Entrevista en Revista Semana a Iván Cepeda sobre el debate de tierras


"No basta con restituir tierras, hay que ver cuál será el modelo agrario"

Política El congresista del Polo Democrático Iván Cepeda dice que el Gobierno tendrá que superar tres grandes obstáculos en su propósito de restituir dos millones de hectáreas. Uno de ellos, la cercanía de parlamentarios a sectores muy poderosos del campo.

En su debut en el parlamento, el representante a la Cámara Iván Cepeda se destacó en un debate en el que denunció la manera como -en la última década- se han presentado ‘maniobras sutiles’ de legalización de casi cinco millones de hectáreas despojadas a los campesinos.

Sin intenciones de poner contra las cuerdas al Gobierno entrante, el propósito fue presentar la radiografía de un panorama muy complejo al que se enfrentará el Ejecutivo en su propósito de restituir, por lo menos, dos millones de hectáreas a familias desplazadas.

Los anuncios hechos por los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el Interior, Germán Vargas Lleras, fueron de buen recibo por parte de la oposición, que ve una voluntad clara en el nuevo Gobierno.

Sin embargo, en diálogo con Semana.com, el representante Iván Cepeda advierte los tres grandes obstáculos que tendrá el debate sobre la distribución de la tierra en Colombia.

Semana.com: El gobierno se comprometió con dos millones de tierras y anunció varias medidas de órdenes jurídico y económico para ello. ¿Cómo ve esas medidas?

Iván Cepeda: Son anuncios alentadores que, de llegar a concretarse, significarían un giro histórico en el tema de tierras, porque las reformas agrarias que se han hecho hasta hoy no han tenido un efecto que reestructure el problema de la tenencia de la tierra en Colombia y menos aún, los esfuerzos que se han hecho en la última década. Por el contrario, lo que ha ocurrido es un proceso de legalización creciente del despojo.

Semana.com: Hablemos de esas medidas. El Gobierno anunció compra de tierras para la restitución. ¿Está clara la manera como se hará o como se financiará?

Iván Cepeda: Hasta ahora no lo hemos escuchado, tal vez porque el Gobierno aún no ha presentado en detalle esa propuesta.

Semana.com: El ministro del Interior anunció que se revertirá la carga de la prueba para que no sean las víctimas del despojo quienes tengan que comprobar su propiedad sobre la tierra. La medida fue bien recibida, pero ¿sí tendrá dientes para el objetivo de poder restituir la tierra?

I.C.: Por lo menos ayudaría mucho a que se aclare el panorama en términos judiciales. El pedirles a campesinos que han tenido muchas dificultades para titular tierras que demuestren la propiedad, que sean ellos los que tengan que probar su posesión, es poner a la víctima en una situación de iniquidad y total desigualdad.

Pero que sean los poseedores quienes tengan que demostrarlo, muchos de los cuales, de buena o de mala fe, han adquirido tierra que ha sido despojada, es un principio equitativo que pone a la víctima en una situación por lo menos más ventajosa

Semana.com: ¿Cuáles son las grandes dificultades a las que se enfrentará el Gobierno con esta iniciativa?

I.C.: El Gobierno propone restituir las tierras de quienes hicieron el despojo y quienes la han legalizado. Es necesario ver si la política criminal del Estado, el aparato de justicia vaya a tener la suficiente eficacia para contribuir con ese propósito. Porque eso implica no sólo perseguir a los despojadores, sino desentrañar el aparato de testaferros que hay, y también implica reformar las instituciones del Estado. Un reto supremamente ambicioso.

Semana.com: Ha dicho que el Gobierno aún no ha especificado la forma como se financiará la iniciativa. ¿Es viable fiscalmente?

I.C.: Nosotros hicimos la propuesta de que se pudiera invertir recursos de las regalías por concepto de la bonanza minera y el petróleo para esa compra de tierras. Ya ha habido propuestas del Gobierno de destinar el 10 por ciento de las regalías para ciencia y tecnología, nosotros creemos que sería importante que el Gobierno piense en la posibilidad de destinar recursos de ese tipo de regalías a la compra de tierras y a la restitución y la reparación de víctimas en general.

Pero también se podría pensar en los impuestos. Como el tributo que sugiere la juez en el caso de la sentencia de la masacre de Mampuján: hacer un impuesto para las empresas que hayan contribuido al fortalecimiento de los grupos paramilitares.

Semana.com: ¿Cómo aprecia el ambiente en el Congreso para discutir un tema tan polémico como la ley de tierras?

I.C.: Ese es el tercer obstáculo que enfrentará el Gobierno con esta iniciativa. Hasta dónde el poder legislativo la acompañará, puesto que no es un secreto que muchos de los parlamentarios están íntimamente ligados a sectores que tienen una muy poderosa influencia en el campo y que tienen tierras.

La pregunta es: ¿podrá el gobierno enfrentar esos tres grandes desafíos? Creo que hay una gran alianza con sectores de la sociedad civil, un trabajo de la mano con las organizaciones campesinas indígenas y afrodescendientes, que puede ser importante.

Semana.com: ¿Una ley de tierras cómo garantizará la seguridad de aquellos campesinos a quienes se les restituyan sus tierras?

I.C.: De los sectores de víctimas organizados, los que han sido blanco de la mayor cantidad de ataques son quienes reclaman tierras. Es comprensible porque su lucha es contra enemigos claramente determinados con intereses muy focalizados. El Gobierno, por lo menos el anterior, no tuvo una política de protección a víctimas.

En el otro extremo hay una inmunidad y un silencio a los poseedores de las tierras. Es casi un delito en Colombia hablar de quiénes tienen la tierra, es de los secretos mejor guardados, no sólo por ese aparato tan sofisticado de testaferros, sino porque el propio tema es un tabú: llamar con nombres propios a los poseedores se ha convertido casi en un crimen.

Por eso quisimos ponerle rostro al despojo. Quienes están tras la escena de la propia ‘paraeconomía’ y la ‘parainstitucionalidad’, como lo han llamado los propios paramilitares.

Semana.com: ¿Sí hay mecanismos para saber el rostro de los poseedores de las tierras?

I.C.: El Gobierno ha anunciado voluntad política, y eso es algo importante. Creo que existen los instrumentos para desenmascarar a los verdaderos tenedores de la tierra. No es muy difícil encontralos. El asunto es que esa voluntad política se traduzca en hechos concretos, que el Gobierno estimule la investigación, que estimule una verdadera política de extinción de dominio para hacer de los bienes ilícitos bienes de uso social. Eso se podría traducir en un cambio esencial en este campo que ha sido un verdadero fiasco y una seguidilla de fracasos.

Semana.com: El Gobierno ha dicho que entre sus prioridades están la ley de víctimas y la ley de tierras, hay quienes dicen que debe ser un solo proyecto. ¿Está de acuerdo con esta propuesta?

I.C.: Son dos temas que tienen especificidad, que hay que mantenerlos guardando el criterio de complementariedad entre ambos. Tienen un mismo propósito, pero son diferentes. Porque una ley de víctimas dentro del tema de tierras sería vaciar de sustancia el tema que afecta a la población más grande de víctimas, que son las personas desplazadas.

Por eso, el tema de restitución es específico, además de los que tienen que ver con reparación, con una forma como debe operar la justicia. Unos mecanismos específicos que deben ser adoptados para la reparación integral se deben mantener en la ley de víctimas, sin que ello signifique que pueda haber disposición de una ley de tierras que deba ser complementaria.

Semana.com: El Polo lideró el debate sobre esta especie de reforma agraria que se plantea. ¿Qué propuestas considerarían que debería incluir la ley de tierras que propondrá el Gobierno?

I.C.: Los temas están planteados. El asunto es la ambición y la decisión con que se aborde. Hay un tema que no hemos debatido mucho y es el modelo agrario. No basta con restituir, hay que ver para qué modelos son. El uso de las tierras es importante. Aquí hay una concepción de modelo agrícola que tal vez no compartimos.

Semana.com: ¿Es decir que el modelo agrario será el punto neurálgico en el debate sobre esta ley?

I.C.: Quisiéramos ver un modelo que tenga esa doble cara de mantener los sectores empresariales, la mediana y la pequeña propiedad, junto al campesinado propio. No estamos por la abolición de un criterio empresarial en relación con las tierras.

También es necesario introducir una regulación importante en relación con la manera como las multinacionales tienen derechos sobre las tierras en Colombia.

Pero en relación con el modelo agroindustrial, que para nosotros es un modelo que desecha las culturas tradicionales y desecha una agricultura productiva, está el gran debate. Nosotros planteamos que la producción agrícola no sólo sea de carácter industrial, sino la producción de alimentos, que es fundamental en una época que se avecina, y está cantada, una crisis de alimentos. Sobre eso no hemos discutido.

Pero ahora estamos enfrentados a un gigantesco proceso de despojo y de legalización del despojo. La cuestión es si se podrá obtener tierras de las que fueron usurpadas para los campesinos, y poder desarrollar un proceso serio de vida en esas tierras.

Semana.com: Tras escuchar la postura del Gobierno, ¿cree que sí tienen clara la radiografía del problema de la tierra?

I.C.: El ministro Juan Camilo Restrepo hizo una exposición clara. Creo que sí hay un conocimiento y un planteamiento.

Semana.com: ¿El Polo Democrático estaría dispuesto a sentarse a concertar con el Gobierno en torno a esta iniciativa, o plantearían propuesta diferentes?

I.C.: Vamos a estar en ese debate, tenemos esa voluntad. Intentaremos llegar a acuerdos en todas esas propuestas que encontremos racionalidad y una voluntad de avance para poder sacarlas adelante sin perder nuestro carácter de oposición.

http://www.semana.com/noticias-politica/no-basta-restituir-tierras-ver-cual-sera-modelo-agrario/143493.aspx

IVÁN CEPEDA: DEBATE EN EL CONGRESO SOBRE TIERRAS

Política | 18 Agosto 2010 - 10:00pm

Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras y víctimas

Por: Elespectador.com
Representantes a la Cámara se refirieron a testaferros y compradores de predios en zonas de masacres paramilitares y desplazamiento forzado.

El espinoso tema de la paraeconomía y la parainstitucionalidad —mencionado recientemente en una carta que ocho ex jefes de las autodefensas, actualmente detenidos en cárceles colombianas, les enviaron al ex candidato presidencial Gustavo Petro y al representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda—, volvió a la palestra pública tras el debate realizado este miércoles en el Congreso de la República sobre desplazamiento, tierras y víctimas, convocado por el mismo Cepeda y por los también representantes Guillermo Rivera y Wilson Arias.

“El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico (...) la parapolítica, como la parainstitucionalidad y la paraeconomía, tienen un puesto en el banquillo de los acusados”, dijeron en la mencionada misiva quienes estuvieron al mando de las estructuras de las autodefensas en el país.

En la carta, los jefes ‘paras’ reconocen de paso que “el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)”.

Y precisamente este miércoles, el representante Iván Cepeda les propuso al presidente Juan Manuel Santos y a los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, que las políticas que planean adelantar en materia de tierras —ya se ha anunciado un nuevo estatuto de desarrollo rural— sean sometidas antes a un proceso de consulta con las organizaciones de desplazados, con los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

El congresista propuso además destinar las regalías de la explotación de recursos mineros y del petróleo a la compra de tierras para que sean entregadas a las víctimas, mecanismo que, en su concepto, le permitiría al Estado cumplir con su deber constitucional de la reparación.

Igualmente, pidió que se impulsen decididamente la investigación y el juzgamiento de la paraeconomía, que se identifique con nombre propio a los beneficiarios del desplazamiento y el despojo, y que se desentrañen las redes de testaferrato. “Hay que crear una unidad especial de la Fiscalía para perseguir a quienes se han beneficiado del despojo de tierras y solicitamos también que no se extradite al jefe paramilitar Ramón Mojana, hasta tanto se conozca la verdad sobre sus confesiones en torno a la usurpación de tierras”, indicó Cepeda.

En su exposición, el congresista hizo alusión a las declaraciones del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri —actualmente en el exterior y testigo protegido de la Fiscalía—, quien definió en una frase la estrategia para apoderarse de la tierra que tenían las autodefensas y sus socios: “Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Cepeda le pidió también a la Fiscalía interrogar a alias Ramón Mojana sobre las tierras del ex senador Mario Uribe, así como investigar al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien según un testigo, es propietario de dos millones de cabezas de ganado; a Rodrigo Sierra, alias El Negro o Ricardo, desmovilizado del bloque Calima y responsable del desplazamiento de comunidades en Jiguamiandó y Curvaradó, y dueño de varios cultivos de palma en el Chocó.

Otras personas, que según el representante Iván Cepeda se han beneficiado comprando predios en zonas de desplazamiento forzado son Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana y supuestamente propietario de tierras en Norte de Santander; William Vélez Sierra, empresario y contratista, y el ganadero cordobés Abraham Ganem.

Por otra parte, Cepeda denunció la existencia de una fundación llamada Amigos de Los Montes de María, de la cual forma parte Otto Bula, propietario de la empresa agropecuaria El Central S. A. y quien fuera parte de unas listas de Mario Uribe al Congreso, considerada una de las mayores compradoras de tierras en la zona de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

A su vez, el representante Guillermo Rivera reveló que los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas, de las más de cinco millones que usufructuaron mediante el despojo, el desplazamiento o la venta obligada a precios irrisorios. El legislador también se refirió, con nombre propio, a supuestos testaferros de tierras en zonas de masacres o desplazamiento.

Mencionó a Augusto Tuto Castro Pacheco, hermano de un ex congresista condenado por parapolítica, quien tendría miles de hectáreas abandonadas por sus dueños en Magdalena, y que en Chivolo, en ese mismo departamento, aparecen como propietarios de predios que presuntamente fueron vendidos por amenazas de alias Jorge 40, los nombres de Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco y Neila Soto.

Rivera denunció además que algunas de las empresas palmicultoras instaladas en zonas de desplazados en el Chocó aportaron a la campaña del ex presidente Uribe en 2002 y al referendo reeleccionista de 2009, y que con el programa Agro Ingreso Seguro se benefició a personas incluidas en la Lista Clinton y pedidas en extradición por narcotráfico, como el empresario de Cúcuta Jensy Dávila, alias Ernesto, y Jorge Enrique Domínguez, alias Only, del norte del Valle.

En respuesta a las denuncias, el ministro Juan Camilo Restrepo reiteró el compromiso del Gobierno en la devolución de tierras y resarcimiento a los desplazados y afectados por la violencia: “Estamos trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados y afectados por la violencia, esto es uno de los temas que tiene muy claro el Gobierno”, enfatizó.

“Amenazan al representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, a líderes y a coordinadores del Debate sobre tierras"

“Amenazan al representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, a líder de la población desplazada, a dirigente de ANDAS y a coordinadores del debate sobre tierras que tendrá lugar el día 18 de agosto"


El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, denunció que en el día de hoy fue recibida vía e-mail una amenaza firmada por el grupo paramilitar “Águilas Negras”. Dicha amenaza sentencia a muerte al líder Rigoberto Jiménez, director de la Coordinación Nacional de Desplazados, CND, a Alfonso Castillo, del colectivo de abogados, ANDAS y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, al representante Iván Cepeda, y a quienes participan en la organización del debate sobre tierras en el Congreso. Se les concede un plazo de 20 horas para abandonar la ciudad de Bogotá.

Es de resaltar que esta amenaza se produce, una semana antes de que se realice el debate sobre tierras y desplazamiento forzado, convocado por los representantes del PDA, Iván Cepeda Castro y Wilson Arias, y el representante liberal Guillermo Rivera para el próximo miércoles 18 de agosto en la plenaria de la Cámara de Representantes con transmisión en directo a todo el país.

Al debate han sido citados el Ministro del Interior y de Justicia y de Agricultura y el Gerente del INCODER. También fue invitado el Fiscal General de la Nación.

El texto de la amenaza es el siguiente:

BLOQUE CAPITAL D.C.

SENTENCIA A LA PENA DE MUERTE A LOS PERROS GUERRILLEROS DE LA FARC RIGOBERTO JIMENEZ, ALFONSO CASTILLO Y A LOS COORDINASDORES DE LA AUDIENCIA DE TIERRA CON EL HIJO DE PUTA IVÁN CEPEDA y a todos los que se encuentran coordinando la campaña de tierra permanente que no son si no unos colaboradores de la guerrilla y las coordinadoras DE LAS MUJERES QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES COLABORARLES A LOS GUERRILLEROS RI GOBERTO Y ALFONSO YA ESTAN SENTENCIADO DELES DAMOS 20 HORA PARA QUE ABANDONEN LA CIUDAD DE BOGOTA

ATENTAMENTE

BLOQUE CAPITAL D.C.

"CONDENAMOS ATENTADO TERRORISTA OCURRIDO EN BOGOTÁ"

Agosto 12 de 2010

El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, condenó el atentado ocurrido a las 5: 30 AM frente al edificio de Caracol Radio, al norte de la capital colombiana.
"Rechazo totalmente este atentado y espero que las autoridades lo investiguen de manera diligente para que sus responsables sean prontamente identificados y llevados ante la justicia", dijo.

El Representante Cepeda también envió un saludo de solidaridad a las personas residentes en este sector de Chapinero que se vieron afectadas por la explosión, y a los periodistas de Caracol Radio y la Agencia EFE.

El Polo también manifestó su solidaridad con los equipos periodísticos de Caracol Radio, de Darío Arizmendi y la Agencia de Noticias EFE, y con los residentes, oficinistas y trabajadores de este sector de Bogotá.

FUENTE:
OFICINA H.R. IVAN CEPEDA

Iván Cepeda ponente de Ley en la Cámara de Representantes

“Aprobar la Convención sobre Desaparición forzada en Colombia es vital para garantizar los derechos Humanos”

El Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, designado como ponente del Proyecto de Ley No 303/10 en la Cámara y 209/09 del Senado, “Por medio del cual se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006”, subrayó la enorme trascendencia que tiene para Colombia la aprobación y ratificación de este instrumento internacional.

“Dado que en los últimos veinte años más de 20 mil personas han sido víctimas del crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada en Colombia, la aprobación de la Convención es de enorme relevancia para los defensores de derechos humanos, para la sociedad y para las víctimas de este delito”, afirmó el representante.

La Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, aprobada por consenso de la Asamblea General de ONU se constituye en un logro de sumo valor para la defensa de los derechos humanos, para los pueblos de América Latina y para los familiares de los detenidos desaparecidos en todo el continente.

Es, en síntesis, un logro para la humanidad.

El texto aprobado por la Convención Internacional consagra importantes avances sobre derechos humanos que empiezan a ser reconocidos como esenciales para la construcción de Estados sociales y democráticos de derecho.

El representante Cepeda Castro invitó a las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos para que acompañen el proceso de aprobación de este tratado internacional en el Congreso de la República y para que permanezcan atentas a los compromisos que deberá asumir el gobierno nacional.

Oficina de Prensa

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara por el PDA

CARTA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS

Con el fin de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la acción paramilitar en Colombia, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le envío una carta al presidente Juan Manuel Santos, para que postergue la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Éder Pedraza, alias “Ramón Mojana”.
El siguiente es el texto de la carta.

Bogotá D.C., 7 de agosto de 2010

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

De manera comedida solicito a usted no ordenar la extradición del señor Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, conocido ex jefe paramilitar del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en el departamento de Sucre y en regiones aledañas. A pesar de la validez de los argumentos empleados por la Corte Suprema de Justicia para dar concepto favorable a esta extradición, no es menos cierto que con esta decisión queda en suspenso el acceso de las víctimas de las AUC a los derechos de verdad, justicia y reparación. La experiencia demuestra que las extradiciones de ex jefes paramilitares a los Estados Unidos, no favorece los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad y paraliza el conocimiento de la verdad de tales hechos. Si paramilitares como alias ‘Ramón Mojana’ se han negado a confesar los crímenes cometidos en el país, mucho menos lo harán ante la justicia norteamericana, interesada únicamente en conocer y negociar sobre las conductas punibles relacionadas con el narcotráfico.

En las versiones libres que alcanzó a hacer en los procesos que se llevan por cuenta de la Ley 975, o de Justicia y Paz, alias 'Ramón Mojana' confesó su cercanía con el ex jefe paramilitar Vicente Castaño. Las autoridades han exhumado más de cien cuerpos de víctimas del Bloque Mojana en Sucre y han reconocido la ejecución de más de 2.600 delitos por el paramilitarismo en esa región.

Sin afectar el profundo respeto que profeso por las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia, y en particular de su sala penal, considero que es pertinente preservar el espíritu de la jurisprudencia de este alto tribunal en sus últimas decisiones: no autorizar la extradición de desmovilizados sin que antes respondan a cabalidad por sus crímenes en el país.

Conozco hechos que pueden involucrar a alias ‘Ramón Mojana’ en algunos delitos que expondré en el debate sobre política de tierras y víctimas, que el próximo 18 de agosto adelantaré en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Por todas estas razones, acudo a usted para solicitarle respetuosamente la postergación de esta extradición a los Estados Unidos.

Cordialmente,

IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara por Bogotá

Polo Democrático Alternativo

Declaración Pública de Miembros de la Delegación Internacional a Colombia del 20-24 de Julio 2010

El 22 de Julio, nuestra delegación se unió a defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política colombiana en una audiencia pública en el pueblo de La Macarena. Cientos de víctimas asistieron a la audiencia y escuchamos testimonios sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército colombiano. También vimos, al lado de una base militar principal, una cantidad numerosas de fosas NN donde se piensa que civiles han sido enterrados después de haber sido asesinados por el ejército colombiano.

El día después de irnos de Colombia, el Presidente Alvaro Uribe visitó la base militar de La Macarena. En vez de expresar su preocupación por la situación de derechos humanos, dio un discurso elogiando a los mismos soldados supuestamente responsables por las violaciones. También acusó a los que organizaron y participaron en la audiencia pública de ser ‘enemigos’ y de tener vínculos al ‘terrorismo’.

Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia.

También estamos preocupados por los comentarios aparentemente hechos por el Ministro de Defensa Gabriel Silva que las imágenes de las fosas NN de la Macarena fueron tomadas en la anterior Yugoslavia. Esta es una distorsión perversa de la realidad – nosotros mismos vimos y fotografiamos las fosas en La Macarena y imágenes filmadas de ellas, tomadas durante nuestra visita, han aparecido en noticieros colombianos e internacionales.

Llamamos a las autoridades colombianas a que se:

- Asegure una investigación a fondo y transparente de lo que ha ocurrido en La Macarena incluyendo una exhumación de los cientos, o miles, de cadáveres NN. Políticos y militares deberían abstenerse de interferir en la investigación y la comunidad internacional debería estar invitada a apoyar y verificar la investigación.

- Garantice la seguridad de todos aquellos que organizaron y participaron en la audiencia pública del 22 de Julio y que se haga una declaración pública apoyando el trabajo importante que están haciendo en sus esfuerzos para sacar a la luz y llevar ante la justicia los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en y alrededor de la Macarena.

La reacción del Presidente Uribe demuestra un desprecio profundo por los derechos humanos y refuerza preocupaciones de la comunidad internacional que el régimen colombiano no tiene la voluntad política para abordar la impunidad. Los responsables por los crímenes perpetrados en La Macarena y otros sitios tienen que estar llevados ante la justicia. Intentos de engañar a la comunidad internacional y distraer la atención de las violaciones sistemáticas que están ocurriendo para nada mejora la imagen internacional de Colombia.

Christine Blower

, Secretaria General de la Unión Nacional Británica de Profesores

Stephen Cavalier

, Director de Thompsons Solicitors

Ole Christensen

, Miembro de Dinamarca del Parlamento Europeo

Benjamin Davis

, Director de Asuntos Internacionales para el Sindicato de Acero de Estados Unidos

Jeremy Dear

, Secretario General de la Unión Nacional Británica de Periodistas

Billy Hayes

, Secretario General del Sindicato Británico de Trabajadores de Comunicaciones

Richard Howitt

, Miembro de Gran Bretaña del Parlamento Europeo

Eric Joyce

, Miembro del Parlamento Británico

Tony Lloyd

, Miembro del Parlamento Británico

Madeleine Moon

, Miembro del Parlamento Británico

Jack O’Connor

, Presidente de la Central Irlandesa de Sindicatos

Jyrki Raina

, Secretario General de la Federación Internacional Metalúrgica

Evelyn Regner

, Miembro de Austria del Parlamento Europeo

Alan Ritchie

, Secretario General del Sindicato Británico de Construcción y Técnicos

John Smith

, Presidente de la Federación Internacional de Músicos

Gianni Vattimo

, Miembro de Italia del Parlamento Europeo

Peter Waldorff

, Secretario General de la Internacional de Servicios Públicos

Spencer Wood

, Socio de OH Parsons Solicitors

Matt Wrack

, Secretario General del Sindicato Británico de Bomberos

Para más información: info@justiceforcolombia.org


Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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