Publicado en El Esapectador
LAS JUSTIFICACIONES DEL PRESIDENTE
Las justificaciones del Presidente
Iván Cepeda Castro* | Medellín | Publicado el 13 de julio de 2010La incitación a la violencia y la justificación de crímenes de lesa humanidad es una práctica recurrente del presidente Álvaro Uribe Vélez y sus colaboradores más cercanos. Lo ha sido siempre. Desde la época en que asesinaron al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a quien el entonces gobernador de Antioquia había acusado públicamente de ser "enemigo de las fuerzas armadas".
Durante los últimos ocho años he tenido una constante polémica con el presidente Uribe y sus colaboradores sobre esta viciosa práctica, que regularmente ellos presentan ante la opinión como parte de un estilo vehemente de librar el debate político. Primero fue con el señor José Obdulio Gaviria, quien al ser convocadas las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado, afirmó que dichos eventos eran convocados por las FARC. Esas calumniosas acusaciones sirvieron de incitación para el asesinato de seis personas que estaban organizando las manifestaciones en diversas ciudades del país. Tal situación motivó una carta firmada por 63 congresistas de Estados Unidos rechazando esas declaraciones, y el asesor presidencial se vio obligado a retractarse en una extensa carta pública. Luego la polémica fue con el señor Fabio Echeverri Correa, quien como gerente de la campaña de reelección presidencial creó un mensaje publicitario en el que se calificaba a los miembros de la UP de asesinos bajo el eslogan "¡Adelante, Presidente!". A él le tocó retirar los mensajes publicitarios y pedir excusas a las víctimas de la UP por orden de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-959 de 2006 me dio la razón y determinó que la campaña de reelección del presidente Uribe había violado el derecho a la honra y al buen nombre.
Ahora, la discusión es sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado. El presidente Uribe en vez de reconocer la responsabilidad estatal, como lo prueba la sentencia, y de pedir perdón, como lo ordena el tribunal internacional, hizo una declaración en que agravia nuevamente a las víctimas de la UP. Y como si esto fuera poco, ahora ha puesto a sus colaboradores a desplegar una campaña de apología de este crimen de Estado. Todo con el propósito de desacatar la justicia internacional, desviar la atención acerca del cumplimiento cabal de su sentencia, y, al mismo tiempo, ocultar las numerosas actuaciones ilegales del gobierno de la seguridad democrática. El señor José Obdulio Gaviria tiene que responder ante la Fiscalía General por su papel en el diseño del aparato que desde el DAS organizó la persecución criminal contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. El señor Andrés Felipe Arias tiene que responder ante el país por los turbios episodios que motivaron su retiro del Ministerio de Agricultura. ¿Con qué autoridad moral ellos invocan el nombre de la patria para exigir a las víctimas del genocidio político rectificaciones y demandas de perdón?
La verdad sobre el asesinato perpetrado contra el senador Cepeda ha quedado definitivamente establecida. Como dice la sentencia internacional, la Corte Interamericana "estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda se encuentra comprometida por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales [?] pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP".
* Esta columna se publica por petición de Iván Cepeda, haciendo uso de su derecho a la réplica a una columna del doctor Andrés Felipe Arias, publicada por este diario el sábado 3 de julio de 2010Publicado en El Colombiano
Las justificaciones del Presidente
Iván Cepeda Castro* | Medellín | Publicado el 13 de julio de 2010
La incitación a la violencia y la justificación de crímenes de lesa humanidad es una práctica recurrente del presidente Álvaro Uribe Vélez y sus colaboradores más cercanos. Lo ha sido siempre. Desde la época en que asesinaron al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a quien el entonces gobernador de Antioquia había acusado públicamente de ser "enemigo de las fuerzas armadas".
Durante los últimos ocho años he tenido una constante polémica con el presidente Uribe y sus colaboradores sobre esta viciosa práctica, que regularmente ellos presentan ante la opinión como parte de un estilo vehemente de librar el debate político. Primero fue con el señor José Obdulio Gaviria, quien al ser convocadas las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado, afirmó que dichos eventos eran convocados por las FARC. Esas calumniosas acusaciones sirvieron de incitación para el asesinato de seis personas que estaban organizando las manifestaciones en diversas ciudades del país. Tal situación motivó una carta firmada por 63 congresistas de Estados Unidos rechazando esas declaraciones, y el asesor presidencial se vio obligado a retractarse en una extensa carta pública. Luego la polémica fue con el señor Fabio Echeverri Correa, quien como gerente de la campaña de reelección presidencial creó un mensaje publicitario en el que se calificaba a los miembros de la UP de asesinos bajo el eslogan "¡Adelante, Presidente!". A él le tocó retirar los mensajes publicitarios y pedir excusas a las víctimas de la UP por orden de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-959 de 2006 me dio la razón y determinó que la campaña de reelección del presidente Uribe había violado el derecho a la honra y al buen nombre.
Ahora, la discusión es sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado. El presidente Uribe en vez de reconocer la responsabilidad estatal, como lo prueba la sentencia, y de pedir perdón, como lo ordena el tribunal internacional, hizo una declaración en que agravia nuevamente a las víctimas de la UP. Y como si esto fuera poco, ahora ha puesto a sus colaboradores a desplegar una campaña de apología de este crimen de Estado. Todo con el propósito de desacatar la justicia internacional, desviar la atención acerca del cumplimiento cabal de su sentencia, y, al mismo tiempo, ocultar las numerosas actuaciones ilegales del gobierno de la seguridad democrática. El señor José Obdulio Gaviria tiene que responder ante la Fiscalía General por su papel en el diseño del aparato que desde el DAS organizó la persecución criminal contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. El señor Andrés Felipe Arias tiene que responder ante el país por los turbios episodios que motivaron su retiro del Ministerio de Agricultura. ¿Con qué autoridad moral ellos invocan el nombre de la patria para exigir a las víctimas del genocidio político rectificaciones y demandas de perdón?
La verdad sobre el asesinato perpetrado contra el senador Cepeda ha quedado definitivamente establecida. Como dice la sentencia internacional, la Corte Interamericana "estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda se encuentra comprometida por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales [?] pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP".
* Esta columna se publica por petición de Iván Cepeda, haciendo uso de su derecho a la réplica a una columna del doctor Andrés Felipe Arias, publicada por este diario el sábado 3 de julio de 2010
Durante los últimos ocho años he tenido una constante polémica con el presidente Uribe y sus colaboradores sobre esta viciosa práctica, que regularmente ellos presentan ante la opinión como parte de un estilo vehemente de librar el debate político. Primero fue con el señor José Obdulio Gaviria, quien al ser convocadas las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado, afirmó que dichos eventos eran convocados por las FARC. Esas calumniosas acusaciones sirvieron de incitación para el asesinato de seis personas que estaban organizando las manifestaciones en diversas ciudades del país. Tal situación motivó una carta firmada por 63 congresistas de Estados Unidos rechazando esas declaraciones, y el asesor presidencial se vio obligado a retractarse en una extensa carta pública. Luego la polémica fue con el señor Fabio Echeverri Correa, quien como gerente de la campaña de reelección presidencial creó un mensaje publicitario en el que se calificaba a los miembros de la UP de asesinos bajo el eslogan "¡Adelante, Presidente!". A él le tocó retirar los mensajes publicitarios y pedir excusas a las víctimas de la UP por orden de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-959 de 2006 me dio la razón y determinó que la campaña de reelección del presidente Uribe había violado el derecho a la honra y al buen nombre.
Ahora, la discusión es sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado. El presidente Uribe en vez de reconocer la responsabilidad estatal, como lo prueba la sentencia, y de pedir perdón, como lo ordena el tribunal internacional, hizo una declaración en que agravia nuevamente a las víctimas de la UP. Y como si esto fuera poco, ahora ha puesto a sus colaboradores a desplegar una campaña de apología de este crimen de Estado. Todo con el propósito de desacatar la justicia internacional, desviar la atención acerca del cumplimiento cabal de su sentencia, y, al mismo tiempo, ocultar las numerosas actuaciones ilegales del gobierno de la seguridad democrática. El señor José Obdulio Gaviria tiene que responder ante la Fiscalía General por su papel en el diseño del aparato que desde el DAS organizó la persecución criminal contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. El señor Andrés Felipe Arias tiene que responder ante el país por los turbios episodios que motivaron su retiro del Ministerio de Agricultura. ¿Con qué autoridad moral ellos invocan el nombre de la patria para exigir a las víctimas del genocidio político rectificaciones y demandas de perdón?
La verdad sobre el asesinato perpetrado contra el senador Cepeda ha quedado definitivamente establecida. Como dice la sentencia internacional, la Corte Interamericana "estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda se encuentra comprometida por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales [?] pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP".
* Esta columna se publica por petición de Iván Cepeda, haciendo uso de su derecho a la réplica a una columna del doctor Andrés Felipe Arias, publicada por este diario el sábado 3 de julio de 2010
Publicado en El Colombiano
VíCTIMAS NO DEBEN PEDIR PERDÓN
Julio 2 de 2010
Por: Iván Cepeda
Por primera vez un tribunal internacional condena al Estado colombiano por el asesinato de un líder político de oposición: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas. Los alcances y el carácter trascendental de esta decisión se desprenden de su contenido.
En el texto de la sentencia se encuentran los elementos probatorios para demostrar que el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado, planificado y ejecutado por estructuras organizadas que han involucrado a mandos militares y a jefes paramilitares. Comienza a resolverse, de manera definitiva, la polémica sobre este capítulo de nuestra historia contemporánea. Durante largo tiempo, las instancias oficiales han querido negar ese exterminio, atribuirlo al narcotráfico o a las víctimas, quienes supuestamente asumieron posiciones que las dejaron expuestas a la violencia proveniente de múltiples grupos ilegales. A la luz de lo que comienza a establecer la justicia internacional, el genocidio contra la UP es uno de los tantos crímenes de Estado cometidos en el país, que por su naturaleza son crímenes contra la humanidad.
El dictamen internacional se pone en consonancia con los desarrollos que vienen haciendo los tribunales nacionales al condenar a mandos del Ejército y a líderes políticos como "autores mediatos" o, en otras palabras, como dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad. Son precisamente esos avances los que pretenden socavar propuestas como la de fortalecer el fuero penal militar, limitar las atribuciones de las altas cortes o convertir a la Fiscalía en una dependencia del Poder Ejecutivo.
La Corte Interamericana considera que la ejecución de oponentes por razones políticas vulnera directamente la democracia. Con el objeto de poner punto final a la criminalidad de Estado, el tribunal internacional dictó órdenes específicas de reparación. Dichas medidas responden a la necesidad de evitar la perpetración de asesinatos como el del senador Cepeda Vargas, y de buscar la erradicación del contexto ideológico que promueve ese tipo de criminalidad: que se siga incitando a la violencia o justificando la impunidad con la "culpabilidad de las víctimas". Entre las disposiciones que adoptó la Corte, le ordenó al Estado colombiano que formulara una solicitud de perdón y el reconocimiento de responsabilidad estatal en un acto solemne en el que estuvieran reunidas las dos cámaras legislativas.
Hace algunos días, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo una declaración que presentó a la opinión pública como una petición de perdón relacionada con el caso Cepeda. No obstante, el presidente Uribe no reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ni cumplió con ninguna de las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana. En cambio, aseguró que las víctimas promueven el desprestigio del país en el exterior. No pudo ocultar su malestar por la sentencia. El Presidente convirtió la supuesta solicitud de perdón en un nuevo agravio. Por tal motivo, le escribí una carta en la que le informaba que su solicitud en tales condiciones es inaceptable.
Las decisiones de la Corte Interamericana no son recomendaciones que quedan a consideración de los funcionarios del Gobierno Nacional. Se trata de órdenes para ser acatadas y cumplidas debidamente. De no hacerlo, el Estado se expone a nuevas sanciones y transmite el mensaje de que no está dispuesto a respetar las normas de derechos humanos. Un pésimo precedente a los ojos de otras instancias jurídicas y políticas de la comunidad internacional.
La sentencia de la Corte Interamericana pone las cosas en su sitio. Ni las víctimas son culpables de los crímenes de lesa humanidad que han sufrido ni deben pedir perdón a sus victimarios. Así no les guste a los perpetradores y sus cómplices.
CARTA AL PRESIDENTE URIBE
Bogotá D.C., 28 de junio de 2010.
Señor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Señor Presidente de la República:
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.
1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”1.
Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.
2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.
3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.
4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: "No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones"; "no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos"; "yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio"2.
Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Rafael Barrios Mendivil
Presidente
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Copia:
- Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.
2 El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.
CONDENAN AL ESTADO POR ASESINATO DEL SENADOR MANUEL CEPEDA
23 Junio 2010 - 9:19am
Por: Elespectador.com
La sentencia fue proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado colombiano fue declarado responsable ante la comunidad internacional por el asesinato del senador de la Unión Patriótica, UP, Manuel Cepeda Vargas, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenara a la institucionalidad nacional por la ocurrencia de homicidio, hace 16 años.
A través de la sentencia condenatoria, el organismo multilateral dejó trasadas algunas bases acerca de la manera como los Estados miembro de la plataforma deben abordar procesos judiciales que, como éste, parecen poner en evidencia la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de delitos contra la humanidad.
En audiencia celebrada el pasado 26 de enero en San José de Costa Rica, los representantes designados por la institucionalidad colombiana aceptaron la responsabilidad del Estado en el homicidio de este líder izquierdista, que fue una de las más de 4 mil víctimas mortales que dejó el proceso de exterminio del que fue blanco la UP desde 1985 hasta 2002, año el que le fue retirada su personería jurídica como partido político.
El Consejo de Estado ya había condenado a la Nación al pago de más de 1.000 millones de pesos en diciembre 10 de 2008, tras hallarlo responsable por omisión del atentado que acabó con la vida del dirigente; su hijo Iván Cepeda renunció a hacerse a estos dineros y rechazó la parte resolutoria de la sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por considerar que fue dolosa la actuación de los agentes estatales en el crimen y que ésta no se redujo a un simple descuido.
Cepeda Vargas fue asesinado en el barrio Mandalay de Bogotá el 9 de agosto de 1994, cuando se disponía a desplazarse hacia al Capitolio Nacional, donde intervendría en un debate del Protocolo II de Ginebra, que regula el Derecho Internacional Humanitario.
Además de este asesinato, la Cidh estudia las demandas interpuestas en contra del Estado colombiano por el asesinatos de miles de dirigentes y militantes de la UP, que nació como producto de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno de Belisario Betancourt con la guerrilla de las Farc, hace 25 años.
Pese a que este movimiento político se desligó pocos meses después de su nacimiento de la organización insurgente, tras el rompimiento de las negociaciones y la posterior salida de algunos desmovilizados rebeldes que se adhirieron a sus filas, grupos de paramilitares, aparentemente asistidos por agentes de la fuerza pública, llevaron a cabo un proceso de exterminio que acabó con la vida de miles de personas.
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE EL CASO DE ASESINATO DEL SENADOR MANUEL CEPEDA VARGAS
click aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_213_esp.pdf
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