ESTADO RECONOCE RESPONSABILIDAD EN ASESINATO DE MANUEL CEPEDA:| Texto de la declaración del Estado colombiano ante la CIDH

2010 Enero 30
Declaración leída por la delegación del gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Iván Cepeda y María Cepeda con Hernán Motta en la Audiencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó el 26 y 27 de enero en San José de Costa Rica por el proceso que adelanta contra el Estado colombiano por el asesinato del Senador por la Unión Patriótica Manuel Cepeda en 1994.

Iván Cepeda y María Cepeda con Hernán Motta en la Audiencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó el 26 y 27 de enero en San José de Costa Rica por el proceso que adelanta contra el Estado colombiano por el asesinato del Senador por la Unión Patriótica Manuel Cepeda en 1994.

Bogotá, 27 ene (SP). El siguiente es el texto de la declaración del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al homicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994. El pronunciamiento fue hecho por Margarita Rey Anaya, Directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente del Estado en este caso:
“Buenos días, señor Presidente
Por su conducto, el Estado extiende un cordial saludo a las juezas y a los jueces de la H Corte, a los miembros de la Secretaría, a la Honorable Comisión, a los ilustres Representantes y los respetados familiares de la víctima.
En nombre del Estado colombiano y por instrucción del Gobierno Nacional, me permito expresar lo siguiente:
Con la venia de la Honorable Corte y con la anuencia de los familiares de la víctima aquí presentes, y por intermedio de ellos a quienes se encuentran ausentes, el Estado colombiano desea reiterar el reconocimiento de su responsabilidad internacional en el caso del crimen cometido en contra del Honorable Senador Manuel Cepeda Vargas, en los términos precisos de la contestación de la demanda y en esta audiencia, y dirigirse a ellos para pedirles perdón por los hechos ocurridos.
Iván, María, María Estela, Olga, Ruth, Gloria María, Cecilia, Álvaro y Claudia:
El Estado lamenta profundamente el crimen del que fue víctima su padre, hermano, compañero y suegro. En el marco de esta audiencia, les pide perdón por haber violado sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad, a la libertad de expresión y sus derechos políticos, por la acción de agentes estatales y por su omisión al no otorgarle una protección suficiente.
El Estado colombiano reconoce como inaceptable que la investigación adelantada por la Justicia haya demorado más de lo razonable y que hasta este momento no se conozca la verdad sobre las circunstancias concretas ni sobre los autores intelectuales que participaron en los injustificables hechos.
El Estado también les pide perdón por la violación directa a su integridad personal, pues la muerte de un familiar querido les causó un profundo e irreparable dolor.
El Estado reprocha, rechaza, y condena enérgicamente los hechos ocurridos el 9 de agosto de 1994, cuando agentes estatales causaron la muerte de su padre, hermano, compañero y suegro, y lamenta no haber adoptado las medidas de precaución suficientes para proteger la vida del Senador Manuel Cepeda Vargas.
El Estado espera que este reconocimiento pueda menguar, así sea en una pequeña parte, la indignación que ustedes, como familiares, sienten frente a las instituciones que le fallaron a su padre, hermano y compañero. Por lo mismo, el Estado no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia que ustedes y la sociedad colombiana reclaman y merecen.
Comprendemos que un reconocimiento de responsabilidad nunca será suficiente frente al daño que ha ocasionado la pérdida de un ser querido en circunstancias tan lamentables. No sólo implica un profundo dolor, sino también conlleva una pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Por lo tanto, respeta que esta manifestación sincera, reiterada y hecha con profunda convicción no haya sido considerada suficiente por parte de los familiares de la víctima, sus representantes y la Comisión.
Con el mismo respeto, el Estado colombiano invita a una reflexión: el reconocimiento de responsabilidad que hoy me ha correspondido adelantar es el fruto de un auto examen profundo por parte de cada institución implicada en las fallas que propiciaron la violación a los derechos del Senador Manuel Cepeda Vargas, y al hecho de que no se haya logrado la plena aplicación de justicia a todos los responsables.
Es, así mismo, un reconocimiento del incumplimiento de las obligaciones del Estado que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es el reconocimiento, también, de que la obligación del Estado consistía en evitar que hubieran sucedido los hechos que hoy rechazamos, y consiste ahora en impedir la repetición de crímenes repudiables, como el que acabó con la vida del Senador Cepeda, en el futuro.
Este reconocimiento expresa la convicción, la voluntad y el compromiso del Estado colombiano de continuar avanzando en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, para lograr el cumplimiento cabal de los valores que realizan la dignidad humana y a un Estado democrático.
Como parte en este proceso internacional, por supuesto, corresponde al Estado colombiano valorar el resultado de sus procesos penales internos, al haberse logrado la condena de dos agentes estatales, como autores materiales del crimen y poner de presente las consecuencias de este resultado a nivel nacional e internacional. Y reconoce más allá: acepta que hay que seguir investigando hasta esclarecer plenamente los hechos. Reconoce una acción y una omisión que no fueron analizadas y valoradas de manera integral por los procesos internos, ofrece una serie de reparaciones adicionales a las otorgadas a nivel interno y reconoce públicamente su error y pide perdón a los familiares en esta audiencia.
Deseo extender una invitación a Iván, a María, a María Estela, a Olga, a Ruth, a Gloria a María, a Cecilia, a Álvaro y a Claudia a que, en la medida de lo posible, acepten este reconocimiento de responsabilidad y a que valoren la voluntad del Estado al realizar este reconocimiento, frente a los aspectos que continúan en controversia en este proceso.
El Estado colombiano, por último, reitera su firme compromiso con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Muchas gracias, señor Presidente”.

LA CORTE INTERAMERICANA REALIZARÁ UNA AUDIENCIA POR EL ASESINATO DE UN SENADOR COLOMBIANO

25/01/2010
www-diario.com
INA Noticia
San José, 25 ene (EFE).- La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica,
comenzará mañana una audiencia de dos días en la que
escuchará a las partes por el caso contra el Estado
colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel
Cepeda, del izquierdista Partido Unión Patriótica (UP).
De acuerdo con la demanda, Cepeda, líder de la Dirección
Nacional del Partido Comunista Colombiano y figura de la UP,
fue asesinado por un grupo de militares y paramilitares el 9
de agosto de 1994 en Bogotá cuando se dirigía hacia el
Senado, y posteriormente el Estado no hizo lo necesario para
castigar a los culpables.
Iván Cepeda, hijo de la víctima, declaró hoy en una
conferencia de prensa que el principal objetivo de la
demanda es que la Corte ordene que "los máximos autores
intelectuales compadezcan ante los tribunales” y con ello
contribuir a "disolver los vínculos históricos entre los
políticos, militares, paramilitares y empresarios en
Colombia”.
Agregó que también se pretende que el presidente
colombiano, Álvaro Uribe, ofrezca una disculpa pública por
la muerte del senador, luego de "16 años de buscar justicia”.
Afirmó que la muerte de su padre se enmarcó dentro de un
plan para eliminar a la UP, que también incluyó el asesinato
de "miles” de miembros y seguidores la agrupación.
Por su parte, Viviana Krsticevic, directora del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que defiende a las
víctimas de este caso, aseguró que el Estado trata de
"desfigurar la verdad” con una serie de argumentos
procesales ante la Corte.

“AGENTES DEL ESTADO, EN COMPAÑÍA DE PARAMILITARES, ASESINARON A MI PADRE”: Iván Cepeda

20 Enero 2010

Por: Elespectador.com
El defensor de derechos humanos intentará demostrarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que se condene al Estado como uno de los ejecutores del homicidio del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, pedirá su hijo, Iván Cepeda, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático estará presenta desde este jueves en San José de Costa Rica, que será escenario de la primera audiencia del proceso que enfrenta el Estado colombiano ante el sistema Interamericano por la muerte del parlamentario, en 1994, diligencia que se cumplirá el próximo 26 de enero.
"Fueron agentes del Estado en compañía de grupos paramilitares, quienes asesinaron a mi padre. El crimen de Manuel Cepeda Vargas es un asesinato que se inscribe dentro de una dinámica de crímenes de lesa humanidad", dijo Cepeda a ElEspectador.com.
Para el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, es evidente que el asesinato de Manuel Cepeda hace parte del genocidio del fue objeto la UP, aún no reconocido por la Justicia, pues así lo evidencian las muertes violentas de cerca de 4 mil de sus dirigentes, que dejan ver el claro propósito del exterminio político.
Aunque los organismos multilaterales no consideran este tipo de tipificación, precisó, espera que la Corte Interamericana lo declare como un delito de lesa humanidad.
"Nosotros esperamos que la Corte Interamericana se pronuncie en justicia y que ordene al Estado colombiano la sanción de los máximos responsables de este crimen, pleno esclarecimiento y medidas de reparación acordes al daño que se ha producido, no solamente contra la familia del senador Cepeda si no contra todo el movimiento Unión Patriótica", advirtió.
En nombre de su campaña al Congreso de la República, Iván Cepeda liderará un acto simbólico para "lavar la Procuraduría", teniendo en cuenta muchos de los pronunciamientos del jefe del ente de control que, en su concepto, son una "afrenta a la Justicia".
Para Cepeda, acciones como el concepto de Alejandro Ordóñez frente al Referendo Reeleccionista, dan cuenta de las violaciones constitucionales e irregularidades de las que viene padeciendo el organismo bajo la actual administración.

Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo183073-agentes-del-estado-compania-de-paramilitares-asesinaron-mi-padre-iv

ANTE LA CORTE INTERAMERICANA RESPONDERÁ COLOMBIA POR CASO UP

TOMADO DE "EL ESPECTADOR"
Por: Giovanni González Arango | Elespectador.com
El próximo 26 de enero empezará la audiencia en San José de Costa Rica.

Con la declaración del defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, iniciará el proceso que enfrenta el Estado colombiano por el exteriminio del partido político izquierdista de la Unión Patriótica, UP.

El organismo multilateral, que tiene pendiente también el inicio del proceso por el holocausto del Palacio de Justicia en contra del establecimiento nacional, empezará a acopiar los testimnonios de los dolientes de las víctimas, en este caso, del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994.

Iván Cepeda, hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático, dijo que el caso de la UP, es uno de los más emblemáticos y espantosos genocidios que ha enfrentado el país, como también lo ha sido el caso del Palacio de Justicia, en la (sic) que ya se ha dado un importante giro, con el anuncio de la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte, frente al asesinato de Carlos Horacio Urán.

Para el vocero del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Movice, el hecho de que la Fiscalía haya abierto la puerta a abordar este hecho luctuoso como un delito de lesa humanidad es un giro hacia al camino correcto, de cara a la verdad y la justicia.

"Es un signo alentador en el proceso de esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia. Pone en una ruta correcta la tipificación de este crimen, pues aquí no estamos ante un hecho de homicidio agravado sino ante un delito de esa naturaleza".

Para Cepeda, es indudable que de lo que se trataba era buscar el exterminio de un grupo humano por parte de agentes del Estado, como ocurrió en el caso de la Unión Patriótica, movimiento del cual hacía parte cerca de 4 mil dirigentes que fueron asesinados entre 1986 y 1994.

"Deberían tipificar el hecho como genocidio. Eso lo hemos expresado muchas veces y creo que, en esa dirección, el juzgamiento de los casos de la UP, deben ser emprendidos con una metodología de esas características, que pueda dar una visión omnicomprensiva de los miles de asesinatos y desapariciones que se perpetraron con propósitos políticos", agregó.

Dijo que espera que los operadores de justicia puedan juzgar a los responsables como es debido y poder entregarle una verdad que tanto parece generarle problemas a la oficialidad, como según él lo demuestra el hecho de que el Secretario Jurídico de la Presidencia haya intervenido a favor del coronel (r) Plazas, ante la Juez que adelanta el proceso del ex oficial.

ESPECIAL PARA LOS LECTORES!

Como regalo de comienzo de 2010, hacemos entrega exclusiva a los fieles amigos lectores de este blog:


Epílogo del Libro “A las Puertas del Uberrimo” de Iván Cepeda y Jorge Rojas



"A las puertas del Uberrimo" Iván Cepeda y Jorge Rojas

“A las puertas del Uberrimo” escrito por Iván Cepeda Castro ( No 103 en el tarjetón para Cámara de Representantes por Bogotá) y Jorge Rojas ha sido reconocido como uno de los libros más vendidos en el 2009. Más de 15 mil ejemplares y cinco ediciones se vendieron en Venezuela y Colombia. La editorial Randam House Mondadori, Sello Debate, afirma que este libro fue el éxito comercial del año. Los vendedores de libros piratas declararon que la navidad del 2008 la salvo la venta de este libro, y no dudaron en expresar su agradecimiento a los autores. Igualmente ha sido uno de los libros que más solicitudes de descarga gratis ha recibido en la web.

Epílogo de A las puertas de El Ubérrimo

En las últimas dos décadas Córdoba, como otras regiones del país, ha padecido formas extremas de violencia. En el contexto del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición forzada, han acabado o dañado la vida de miles de personas. Los grupos guerrilleros han tenido parte significativa de responsabilidad en esos hechos. Sus prácticas criminales han estimulado sin duda la espiral de la violencia armada. Pero también, al lado de las vicisitudes de la guerra, en el departamento se fundó y consolidó un modelo social acuñado por los grupos paramilitares y por ciertos sectores del gremio ganadero que les dieron vida. La usurpación de tierras a gran escala, y su correlato, el desplazamiento forzado, arruinaron a pequeños y medianos propietarios, y permitieron monopolizar, aún más, la propiedad sobre la tierra. El proselitismo armado y la cooptación del Estado local convirtieron a las instituciones en instancias privatizadas de ejercicio del poder.

No toda la sociedad respaldó el proyecto que impusieron los paramilitares en Córdoba y en otras regiones del país. Muchos se opusieron a ese modelo y, por ello, fueron perseguidos, eliminados o desterrados. Otros optaron, consciente o inconscientemente, por resignarse y guardar silencio. No todos los ganaderos compartían la visión de que acudir a “las autodefensas” era la solución a la violencia guerrillera, ni la forma de apropiarse de nuevas tierras .

Esos honrosos ejemplos se dieron en el contexto de una realidad sociopolítica innegable. El poder que alcanzó el modelo paramilitar de control de la sociedad y de sus instituciones, fue omnipresente y forzó el consenso colectivo. Bajo la forma del consentimiento, se produjo el acatamiento. En una sociedad controlada, cada individuo debe hacer demostración pública de su apoyo al estado de cosas predominante. Se crea una conformidad con la actitud de las masas. La presión proviene del miedo a ser rechazado por el grupo, e incluso, a ser excluido de la sociedad. La imposición progresiva del silencio se convierte en el mecanismo de sometimiento a una opinión dominante. Esa actitud lleva a la aceptación progresiva del descenso del umbral de las exigencias éticas y al consentimiento general de los crímenes y los delitos, como faltas menores o como males necesarios.

En esa situación de silencio forzado o de debilitamiento general de los patrones éticos, la resistencia que han ejercido y ejercen los movimientos sociales y determinados sectores de opinión, en medio de inmensas presiones, mantiene abierta la posibilidad de conquista de la democracia. Esa resistencia es la demostración indiscutible de que Córdoba y su gente no han claudicado ante la imposición de un modelo mafioso.

Pero antes de esa responsabilidad de los ciudadanos, existe en primer lugar aquella que está acorde con el grado de poder que se ha tenido en la sociedad. Si se pertenecía a los círculos pudientes y poderosos de la región, nada de lo que estaba trasformando a la sociedad cordobesa podía pasar desapercibido. Era prácticamente imposible ser uno de los más importantes ganaderos de la región y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y el departamento. Era imposible no reconocer que en la ciudad vivían los jefes de los paramilitares y sus familias, y que controlaban buena parte de la actividad económica. Era imposible ignorar que a corta distancia de Montería se hallaban los cuarteles, los centros de entrenamiento y exterminio de las AUC, y no identificar a quién pertenecían muchas de las haciendas en donde estaban ubicadas esas bases de operación. Era imposible desconocer qué pasaba en la hacienda Las Tangas a mediados de la década de 1980 y quiénes eran los hermanos Castaño Gil. Era imposible desconocer la realidad de los desplazados que venían a Montería huyendo desde municipios que estaban a un centenar de kilómetros, era imposible no conocer la historia de las viudas y sus esposos desaparecidos. Era imposible no saber quiénes eran los miembros de la familia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y no darse cuenta de las posiciones que ocupaban en las instituciones locales. Era imposible ignorar lo que acontecía en la relación entre los políticos y los jefes de las AUC, en especial cuando los primeros eran miembros de los movimientos y partidos de los que se era dirigente. Era imposible no saber lo que estaba aconteciendo en el plano político y en la vida social, cuando el diario local difundía cotidianamente su crónica. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de los crímenes, de las alianzas, de los escándalos, de la corrupción que emergía bajo la doctrina de la autodefensa, de la omnipresente influencia que los paramilitares alcanzaron en Córdoba.

Todos los personajes principales que aparecen en este texto han sido denunciados e investigados por estar presuntamente ligados a los grupos paramilitares, bien sea como sus miembros, ideólogos, auspiciadores, financiadores, testaferros o promotores sociales. Algunos pocos han sido condenados por la justicia. En su gran mayoría han estado ligados al dueño de El Ubérrimo, Álvaro Uribe Vélez, a la historia de su hacienda, a su labor como ganadero, y a su carrera política. Han sostenido con él relaciones personales, de amistad y compadrazgo, han apoyado abiertamente sus aspiraciones presidenciales, y se han beneficiado, de diverso modo, de esa amistad y relación política.

A las puertas de El Ubérrimo, a escasos kilómetros de esa hacienda, en su entorno político y social, nació y alcanzó su ascenso en los últimos veinticinco años el proyecto paramilitar. Su dueño aspira a seguir gobernando Colombia.

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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