Por: Iván Cepeda Castro
“Todo indica que las dos metas deseables —tener a los ‘paras’ en cárceles de verdad y esclarecer la verdad de sus actos en Colombia— no se pueden lograr a la vez”. La identidad de los máximos responsables políticos y empresariales de crímenes de lesa humanidad quedaría oculta. El proceso de esclarecimiento se aplazaría indefinidamente. Es cierto que la extradición por delitos de narcotráfico pretende ser utilizada como un mecanismo para afectar severamente las investigaciones en Colombia, y para impedir que las víctimas y sus abogados participen en los procedimientos judiciales. No obstante, comienzan a surgir signos de algo distinto. Así parecen indicarlo algunas revelaciones que han hecho en los distritos judiciales de Washington y Nueva York Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en las que se implica, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, a ejecutivos de empresas bananeras, y a congresistas.
¿Cómo explicar estas circunstancias? Durante los últimos años hemos asistido a una incesante proliferación de actuaciones ilegales relacionadas directamente con el entorno del Gobierno: conciertos para delinquir agravados que se disimulan como acuerdos políticos o programáticos, actos de nepotismo, densas redes de testaferrato, fraude electoral, espionaje político, conspiraciones para el cohecho, promoción de ejecuciones extrajudiciales como crímenes de Estado, intimidación de los operadores judiciales, obstrucción a la justicia, calumnia contra quienes investigan y generan opiniones críticas, montajes judiciales, fabricación de pruebas y estadísticas, abusos de poder, desviación de las instituciones públicas para auspiciar la ilegalidad o encubrirla, prevaricato, proliferación de las más variadas modalidades de corrupción. En cada uno de estos escándalos se revela el mismo patrón. Grupos de funcionarios públicos subordinados a cadenas de mando ejecutan acciones dolosas concertadas. Detrás de sus actividades aparecen altos responsables de gobierno. Más allá de la gravedad de estas situaciones particulares, preocupa el panorama que arroja el conjunto de ellas. Se trata, ni más ni menos, que de la disolución del Estado de derecho por la vía de una dinámica en la que se articulan la criminalidad de sistema con formas de corrupción y comportamientos mafiosos.
En esa dinámica, la proliferación de los actos ilegales a gran escala basada en pactos entre delincuentes genera una espiral. Cuando comienzan las investigaciones, a la complicidad sigue la traición y a esta última la supresión, por cualquier vía, de quienes fueron los antiguos socios. En los casos de actuaciones criminales altamente complejas no es posible controlarlo todo e impedir que queden “cabos sueltos”. La obsesión por encubrir al mismo tiempo tantos delitos genera descuidos, acumula resentimientos, permite las filtraciones de información. El intento de los máximos responsables por hacer que recaiga la responsabilidad absoluta sobre los ejecutores directos de las sórdidas operaciones hace que aparezcan los delatores (Rafael García, Jorge Lagos). Y en un momento dado puede ocurrir que sobrevenga la ola de revelaciones simultáneas de las grandes verdades. Aquellas que dejan al desnudo la verdadera naturaleza del poder criminal.
