Por Iván Cepeda | Publicado el 17 de febrero de 2012
http://m.elcolombiano.com/article/32208
El próximo 6 de marzo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado marchas en Montería y Villavicencio.
Se trata de acciones independientes y autónomas del Gobierno, que no cuentan con su apoyo logístico y que se realizan en medio de difíciles condiciones de seguridad en lugares donde existe control paramilitar y terrateniente.
También son demostraciones que plantean un mensaje claro al presidente Santos sobre el problema de los territorios despojados: se debe decir cuál es la verdadera intención de la política que designa como "restitución de tierras".
El Gobierno debe hablarles con franqueza a las víctimas del despojo y a la población desplazada, en vez de inflar la percepción de la restitución.
Aunque el principal acento del Plan de Choque -aplicado en los primeros meses de esta administración- fue la restitución, en realidad su prioridad fue la formalización de tierras.
Finalizado el Plan, tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas. El senador Jorge Enrique Robledo puso en evidencia la disparidad entre los anuncios gubernamentales y lo que muestra la cruda realidad del proceso.
En el Plan Nacional de Desarrollo se dice que a la vuelta de los próximos cuatro años se habrán realizado 160.000 restituciones. No obstante, el propio Gobierno reconoce que en 2012 sólo se harán 11.000.
El problema en la aplicación de la inversión de carga de la prueba en los procesos de restitución de tierras, tal como lo estipula la Ley de Víctimas, se constituye en otro golpe sensible a la esperanza de que algunas de las tierras despojadas regresen a las manos de sus verdaderos dueños.
El perfil de la política rural del Gobierno que apunta al papel protagónico de la agroindustria y a conceder amplios territorios a la explotación minera -39 millones de hectáreas- encuentra correlación en la formulación del principio del derecho de superficie y del contrato de uso, que permitirán subsanar cualquier problema que tengan los conglomerados en eventuales litigios.
Así, lo que aparece como restitución auspiciaría un modelo "asociativo" que convertiría a los productores campesinos en peones de plantaciones agroindustriales. A esto se añade el documento Conpes que contiene el plan de sostenibilidad de la Ley de Víctimas, según el cual, ante la alegación de buena fe exenta de culpa, es muy probable que los empresarios del campo ganen los juicios de restitución en un 80%.
¿Se incluirá en estos casos a Cementos Argos S.A. y a Tierras de Promisión en los Montes de María, a Aportes San Isidro S.A. -actual propietario de la hacienda Las Pavas- o al empresario Germán Efromovich en la antigua Hacienda Bellacruz?
Por lo demás, llama la atención que en los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro se omite la responsabilidad de estas y otras empresas, así como la alusión directa a terratenientes que poseen miles de hectáreas.
Como si esto fuera poco, queda por resolver el asunto de las condiciones políticas de las regiones donde se ha producido el despojo masivo. Allí no basta con crear esquemas de protección a los líderes campesinos. Se requiere una revolución democrática en estas regiones que haga frente a tenebrosos sectores que se oponen a la restitución, entre los cuales están aquellos aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por estas razones, y desafiando los peligros, los campesinos marcharán el 6 de marzo en Montería y Villavicencio.
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