Carta pública enviada al Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 31 de octubre de 2011

Señores:

COMITÉ EJECUTIVO

Polo Democrático Alternativo

Ciudad

Reciban un cordial saludo:


El mensaje de la ciudadanía en las recientes elecciones es claro y refleja,
como amplios sectores del partido lo vienen reclamando, la impostergable
necesidad de hacer una profunda reflexión y de efectuar una renovación
radical del Polo Democrático Alternativo, su dirigencia y su actitud
política.


Es hora de abrir las puertas de la colectividad a nuevos liderazgos
provenientes de las organizaciones sociales, de los movimientos de jóvenes
y de las mujeres. Es urgente una profunda reforma colectiva y democrática.


Por estas razones, le pido al Comité Ejecutivo Nacional del partido que se
convoque cuanto antes a un congreso extraordinario, con el objeto de
debatir ampliamente y en forma democrática la orientación general del PDA y
la nueva composición de su dirección nacional.


Compañeras y compañeros:


Los resultados en las urnas del día de ayer no pueden analizarse
coherentemente sin que se asuman responsabilidades políticas y
comportamientos autocríticos. En consecuencia, solicito respetuosamente al
Comité Ejecutivo que en su sesión de hoy le pida a su presidente, Jaime
Dussán, su renuncia.


Atentamente,

IVÁN CEPEDA CASTRO

Defensor de derechos humanos

Representante a la Cámara


Colectivo Vamos por los Derechos

Iván Cepeda entregó a CIDH testimonios que comprometen a expresidente Uribe con paramilitarismo

WASHINGTON (EE.UU), 28/10/11. Durante su visita a la ciudad de Washington,
el representante a la Cámara Iván Cepeda se reunió con Santiago
Canton, secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le
entregó los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y de Pablo
Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante del bloque
Cacique Pipintá de las AUC, quienes señalaron la supuesta participación del
expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.



Las grabaciones entregadas a la CIDH corresponden a las mismas que fueron
dadas a conocer por el representante en el mes de septiembre, luego de sus
visitas a las cárceles de Itagüí y Cómbita, y que fueron remitidas a la
Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.



El congresista Cepeda recordó que la entrega de estos importantes
testimonios se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que las
instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el
internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el
expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la
violación de los derechos humanos.



En su testimonio, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del
mayordomo de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez
en el nordeste antioqueño, afirma que desde esa finca se coordinaron
acciones paramilitares como las masacres del municipio de San Roque y que el
entonces gobernador Uribe Vélez protegía las actividades de narcotráfico del
Bloque Metro de las AUC que operaba en la región.



Por su parte, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero” asegura
que los fundadores del grupo paramilitar de San Roque que luego se convirtió
en el Bloque Metro, fueron además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe
Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan
Guillermo Villegas Uribe, excandidato a la Cámara, y Santiago Gallón Henao,
ganadero y caballista.

¿POR QUÉ APOYO A AURELIO SUÁREZ?

Quiero invitarlas e invitarlos a votar por Aurelio Suárez. Considero que sus propuestas son coherentes con el proyecto político de la izquierda democrática, responden a un profundo conocimiento de la ciudad de Bogotá, tienen en su centro la preocupación por el bienestar y la equidad social, y son un antídoto eficaz al destructivo proyecto neoliberal que se impone en la actualidad en Colombia.


A pesar de valiosas conquistas sociales en los últimos ocho años, los problemas más graves que sufre nuestra capital son la desigualdad y la negación continua de los derechos fundamentales para la mayoría de ciudadanos. Considero que Aurelio encarna de manera cualificada, valiente y ética los valores de la defensa de esos derechos
negados.


Merece nuestro respaldo, además, porque se ha intentado por todos los medios convencer a la opinión pública de que los sectores de izquierda desaparecerán después de esta elección. La izquierda colombiana ha soportado infinidad de golpes, persecuciones y campañas de exterminio. No es la primera vez que se intenta decretar su defunción. Pero no lo han logrado ni lo logrará con este nuevo intento. Por eso este respaldo, al que invito, constituye asimismo la afirmación de que un proyecto de
trasformación social profunda y democrática hoy es imperativo y posible en nuestro país.

Iván Cepeda Castro

Defensor de Derechos Humanos

Representante a la Cámara por Bogotá

EL SILENCIO DE LA MACARENA

Opinión | Mar, 10/18/2011 - 23:00

Por: Iván Cepeda Castro | Elespectador.com
El pasado 2 de octubre, El Espectador publicó el artículo "De visita en La Macarena", sobre un correo enviado por la embajada de los Estados Unidos luego de la visita de sus funcionarios al cementerio de La Macarena, Meta, como consecuencia de las denuncias realizadas sobre la posible existencia de una gigantesca fosa común en dicho lugar.

El artículo no analiza la trascendencia del debate ni los procesos a los que dio lugar. Por mi parte, nunca denuncié la existencia de esa supuesta fosa, pero sí de una grave situación. Según la Fiscalía, en La Macarena y en al menos otros cinco cementerios de la zona (Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y otros dos en San José del Guaviare) existen más de 2.000 cadáveres no identificados que han sido entregados a las autoridades forenses por la Fuerza Pública. Aunque no han querido ser mostrados públicamente los informes operacionales, el Ejército sostiene que se trata de miembros de grupos armados muertos en combate. Como se sabe, en esos lugares se ha aplicado el Plan Colombia y han tenido lugar cruentos enfrentamientos entre las fuerzas militares y la guerrilla. También se ha registrado la actuación de estructuras paramilitares. La población civil ha sufrido los estragos de esos enfrentamientos.

He venido formulando numerosos requerimientos a la Fiscalía para que investigue, practique inspecciones en los cementerios, y rastree todos los datos con el fin de identificar a las personas que figuran en tales sitios como NN. Luego de las primeras visitas e indagaciones se encontró, por ejemplo, que en el cementerio La Resurrección de Granada existía una tumba múltiple sin ninguna identificación externa con 42 cadáveres, y varias bóvedas con otros 24. Esos cuerpos no identificados eran personas que murieron en la retoma del municipio de Puerto Lleras, que en julio de 1999 fue blanco de un ataque guerrillero. En diciembre de 2010, en cumplimiento de un requerimiento que hice se procedió a la exhumación de esos cuerpos entre los cuales había varios menores de edad.

¿Los muertos de Puerto Lleras, enterrados en Granada, eran todos guerrilleros que cayeron en los combates? ¿Hubo civiles que perecieron en medio del fuego cruzado?

Esos cementerios contienen historias del conflicto armado que quieren ser silenciadas. En muchos de los casos, las fuerzas militares no respetaron los protocolos que rigen para el levantamiento de los cadáveres. En muchos otros, existen fundamentos para presumir que los inhumados fueron víctimas de ejecuciones o desapariciones forzadas.

No obstante, el resultado más relevante de este debate fue que contribuyó a incentivar la acción de las autoridades para esclarecer la realidad de las personas no identificadas y desaparecidas que han sido sepultadas en muchos cementerios del país. Luego de las sesiones parlamentarias de control político sobre La Macarena, por iniciativa del Ministerio del Interior se suscribió un convenio con el Instituto de Medicina Legal y la Registraduría, a través del cual se cotejaron las tarjetas necrodactilares de personas NN en Colombia con el Archivo Nacional de Identificación Dactilar. El resultado del convenio fue la identificación de 5.582 personas, de las cuales cerca de 440 se encuentran dentro del Registro Nacional de Desaparecidos. Para avanzar en el proceso de identificación y localización que de los cuerpos sepultados, el Instituto de Medicina Legal -en cabeza de su director, Carlos Eduardo Valdés- lidera una plataforma conformada por diversos organismos del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

A pesar de estos avances, tanto el Gobierno como los comandantes de la Fuerza Pública insisten ahora en crear normas que afiancen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, como las iniciativas que implicarían la ampliación del fuero penal militar. Tales medidas obstaculizarían, entre otras cosas, esclarecer los numerosos casos de ejecuciones o desapariciones de personas cuyos cuerpos se encuentren en los cementerios como NN. En los próximos días adelantaré un debate en el Congreso sobre nuevos hechos relacionados con la cadena criminal de los mal llamados “falsos positivos” y presentaré mis argumentos contrarios a cualquier ampliación del fuero penal militar.
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-306214-el-silencio-de-macarena

Requerimiento a las autoridades para que atiendan de manera urgente la crisis humanitaria y las infracciones al DIH que se presentan en Suárez Cauca

Con enorme preocupación he recibido información sobre la crisis humanitaria y la ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario que afronta comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en el municipio de Suárez Cauca desde el pasado 25 de septiembre a raíz de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC.

Desde ese momento los civiles se encuentran en medio del fuego cruzado, y en estado de confinamiento ante la imposibilidad de ingresar alimentos y de salir de la zona debido a la utilización de un cerco militar por parte del Ejército que restringe la circulación, y del no tránsito de planchones por el embalse de La Salvajina el cual comunica a varios corregimientos con la cabecera municipal del municipio, lo que deja incomunicada a gran parte de la comunidad de Cerro Tijeras y de los consejos comunitarios de Mindala, Pureto, Bellavista, Brisas de Mary López, y Meseta

Las provisiones de comunidad de la comunidad se han acabado, no pueden realizar sus actividades y labores productivas por temor a ser víctimas de fuego cruzado; y no cuentan con las condiciones necesarias para permanecer en los lugares de refugio.

Adicionalmente se denuncia por parte de las comunidades, actuaciones por parte del ejército y de la guerrilla que contravienen el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción y de respeto a los bienes protegidos, como por ejemplo, a través de la siembra de minas antipersonales en la zona.

Luego de más de siete días de presentarse esta difícil situación el Estado solo se ha hecho presente a través de las fuerzas armadas. De manera respetuosa me permito requerir a Acción Social, a la Alcaldía Municipal de Suárez y a la Gobernación Cauca, para que de manera urgente procedan a garantizar la atención y ayuda humanitaria que esta población requiere. Es importante anotar que el Cabildo de Cerrotigeras nos ha expresado que el lugar más crítico en este momento por parte de las comunidades indígenas se presenta en los sitos de asamblea permanente de Agua Clara, Playa Rica y el Amparo.

De igual manera requiero al Ministerio de Defensa para que garantice de manera estricta el cumplimiento a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario en la zona.

Es importante recordar que la responsabilidad del Estado frente a las violaciones a los DDHH se puede configurar por acción de los agentes del Estado, pero también por omisiones de sus deberes constitucionales y legales.


Atentamente

Iván Cepeda Castro

AMPLIAR EL FUERO PENAL MILITAR SERÍA ABRIRLE CAMINO A LA IMPUNIDAD

SOBRE PROYECTO DEL GOBIERNO PARA REFORMAR JUSTICIA PENAL MILITAR
*“Ampliar el fuero penal militar sería abrirle camino a la impunidad”: Iván
Cepeda*

* *

BOGOTÁ, 6/10/11. El representante a la Cámara por el Polo Democrático
Alternativo, Iván Cepeda Castro, reaccionó duramente a la iniciativa del
Gobierno Nacional que incluyó en la Reforma a la Justicia medidas para
ampliar el fuero castrense y un marco especial para el juzgamiento de
militares, lo que para él viola de manera flagrante la normatividad
internacional que ha concebido la justicia penal militar funcional y que, en
ningún caso, contempla la regresión al fuero de casta. El congresista, quien
ya había presentado ponencia negativa al proyecto de defensoría técnica a
militares, discutido en la Comisión Segunda de Cámara, advirtió que se
opondrá tajantemente a la aprobación de esta nueva propuesta en los debates
en Cámara de representantes.



Iván Cepeda plantea que este nuevo marco jurídico aumentaría el riesgo de
impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar
como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico,
concierto para delinquir, extorsiones, entre otros. Además, señaló que con
la nueva normatividad se le quitaría a la Fiscalía General la función de ser
el primer órgano en hacer presencia en el lugar donde presuntamente se haya
cometido un delito por parte de un militar.



*“Es inadmisible que el Gobierno, en lugar de perseguir los crímenes y
depurar la justicia penal militar, pretenda reimplantar medidas ya abolidas
por la jurisprudencia internacional y por la doctrina de la Corte
Constitucional como lo es el fuero penal militar”,* puntualizó Cepeda.



El congresista señaló que la propuesta, además de regresiva, es violatoria
del derecho a la igualdad, al poner a la víctima en una posición de
desequilibrio frente al presunto agresor. Del mismo modo, Cepeda anunció que
prepara un debate de control político para el mes de noviembre, sobre la
situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el país. En este
debate, se expondrá la inconveniencia de dicho marco jurídico militar, dado
la enorme cantidad de militares relacionados con estos crímenes y otros de
igual gravedad.

OFICINA DE PRENSA

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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