Por: Iván Cepeda Castro
En general, la orientación del Gobierno en términos del presupuesto de la Nación se basa en recaudar impuestos cuya destinación define las prioridades de su política. Por eso buena parte de esos recursos se destinan a financiar el gasto militar y la subvención de determinados sectores del empresariado y la banca, con el fin de fortalecer la seguridad democrática y la “confianza inversionista”. En ausencia de políticas sociales, el Gobierno ha creado una serie de instancias —Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Acción Social, etc.— que disimulan con ayudas puntuales y de beneficencia pública la falta de verdaderos programas estratégicos en materia de salud, vivienda y educación. En este mismo sentido, el Gobierno quiere asimilar al esquema de carácter asistencial y populista la reparación integral de las víctimas. El Decreto 1290 de 2008, que ordena la “reparación administrativa”, es expresión de tal concepto. Busca generar la apariencia de un programa de “reparaciones” de amplio espectro sin tocar los bienes y capitales de los políticos, empresarios y narcoterratenientes, comprometidos con la acumulación de riqueza por la vía de la violencia.
Como bien lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el deber de reparación del Estado no corresponde a “aspiraciones inalcanzables”: “La reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”. La expresión elemental de la justicia con relación a la reparación integral concierne no sólo al deber estatal de garantizar que los perpetradores de los crímenes —en primer lugar, sus máximos responsables— sean debidamente juzgados y sancionados. También consiste en que la principal fuente de la reparación material provenga de los bienes que han sido usurpados y de los cuales se benefician los jefes de los grupos criminales. Pero aquí no ocurre tal cosa. Por el contrario, las tierras que se han incautado terminan siendo vendidas a consorcios vinculados con las redes criminales y narcotraficantes. La reparación se convierte en una forma de legalización de las propiedades usurpadas por medio de cadenas de testaferros.
Pero más allá del argumento fiscal, el Gobierno promovió el archivo de la ley de víctimas, pues quiere a toda costa evitar que se reconozcan los crímenes de Estado. En días pasados, en una reunión pública el médico Juan Carlos Boja fue sometido a la fuerza por agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena. El joven médico interpeló al presidente Uribe por esa clase de crímenes. La respuesta a sus insistentes preguntas fue la violenta y desproporcionada reacción de la Policía.
Una ley de víctimas que cumpla con los principios universales debe incluir procedimientos e instancias transparentes que permitan perseguir y restituir efectivamente a las víctimas las tierras y los capitales financieros de los que hoy gozan los parapolíticos y paraempresarios. Ese es el tipo de norma que buscan crear los movimientos de víctimas en Colombia y que a la postre lograrán que se adopte.
fm_cepeda@yahoo.fr
YO NUNCA HE CREIDO EN LAS LEYES DICTADAS POR ESTE CONGRESO, DONDE DESGRACIADAMENTE TIENEN AL PUEBLO A SU SERVICIO. SUENA A LA MISMA RETAHILA, PERO ASI ES.
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