DECLARACIÓN PÚBLICA DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO

En relación con los hechos que han generado debate público en las últimas semanas y que conciernen al Polo Democrático Alternativo manifiesto lo siguiente:

Desde hace varios años el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos. Al mismo tiempo, los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos: la implementación de la educación gratuita hasta el grado 11, la apertura de miles de cupos para educación tecnológica y profesional; la política de seguridad alimentaria que busca erradicar el hambre y la desnutrición en Bogotá; la ampliación de la cobertura en el servicio de salud; el diseño de una EPS distrital que demuestre que la salud es un derecho y no un negocio; la consolidación de un sistema integrado de transporte, etcétera. Todos estos son programas y decisiones de gobierno que demuestran que en Bogotá sí se puede garantizar derechos constitucionales que históricamente se le han negado a la mayoría de nuestros ciudadanos.

No obstante todo lo anterior, considero que la gravedad de los hechos de los que se responsabiliza tanto a algunos funcionarios públicos de la administración distrital, como a algunos miembros del partido ameritan una pronta y transparente investigación, así como también una total colaboración con las instancias judiciales y disciplinarias competentes. En estas circunstancias no caben ni apoyos acríticos ni actitudes encubridoras.

El Polo en virtud de su talante democrático debe ser el abanderado de la defensa del derecho al control político. La ética y la transparencia en el ejercicio de los funcionarios públicos y representantes del Polo son un deber sin el cual no se puede construir un proyecto político alternativo. Las denuncias no pueden ser simplemente ignoradas, vengan de donde vengan. De hecho, las denuncias presentadas por miembros del Polo resultan una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido.

Además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad.

De otra parte, se hace necesario contrarrestar las tendencias de caudillismo que no consulta ni responde a las decisiones colectivas del partido. No puede pretender ser democrático aquel que pisotea las normas de la participación democrática de una colectividad.

Al mismo tiempo, propongo que se desarrolle un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior de la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo, considero que es imperativo convocar a la mayor brevedad la realización del congreso nacional del PDA.

ENTREVISTA A IVÁN CEPEDA EN "EL ESPECTADOR"

La entrevista de Cecilia Orozco | 16 Octubre 2010 - 3:21am

"A veces creo que soy muy moderado"

El Espectador | Elespectador.com

Iván Cepeda explica por qué se opone a la ley de víctimas que se tramita en el Congreso y se refiere a su condición de hijo de un líder asesinado.

Cecilia Orozco Tascón.- En estos días se discute la ley de víctimas y restitución de tierras. Era impensable que un proyecto similar avanzara con Álvaro Uribe. Hoy es posible por una decisión del gobierno Santos. Sin embargo, usted se opone, ¿por qué?
Iván Cepeda Castro.- Reconozco que el proyecto tiene algunos puntos que constituyen un avance, pero, al tiempo, tiene grandes limitaciones y vacíos. Cito unos: las víctimas no han sido consultadas para la presentación de este proyecto. El Gobierno dice que se hizo en otro momento, pero es importante que ellas, que son las protagonistas de la ley, opinen sobre el actual. Segundo, en la ley hay un gran obstáculo para la reparación. La Administración ha incluido una limitante muy fuerte, que es el concepto de sostenibilidad fiscal.
C.O.T.- Pero el Gobierno debe ser responsable con las finanzas de la nación.
I.C.C.- Es cierto, pero también debe tener sentido de las proporciones. Hasta donde se sabe, el Gobierno habla de $44 billones en diez años, de los cuales $33 estarían consagrados a la asistencia y sólo $11 a una efectiva reparación. Eso significa que habría algo más de un billón de pesos al año para este último objetivo. Esos recursos son nimios con relación a la catástrofe que vive el país. Es muy mezquino y ausente de cierto decoro ético poner la reparación en esos términos. Cuando se trata de gastar en defensa, no hay alarma por la estabilidad fiscal. El Gobierno ha propuesto $20 billones en un año para la defensa nacional, mientras que para 4 millones de víctimas le parece suficiente un billón anual.
C.O.T.- Lo que hay previsto sobre restitución de tierras, ¿tampoco lo deja tranquilo?
I.C.C.- Hay algo previsto, sí, pero, ¿por qué no se diseña una política para perseguir los bienes, los capitales y las tierras apropiados ilegalmente? No debe pensarse sólo en cómo indemnizar, sino en la manera de debilitar el aparato criminal. El proyecto no tiene una política seria que permita captar recursos para reparar a las víctimas. No se prevé ningún mecanismo para la restitución del patrimonio usurpado, lo que hace inviable el mantenimiento de esa restitución. Además, se excluye a algunas víctimas. Por ejemplo, familiares de miembros de grupos armados ilegales no serán víctimas para esta ley, lo cual es discriminatorio.
C.O.T.- En sana lógica, se diría que los familiares de los victimarios no deberían tener el mismo tratamiento del Estado que las víctimas de sus parientes.
I.C.C.- Piense en un niño o en un muchacho que fueron reclutados a la fuerza por un grupo armado ilegal. En ese caso, ¿quién determina si ellos son víctimas o victimarios? Si el padre de un paramilitar es secuestrado por la guerrilla, ¿no tiene derecho a reparación administrativa?
C.O.T.- ¿Usted prefiere que no haya ley o que pase con algunas de las falencias que señala?
I.C.C.- Quisiera una ley de víctimas que responda a los derechos de verdad, justicia y reparación, y no una que pueda ser eventualmente declarada inexequible por la Corte Constitucional, o que sea inocua porque reconocerá uno que otro derecho, pero sin resolver el problema de fondo.
C.O.T.- Es raro verlo a usted, defensor de derechos, como parte de un Congreso desprestigiado.
I.C.C.- Antes de intentar ser elegido, lo pensé mucho. Llegué a esta posición, porque creo que la búsqueda de justicia, verdad y reparación, desde el punto de vista estrictamente judicial, tiene unos límites. No quiero decir que sea una lucha vana o improductiva, pero quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas son los representantes de los poderes populares. Decidí experimentar y no me arrepiento.
C.O.T.- ¿De dónde salieron los recursos económicos para su campaña a la Cámara y cuántos votos obtuvo?
I.C.C.- Obtuve 35 mil votos e hice una campaña de opinión, sin ningún tipo de maquinarias, únicamente en Bogotá. En el Polo no represento ninguna colectividad política en particular, ni siquiera aquella en la que militó mi padre buena parte de su vida. Soy un representante que viene del movimiento de víctimas y de derechos humanos. Como se imaginará, los recursos que tuve fueron muy limitados y los conseguí mediante préstamos con amigos.
C.O.T.- 35 mil votos en Bogotá no es poca cosa. ¿Qué tipo de votante es el suyo?
I.C.C.- Durante la campaña encontré gente que pensé que no votaría por mí, pero lo hizo. Me refiero a personas provenientes de vertientes ideológicas diferentes y de partidos políticos tradicionales. Para mi sorpresa, algunos eran de ciertos estratos sociales. No estoy seguro, pero quisiera pensar que lo hicieron porque ha calado el mensaje de las víctimas y el del respeto a los derechos humanos. Por supuesto, también hubo votación de la izquierda y de sectores que tuvieron empatía con mi padre.
C.O.T.- Su partido ha sido descalificado por la gestión y los presuntos malos manejos de la Alcaldía de Bogotá. ¿Es crítico de lo que ocurre en el Polo o prefiere mirar para otro lado?
I.C.C.- Soy crítico de ciertas actuaciones y comportamientos. Lo que la opinión pública ha expresado debería conducir a que el partido examine de una manera objetiva la gestión de la Alcaldía. Pero también distingo claramente entre eventuales problemas que pudieran existir y las campañas que se vienen haciendo para etiquetar al Polo y para crear en la conciencia ciudadana que el partido es corrupto inventando algunos hechos o exagerando otros.
C.O.T.- El movimiento que usted representa es, explícitamente, una organización para víctimas de crímenes estatales. ¿No termina segregando a otras víctimas, por ejemplo, las de la guerrilla?
I.C.C.- No. También abogamos por otras víctimas y por sus derechos. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado no niega que la guerrilla ha causado daño y que ha generado víctimas individuales y colectivas con actos que pueden ser castigados como crímenes de guerra.
C.O.T.- La pregunta viene al caso porque si a uno le preocupa la suerte de unas víctimas, no puede ser sensible a unas e insensible a otras…
I.C.C.- Comparto lo que usted dice. Parte de lo que debemos resolver como sociedad es adquirir la sensibilidad que nos haga reaccionar sin miramientos. Los más privilegiados reaccionan indignados sólo si sus derechos no son respetados, pero son indiferentes con los de los demás. También me llama la atención que nadie ponga en tela de juicio la condición de víctima de un secuestrado de la guerrilla. Y que quien ha tenido un familiar víctima de desaparición forzada tenga que justificarse.
C.O.T.- En una parte del mundo político y periodístico se le percibe a usted como exagerado. ¿Se siente poco tolerante con posiciones distintas a la suya?
I.C.C.- No. Por el contrario, a veces creo que soy muy moderado. ¿Qué pedimos para las víctimas?, que haya efectivamente una reparación, que se desmantelen los aparatos criminales, que se reconozca el daño que se ha hecho. No son planteamientos de carácter revolucionario.
C.O.T. Usted dio una batalla muy larga para que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad en el crimen de su padre. Pero ese reconocimiento resultó, paradójicamente, negativo, porque se presentaron ataques a la memoria de su padre. ¿Se arrepiente de esa lucha?
I.C.C.- Lo que había en el fondo era un profundo malestar por haber logrado una sentencia internacional en la que se reconoce que el asesinato de Manuel Cepeda fue un crimen de Estado. De ninguna manera me arrepiento. Por el contrario, me siento muy orgulloso de haber llevado a esas instancias el tema de mi padre.
C.O.T.- ¿Cree que logró su propósito o está insatisfecho con la forma como el Estado pidió perdón por la muerte de su padre?
I.C.C.- La sentencia de la Corte Interamericana es irreversible y su posición es incontrovertible. Además, este fallo es el inicio de la definición en la Corte, de la persecución del Estado contra la Unión Patriótica, siguiente paso en este debate. El presidente Uribe no quiso presentar el perdón que le exigió la Corte, en los términos en que se lo solicitó. Espero que el gobierno Santos lo haga.
C.O.T.- Y si eso no ocurriera, ¿iniciaría una nueva batalla jurídica contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana?
I.C.C.- Colombia no ha cumplido en los términos en que lo exigió la Corte, pero no quiero llegar a esa instancia. El gobierno Santos sabe que tiene que cumplir. Va a ser interesante observar su actitud para evaluar hasta dónde el discurso tiene coherencia.
C.O.T.- Si no cumple, ¿cuál es el siguiente paso jurídico?
I.C.C.- Podría ocurrir que la Corte Interamericana termine enviando un informe ante la asamblea general de la OEA, lo cual tiene una repercusión política internacional enorme y genera un precedente internacional muy negativo para Colombia ante los órganos de justicia como la Corte Penal Internacional.
C.O.T.- Usted formó parte de un grupo que habló con los paramilitares extraditados. ¿Por qué quiso hablar con los victimarios?
I.C.C.- Esta decisión se tomó y no a título personal, en el seno del Movimiento de Víctimas del Estado, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba. No fue fácil sopesar lo esencial que era el encuentro, con el rechazo natural que sentíamos. No me arrepiento porque tuvimos la oportunidad de conocer la verdad sobre los hechos que intentaron sepultar con la extradición de estas personas. El resultado de esas visitas es que los llamados jefes paramilitares no eran los jefes, sino que formaban parte de un gran aparato criminal en el que ellos cumplían unas funciones, ejecutaban órdenes de otros. La parainstitucionalidad de Colombia todavía está por ser desenmascarada.
C.O.T.- ¿A cuál de los jefes paramilitares saludó primero?
I.C.C.- A Salvatore Mancuso.
C.O.T.- ¿Lo saludó de mano?
I.C.C.- No. El primer encuentro fue supremamente difícil, porque se suponía que había que entablar una conversación y yo no me sentía cómodo. Fue un momento muy tenso: él me extendió la mano y no se la pasé.
C.O.T.- ¿Qué lo impactó más?
I.C.C.- Entender mejor quiénes eran. Y mi conclusión es que ellos no eran los señores de la guerra omnipotentes que creíamos, sino los instrumentos de otros, sin que esa circunstancia minimice su responsabilidad. Le repito una frase que utilicé en el debate sobre tierras, y que no es mío. Proviene de alias Pitirri. Él decía: “Unos veníamos matando; otros venían comprando, y otros iban legalizando”. Esas palabras tan simples resumen lo que hemos visto en estos años: primero fueron las masacres; después, las grandes adquisiciones de tierra. Y lo que estamos viendo hoy es la legalización de esos dominios.
“Es temprano para comparar”
Cecilia Orozco.- ¿Cómo evalúa al gobierno Santos y qué comparación hace con las administraciones de Uribe?
Iván Cepeda.- Es temprano para hacer comparaciones o evaluaciones, porque el Gobierno actual ha anunciado unos propósitos, pero hay que juzgar por los hechos. No sólo por sus palabras y por sus gestos públicos que también hay que apreciar. La ruta de la administración se definirá por los proyectos a los que nos está abocando; y lo que veo en el Congreso en materia de propuestas legislativas es sombrío. Hay iniciativas que plantea el Gobierno que pueden afectar gravemente los derechos de los ciudadanos.
C.O.- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
I.C.- Por ejemplo, la iniciativa de convertir la macroestabilidad económica en un derecho fundamental. Se genera así un mecanismo que intimidará a los jueces de la República a la hora de fallar acciones de tutela, acciones en favor de los desplazados, sentencias de reparación de víctimas u otro tipo de decisiones que puedan ser consideradas como dañinas a lo que se denomina estabilidad fiscal.
C.O.- ¿Cree que se camufla una especie de reforma subrepticia de la justicia?
I.C.- Creo que eso forma parte de un gran proyecto que tiene muchos ingredientes de continuidad con el modelo anterior.
Dos veces en el exilio
C.O.- ¿Cuántas veces ha estado en el exilio?
I.C.- Salimos entre el año 65 y el 70 porque iban a matar a mi padre. Yo tenía en ese momento tres años. Después, en el año 2000, tuvimos que irnos hasta 2004 por circunstancias que tenían que ver con el proceso en el caso del asesinato de mi padre, cuando se produjo la condena de dos suboficiales como autores materiales del crimen.
C.O.- Supongo que hay un momento en que uno tira la toalla y se instala definitivamente en otro sitio. ¿Por qué no lo ha hecho?
I.C.- En algún momento, sobre todo en el segundo exilio, cuando no quería irme del país, pero tuve que hacerlo, me convencí de que esa opción le hace perder a uno el sentido a la vida.
C.O.- Obviamente su nombre siempre estuvo entre los vigilados en el complot del espionaje del DAS.
I.C.- Cierto, pero menos que otras personas.
C.O.T. ¿Hasta dónde invadieron su privacidad? ¿Lo sabe?
I.C.C.- Siempre he sido consciente de que interceptaban las comunicaciones. También de que había seguimientos, pero nunca imaginé la sofisticación de lo que se ha encontrado en los archivos del DAS.
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http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso-230033-veces-creo-soy-muy-moderado

Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”

ELESPECTADOR.COM

Iván Cepeda Castro | 13 Octubre 2010 - 10:37pm

Por: Elespectador.com

EL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS contiene algunos preceptos que pueden contribuir a la superación de los efectos de la violencia.

Por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba para los procesos de restitución de tierras, y el reconocimiento de las víctimas de agentes estatales. No obstante, el proyecto también tiene múltiples vacíos, e incluso contempla prescripciones que limitan severamente el derecho a la reparación.

Uno de los ejes transversales de la legislación propuesta por el gobierno del presidente Santos es la tesis de que las sentencias judiciales están entre las principales amenazas de la estabilidad macroeconómica. Para el Gobierno no son la corrupción ni el gigantesco gasto en defensa ni las generosas gabelas y beneficios tributarios a los más pudientes, las causas de los problemas de insolvencia fiscal. El peligro radica en los fallos de tutela que protegen los derechos de la población desplazada y el acceso al servicio de salud para los más pobres. Este razonamiento es el sustento ideológico de un frontal ataque contra la Constitución de 1991 hecho con una poderosa máquina parlamentaria.

Con ese mismo espíritu se ha diseñado la ley de víctimas. Los artículos 5 y 13 del proyecto introducen el concepto de “sostenibilidad fiscal” que recorta drásticamente la pretendida reparación. El proyecto además deja a discreción del Gobierno fijar los montos de la indemnización de las víctimas por la reparación administrativa, limita algunas de las modalidades de la indemnización por vía judicial —lo cual es un claro retroceso—, y no establece la restitución patrimonial para quienes han sido despojados de tierras.

El enorme daño causado durante décadas de violencia a más de cuatro millones de personas que reconoce el Gobierno, quiere ser reparado con 40 billones de pesos entregados a lo largo de una década. En otros campos, el ahorro fiscal no constituye obstáculo. El país entrega anualmente 20 billones de pesos para los gastos de defensa y seguridad democrática, sin que ello suscite la alarma del Ministro de Hacienda. Para disimular tal precariedad, el proyecto pretende incorporar una serie de artículos e incisos que confunden las prestaciones sociales del Estado con medidas de reparación, lo cual riñe con la constitucionalidad de la ley.

El estilo utilizado en el proyecto para obligar a las autoridades a cumplir con la sostenibilidad fiscal, me hace recordar el intento fallido de los decretos de emergencia social del anterior gobierno de recortar la autonomía de los médicos al momento de formular procedimientos. Jueces y médicos terminan siendo los responsables de hacer viable una política en que los intereses privados se aseguran a través del sacrificio de los derechos fundamentales.

Por elementales principios éticos la reparación no debe ser un asunto de regateo económico. Lo indicado en este caso es crear mecanismos eficaces para que las fuentes de esa reparación sean los bienes y capitales de los aparatos criminales. Igualmente, desarrollar la jurisprudencia que ha establecido la creación de impuestos a las empresas que se han lucrado de la acción de los grupos armados ilegales como una de las fuentes para la reparación. De esta forma, el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales puede contribuir al mismo tiempo a la no repetición de la violencia.

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección del Fiscal General de la Nación”

“Insto al presidente Juan Manuel Santos a cambiar la terna para la elección
del Fiscal General de la Nación”

Durante la semana anterior se conocieron las declaraciones de Juan Carlos
Sierra alias ‘El Tuso’, en las que entre otros hechos, reveló sus estrechos
nexos con el ex senador Mario Uribe.

Según afirmó Luis González, jefe de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
General de la Nación, las declaraciones del narcotraficante alias ‘El Tuso’
darán lugar a una investigación en el ente acusador y ante la Corte Suprema
de Justicia.

El representante Iván Cepeda Castro instó al presidente de la República
Juan Manuel Santos a que cambie la terna de candidatos que aspiran al cargo
de Fiscal General de la Nación.

La terna que examina actualmente la Corte Suprema de Justicia está viciada
-sostuvo el parlamentario- quien la propuso, el ex presidente Álvaro Uribe,
tiene interés particular en esta designación. El nuevo Fiscal debe
investigar las acusaciones hechas contra el ex senador Mario Uribe, primo
del ex mandatario; la responsabilidad de sus más estrechos en el espionaje
del DAS; la presunta responsabilidad de algunos ex ministros en tratos de
corrupción, y muchos otros eventos criminales. Por esta razón, la elección
del nuevo Fiscal debe responder al criterio fundamental de imparcialidad. Para
que se asegure el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su
conjunto, invito al presidente Santos para que postule nuevos candidatos.

Oficina de Prensa
Representante Iván Cepeda Castro
Congreso de la República de Colombia

Entrevista en Revista Semana a Iván Cepeda

“Gracias a Colombia, la convención contra la desaparición forzada regirá en el mundo”
Nación El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el “panorama será cada vez más sombrío”.

Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.

La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del “derecho a la reparación”, a la “búsqueda de la persona” o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad “que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial”.

Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención “entraría en vigor”, pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.

El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

Semana.com: ¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?

Iván Cepeda:
La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.

En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.

Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

Semana.com: ¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?

I.C.: En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

Semana.com: ¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?

I.C.: Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

Semana.com: ¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?

I.C.: Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

Semana.com: ¿Quiénes han firmado el convenio?

I.C.: Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

Semana.com: ¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?

I.C.: La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama Un cadáver insepulto en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

Semana.com: ¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
I.C.:
La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.

En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

Semana.com: ¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?

I.C.: Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Semana.com: Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?

I.C.: Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.

Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

Semana.com: ¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?

I.C.: Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

Semana.com: ¿En su criterio cuáles son esos estándares?

I.C.: Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Semana.com: Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?

I.C.: Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.

Se abre paso la Convención contra la desaparición forzada en Colombia

Con diez votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en la mañana de hoy en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley No 303/10 en la Cámara y 209/09 del Senado sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención fue adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

El representante Iván Cepeda, ponente coordinador de esta iniciativa, calificó la Convención como un instrumento revolucionario para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo. También señaló que su aprobación en Colombia se constituiría en un hecho histórico de enorme significado para la humanidad. La Convención ha sido ratificada por 19 Estados y sólo falta uno para completar los veinte requeridos para su entrada en vigencia.

El acto contó con la participación de Christian Salazar Volkmann, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; Guilhem Ravier, coordinador de protección de la Comisión Internacional de la Cruz Roja; Federico Andreu Guzmán, director de la Comisión Colombiana de Juristas; José Daniel Álvarez de Familiares Colombia; Gloria Gómez, directora de ASFADDES; Jorge Cubides, Asesor Jurídico Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República; Andrés Orlando Peña de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; María Paulina Riveros Dueñas, representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y una vocera de la embajada de Francia.

“Colombia podría tener el honor de ser el país que mediante la aprobación de la Convención logre que este valioso instrumento de derechos humanos entre en vigor, lo cual le confiere una enorme importancia internacional a la decisión que adopte el Congreso de la República” afirmó el parlamentario.

Christian Salazar Volkmann, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, afirmó que la desaparición forzada es la más grave violación a los derechos humanos porque implica el desconocimiento de otros derechos, como el derecho a la seguridad, a la dignidad, a no sufrir tortura o trato inhumano y degradante, a una personalidad jurídica, a un juicio justo, a la vida familiar y el derecho a la vida.

“La desaparición forzada es una violación continúa en el tiempo. Según el artículo 5 de la Convención es un crimen de lesa humanidad cuando es sistemático y generalizado”

La convención en su articulado prioriza las voces de las víctimas, determina que los familiares tienen derecho a conocer las circunstancias de la desaparición, el paradero de los restos de sus seres queridos y a una reparación integral. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a los desaparecidos y a lograr la verdad sobre lo ocurrido.

Federico Andreu, director de la CCJ, explicó que la Convención pretende lograr la represión del delito al tipificar la desaparición forzada como una violación autónoma, de naturaleza grave y con carácter permanente y continuado. También determina la responsabilidad individual y prohíbe que se invoque la obediencia debida para la exoneración de responsabilidades penales; determina normas procedimentales mediante la cooperación judicial entre los Estados Parte y define las medidas de prevención.

Con el voto favorable por parte de Colombia se contribuye a que las víctimas de todo el planeta cuenten con un recurso ante la justicia, y que además sean escuchadas de acuerdo a lo que determina la normativa internacional. “Es un llamado ético que nace de una convicción solidaria” sostuvo el representante Iván Cepeda

El representante Cepeda agradeció a la Comisión su apoyo, a los invitados y a los familiares de desaparecidos que estuvieron presentes durante el acto de sustentación.

“Es un momento trascendental para el país y nos llena de emoción haber logrado este reconocimiento en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes” concluyó el parlamentario.

OFICINA DE DE PRENSA

IVÁN CEPEDA CASTRO

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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