EL CARTEL DE LAS TRES LETRAS


Por: Iván Cepeda Castro
EN SU EMISIÓN DEL PASADO FIN DE semana, Noticias Uno presentó fragmentos de un documento elaborado por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien hoy vive en el exilio.

Según el noticiero, dicho documento está en poder de las autoridades de Estados Unidos, y su contenido es un testimonio en el que García narra los detalles de su paso por el organismo de inteligencia, y los vínculos de personalidades del Gobierno Nacional con las Auc y el narcotráfico. El escrito afirma que en los círculos más íntimos de la mafia y del paramilitarismo al DAS se le conocía como ‘El Cartel de las Tres Letras’. “A finales del año 2002 —escribe el ex director de informática— Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS; en realidad este viaje (el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano) tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. […] Tanto los viajes de Jorge Noguera como los míos debían ser autorizados, por escrito mediante resolución firmada, por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.

De acuerdo al testimonio, otros colaboradores de Noguera en viajes oficiales a Estados Unidos ayudaron a perfeccionar el envío de los cargamentos de droga y a diseñar la forma en que los dineros pagados por su venta serían introducidos al país: “Se definió que el dinero sería enviado desde los Estados Unidos a través de correos humanos, estas personas serían recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por funcionarios del DAS, quienes se encargarían de que pasaran los controles sin problema alguno. […] Éramos un cartel gubernamental de narcotráfico y lavado de dinero”. En palabras de García, el ‘Cartel de las Tres Letras’ alcanzó a contar con varias rutas similares de tráfico de cocaína e ingreso ilegal de dinero a Colombia que fueron utilizadas por otros narcotraficantes y por bloques paramilitares. Su funcionamiento habría involucrado a funcionarios de varias instituciones estatales al más alto nivel, y permitió que durante los años 2003 y 2004 se introdujeran ilegalmente al país cerca de 100 millones de dólares y entre 50 y 60 millones de euros.

El documento mencionado contiene copiosa información sobre un voluminoso conjunto de actividades delictivas. Corresponde a las autoridades judiciales verificar su veracidad. Sin embargo, no sorprendería que a las múltiples labores criminales emprendidas desde el DAS se agregara el narcotráfico. Sería plenamente coherente con la inagotable historia de descomposición de esa entidad, y con la naturaleza de las redes mafiosas que se han incubado en el seno del Estado. ¿Qué hará falta para que sea clausurado el DAS?

Si las autoridades de Estados Unidos conocen esta información, la pregunta que surge es cuándo pedirán en extradición a los ex funcionarios, y a los funcionarios estatales en ejercicio, involucrados en tráfico de cocaína y lavado de activos. O también, cuándo pedirán en extradición a los políticos de alto nivel que se han lucrado con el narcotráfico. Y esto puede ocurrir cuando esos políticos y agentes estatales que han actuado como verdaderos capos del narcotráfico dejen de ser útiles a determinados fines geoestratégicos.

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LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PARAPOLÍTICOS

Por: Iván Cepeda Castro
EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE Crímenes de Estado, seccional Sucre, solicitó formalmente al gobernador de ese departamento, Jorge Barraza, que ordene retirar definitivamente de las paredes de la Gobernación las fotografías de los señores Salvador Arana, Erick Morris, Jorge Anaya y Miguel Ángel Nule Amín, que forman parte de la galería de ex mandatarios locales.

Los cuatro fueron gobernadores durante los años de mayor influencia y criminalidad de los grupos paramilitares en esa zona del país. La responsabilidad de Morris y Anaya en concierto para delinquir agravado ya ha sido probada en los tribunales y despachos judiciales. En el proceso que se sigue contra Salvador Arana por ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz, 11 (!) testigos han sido asesinados. La familia Díaz ha denunciado en forma reiterativa ser víctima de una serie de atentados, montajes judiciales y permanentes hostigamientos. En Sucre han sido ampliamente conocidos los vínculos del ex gobernador Arana con los paramilitares y su jefe Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, así como sus constantes visitas a la finca El Palmar, el centro de exterminio en el que fueron desaparecidos numerosos habitantes de San Onofre. Por su parte, el señor Nule Amín fue acusado ante la Fiscalía de impulsar el proyecto de expansión paramilitar en los Montes de María a través de reuniones en su finca Las Canarias y de la conformación de empresas de seguridad Convivir.

El gobernador Barraza rechazó la solicitud con el argumento de que “esa es una galería para que la gente recuerde quiénes fueron sus gobernadores” y que “no le veía mayor fundamento para resarcir el daño de las víctimas”.

Contrario a lo que piensa el Gobernador, el hecho de que reconocidos criminales sigan siendo honrados ante la sociedad como mandatarios dignos de homenajes y exaltaciones oficiales es una grave ofensa a las víctimas y a la sociedad. En la memoria colectiva la vida de estos personajes no puede seguir siendo preservada como ejemplo de servicio a la comunidad. Atendiendo a esa consideración diversos instrumentos de derecho internacional consagran una serie de disposiciones tendientes a esclarecer la verdad histórica, reconstruir la memoria de la sociedad acorde a la realidad que configuran los crímenes contra la humanidad, y encaminadas a instaurar vetos políticos a quienes ejerciendo funciones públicas abusaron de su poder y perpetraron masivas violaciones de derechos humanos. En el caso de los políticos que en Colombia se involucraron con grupos paramilitares y los utilizaron para acrecentar su caudal electoral o para ordenar homicidios contra sus rivales, las condenas penales y la prohibición para el ejercicio de la función pública son insuficientes. Se requiere además de medidas simbólicas que impidan que en el futuro esos mismos personajes, o sus aliados, puedan reeditar los métodos que les han permitido establecer sus posiciones e influencia en el Estado.

La solicitud formal que hemos realizado en Sucre debería dar lugar a muchas otras en todo el país. Invito a las víctimas y sus organizaciones a que realicen peticiones y acciones judiciales similares ante las autoridades, tendientes a que todo tipo de homenajes, exaltaciones públicas, galerías fotográficas o monumentos consagrados a individuos ligados a crímenes de lesa humanidad sean definitivamente proscritos.

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Los ASESINATOS DE DESMOVILIZADOS

Por: Iván Cepeda Castro
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CERCA DE 2.000 desmovilizados paramilitares han sido asesinados.

Según cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, tan solo en 2009 en Antioquia, 113 de ellos murieron en forma violenta. El comisionado Frank Pearl atribuye estos hechos a un “ajuste de cuentas” o a disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico. Una explicación que omite reconocer que buena parte de los homicidios se están ejecutando por encargo de quienes les ordenaron crímenes y temen hoy ser delatados.

Algunos casos ejemplares así parecen demostrarlo. Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, mando medio de las Auc, estaba acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de El Aro. Fue baleado en Medellín cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel, en abril de este año. En el proceso de esclarecimiento de los móviles y los autores intelectuales de esa masacre, testimonió acerca de la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y de su hermano Santiago en ese crimen. Para diseñar esa operación, los hermanos Uribe se habrían reunido en una finca en Tarazá, Antioquia, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército. También mencionó que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia fue utilizado en desarrollo de la incursión. Después de esa declaración apareció una carta en la que al parecer Villalba se retractaba de la acusación, pero al darse a conocer la misiva, él mismo negó su autenticidad y denunció amenazas en su contra. El 28 de julio de 2008 fue asesinado Antonio López, alias Job, lugarteniente de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. López visitó la Casa de Nariño para entrevistarse con altos funcionarios del Gobierno en compañía del ex gobernador Juan José Cháux, de quien era asesor. Los temas tratados en esa reunión aún no han sido aclarados. La muerte de alias Job se produjo días después de conocerse la realización del encuentro secreto en el palacio presidencial. Hace algunas semanas fue envenenado en la cárcel La Picota el ex comandante del bloque Tolima de las Auc Diego Martínez, alias Daniel. El envenenamiento se produjo en la víspera de una declaración en la que había anunciado que iba a implicar a políticos y mandos paramilitares.

Los homicidios, envenenamientos en las cárceles y amenazas contra los desmovilizados que se muestran dispuestos a colaborar con la justicia son parte de una estrategia de impunidad. De ella también hacen parte los obstáculos para poder visitar en las cárceles a los jefes paramilitares extraditados, los atentados en contra de sus familiares, la negación de los permisos especiales para que ellos ingresen a los Estados Unidos y las trabas de toda índole que interponen los funcionarios judiciales en ese país para que se puedan efectuar las diligencias. Esa estrategia busca poner un punto final al proceso de verdad y justicia. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en un pronunciamiento reciente: “La Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.

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EL PERDÓN PRESIDENCIAL

Por: Iván Cepeda Castro
LA PETICIÓN DE PERDÓN EN SItuaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne que puede tener repercusiones éticas significativas si cumple algunas condiciones mínimas.

Para que sea auténtico este gesto se requiere conocer la verdad de los hechos, explicitarlos y demostrar el compromiso de esclarecerlos. También se debe enunciar a los destinatarios del perdón. Nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas.

Por último, sólo se puede pedir perdón en forma veraz si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado. O en otras palabras, si se experimenta arrepentimiento y se expresa la determinación de no repetir en el futuro acciones similares.

Se ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo? ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces? ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre? ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS? ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.

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UNA PRUEBA IRREFUTABLE

Por: Iván Cepeda Castro
103 CARPETAS Y MILES DE FOLIOS CONforman el archivo incautado al Grupo Especial de Inteligencia 3, G-3. O al menos parte de ese archivo. Antes de que la Fiscalía registrara las instalaciones del DAS la mayor parte de la información fue sustraída.

Esas carpetas contienen cientos de documentos, grabaciones, fotografías, piezas informáticas, órdenes, informes y memorias de la labor de espionaje que los investigadores del G-3 realizaron entre 2004 y 2005 contra personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, magistrados y líderes políticos. Entre las decenas de casos sobresalen los de los abogados Alirio Uribe y Gustavo Gallón, así como el del periodista Holman Morris.

Entre otros hechos, esos documentos dan cuenta de que el G-3 había elaborado las hojas de vida de estas personas buscando determinar sus “debilidades y fortalezas”, mantenía seguimiento las 24 horas del día sobre sus actividades, interceptaba todos sus medios de comunicación, recaudaba información sobre ellos y sus contactos en bases de datos privadas y públicas, arrendaba locales vecinos a sus casas, rondaba sus viviendas y sedes de trabajo, disponía de llaves de algunas de ellas, vigilaba a su núcleo familiar —con especial énfasis en sus hijos— y escudriñaba su situación financiera. Este régimen de meticuloso control se hacía a través de múltiples acciones ilegales. Todos estos procedimientos se realizaban sin órdenes judiciales. Algunos de los equipos y recursos empleados por los servicios secretos provenían de fondos reservados, es decir, de la cooperación internacional. En ocasiones el espionaje precedió a amenazas contra los defensores de Derechos Humanos y sus familiares (caso Soraya Gutiérrez), e incluso a atentados contra ellos (caso Jesús Emilio Tuberquia). Se utilizaba sus esquemas de protección oficiales (!) para mantener un seguimiento continuo sobre sus movimientos. Se investigaba y seguía a miembros de organizaciones internacionales, incluyendo a personas que cuentan con inmunidad diplomática. Cuando viajaban a otros países, algunos de los espiados eran también observados y sus conversaciones grabadas (!). Y todo esto se ocultaba a través de diversos mecanismos de encubrimiento, y era regularmente informado a colaboradores cercanos del presidente Álvaro Uribe, como José Obdulio Gaviria y José Miguel Narváez.

El G-3 no es más que una pieza del gigantesco y sofisticado aparato que responde al concepto de “inteligencia ofensiva”. O en otros términos, de un sistema que persigue “neutralizar” el accionar de organizaciones civiles. En estos casos se muestra que la finalidad principal de la actuación de los servicios secretos del Estado no es la lucha contra el terrorismo, sino la persecución de actividades profesionales y sociales legítimas. ¿Cuántos de los miles de líderes sociales y políticos que han sido asesinados por la criminalidad estatal habrán sido objeto de estas modalidades de inteligencia? ¿Cuántas carpetas similares habrá en los archivos de las unidades de inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía?

El archivo del G-3 es el más grande compendio documental detectado hasta hoy en el que se detallan los métodos que ha utilizado la criminalidad estatal en Colombia para aniquilar en forma sistemática a quienes trabajan por los Derechos Humanos, la libertad de opinión y la actuación en defensa de la democracia. La existencia y el contenido de este archivo son una prueba irrefutable.

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