Informe de rendición de cuentas del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro

El representante a la cámara por el PDA Iván Cepeda Castro presenta a la opinión pública el informe sobre algunos de los aspectos más relevantes de su actividad parlamentaria. Dicha labor se hizo en constante contacto y consulta con los movimientos de víctimas y organizaciones sociales. Cinco meses de actividad legislativa dejan importantes resultados para el país.

Dos debates de control político

El representante Cepeda convocó, junto a otros parlamentarios, a dos debates sobre temas cruciales: uno sobre tierras y despojo masivo, y otro sobre tumbas de personas no identificadas en cuatro cementerios del oriente del país.
El primer debate sobre los rostros del despojo de millones de hectáreas evidenció las modalidades, legales e ilegales, que se vienen empleando para lograr que la tierra de la cual fueron expulsadas cientos de miles de familias campesinas pase a manos de redes criminales y grandes consorcios. El caso más elocuente es el que se registra en los Montes de María, donde las nuevas agropecuarias compraron utilizando formas de presión 75.000 hectáreas. Estos consorcios son dirigidos por amigos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contaron con subsidios entregados por su gobierno[1].

El representante Cepeda reveló durante el debate de control político que las nuevas caras del despojo se vienen presentando en el contexto de maniobras especulativas en varias regiones del país que involucra a empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’ entregó a la Fiscalía General. La estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Mientras unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Estas denuncias sobre las modalidades del despojo y legalización de tierras de manera fraudulenta, así como la entrega de los nombres de varios empresarios que se vienen lucrando de la acción violenta de grupos paramilitares y de la miseria de familias campesinas, contribuyeron a que el Ministro de Agricultura tomara cartas en el asunto.

El segundo debate de control político convocado por el representante Cepeda junto a la senadora Gloria Inés Ramírez, sobre la existencia de cementerios de NN y fosas en cementerios del departamento de Meta y Guaviare, reveló la existencia de más de 1.500 cadáveres sepultados como NN. También mostró el incumplimiento reiterado de los procedimientos protocolarios y normas forenses para la manipulación de restos humanos. Durante el debate se analizó en detalle las múltiples violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el departamento del Meta y del Guaviare, en especial en los seis municipios que integran la zona de consolidación.

Las denuncias presentadas por el Representante, los derechos de petición y los requerimientos para inspecciones judiciales formuladas a la Fiscalía han permitido avances sustanciales en la investigación de estos hechos. Esta labor también estimuló la realización de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para determinar la identidad de miles de personas no identificadas –NN- que se encuentran sepultadas en cementerios de todo el país. Por los requerimientos hechos, la Fiscalía ordenó también la inspección de los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare. Esta semana el representante Cepeda solicitó igualmente la inspección del Cementerio Central de Villavicencio.

Entre el 14 y el 20 de enero de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, después de una inspección judicial realizada en el cementerio municipal de Granada, Meta a solicitud del representante Cepeda, realizó la exhumación de 42 cuerpos de personas no identificadas ubicados en una tumba colectiva sin señalización que se encontraba en el cementerio de Granada, Meta. Otros 24 cadáveres se hayan en 12 bóvedas del mismo cementerio. La Fiscalía señala que estos 66 cadáveres, entre los que hay menores de edad, serían parte de las muertes que ocasionaron combates ocurridos en julio de 1999[2].

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

El representante Cepeda fue ponente del proyecto de Ley No 303/10 Cámara y 209/09 Senado para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Para dicha ratificación se logró mediante un acuerdo político de todas las bancadas del Congreso que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes como en la plenaria. La aprobación de este tratado por Colombia puede posibilitar que la Convención entre en vigencia al completarse los 20 Estados requeridos para ese fin. La ratificación de la convención obliga a los Estados miembros a buscar a las personas desaparecidas, a lograr la verdad sobre lo ocurrido y reconoce los derechos de los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Para los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación del proyecto de Ley de Víctimas, acumulado al de restitución de tierras, el representante Cepeda recogió varias de las propuestas formuladas por las organizaciones sociales y movimientos de víctimas. Estas propuestas quedaron plasmadas en la presentación de 50 proposiciones en el debate de Comisión Primera.

Entre las propuestas más importantes que fueron discutidas por la bancada del PDA, está la ampliación del universo de víctimas, las diferencias entre asistencia y reparación, el principio de “estabilidad fiscal” como criterio para la reparación, el fortalecimiento de la defensa judicial para las víctimas a través de la Defensoría del Pueblo, el principio de enfoque de género, las modificaciones incorporadas para garantizar que quienes hayan sido extraditados puedan contribuir a la reparación; el fortalecimiento del fondo de reparación con los bienes de financiadotes de grupos paramilitares y autores de crímenes de lesa humanidad; la restitución patrimonial como aspecto esencial de la restitución de tierras, entre otros. Como fuente de recursos para la reparación, el representante Cepeda propuso la creación de un plan nacional que garantice el acceso a bienes de los victimarios para la reparación de las víctimas. Con ese fin, propuso además la creación de una unidad del CTI destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia. Esta medida, a la vez que garantiza el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas y el debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales, podría contribuir a la no repetición de la violencia padecida.

Para el debate en la plenaria de la Cámara, el representante Cepeda, presentó 10 proposiciones nuevas. La determinación de la fecha establecida para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia fue fijada de manera arbitraria en el año 1991. La exclusión de miles de víctimas con esta decisión obligó a que la bancada del PDA abandonara la plenaria.

Constancias y audiencias

A lo largo de los últimos cinco meses, el representante Cepeda presentó numerosas constancias sobre temas de significado social y político. Asimismo, participó en múltiples audiencias públicas y conferencias sobre temas de derechos humanos en distintas regiones del país.

El 27 de octubre, el representante Cepeda presentó proposición para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promoviera la realización de una conferencia global para que se discuta la política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes, así como los impactos de la despenalización del consumo y tráfico en busca de una solución integral e internacional. La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la propuesta.

El pasado 23 de noviembre, Cepeda expresó mediante constancia su rechazó por el asilo territorial que el gobierno de la República de Panamá le concedió a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Cepeda recordó entonces, que el asilo es una figura jurídica internacional de los Derechos Humanos, gracias a la cual personas que sean perseguidas por razones políticas o ideológicas obtienen protección humanitaria bajo la jurisdicción de otro Estado. No obstante, tal como claramente lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 14, este derecho no podrá ser invocado para hechos vinculados con presuntos delitos comunes o por actos opuestos[3].

Iván Cepeda también participó en audiencias de derechos humanos, a través de las cuales recogió gran cantidad de denuncias de las comunidades sobre graves violaciones de derechos humanos y preocupaciones que aquejan a los habitantes de varias regiones del país. Algunas de estas audiencias de derechos humanos fueron las realizadas en La Macarena, Meta, Sincelejo, Barranquilla y Bucaramanga.

NOTAS AL PIE:

[1] A este respecto, el 21 de octubre de 2010 el canal City TV, propiedad de la CEET, convocó a un álgido debate entre el empresario y comprador de tierras en los Montes de María (Sucre), Álvaro Echeverría y el representante Iván Cepeda. Tras una larga y acalorada discusión, Cepeda logró demostrar la existencia de esta nueva modalidad de despojo.

[2] El Espectador; Cementerio La Resurrección de Granada tiene 412 N.N., según Fiscalía. Diciembre 17 de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-240918-cementerio-resurreccion-de-granada-tiene-412-nn-segun-fiscal

[3] Constancias: Constancia del 15 de diciembre de 2010 sobre el SENA presentada por las bancadas de Cámara y Senado del PDA; constancia del 14 de diciembre de 2010 sobre Ley de Víctimas. Constancia del 7 de diciembre de 2010 en rechazo al atentado cometido por las FARC en el municipio de Vegalarga, Huila. Constancia del 25 de noviembre de 2010 en repudio al asesinato del líder social Óscar Maussa. Constancia del 24 de noviembre de 2010 sobre la necesidad de consultar a las organizaciones de víctimas y de derecho humanos para el trámite de Ley de Víctimas. Constancia del 23 de noviembre de 2010 por la concesión del asilo territorial a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado en Panamá. Constancia del 13 de noviembre de 2010 para la presentación de 35 proposiciones al proyecto de Ley de Víctimas. Constancia del 8 de noviembre del 2010 sobre proposiciones a la Ley de Víctimas. Constancia del 27 de octubre de 2010 para que Colombia en calidad de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promueva la realización de una conferencia global sobre política de seguridad contra el tráfico de drogas y estupefacientes e impactos de la despenalización del consumo y tráfico. Constancia del 26 de octubre de voto negativo al proyecto de acto legislativo 016 de 2010 cámara, por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social. Constancia del 20 de octubre de 2010 en la que el PDA propone observación internacional a la investigación que adelanta la Comisión de investigación y acusaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Constancia del 28 de septiembre de 2010 para exigir que la oposición tenga derecho a la libre expresión. Rechazo a la decisión del Procurador General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la senadora Piedad Córdoba. Constancia Septiembre 21 de 2010 sobre petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein. Constancia del 15 de septiembre de 2010 por ataques de defensores de derechos humanos.

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Ivan Cepeda Debate de tierras: las caras del despojo

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