Por: Iván Cepeda Castro
Esta instancia, conformada por prestantes ciudadanos, debería ayudar a resolver el “problemita” de los efectos judiciales que podrían tener las confesiones de los jefes paramilitares. En presencia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el Vicepresidente llamaba a reemplazar las confesiones ante los fiscales por “confesiones morales”. En ese mismo discurso decía que la sociedad colombiana necesitaba entender que personas como Salvatore Mancuso también fueron víctimas y “les había tocado irse para la guerra”.
¿Por qué temía el Vicepresidente las confesiones con efectos judiciales? En abril de 1997 surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia. En el proceso de federación de los diversos grupos paramilitares había desempeñado un papel decisivo el proyecto de las Convivir, impulsado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Las empresas de seguridad, uno de cuyos fundadores era Mancuso, se convirtieron en la estructura que permitió la organización nacional de los paramilitares utilizando la institucionalidad legal que proporcionaba el Estado. Según Mancuso, en esos años Francisco Santos sostuvo varias reuniones con la cúpula de los grupos paramilitares. Incluso una de ellas habría tenido lugar en las instalaciones del periódico El Tiempo para explicar el sentido de la estrategia de las Auc. Para Santos, el nuevo “proyecto contrainsurgente” era un movimiento político-militar “con arraigo en distintas clases sociales —incluso las populares—”. Un proyecto que surgía “de las entrañas de la violencia guerrillera” ante el “vacío del Estado”.
Ahora, luego de que se han producido las confesiones de los jefes paramilitares, que intentaba evitar el Vicepresidente con el discurso de la reconciliación nacional, su lenguaje se ha tornado más abierto y directo. A los magistrados los acusa de llevar a cabo una “justicia espectáculo”. A los defensores de derechos humanos de formar parte de una asociación con los delincuentes. Ahora Mancuso ya no le parece el jefe de un movimiento político-militar digno de visitar la redacción de El Tiempo ni una víctima que tuvo que entrar en la guerra. Ahora, lo cataloga de delincuente y narcotraficante que no merece ninguna credibilidad.
La justicia tendrá que definir si el vicepresidente de la República, Francisco Santos, formó parte del proyecto de creación de las estructuras paramilitares en Bogotá. No obstante, las dimensiones de su responsabilidad son evidentes e innegables. Es difícil creer que el joven periodista de la casa editorial más influyente del país no conociera el verdadero trasfondo del proyecto paramilitar: sus estrechos nexos con las instituciones estatales, su carácter abiertamente agresivo, su táctica de “vaciar” y “limpiar” zonas enteras del país para obtener el control territorial de los clanes económicos y políticos. Pero además de la justificación consciente, y de las reuniones con los comandantes paramilitares, existe un hecho que habla del papel que ha desempeñado en este proceso Francisco Santos. Nadie que haya ocupado una posición tan alta en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe —un aparato involucrado orgánicamente con los grupos paramilitares y con multifacéticas formas de corrupción— puede considerarse exento de responsabilidad criminal.
Tomado de EL ESPECTADOR http://elespectador.com
