Discurso que hice ayer en el Congreso en el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en el asesinato de mi padre, Manuel Cepeda

Me complace que hoy sea en este recinto donde se lleva a cabo el acto
solemne de reconocimiento de responsabilidad estatal por el asesinato de mi
padre. Él fue en sus últimos años congresista: primero elegido como
representante a la Cámara para el período legislativo 1990-1994, y acababa
de posesionarse como senador de la República cuando lo mataron. Una franja
tricolor señala la curul que él ocupaba en esta sala.

En este mismo recinto en el que nos encontramos, el 19 de octubre de 1993,
denunció que iban a atentar en su contra tres generales del Ejército
Nacional e integrantes de grupos paramilitares bajo la Operación Golpe de
Gracia; un plan macabro que terminó con la vida de otros miembros de la
dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, así como le costó
el exilio a la concejal Aída Abella y al senador Hernán Motta.

Meses después, el 9 de agosto de 1994, sin que las autoridades hubieran
tomado ninguna clase de medidas para evitar su inminente asesinato, ocurrió
el crimen anunciado, exactamente tal y como él lo había descrito en la
sesión del agitado debate de control político.

En un operativo mixto, militares y paramilitares lo asesinaron cuando venía
aquí, a la comisión segunda constitucional a defender en calidad de ponente
el proyecto de ley que ratificaba la adopción del protocolo segundo
adicional a los convenios del Derecho Internacional Humanitario.

Acompañando ese operativo estuvo presente el propio jefe paramilitar Carlos
Castaño. Así lo narró en el libro* Mi Confesión*. Según los paramilitares,
había recibido esa orientación de los generales a través de uno de sus
asesores, José Miguel Narváez, quien dictaba un curso en los centros de
sicarios de las AUC llamado: "¿Por qué es legítimo matar comunistas en
Colombia?".

Esa misma suerte la corrió buena parte de la bancada parlamentaria de la
Unión Patriótica. Uno tras otro, siete de sus congresistas fueron
asesinados. Algunos de ellos murieron abaleados en sus casas, delante de sus
familias. El sucesor de mi padre, el senador Hernán Motta, como ustedes lo
han visto en este acto, vive en el exilio. Lo amenazaron a él y a su
familia, la cual había ya sufrido el homicidio del hermano de Hernán,
también militante de la UP. Llegará el día, señoras y señores
parlamentarios, en que a esa bancada aniquilada por la violencia, se le
rinda un merecido homenaje.

En esa luctuosa época a diario caían asesinados los militantes de la UP, y
el ritual semanal era ir a enterrar a un nuevo líder inmolado. Eran días
como aquel, en que a mi tía Stella, a quien ustedes escucharon aquí, le
dinamitaron su casa por ser dirigente de la colectividad en el Cauca; un
atentado del que ella y su familia se salvaron milagrosamente. Días como
aquel en que nos despertamos con la noticia del asesinato de Bernardo
Jaramillo, de Jaime Pardo Leal o de José Antequera. En los que las noticias
eran como aquella, que tanto recuerdo, acerca de que en el sepelio de un
concejal de la UP en el Meta, los paramilitares habían puesto ante la
funeraria un potente equipo de sonido, habían montado una fiesta y al salir
el cortejo fúnebre dispararon matando e hiriendo a algunos de los familiares
y dolientes.

Y mientras ocurría este baño de sangre como lo manifestó ante notario
público el ex consejero de paz, Carlos Ossa Escobar, el general, entonces
ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina dijo un día cuando éste fue a
visitarlo a su despacho para expresarle suma preocupación porque cada día
estaban matando a un miembro de la UP: *“*Carlos, a ese ritmo no van a
acabar nunca”. Sobran los comentarios.

No ha sido fácil el camino de 17 años para llegar a esta tarde en la que se
reconoce la responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad. Dicho
camino ha consistido en una sucesión de exilios, atentados, amenazas, que
han incluido el espionaje de nuestra vida privada y repetidas campañas de
desprestigio.

Nada de eso nos hizo desfallecer, y debemos decir hoy sin presunción pero
con orgullo que buena parte del proceso de justicia en este caso se ha
logrado gracias a nuestra perseverancia, a la de nuestros incansables
abogados y abogadas del Colectivo “José Alvear Restrepo” y del Centro
Internacional para la Justicia, CEJIL, y al trabajo del Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Estado.**

Para solo mencionar uno de los innumerables episodios de esta persecución
que buscaba dejar en la impunidad el caso Cepeda y el genocidio de la UP;
baste recordar el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por parte del anterior gobierno.

El anterior presidente de la República cuando fue notificado de la sentencia
internacional que hoy respetuosamente se acata, hizo una declaración en la
que so pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre, en realidad
agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias que habíamos formulado
“falsas acusaciones” contra el país y como que habíamos procedido “con odio
a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos".

Esa actitud es lastimosamente reveladora del sentimiento de complicidad con
los autores de muchos de los crímenes contra la humanidad que se han
cometido en Colombia, de la persistencia de algunos sectores de la extrema
derecha del país en seguir justificando sus actuaciones violentas y del
desafío a la justicia internacional para mantener la impunidad de crímenes
estatales en Colombia.

Hoy, a diferencia de tales comportamientos, el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos hace oficialmente el reconocimiento de responsabilidad por el
crimen perpetrado contra el senador Manuel Cepeda Vargas, y solicita en esta
sesión solemne perdón por este hecho.

Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la petición de perdón en
situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un
acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la
verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la
enunciación de los destinatarios de la petición, el reconocimiento público
del daño causado y la expresión del compromiso de no repetir en el futuro
acciones similares.

Al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Gobierno Nacional no solo honra su deber de acatar y poner en práctica
las medidas de reparación dictaminadas por el tribunal internacional en un
caso particular. Al mismo tiempo, realiza una acción simbólica que tiene al
menos cuatro significados profundos para la sociedad colombiana, que quiero
destacar brevemente.

*En primer lugar, al reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso
del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se cumple con un acto de
justicia en uno de los miles de hechos del genocidio contra la UP. *

* *

La Corte Interamericana estableció nítidamente que el Estado colombiano
además de ser responsable por acción y omisión del homicidio político contra
el senador Cepeda, fue responsable de haber violado un conjunto de derechos
fundamentales: haber negado la justicia y mantener la impunidad sobre los
máximos responsables que ordenaron y planificaron el asesinato; haber negado
la alianza criminal al más alto nivel entre sectores de las fuerzas
militares y los grupos paramilitares; haber atentado contra la libertad de
expresión y de asociación política de Manuel Cepeda en tanto comunicador
social y líder de la Unión Patriótica y del Partido Comunista; intentar
destruir o tergiversar la memoria del hecho y dañar gravemente nuestra honra
y dignidad; desarrollar una incesante persecución contra quienes buscamos
justicia en este caso, llegando incluso a llevarnos al exilio, etcétera,
etcétera.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el asesinato
perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda tiene las
características de un crimen de Estado. Cito la sentencia en su párrafo 124:
“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del
derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra
comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su
ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y
agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que
debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las
investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre
los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La
planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así
realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de
mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción
organizada, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”.



Sobre este particular no puedo dejar de subrayar que la sentencia de la
Corte Interamericana en el caso Cepeda se inscribe en el histórico
movimiento que está en curso actualmente en nuestra sociedad en el que se
llevan a cabo trascendentales procesos judiciales, y en el que se adoptan
la leyes que comienzan a consagrar algunas medidas tendientes a satisfacer
los derechos de las víctimas. Es el proceso en el que está surgiendo, tal
vez por primera vez en nuestra historia, el principio de proscripción de los
crímenes contra la humanidad.



Deseo decir, señor Ministro, que el Congreso de la República debe defender y
no debilitar este movimiento por la justicia. Reformar la Justicia es
necesario pero solo para fortalecerla; no para socavar su autonomía, anular
sus poderes, someter su independencia a la voluntad de los intereses
políticos o favorecer el regreso al reino de la impunidad, en el que se han
encontrado casos como el que hoy es objeto de una medida de reparación.
Debemos fortalecer la actuación de las altas cortes, de la justicia
constitucional, de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de
control.



*En segundo lugar, el acto de hoy tiene el significado de ser un
reconocimiento de la verdad histórica y, en ese sentido de nuestra dignidad
y de la dignidad del senador Manuel Cepeda Vargas. *

* *

Este reconocimiento comienza a cerrar definitivamente la discusión acerca de
la naturaleza de los crímenes que se han cometido en las últimas décadas
contra miles de miembros de la oposición política en nuestro país, y se
constituye en un precedente fundamental para esclarecer el carácter del
genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista.



Ha quedado clara la esencia política de este crimen y que los móviles que
impulsaron a sus autores intelectuales eran los de acabar de raíz la Unión
Patriótica como opción que tenía un programa de cambios sustanciales. No
fueron el narcotráfico, ni la venganza personal los que acabaron con un
movimiento político entero

* *

La verdad de este caso es que Manuel Cepeda era un líder político de
oposición, quien fue asesinado para dar un golpe de gracia a la
colectividad política a la que perteneció, que en el momento de su muerte
había sido debilitada por miles de otros crímenes y que había sido declarada
objetivo de planes genocidas que cumplieron rigurosamente su propósito hasta
lograr debilitar sus estructuras organizativas y su influencia política.



*El tercer aspecto que tiene el reconocimiento del Estado es que éste es un
acto con hondo significado para la Democracia y para el comienzo del
procedimiento de la reparación política en el caso de la Unión Patriótica.*



La lección auténticamente democrática del sacrificio de los miles de
miembros y líderes de la UP debe quedar por fuera de cualquier duda
malintencionada. A pesar de que eran plenamente concientes de que su vida
corría un extraordinario riesgo, prefirieron asumir el peligro y, muchos de
ellos, eligieron permanecer en sus puestos y actividades a sabiendas que
ello les costaría su vida.



Lo hicieron porque creían firmemente en la Democracia y en la acción
política no violenta. Esa convicción la defendieron con su vida y con la de
los suyos. Quiero citar a ese propósito lo que ha dicho el hijo de uno de
los dirigentes de la UP asesinados, José Antequera: “En lo que se refiere a
la Unión Patriótica es claro que la opción demostrada con la propia vida de
sus militantes, una y mil veces, fue la de la paz y la democracia, y eso, en
vez de ser un motivo de vergüenza, es un orgullo y un legado generalizable.
El día que vengan las disculpas que tiene que pedir el Estado colombiano, lo
que debe venir es el reconocimiento de esa verdad: que en Colombia no es
delito ser comunista, como lo fue Manuel Cepeda; que la Unión Patriótica fue
una esperanza real de paz; que los derechos humanos deben ser garantizados
sin distinción de raza, género, credo u opinión política”.



No es legítimo matar comunistas, ni conservadores ni liberales. No es
legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas. Esa es la verdadera
lección que debemos aprender como parte de un proceso de civilización
política. Esa es la Democracia: el diario ejercicio del diálogo y la
decisión sobre asuntos vitales de la sociedad, en medio de las
contradicciones más álgidas, pero en la convicción de que podemos encontrar
el acuerdo, o cuando menos un ambiente propicio a la contradicción sana.

* *

*Por último, la petición oficial de perdón en el caso Manuel Cepeda Vargas
es un acto que renueva la esperanza en que Colombia podrá poner fin al
prolongado conflicto armado* *que destruye al país.*



Difícilmente puede pensarse que Colombia llegará a la Paz y a la
reconciliación sin que se esclarezca el genocidio contra la UP. Se trata de
uno de los grandes crímenes de nuestra historia que dejó una trágica
enseñanza: no puede responderse a un pacto de paz o a un proceso de paz con
la traición y el asesinato de quienes crean en la promesa de respetar la
palabra empeñada en ese pacto.



Y esta afirmación la dirijo a todas las partes del conflicto a las que exijo
no solo que respeten el Derecho Humanitario, a la población civil y a sus
propios contrincantes; sino además que respeten los pactos y los procesos en
los que se llegue a acuerdos para finalizar el conflicto armado.



Señor ministro Germán Vargas Lleras,

señoras y señores congresistas,

señoras y señores:



En nombre de mi familia, en mi calidad de defensor de derechos humanos y de
Representante a la Cámara, acepto esta petición de perdón como signo de un
tiempo nuevo en Colombia en el que sea posible la participación democrática
de todas las fuerzas políticas.



Acepto esta petición solemne de perdón como un acto que simboliza la
convicción de que al eliminar sectores de la oposición se hizo un daño
irreparable a la sociedad colombiana, y que el gobierno afirma que es una
situación que no puede ni debe volver a repetirse.

Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de
esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia,
fundada en la Democracia y en la Justicia.

Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar
para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al
Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar.

“Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento”, decía mi padre en un
escrito póstumo dedicado a mi madre Yira Castro, y recordando a muchos de
sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la
Unión Patriótica no han muerto. Vivirán por siempre en la memoria de nuestra
sociedad. Su vida, como lo demuestra este acto, no pudo destruirla la
impunidad.

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2011.