SEGUNDO SEMESTRE 2011
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
PROYECTOS:
SE BUSCÓ ELIMINAR LA AMPLIACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
A lo largo de la discusión del proyecto de Reforma Judicial, insistimos en la inconveniencia de la aprobación de la iniciativa en tanto incluyera el artículo que busca ampliar el fuero penal militar.
Expresamos en los distintos debates que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los que ya existen, pues de lo contrario se correría el riesgo de impunidad en delitos que no están contemplados en la justicia penal militar como crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Por eso nos acogimos al concepto proferido por parte de Human Rights Watch, que deja en claro el daño que se puede hacer con este aspecto de la reforma a la justicia a la causa de las víctimas, al Estado de derecho y a la propia justicia. Además, la reforma puede abrir la puerta a que Colombia termine en la CPI y que no sea certificada en derechos humanos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En los próximos debates que debe afrontar el proyecto seguiremos trabajando para lograr el retiro del artículo sobre la ampliación del fuero penal militar.
MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Logramos la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz, el cual establece que “en todo proceso llevado en el Sistema de Justicia y Paz se aplicará el método de investigación correspondiente a la tipificación penal de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio”.
La iniciativa implica que en todos los casos en los cuales se investigan delitos cometidos por paramilitares de manera individual como asesinatos y desplazamiento forzado, éstos serán tratados como crímenes de sistema, a los cuales están vinculados los aparatos económicos y de poder del país, lo cual significaría un gran avance en materia de verdad histórica.
Confiamos en que el Senado mantendrá esta iniciativa en el próximo debate legislativo.
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE HOMENAJE A JAIME GARZÓN
Con nuestra ponencia en la Cámara de representantes, obtuvimos la aprobación del proyecto mediante el cual se honra la memoria del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural, tras 12 años de su asesinato.
La iniciativa declara el 13 de agosto como el Día Nacional de la Esperanza, y autoriza al Gobierno Nacional para que a través de Señal Colombia se realice la recopilación, selección y publicación de la vida y obra del periodista, así como para que incorporen, dentro del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Además, el proyecto establece la construcción de un busto del periodista, que será ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA
Junto a varias organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada y defensoras de derechos humanos, le enviamos una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual le solicitamos una audiencia con el fin de adelantar las gestiones necesarias para la pronta aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que fue aprobada en el Congreso en la pasada legislatura.
La Convención reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.
RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE LEGALIZARÍA MATRIMONIO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE PAREJAS DEL MISMO SEXO
Junto a la representante Alba Luz Pinilla se radicó el Proyecto de Ley 058 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Código Civil, el Código de la Infancia y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de reconocer legalmente el matrimonio de las parejas del mismo sexo y determinar sus efectos legales de conformidad con el principio de dignidad humana, igualdad y pluralismo que establece la Constitución Política (Art. 1º).
Dicho proyecto propone que el matrimonio sea un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo, hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de procrear o de auxiliarse mutuamente. Asimismo plantea que las personas del mismo o distinto sexo, mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente.
DEBATES DE CONTROL POLÍTICO:
En esta legislatura, llevamos a cabo dos importantes debates de control político en la plenaria de la Cámara:
1. Debate Despojo de Tierras en Montes de María
En este debate presentamos diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre, incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.
Presentamos también un video de una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al exministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.
Denunciamos también que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.
Interrogamos al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María, especialmente en lo que tiene que ver con los terceros de buena fe.
Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía General que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos, y a varios empresarios compradores de las tierras por lo denunciado en el debate.
2. Debate crisis carcelaria en Colombia
En este debate insistimos en replantear la política carcelaria, al tiempo que se replantea la política criminal. Denunciamos la grave situación de hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país, como es el caso de la prisión de Bellavista de Medellín, donde existe una sobrepoblación del 300 por ciento.
Del mismo modo, dimos a conocer varios casos de agresiones de personal masculino de guardia hacia reclusas de la cárcel El Buen Pastor Bogotá.
Denunciamos que 60 de 144 centros penitenciarios en todo el país, sufren severos daños estructurales que podrían llegar a causar una tragedia, además de que muchos de estos reclusorios no fueron construidos bajo las Reglas mínimas normas internacionales para garantizar los servicios básicos como el agua y alcantarillado.
Al final se hicieron varias peticiones concretas con el fin de dar solución a la problemática carcelaria:
• Se conceda prisión domiciliaria a enfermos terminales, respondiendo a criterios mínimos de seguridad.
• Se adelante un estudio que con perspectiva de DDHH reclasifique a toda población carcelaria en nuevos centros de reclusión, patios y torres.
• Bajo el criterio de sostenibilidad carcelaria prohibir el ingreso de nuevos internos a las cárceles que presentan situaciones de hacinamiento extremo, tipo Bellavista y Modelo.
• Crear el Comité especial para la revisión de la situación judicial facultado para revisar la ejecución de penas y la detención preventiva, y que podrá dar recomendaciones frente a los casos que evalúe ante la autoridad competente, así como hacer recomendaciones sobre el uso racional de las medidas de reclusión.
• Terminar contrato con Caprecom y buscar una salida digna al problema del servicio de salud.
• Intervenir con carácter urgente el pabellón ERE Sur de La Picota y enviar a todos sus internos a la Cárcel de Combita.
Creación de una Comisión interinstitucional para evaluar crisis carcelaria
Como conclusión del debate de control político sobre política carcelaria, el Ministerio de Justicia avaló la creación de una Comisión interinstitucional encargada de analizar y sugerir los correctivos en materia de sobrepoblación, infraestructura, satisfacción de necesidades básicas, salud, entre otros temas, inicialmente en las cárceles de Bellavista de Medellín, Villahermosa de Cali, Modelo de Bogotá y Tramacúa de Valledupar. Se propone que esta comisión esté integrada por profesionales técnicos de diversas instituciones del Estado, ajenos al Inpec y a los órganos de control. También, por académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en trabajo con población carcelaria.
Se creará un grupo de trabajo encargado de estudiar medidas conducentes a contrarrestar el hacinamiento en las cárceles. Este grupo estudiará los procesos, prácticas y patrones que se aplican en materia de detención preventiva y de ejecución de penas. El grupo estaría conformado por abogados de diferentes organizaciones con trayectoria en trabajo penitenciario y carcelario, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y la supervisión del Ministerio Público.
La conformación de ambos grupos será concertada con el Ministerio de Justicia y el viceministro de asuntos penitenciarios y carcelarios.
LOGROS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Entrega de testimonios a Fiscalía y CIDH
Entregamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quienes señalaron la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares y su apoyo a actividades de narcotráfico de estos grupos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Las declaraciones fueron entregadas en desarrollo del trabajo de seguimiento a la situación carcelaria del país que incluyó las cárceles de Itagüí y Cómbita, y fue llevado a cabo con autorización de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes.
La entrega de estos importantes testimonios se hace como parte de las funciones parlamentarias para que las instancias pertinentes actúen tanto en el contexto nacional como en el internacional, dada la gravedad de las acusaciones que pesan contra el expresidente Uribe, relacionadas con la comisión de delitos conexos con la violación de los derechos humanos.
Gestión en entrega de preso que se fugó de cárcel Bellavista
En cumplimiento de las funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo parlamentario realizado en las penitenciarías del país, obré como garante en la entrega del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre de 2011 cuando era llevado a una diligencia médica.
El interno anunció su deseo de entregarse a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del representante Iván Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de Justicia y del Inpec, logramos la entrega del recluso en la cárcel de Itagüí el día 15 de diciembre.
Audiencia de Derechos Humanos en Arenal, Sur de Bolívar.
La Audiencia que fue aprobada por la plenaria de la Cámara se llevó a cabo el 19 de noviembre del año en curso, y tenía como propósito evidenciar la crítica situación en materia de derechos humanos que vive la región, y buscar un espacio de interlocución entre la sociedad civil y las autoridades del Estado a nivel nacional y regional, contó con la participación de aproximadamente 300 personas de diferentes municipios del sur de Bolívar.
La comunidad reunida en Arenal denunció como un riesgo de despojo el incremento de los cultivos de palma en la región. En materia de minería, dieron a conocer la existencia de concesiones que incluyen caños y humedales, y la permanente presencia de retroexcavadoras, como verdadera minería ilegal, la cual se desarrolla con anuencia de la fuerza pública y de las autoridades municipales.
También denunciaron que continúa incrementándose el paramilitarismo en la región quienes han manifestado su interés de retomar el control del territorio. A raíz de estas y otras denuncias, radicamos ante la Plenaria de la Cámara el acta del desarrollo de la Audiencia Pública, y le solicitamos a esa Corporación remitir copia de la constancia y del Acta a las Instituciones que fueron convocadas y que no asistieron a la audiencia.
OTRAS ACTIVIDADES
ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo a campesinos que buscan restitución en Las Pavas en el sur de Bolívar
Luego de llevar a cabo una visita solicitada por las asociaciones campesinas que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas en el mes de abril del presente año, continuamos apoyando la petición de estos campesinos que reclaman justamente la restitución de los terrenos que ahora están en manos del consorcio palmicultor San Isidro.
Estuvimos acompañando a estas comunidades en su protesta el día 16 de diciembre a raíz de la persecución de la cual han sido víctimas, luego de una resolución de la Fiscalía Seccional de Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un “nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
Como parte de nuestras actividades parlamentarias y de defensa de los derechos humanos, continuaremos apoyando a los campesinos de Las Pavas en su justa reclamación.
Acompañamiento a marcha de campesinos de Mampuján
El 12 de diciembre acompañamos a las comunidades de Mampuján del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan (Bolívar), en una marcha hasta la ciudad de Cartagena. Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005; la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz no se ha cumplido.
Por eso respaldamos a estas comunidades en su exigencia al Estado y al Gobierno Nacional del cumplimiento a cabalidad con las víctimas de un proceso de reparación integral colectiva e individual.
Reconocimientos:
En una encuesta realizada por la oficina de información y prensa de la Cámara de representantes, entre 80 congresistas, con el fin de conocer la posición de éstos frente al desempeño parlamentario del segundo semestre del 2011, aparece el representante Iván Cepeda en el 5º lugar de los representantes con mejor trabajo legislativo, y el debate sobre tierras realizado en el mes de agosto quedó en el segundo lugar de los mejores debates de control político.
PRONUNCIAMIENTO
Bogotá D.C. Diciembre 20 de 2011
Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.
Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.
No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.
Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.
Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda
Ayer, sectores del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, tomaron la decisión en la que se “acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido”.
Deploramos que se siga en la lógica de las pugnas en el seno de la izquierda, mientras que en nuestro país suceden hechos de la mayor gravedad que requieren iniciativa política y pronta toma de decisiones.
No compartimos las actitudes desleales hacia el partido, pero tampoco las ambiciones burocráticas que irrespetan los procedimientos democráticos internos, debilitando la institucionalidad del partido.
Es hora de organizar la conferencia ideológica y de debatir con franqueza y
fraternidad las diferencias que existen en nuestro partido. Nuestra labor es convocar, convencer y articular, fortaleciendo referentes de lucha y construcción de propuesta.
Fuerza Común
Colectivo vamos por los Derechos
Poder y Unidad Popular (PUP)
Polo al Sur
Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda
Representante Iván Cepeda denuncia venganza por parte de parapolíticos de Sucre
La denuncia surge luego de conocerse recientes acciones judiciales emprendidas en contra del médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz
BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.
Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones.
Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.
El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.
El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.
BOGOTÁ, 20/12/11. Una perversa venganza de importantes políticos condenados por paramilitarismo en el departamento de Sucre, se está cocinando contra algunos testigos en los procesos, investigadores, líderes de las víctimas y miembros del Movice. Así lo denunció hoy el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro.
Para el congresista, existe una extraña orquestación que cumplen algunos paramilitares presos y condenados en Sucre, en las versiones de Justicia y Paz para señalar a los testigos que llevaron a políticos como Salvador Arana a la cárcel, acusándolos de haber sido miembros y hasta jefes de la organización criminal, lo que ha revertido en que a algunos de ellos, como el médico Juan David Diaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, tenga hoy en su contra varias investigaciones.
Cepeda recordó que como parte de esta estrategia, los procesados han acusado al ex senador Gustavo Petro, autor de los principales debates parlamentarios sobre la parapolítica en Sucre, y a miembros de su Unidad de trabajo legislativo, de haber fraguado la inculpación del ex gobernador Salvador Arana en el crimen del alcalde Díaz. Curiosamente, uno de los paramilitares detenidos, Sadis Rios, quien en una audiencia de juzgamiento había inculpado a Petro, a sus asesores y al hijo del alcalde asesinado de haberle ofrecido dádivas para inculpar a Arana, posteriormente se retractó y dijo que había recibido dinero para enlodar a Petro y a las otras personas.
El representante Cepeda señaló que estos hechos hacen parte de la estrategia que llevó a la cárcel al vocero del Movimiento de víctimas en San Onofre, Carmelo Agámez, y a los asesinatos de los líderes de víctimas y desplazados en Sucre, Rogelio Martínez y Adolfo Verbel, además de las constantes amenazas contra el ex senador Gustavo Petro y contra él mismo.
El congresista anunció que en la tarde de hoy se encontrará acompañando al médico Juan David Díaz en una audiencia en la Fiscalía seccional Sincelejo y que luego de la diligencia, hacia las 5 de la tarde entregará declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta denuncia en las oficinas de Asvidas, Avenida Alfonso López Calle 17 # 107 de Sincelejo.
Representante Iván Cepeda media en entrega de interno que se fugó de cárcel Bellavista
*El recluso solicitó la intervención del congresista y de una ONG como
garantes para su entrega, la cual estuvo condicionada a su traslado a la
cárcel de Itagüí*
*
*
ITAGÜÍ, 15/12/11. En cumplimiento de sus funciones como miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo
parlamentario que viene realizando en las penitenciarías del país, el
representante Iván Cepeda obró en el día de hoy como garante en la entrega
del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la
cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre cuando era llevado
a una diligencia médica.
Horas después de darse a la fuga, el interno anunció su deseo de entregarse
a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima
seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras,
director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del
representante Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de
Justicia y del Inpec, hacia el medio día de hoy se logró la entrega del
recluso en la cárcel de Itagüí.
El congresista Iván Cepeda reiteró su ánimo de seguir trabajando en la
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en
las diferentes cárceles de Colombia .
*A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL INPEC DA
AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN:*
*
*
7102-DINPE-GDH-1493
Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2011
Doctor
*Iván Cepeda Castro*
Representante a la Cámara
Ciudad
*Referencia: *CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO
Reciba un cordial saludo por parte del Grupo de Derechos Humanos.
De manera atenta y de acuerdo a su solicitud verbal relacionada con la
entrega del señor
CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO, el día 14 de Diciembre de los corrientes ante
el Director
Técnico de este Instituto, me permito informarle que el *Instituto nacional
Penitenciario y*
*carcelario (INPEC), garantiza los derechos humanos del interno como
política*
*institucional *y destinará como lugar de reclusión el Establecimiento
Penitenciario y carcelario
de Itaguí, donde tendrá acceso a los programas de reinserción social
establecidos. En lo
referente a la iniciación de los procesos administrativos a causa de la
fuga, este instituto no
puede omitir las disposiciones legales referentes a estos temas.
Así mismo le informo que para esta gestión el Inpec ha delegado a la
Doctora Diana Carmenza
Rúa Betancur, Subdirectora Operativa Regional Noroeste, a quien podrá
contactar en el celular
No.(…), para que coordine la posible entrega del prófugo en mención.
Finalmente, me permito solicitarle que para futuras peticiones, estas sean
hechas por escrito,
con el fin de dejar los registros documentales de las acciones adelantadas
por cada una de las
partes.
Cordialmente
*MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY*
*COORDINADORA***
*GRUPO DE DERECHOS HUMANOS*
Proyectó: MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY
Revisó: Tc POMPY ARUBAL PINZÓN BARÓN -Director Técnico
15/12/2011
Dirección05/Mis documentos/Oficios 2011
Calle 26 No. 27 - 48 Conmutador 2347474 Ext. 190
garantes para su entrega, la cual estuvo condicionada a su traslado a la
cárcel de Itagüí*
*
*
ITAGÜÍ, 15/12/11. En cumplimiento de sus funciones como miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en desarrollo del trabajo
parlamentario que viene realizando en las penitenciarías del país, el
representante Iván Cepeda obró en el día de hoy como garante en la entrega
del recluso Carlos Arturo Areiza Arango, quien se había evadido de la
cárcel de Bellavista de Medellín el día 13 de diciembre cuando era llevado
a una diligencia médica.
Horas después de darse a la fuga, el interno anunció su deseo de entregarse
a las autoridades con la condición de ser trasladado a la cárcel de máxima
seguridad de Itagüí (Ant), y pidió la mediación de Carlos Contreras,
director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, y del
representante Cepeda. Luego de obtener los permisos del Ministerio de
Justicia y del Inpec, hacia el medio día de hoy se logró la entrega del
recluso en la cárcel de Itagüí.
El congresista Iván Cepeda reiteró su ánimo de seguir trabajando en la
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en
las diferentes cárceles de Colombia .
*A CONTINUACIÓN EL TEXTO DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL EL INPEC DA
AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN:*
*
*
7102-DINPE-GDH-1493
Bogotá D.C, Diciembre 15 de 2011
Doctor
*Iván Cepeda Castro*
Representante a la Cámara
Ciudad
*Referencia: *CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO
Reciba un cordial saludo por parte del Grupo de Derechos Humanos.
De manera atenta y de acuerdo a su solicitud verbal relacionada con la
entrega del señor
CARLOS ARTURO AREIZA ARANGO, el día 14 de Diciembre de los corrientes ante
el Director
Técnico de este Instituto, me permito informarle que el *Instituto nacional
Penitenciario y*
*carcelario (INPEC), garantiza los derechos humanos del interno como
política*
*institucional *y destinará como lugar de reclusión el Establecimiento
Penitenciario y carcelario
de Itaguí, donde tendrá acceso a los programas de reinserción social
establecidos. En lo
referente a la iniciación de los procesos administrativos a causa de la
fuga, este instituto no
puede omitir las disposiciones legales referentes a estos temas.
Así mismo le informo que para esta gestión el Inpec ha delegado a la
Doctora Diana Carmenza
Rúa Betancur, Subdirectora Operativa Regional Noroeste, a quien podrá
contactar en el celular
No.(…), para que coordine la posible entrega del prófugo en mención.
Finalmente, me permito solicitarle que para futuras peticiones, estas sean
hechas por escrito,
con el fin de dejar los registros documentales de las acciones adelantadas
por cada una de las
partes.
Cordialmente
*MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY*
*COORDINADORA***
*GRUPO DE DERECHOS HUMANOS*
Proyectó: MARGARITA MARIA CHAPARRO ALZOGARAY
Revisó: Tc POMPY ARUBAL PINZÓN BARÓN -Director Técnico
15/12/2011
Dirección05/Mis documentos/Oficios 2011
Calle 26 No. 27 - 48 Conmutador 2347474 Ext. 190
Ataque a Iván Cepeda por su respaldo a campesinos de Las Pavas
REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD APORTES SAN ISIDRO INTERPONE QUEJA
DISCIPLINARIA ANTE EL PROCURADOR GENERAL
*El congresista aseguró que esta acción hace parte de una campaña para
desprestigiar a las víctimas y a quienes defienden sus derechos*
BOGOTÁ, 08/12/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció
que el pasado 5 de diciembre fue interpuesta una queja disciplinaria en su
contra ante la Procuraduría General de la Nación, sustentada en la labor de
garante que cumplió el congresista en el retorno pacífico de ASOCAB a la
hacienda Las Pavas el 4 de abril de este año. Afirmó que con esto se busca
presentar la acción de acompañamiento a la comunidad campesina en su
retorno legal a su tierra, como una invasión ilegal.
Cepeda recordó que su acompañamiento a los campesinos, ahora señalado por
empresarios palmicultores que ocupan los terrenos de Las Pavas, se realizó
de manera pública, y no fue un acto clandestino ni violatorio de la ley,
como quiere hacerlo ver el particular que interpone la acción.
Afirmó que esta queja ante el Procurador corresponde a la persecución a la
comunidad de Las Pavas por su justa reclamación que por años ha hecho por
la tierra, actualmente ocupada por algunos empresarios palmeros
cuestionados en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.
Muestra de esto, según el congresista, es que desde el pasado 28 de
noviembre se conoció ampliamente una resolución de la Fiscalía Seccional de
Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad
y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un
“nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
El representante recordó que desde que inició su labor como congresista,
hace un año y medio, ha sido blanco de innumerables ataques, amenazas,
difamaciones, y atentados contra su vida, como producto de las actividades
de respaldo y acompañamiento a miles de víctimas de violaciones a los
derechos humanos en distintas regiones del país.
Expresó que en este caso se pretende desviar la atención de la opinión
pública hacia un ataque político y jurídico en su contra, dejando de lado
el fondo de este asunto que es el legítimo derecho que tiene la comunidad
campesina de Las Pavas sobre su tierra.
Iván Cepeda dijo que asumirá con argumentos los procesos que se abran en su
contra por su actividad en defensa de los derechos humanos.
DISCIPLINARIA ANTE EL PROCURADOR GENERAL
*El congresista aseguró que esta acción hace parte de una campaña para
desprestigiar a las víctimas y a quienes defienden sus derechos*
BOGOTÁ, 08/12/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció
que el pasado 5 de diciembre fue interpuesta una queja disciplinaria en su
contra ante la Procuraduría General de la Nación, sustentada en la labor de
garante que cumplió el congresista en el retorno pacífico de ASOCAB a la
hacienda Las Pavas el 4 de abril de este año. Afirmó que con esto se busca
presentar la acción de acompañamiento a la comunidad campesina en su
retorno legal a su tierra, como una invasión ilegal.
Cepeda recordó que su acompañamiento a los campesinos, ahora señalado por
empresarios palmicultores que ocupan los terrenos de Las Pavas, se realizó
de manera pública, y no fue un acto clandestino ni violatorio de la ley,
como quiere hacerlo ver el particular que interpone la acción.
Afirmó que esta queja ante el Procurador corresponde a la persecución a la
comunidad de Las Pavas por su justa reclamación que por años ha hecho por
la tierra, actualmente ocupada por algunos empresarios palmeros
cuestionados en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.
Muestra de esto, según el congresista, es que desde el pasado 28 de
noviembre se conoció ampliamente una resolución de la Fiscalía Seccional de
Cartagena que declaraba la inexistencia del desplazamiento de la comunidad
y le daba legalidad al desalojo de la misma, lo que se mostró como un
“nuevo caso de fraude al Estado y de víctimas falsas”.
El representante recordó que desde que inició su labor como congresista,
hace un año y medio, ha sido blanco de innumerables ataques, amenazas,
difamaciones, y atentados contra su vida, como producto de las actividades
de respaldo y acompañamiento a miles de víctimas de violaciones a los
derechos humanos en distintas regiones del país.
Expresó que en este caso se pretende desviar la atención de la opinión
pública hacia un ataque político y jurídico en su contra, dejando de lado
el fondo de este asunto que es el legítimo derecho que tiene la comunidad
campesina de Las Pavas sobre su tierra.
Iván Cepeda dijo que asumirá con argumentos los procesos que se abran en su
contra por su actividad en defensa de los derechos humanos.
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