URIBE LE TEME A LA JUSTICIA: IVÁN CEPEDA

Por: Agencia Efe | Elespectador.com
"Se presenta como artífice de un proceso de justicia cuando ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado".

El presidente Álvaro Uribe "le teme a la Justicia, a que salgan a la luz pública los nexos que han tejido los sectores que le rodean con los paramilitares", dijo en Madrid el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda.

Cepeda, que asistió a la presentación del II Informe del Observatorio Internacional del proceso de desarme en Colombia y de la Ley de Justicia y Paz, dijo que Uribe "intenta presentarse como el artífice de un proceso de justicia cuando es él quien durante varios años ha intentado dejar en la impunidad los crímenes de Estado".

Cepeda añadió que ahora, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han comenzado los juicios, el presidente Uribe se ha convertido en "el principal agresor y detractor de estos jueces".

El defensor de los derechos humanos expresó la "inmensa preocupación" del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la forma en que se están desarrollando los procedimientos de justicia en Colombia y en los que -dijo- "el principal obstáculo es el Ejecutivo".

Y añadió que "si en Colombia hay una persecución es la de los jueces" , pues explicó que hay magistrados que están siendo víctimas de distintas formas de persecución, hasta el punto que algunos magistrados de la Corte han tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en busca de medidas de protección en el interior del Estado colombiano.

Con respecto al debate que enfrenta a Uribe con la Corte Suprema de Justicia sobre la elección del nuevo fiscal general de la Nación, Cepeda afirmó que, a juicio del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el gobernante colombiano "debería declarase impedido" para proponer sus candidatos porque tiene "interés particular" en esa elección.

La CSJ ha desestimado en dos ocasiones la idoneidad de tres abogados propuestos por Uribe para la elección del nuevo fiscal.

"Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideramos que la terna de Uribe corresponde a personas que son muy cercanas a él y que seguramente no permitirían un desarrollo independiente de las investigaciones", aseguró Cepeda.

Iván Cepeda explicó, además, que Uribe tomó la decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, disueltas en 2006) "en un acto que nosotros como Movimiento de Víctimas calificamos como una estratagema de impunidad".

Los paramilitares extraditados -dijo- "poseen información que puede comprometer gravemente a sectores muy cercanos al presidente e incluso a él mismo".

Con respecto al desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado dijo que en Colombia, con unas cifras de más de cien mil personas asesinadas, más de 50.000 desaparecidas y 4 millones de personas desplazadas, "el proceso no ha reparado a ninguna sola víctima por vía judicial".

"Los campesinos que han perdido sus tierras están condenados a la miseria, mientras que quienes impulsaron la violencia paramilitar se han enriquecido con la concentración de tierras", dijo Cepeda, y agregó también que los "parapolíticos" siguen detentando el poder en muchas regiones.

Cepeda lamenta que el Gobierno colombiano intente presentarse ante la opinión pública internacional, y en particular en España, "como ejemplar y democrático, cuando es precisamente el que ha desarrollado una estrategia para dejarlo todo en la impunidad y en el silencio".

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MEDELLÍN Y CÓRDOBA

EN MEDELLÍN VAN CERCA DE 2.000 asesinatos este año y en el departamento de Córdoba más de 800.

Por: Iván Cepeda Castro

Cifras alarmantes que se presentan en dos lugares íntimamente ligados a la vida personal y política del presidente Álvaro Uribe, y en donde, según el discurso oficial, se había logrado llevar a la práctica con éxito el modelo de la seguridad democrática y el llamado “proceso de reconciliación”.

En Medellín está en curso la feroz disputa por la jefatura de la ‘Oficina de Envigado’, la estructura narcoparamilitar que han utilizado los clanes familiares para buscar el control de la ciudad y sus negocios lícitos e ilícitos. Las investigaciones que se están realizando han revelado la identidad de quienes forman parte de esos clanes y han utilizado los servicios de esas estructuras. Uno de tales personajes es el caballista Santiago Gallón Henao, quien tuvo negocios con empresas familiares del presidente Uribe y ha sido cercano a la familia Valencia Cossio. Al reconocer ante los jueces el cargo de concierto para delinquir agravado, Gallón Henao admitió su papel como financiador de grupos paramilitares. Pero ésta no fue su primera aparición en las páginas judiciales: se le había acusado además de haber asesinado, en compañía de su hermano, al futbolista Andrés Escobar. Otro personaje que logró pasar inadvertido por largo tiempo fue Guillermo Ángel. Como lo mostró el periodista Daniel Coronell, Ángel fue parte del grupo de narcotraficantes denominado ‘Los doce del patíbulo’ y dueño de una empresa de helicópteros que ha tenido entre sus clientes varias entidades estatales, al paramilitar Vicente Castaño y a “usuarios menos afortunados, como el trágicamente fallecido Pedro Juan Moreno Villa”. El presidente Uribe ha reconocido los vínculos de su familia con los hermanos Ángel. Los clanes familiares que triunfaron en la guerra con Pablo Escobar son los mismos que aparecen hoy en el trasfondo de la nueva guerra por el control de ‘La Oficina’.

Las muertes en Córdoba están ligadas a la batalla por el control territorial. Se trata de la guerra que libran estructuras paramilitares por adueñarse de zonas aptas para las rutas del narcotráfico. Denuncias que provienen del departamento señalan que municipios costeros como San Antero, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas y Moñitos, son utilizados como puertos por donde pasan las rutas del narcotráfico. Según esos testimonios, toda la zona está copada por grupos paramilitares que mantienen sus nexos con políticos y miembros de la Fuerza Pública. Todo esto sucede en la misma región en la que se encuentra ubicada la hacienda presidencial El Ubérrimo y en la que tienen sus propiedades amigos del Presidente de la República que han sido investigados por sus vínculos con el paramilitarismo, como William Salleg Taboada, director de El Meridiano de Córdoba, y el ex gobernador Jesús María López Gómez, condenado por pertenecer a las Auc.

Para desgracia de la ciudadanía en Medellín y Córdoba, los nexos entre los políticos, los narcotraficantes y los paramilitares siguen siendo los factores que determinan la historia de violencia que causa la muerte de cientos de personas cada año. En las elecciones que tendrán lugar en 2010, el sentimiento de indignación que provoca la catástrofe social que ha generado el régimen de criminalidad y enriquecimiento mafioso que nos gobierna debería transformarse en una consciente participación política.

fm_cepeda@yahoo.fr

Por: Elespectador.com

LOS EXTREMOS DE LA INJUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro

VISITÉ A CARMELO AGÁMEZ EN LA prisión de Corozal hace unos meses. Se encontraba en un pequeño patio rodeado de los jefes paramilitares y de los políticos corruptos que había denunciado ante los fiscales.

Le pregunté cómo podía lidiar él —un caracterizado líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado— con esa peligrosa convivencia. Me respondió: “Con inteligencia”. Esa tarde vi la tristeza en su mirada cuando se despidió de su nieto, quien lo visitaba junto al resto de su familia. Carmelo, el líder de las víctimas de San Onofre, Sucre, cumple en estos días un año de haber sido encarcelado. Luego de organizar a los campesinos y de encabezar la revuelta para acabar con la parapolítica en esa región del país, se desató en su contra una brutal persecución. Los constantes hostigamientos llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas de protección especial para garantizar su vida y la de otros 15 activistas del Movimiento de Víctimas en Sucre. Entonces la venganza tomó la forma de un montaje judicial. Sus enemigos lo acusaron de haber participado en la alianza criminal que precisamente combatió toda su vida. A mediados de este año se abrió una investigación penal contra el fiscal segundo especializado de Sincelejo, Rodolfo Martínez, por la manera arbitraria en que estaba conduciendo el caso de Carmelo. Se logró el traslado del expediente a Bogotá. Pero de nada sirvió. Esta semana la fiscalía 28 especializada perteneciente a la Unidad contra el Terrorismo lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.

Mientras tanto, en Córdoba sigue desarrollándose un plan para acabar con las organizaciones de mujeres desplazadas. Primero asesinaron a Yolanda Izquierdo, quien dirigió la recuperación de más de 800 hectáreas de la finca Las Tangas. Luego de ese homicidio, el presidente Álvaro Uribe anunció en un discurso, con tono firme, acciones para entregar la tierra arrebatada a los desplazados y medidas para garantizar su protección. Ninguno de esos anuncios se cumplió. Por el contrario, la situación de las víctimas ha empeorado. La principal acusada de la muerte de Yolanda, Sor Teresa Gómez, no ha sido aún capturada. Este año fue asesinada Ana Isabel Gómez, integrante de la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba, Comfavic. Su homicidio ocurrió una hora después de que terminó en Montería un consejo de seguridad en el que estuvieron el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo. Hace pocos días, Mario Montes de Oca, asesor jurídico de Comfavic, fue herido por sicarios en las calles de Montería. Alberto Luis Pastrana Soto, mensajero de la misma entidad, murió en el atentado.

A los líderes de las asociaciones de víctimas se les asesina o persigue judicialmente. A los máximos responsables del aparato criminal que ha usurpado la tierra y desplazado a los campesinos se les garantizan la impunidad y otros beneficios. En zonas como Montes de María, Urabá y Córdoba, las tierras robadas están siendo legalizadas mediante compras masivas que realizan consorcios cercanos al Gobierno y a la familia presidencial. No sólo legalizan el despojo por medio de redes de testaferros. Han creado un aberrante sistema que premia a quienes se lucran de la concentración violenta de la tierra con subsidios y créditos flexibles. Son los extremos de la injusticia.

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LA RESPONSABILIDAD DE FRANCISCO SANTOS

Por: Iván Cepeda Castro

EN UN FORO REALIZADO EN CALI, POco antes de la adopción de la Ley de Justicia y Paz, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, proponía la creación de un “tribunal de la reconciliación”.

Esta instancia, conformada por prestantes ciudadanos, debería ayudar a resolver el “problemita” de los efectos judiciales que podrían tener las confesiones de los jefes paramilitares. En presencia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el Vicepresidente llamaba a reemplazar las confesiones ante los fiscales por “confesiones morales”. En ese mismo discurso decía que la sociedad colombiana necesitaba entender que personas como Salvatore Mancuso también fueron víctimas y “les había tocado irse para la guerra”.

¿Por qué temía el Vicepresidente las confesiones con efectos judiciales? En abril de 1997 surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia. En el proceso de federación de los diversos grupos paramilitares había desempeñado un papel decisivo el proyecto de las Convivir, impulsado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Las empresas de seguridad, uno de cuyos fundadores era Mancuso, se convirtieron en la estructura que permitió la organización nacional de los paramilitares utilizando la institucionalidad legal que proporcionaba el Estado. Según Mancuso, en esos años Francisco Santos sostuvo varias reuniones con la cúpula de los grupos paramilitares. Incluso una de ellas habría tenido lugar en las instalaciones del periódico El Tiempo para explicar el sentido de la estrategia de las Auc. Para Santos, el nuevo “proyecto contrainsurgente” era un movimiento político-militar “con arraigo en distintas clases sociales —incluso las populares—”. Un proyecto que surgía “de las entrañas de la violencia guerrillera” ante el “vacío del Estado”.

Ahora, luego de que se han producido las confesiones de los jefes paramilitares, que intentaba evitar el Vicepresidente con el discurso de la reconciliación nacional, su lenguaje se ha tornado más abierto y directo. A los magistrados los acusa de llevar a cabo una “justicia espectáculo”. A los defensores de derechos humanos de formar parte de una asociación con los delincuentes. Ahora Mancuso ya no le parece el jefe de un movimiento político-militar digno de visitar la redacción de El Tiempo ni una víctima que tuvo que entrar en la guerra. Ahora, lo cataloga de delincuente y narcotraficante que no merece ninguna credibilidad.

La justicia tendrá que definir si el vicepresidente de la República, Francisco Santos, formó parte del proyecto de creación de las estructuras paramilitares en Bogotá. No obstante, las dimensiones de su responsabilidad son evidentes e innegables. Es difícil creer que el joven periodista de la casa editorial más influyente del país no conociera el verdadero trasfondo del proyecto paramilitar: sus estrechos nexos con las instituciones estatales, su carácter abiertamente agresivo, su táctica de “vaciar” y “limpiar” zonas enteras del país para obtener el control territorial de los clanes económicos y políticos. Pero además de la justificación consciente, y de las reuniones con los comandantes paramilitares, existe un hecho que habla del papel que ha desempeñado en este proceso Francisco Santos. Nadie que haya ocupado una posición tan alta en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe —un aparato involucrado orgánicamente con los grupos paramilitares y con multifacéticas formas de corrupción— puede considerarse exento de responsabilidad criminal.

fm_cepeda@yahoo.fr

Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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