El apocalipsis minero en Colombia

Debate 5 de junio de 2013
Este debate es un nuevo llamado de alerta sobre la minería a gran escala. Esa forma de explotación masiva de la naturaleza requiere un régimen de privilegios extremos de que gozan la compañías transnacionales, la incontrolada destrucción del medio ambiente y el saqueo perverso de los recursos naturales no renovables.

Vea el debate completo aquí.

Cepeda pide revocar concesiones a AngloGold Ashanti por numerosas irregularidades en materia ambiental y fiscal

Durante el debate de control político sobre la actividad minera de empresas trasnacionales en Colombia, el representante Iván Cepeda entregó cifras y pruebas documentales sobre el incumplimiento de la legislación ambiental por parte de la compañía AngloGold Ashanti. 

Cepeda reveló documentos en los cuales aparece Santiago Uribe Vélez como beneficiario de varios títulos mineros entregados cuando su hermano Álvaro era presidente de la República. Algunos de los títulos le fueron concedidos en sociedad con Aníbal Gaviria, cuando éste se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El congresista pidió la creación de una Comisión Legislativa Especial de Seguimiento a la Política Minera, que verifique los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.

BOGOTÁ, 05/06/2013. El representante a la Cámara Iván Cepeda promotor del debate de control político “Apocalipsis minero”, les pidió a los ministros a los ministros de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y de Minas, Federico Renjifo, tomar medidas urgentes sobre la grave situación que se vive en cuatros regiones del país, a raíz de la exploración o la extracción de oro y carbón por parte de reconocidas empresas transnacionales.

Las estrategias irregulares de AngloGold Ashanti
El representante Cepeda le pidió al Gobierno Nacional que se le revoquen las concesiones mineras a la multinacional AngloGold Ashanti, debido al prontuario de irregularidades cometidas por dicha empresa en el ejercicio de su actividad en distintas zonas del país. 
Entre las irregularidades se cuenta la captación de títulos mineros a través de personas naturales como Santiago Uribe Vélez, Héctor Vargas Cuervo y Mónica María Uribe Pérez, entre otros, quienes obtienen los títulos y luego los ceden a AngloGold.
Para el congresista Cepeda, la AngloGold no le está jugando limpio al país, al no registrar la totalidad de empresas que conforman su grupo empresarial, lo que conlleva infracciones a la legislación comercial, y puede llegar a constituir un monopolio en la explotación de oro. Algunas de las empresas controladas no declaradas son: Chocó Colombia SAS, Gramalote y Quebradota, comparten representantes legales y los datos de contacto.
Tienen títulos en parques naturales y actividades de exploración en zonas de reserva sin haber solicitado la sustracción, cuentas por pagar de $2.661 millones por canon superficiario en 2011, e incumplimiento de obligaciones fiscales por un valor de $7.002 millones acumuladas hasta 2013.

Santiago Uribe Vélez captador de títulos para AngloGold
De acuerdo con información de Ingeominas consultada en 2011, en el Chocó, al menos 17 títulos mineros fueron concedidos a Santiago Uribe en conjunto con Aníbal Gaviria, la AngloGold y otros. 15 de esos títulos fueron concedidos cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia, y 5 cuando el hoy alcalde de Medellín Aníbal Gaviria era Gobernador de Antioquia, es decir, el directo responsable de la Secretaría de Minas de la Gobernación, entidad que para la fecha concedía los títulos mineros. Hoy 14 permanecen a nombre de la AngloGold y de Exploraciones Chocó.

AngloGold Ashanti acapara tierras de nacimientos de agua en Tolima
Caso La Colosa
 En noviembre de 2006, la Sociedad Kehedada S.A (desde 2007, AGA) comienza un proyecto de exploración minera para determinar el potencial de oro y otros minerales, entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Salento (Quindío). Para mayo del 2012, según el documento registrado en la sala de prensa de AngloGold Ashanti, el estimado de producción de oro con La Colosa podría ascender a los 24 millones de onzas troy. En el área del proyecto de explotación de la Colosa, 50 hectáreas se encuentran en zona de Páramos y buena parte de las restantes sobre la Reserva Forestal Central, un ecosistema estratégico para  el recurso hídrico de 10 departamentos.
En los últimos 6 años, AngloGold ha comprado más de 3.176 hectáreas de tierra con fuentes hídricas de carácter estratégico en Tolima.  AngloGold Ashanti y Gramalote son propietarios de 68 bienes. De los 58 predios a nombre de AngloGold, 49 son rurales. Y al menos 42 de ellos cuentan con recursos hídricos estratégicos: nacimientos de agua, la presencia de ríos y quebradas. Incluso  los predios comprados por la compañía están sobre fuentes hídricas que alimentan distritos de riego. (Caso Carrizal). Diapositiva 23.

La pérdida de la vocación agropecuaria del territorio
Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia: abastece necesidades alimentarias tanto internas, como de Ibagué, Bogotá, Cali y Armenia. Es el primer municipio productor de arracacha en el país con 70 toneladas diarias, y el primer productor de fríjol seco con 15 toneladas semanales. También produce 10.000 litros de leche, así como maíz, curuba, granadilla, lulo, fresa, breva, café, panela y hortalizas.  Las características de explotación de La Colosa indican que el uso de hectáreas en el municipio va a significar la remoción de la capa vegetal, la afectación de suelo y subsuelo, la compra de predios y el descenso del rendimiento hídrico.
 Por esta razón, se estima que la afectación por la pérdida de la vocación agropecuaria en la región y el desastre ambiental, provocará la reducción significativa de cultivos. 

El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito: desplazamiento por contaminación
Contrario a la promesa del desarrollo a través de la explotación minera, luego de 23 años de explotación de carbón a cielo abierto en su territorio,  el Gobierno ha ordenado el reasentamiento de tres poblaciones del departamento del Cesar, debido a los altos niveles de contaminación, al encontrarse cerca de las minas de carbón explotadas por las compañías Drummond, Glencore y otras.
A pesar de las resoluciones expedidas en 2010 por el Ministerio de Ambiente, que ordenaron el reasentamiento de dichas poblaciones  en el término de dos años, éste no se ha cumplido.
Con posterioridad a la orden de reasentamiento las autoridades locales se niegan a destinar recursos de inversión para estas comunidades, y las empresas han hecho todo lo que está a su alcance para zafarse de su responsabilidad frente al reasentamiento. Las comunidades afectadas han denunciado que las empresas han dilatado injustificadamente el proceso de concertación del reasentamiento (Boquerón y el Hatillo). 

Sur de Bolívar y la extinción del pequeño minero
Las comunidades mineras del sur de Bolívar (conformado por 17 municipios) están siendo desplazadas en su actividad por la minería a gran escala y por especuladores. Los volúmenes de material procesado son bajos y en ningún caso sobrepasan las 50 toneladas de “desmonte” o material a procesar por día.
El 24.7% del territorio está concesionado. Los zares de los títulos son personas y empresas que se han dedicado a tramitar y obtener títulos mineros a lo largo y ancho del país. Este pool, fue denominado como “el Carrusel de los títulos” y “los zares de los títulos mineros” por el ex Ministro de Minas Carlos Rodado Noguera, en 2011.
Mientras empresas dedicadas a proyectos de minería a gran escala y especuladores han sido beneficiados con el 79,9% de los títulos, las comunidades representadas por las 60 Asociaciones Agromineras de la región agrupadas en Fedeagromisbol, solo han tenido acceso al 12,27% de los títulos. El resto de títulos están en manos de personas naturales o empresas mineras que van llegando a la región, muchas de ellas con el fin de negociarlos en el mercado minero internacional.
Entre las estrategias para la erradicación del pequeño minero, se cuentan la excesiva tramitología y las dilaciones a las que son sometidas las solicitudes ante la autoridad minera, que incrementan el riesgo de pérdida de las áreas de pequeña minería y que elevan los costos de los trámites que se realizan. Cuando se entregan títulos a las comunidades surgen imposiciones imposibles de cumplir para aquellos que practican una minería de supervivencia, de tipo económico, técnico y de productividad. Se pone a competir a los pequeños mineros con las grandes transnacionales de la minería.
Los resultados del proceso de formalización son desastrosos, de 7.646 solicitudes solo una de ellas ha sido otorgada.

Cocomopoca: Territorios colectivos concesionados a AngloGold
El proyecto de explotación minera “Dojurá” está compuesto por 46.893 hectáreas que se sobreponen sobre el territorio ancestral de Consejos Comunitarios de El Alto Atrato, Cocomopoca, y sobre el resguardo del pueblo Embera Katío. AngloGold Ashanti emprendió la solicitud de concesiones mineras sobre el mencionado territorio desde 2005. Dojurá hace parte del territorio que fue excluido de la titulación colectiva que recibió Cocomopoca luego que las comunidades insistieran durante 13 años.
Cocomopoca ha sido reconocida como una de las poblaciones afrocolombianas más afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento. El proyecto Dojurá se encuentra suspendido provisionalmente por problemas de orden público, y la presencia de actores armados en el territorio.

OFICINA DE PRENSA

Minería, un debate aplazado

Dos experiencias con alto costo social

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En plenaria de la Cámara fue citado para hoy este control político que quiere evidenciar la situación de Cesar, Chocó, Tolima y Bolívar.

Imagen tomada de www.eltiempo.com

Hijos del conflicto



La violencia dejó a muchos hijos de defensores de derechos humanos, políticos, sindicalistas sin sus padres. Hoy lideran la lucha por la verdad de lo ocurrido y la reparación.

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Estamos volviendo a los tiempos de las ‘Convivir’: Cepeda

Así lo afirmó el representante Iván Cepeda, tras conocerse varios episodios de violencia contra reclamantes de tierras en los últimos días. El congresista rechazó las agresiones hacia algunos miembros de la comunidad de Las Pavas (Bolívar), por parte de un grupo de seguridad privada, avalado por la Superintendencia de Vigilancia, bajo la figura de Departamentos de Seguridad, que están al servicio de los empresarios palmicultores, a quienes el Incoder declaró poseedores de mala fe. Cepeda alertó sobre una cadena criminal contra la restitución de tierras.

BOGOTÁ, 04/06/2013. A raíz de los recientes hechos de violencia en los que resultó asesinado el hijo de un reclamante de tierras en El Carmen de Bolívar, el plan develado para asesinar al defensor de derechos humanos Juan David Díaz, y las agresiones sufridas por la comunidad de Las Pavas, por parte de civiles armados, el representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo que no se puede seguir afirmando que estos son hechos aislados, y que, por el contrario, obedecen a una especie de cadena criminal, de la cual hacen parte los denominados ejércitos antirrestitución.

Para el congresista, “la primera medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares que están haciendo de guardianes de las tierras despojadas, que ejercen persecución a reclamantes de tierras o personas que ya han sido restituidas, especialmente en la Costa Atlántica”.

Con respecto a los Departamentos de Seguridad, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, Cepeda afirmó que “estamos volviendo al tiempo de las ‘Convivir’. Estos Departamentos son organizaciones de carácter privado que asumen funciones y se toman atribuciones de Fuerza Pública, en el caso de las Pavas, con el objeto de reprimir y hostigar a comunidades que están en sitios donde el Incoder permitió su permanencia”.

El representante requirió una respuesta urgente del Superintendente de Vigilancia sobre si se está legalizando el paramilitarismo nuevamente, bajo esta figura de Departamentos de Seguridad.

Cepeda recordó que en los últimos dos años ha denunciado y alertado a las autoridades para que atiendan las constantes amenazas contra los campesinos de El Carmen de Bolívar, Las Pavas (Bolívar), Bellacruz, y Pitalito (Cesar), y varias organizaciones de víctimas. En particular, la comunidad de Las Pavas ha sido víctima de amenazas de muerte, hechos intimidantes como tiros al aire y a los pies de los campesinos, quema y destrucción de cultivos, lesiones personales, y amenaza de violencia sexual contra menores. En el caso de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, sus miembros fueron desplazados hacia otros municipios por las graves amenazas.


 OFICINA DE PRENSA