta ocasión al que íbamos a ver era a otro de sus captores, Salvatore Mancuso, prisionero hoy en la Correctional Treatment Facility; una penitenciaría privada en Washington.

La reunión se prolongó durante cinco horas. En ella comprobamos que la extradición de la cúpula de los grupos paramilitares obedeció a la inminencia de las confesiones más decisivas que implicarían a sus aliados políticos, militares y económicos, que hoy detentan las más altas posiciones en el Estado. Para garantizar su silencio, se mantiene bajo amenazas a sus familiares, quienes no han podido ingresar a los Estados Unidos, pues no se les conceden los permisos especiales requeridos.

La estrategia de impunidad contempla, además, el encauzamiento judicial de sus familias y el asesinato de cientos de los desmovilizados que ejecutaban las órdenes o tenían contacto directo con los socios políticos y empresariales. También quedó claro en la reunión que algunos de los extraditados han entregado ya valiosa información a autoridades judiciales y aduaneras estadounidenses. Información que concierne a figuras colombianas del más alto nivel.

Los aspectos sustanciales de la verdad que tienen que contar los paramilitares ya se conocen en EE.UU. Esa información se hará pública tarde o temprano. Por ahora su contenido se mantiene en la reserva de las investigaciones. Ante la ausencia de un acuerdo integral de cooperación judicial, todavía es posible mantenerla al margen de los procesos que se adelantan en Colombia.

Durante la visita Mancuso nos relató unas cuantas de esas grandes verdades. Todas ellas impactantes por los personajes que auspiciaron y se beneficiaron de las acciones de las Auc. Algunos elementos de esa información confirmaron lo que ya intuíamos sobre la responsabilidad criminal de determinados líderes políticos y agentes estatales.

Nos impresionó escuchar de los labios del jefe paramilitar las precisiones de tiempo, modo y lugar de cómo se dieron los hechos. En otros casos aparecieron implicados nuevos protagonistas de la vida pública del país. Esas historias son las piezas del ascenso de sectores de las élites regionales y de los clanes familiares al poder utilizando las estructuras de lo que Mancuso llama el “paramilitarismo de Estado”; de la utilización del narcotráfico para financiar la política, de la usurpación de la tierra legalizada por medio del testaferrato y de la compra de la tierra destinada a la reparación por medio de consorcios de testaferros; de los asesinatos perpetrados contra los aliados paramilitares usando a los aparatos de seguridad del Estado, de la traición que hicieron los políticos a los pactos de complicidad; del empleo de ciertas instancias judiciales para obstaculizar las investigaciones acerca de la responsabilidad de los políticos implicados en las versiones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Con la extradición se buscaba clausurar para siempre la posibilidad de que esas historias se convirtieran en acervo probatorio. Pero la situación está cambiando. Ahora ya sabemos que las autoridades judiciales en Estados Unidos tienen copiosa información. Y nosotros también comenzamos a tenerla. Que se declare ante los jueces y se revele públicamente es cuestión de tiempo.

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COMPLICIDADES Y TRAICIONES

Por: Iván Cepeda Castro
A PROPÓSITO DE LOS EFECTOS QUE ha tenido la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, un editorial del periódico El Tiempo, titulado “Un año después”, afirmó en días pasados:

“Todo indica que las dos metas deseables —tener a los ‘paras’ en cárceles de verdad y esclarecer la verdad de sus actos en Colombia— no se pueden lograr a la vez”. La identidad de los máximos responsables políticos y empresariales de crímenes de lesa humanidad quedaría oculta. El proceso de esclarecimiento se aplazaría indefinidamente. Es cierto que la extradición por delitos de narcotráfico pretende ser utilizada como un mecanismo para afectar severamente las investigaciones en Colombia, y para impedir que las víctimas y sus abogados participen en los procedimientos judiciales. No obstante, comienzan a surgir signos de algo distinto. Así parecen indicarlo algunas revelaciones que han hecho en los distritos judiciales de Washington y Nueva York Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en las que se implica, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, a ejecutivos de empresas bananeras, y a congresistas.

¿Cómo explicar estas circunstancias? Durante los últimos años hemos asistido a una incesante proliferación de actuaciones ilegales relacionadas directamente con el entorno del Gobierno: conciertos para delinquir agravados que se disimulan como acuerdos políticos o programáticos, actos de nepotismo, densas redes de testaferrato, fraude electoral, espionaje político, conspiraciones para el cohecho, promoción de ejecuciones extrajudiciales como crímenes de Estado, intimidación de los operadores judiciales, obstrucción a la justicia, calumnia contra quienes investigan y generan opiniones críticas, montajes judiciales, fabricación de pruebas y estadísticas, abusos de poder, desviación de las instituciones públicas para auspiciar la ilegalidad o encubrirla, prevaricato, proliferación de las más variadas modalidades de corrupción. En cada uno de estos escándalos se revela el mismo patrón. Grupos de funcionarios públicos subordinados a cadenas de mando ejecutan acciones dolosas concertadas. Detrás de sus actividades aparecen altos responsables de gobierno. Más allá de la gravedad de estas situaciones particulares, preocupa el panorama que arroja el conjunto de ellas. Se trata, ni más ni menos, que de la disolución del Estado de derecho por la vía de una dinámica en la que se articulan la criminalidad de sistema con formas de corrupción y comportamientos mafiosos.

En esa dinámica, la proliferación de los actos ilegales a gran escala basada en pactos entre delincuentes genera una espiral. Cuando comienzan las investigaciones, a la complicidad sigue la traición y a esta última la supresión, por cualquier vía, de quienes fueron los antiguos socios. En los casos de actuaciones criminales altamente complejas no es posible controlarlo todo e impedir que queden “cabos sueltos”. La obsesión por encubrir al mismo tiempo tantos delitos genera descuidos, acumula resentimientos, permite las filtraciones de información. El intento de los máximos responsables por hacer que recaiga la responsabilidad absoluta sobre los ejecutores directos de las sórdidas operaciones hace que aparezcan los delatores (Rafael García, Jorge Lagos). Y en un momento dado puede ocurrir que sobrevenga la ola de revelaciones simultáneas de las grandes verdades. Aquellas que dejan al desnudo la verdadera naturaleza del poder criminal.

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LOS POBRES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Por: Iván Cepeda Castro
LA INQUIETANTE APARICIÓN DE UNA enfermedad que se difunde rápidamente en todo el planeta muestra las proporciones y la profundidad de la crisis del sistema de vida contemporáneo en condiciones de la llamada globalización.

Como lo predijeron los especialistas en el comienzo de la crisis económica mundial, lo específico de esta nueva debacle es que se encadena con otras crisis; entre ellas la del ecosistema. El modelo del capitalismo a ultranza, que sin ningún miramiento ético decidió conscientemente ignorar las consecuencias prácticas de la manipulación mercantil de todos los recursos y seres del planeta, se enfrenta ahora a los primeros efectos devastadores a gran escala que con celeridad se van encadenando.

Como se sabe, durante las épocas de grandes epidemias, las peores consecuencias las sufren las sociedades y las poblaciones pobres. Basta ver el panorama del sida. Según el compendio Estadísticas Sanitarias Mundiales, 2008, de la OMS, una de cada tres personas infectadas por el VIH vive en algún país africano. Como lo advierte un editorial del periódico La Jornada de México, el contraste entre las muertes registradas en ese país y los cuadros clínicos provocados por el mismo virus en Estados Unidos tiene su explicación en la pobreza. La práctica neoliberal de destruir el servicio de salud pública ha dejado expuestos a la desprotección a millones de personas. Como lo asegura el editorialista: “En el contexto así creado y agravado por los gobiernos neoliberales que van de 1988 al presente, el surgimiento de un brote viral largamente anunciado ha de ser obligadamente desastroso y, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en diversas naciones europeas, mortal para muchos de los infectados”.

Ese diagnóstico, que sirve de contexto sociológico a la nueva enfermedad global, no se diferencia mucho del que se puede hacer en Colombia. Aquí también las víctimas más cuantiosas de todas las desgracias pertenecen a los estratos pobres y vulnerables. En el país la situación general de los servicios de salud es lamentable. Su privatización ha llevado a que el acceso a la atención médica y hospitalaria se convierta en un privilegio de sectores restringidos. En condiciones de alerta ante una epidemia, se hace evidente que las poblaciones rurales, los millones de desplazados y los sectores pertenecientes a los barrios marginales de las grandes ciudades no tienen acceso a las medidas preventivas ni curativas. ¿Cómo acatar la recomendación de lavarse las manos regularmente en tugurios donde ni siquiera hay servicio de agua y alcantarillado? Quienes viven sin servicios, en condiciones de desnutrición endémica, sin ningún acceso a la asistencia médica, están expuestos a la desprotección total. Cada año en el país decenas de miles de personas pobres o en situación de marginalidad sufren los estragos de las catástrofes naturales. Al afrontar el peligro que hoy acecha es un deber de las autoridades nacionales y locales destinar recursos y poner en práctica políticas médicas especiales para esas poblaciones antes de que ocurra con ellas un nuevo desastre de inmensas proporciones.

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Todo está listo para la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo. La Cruz Roja Internacional, la Iglesia y el gobierno de Brasil han anunciado su respaldo. Las Farc piden que de la misión humanitaria haga parte la senadora Piedad Córdoba y el profesor Gustavo Moncayo. Sólo falta un acto de buena voluntad del Gobierno. Esperamos que se dé lo antes posible.

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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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