AL NO FIRMAR PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS, PDA PROPONE MECANISMOS CONCRETOS PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN
Para la bancada parlamentaria del PDA, si bien la ponencia del proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras radicada por la Unidad Nacional presenta avances en la discusión respecto de la legislatura anterior, al mismo tiempo contiene numerosos aspectos que deben ser objeto de una profunda revisión.
Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.
Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:
1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.
2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.
4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.
6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.
7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.
El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
http://fb.me/ujgip2e1
Ante la falta de algunas disposiciones que son fundamentales para la satisfacción plena de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, en una carta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos los parlamentarios del Polo señalaron algunas de sus principales observaciones sobre este particular: ausencia de una consulta amplia a las organizaciones de víctimas y de consulta previa a las comunidades étnicas; exclusión del PDA en el proceso de concertación previo a la presentación del proyecto de ley en el Congreso de la República; desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; confusión entre medidas de carácter asistencial y auténticas medias de reparación integral; limitación de la reparación judicial a las víctimas de grupos armados al margen de la ley desconociendo el principio de proporcionalidad y reparación integral; sujetar la materialización de la norma al principio de sostenibilidad fiscal; no garantizar la reparación patrimonial lo que debilita considerablemente la restitución de tierras; someter a la discrecionalidad del Gobierno aspectos esenciales de la reglamentación del proceso de reparación y de restitución; crear una comisión de la verdad que no garantiza autonomía respecto del Poder Ejecutivo, entre otras.
Estos y otros aspectos de la propuesta no se ajustan a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y desconocen principios y elementos jurisprudenciales elaborados por la Corte Constitucional que en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre la materia. Por esta circunstancia, el Polo no suscribió la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ante este panorama y luego de consultar instancias representativas de los movimientos de víctimas, el Polo Democrático ha elaborado un pliego modificatorio en el que además de abordar los problemas antes expuestos, ha propuesto siete medidas concretas para avanzar en el proceso de reparación integral:
1. Asegurar la efectiva asistencia jurídica de las víctimas a través de la creación de un Sistema Nacional de Representación Judicial de las Víctimas integrado a la Defensoría del Pueblo. Para dicho propósito se propone fortalecer a esta entidad dotándola de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.
2. Fortalecer la protección de las víctimas mediante la revisión de los programas ya existentes o mediante la creación de un nuevo programa que permita garantizar la exigibilidad de sus derechos, especialmente de cara a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, atendiendo los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3. Una propuesta de restitución integral que abarca la devolución de tierras, viviendas y patrimonio a las víctimas del desplazamiento forzado, y que incluye la condonación de las deudas.
4. Creación de una unidad de policía judicial de apoyo técnico a la Fiscalía General de la Nación destinada exclusivamente a la persecución de bienes despojados por los agentes de la violencia, como principal medida para el incremento de los recursos del fondo de reparación para las víctimas. El debilitamiento de las bases económicas de los aparatos criminales a la vez que puede generar recursos para la reparación de las víctimas, también puede contribuir a la no repetición de la violencia padecida.
5. Reforzar sustancialmente las facultades legales y la capacidad operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para intensificar el proceso de exhumación e identificación de restos mortales de miles de personas. Asimismo, establecer el mecanismo de ausencia por desaparición forzada para amparar los derechos en materia civil, laboral, sucesoral de los familiares de personas desaparecidas, sin perjuicio de la obligación del Estado de adelantar las investigaciones del caso.
6. Entrega de bienes producto de extinción de dominio al Fondo de Reparación para las víctimas. Llamado al cumplimiento del deber del Gobierno de la obligación de gestionar la entrega de los bienes de personas extraditadas responsables de violaciones de DDHH y de DIH en Colombia.
7. Conformación de una comisión de la verdad, integrada por miembros elegidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, dedicada al esclarecimiento de las estructuras económicas de los aparatos criminales y de la riqueza ilícita acumulada a través del despojo de tierras, la acumulación violenta de capitales, la usurpación de bienes y el testaferrato.
El PDA presentará al Congreso de la República sus propuestas a través de un amplio pliego modificatorio.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
http://fb.me/ujgip2e1
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO
En relación con los hechos que han generado debate público en las últimas semanas y que conciernen al Polo Democrático Alternativo manifiesto lo siguiente:
Desde hace varios años el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos. Al mismo tiempo, los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos: la implementación de la educación gratuita hasta el grado 11, la apertura de miles de cupos para educación tecnológica y profesional; la política de seguridad alimentaria que busca erradicar el hambre y la desnutrición en Bogotá; la ampliación de la cobertura en el servicio de salud; el diseño de una EPS distrital que demuestre que la salud es un derecho y no un negocio; la consolidación de un sistema integrado de transporte, etcétera. Todos estos son programas y decisiones de gobierno que demuestran que en Bogotá sí se puede garantizar derechos constitucionales que históricamente se le han negado a la mayoría de nuestros ciudadanos.
No obstante todo lo anterior, considero que la gravedad de los hechos de los que se responsabiliza tanto a algunos funcionarios públicos de la administración distrital, como a algunos miembros del partido ameritan una pronta y transparente investigación, así como también una total colaboración con las instancias judiciales y disciplinarias competentes. En estas circunstancias no caben ni apoyos acríticos ni actitudes encubridoras.
El Polo en virtud de su talante democrático debe ser el abanderado de la defensa del derecho al control político. La ética y la transparencia en el ejercicio de los funcionarios públicos y representantes del Polo son un deber sin el cual no se puede construir un proyecto político alternativo. Las denuncias no pueden ser simplemente ignoradas, vengan de donde vengan. De hecho, las denuncias presentadas por miembros del Polo resultan una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido.
Además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad.
De otra parte, se hace necesario contrarrestar las tendencias de caudillismo que no consulta ni responde a las decisiones colectivas del partido. No puede pretender ser democrático aquel que pisotea las normas de la participación democrática de una colectividad.
Al mismo tiempo, propongo que se desarrolle un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior de la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo, considero que es imperativo convocar a la mayor brevedad la realización del congreso nacional del PDA.
Desde hace varios años el PDA ha sido atacado por sus posiciones políticas en torno a asuntos vitales del acontecer nacional. Es innegable que el Polo ha sido objeto de una campaña sistemática que ha buscado desprestigiar a varios de sus dirigentes con el fin de crear una imagen negativa de estos. Al mismo tiempo, los logros que han tenido las dos administraciones distritales del Polo han sido desconocidos con propósitos claramente políticos: la implementación de la educación gratuita hasta el grado 11, la apertura de miles de cupos para educación tecnológica y profesional; la política de seguridad alimentaria que busca erradicar el hambre y la desnutrición en Bogotá; la ampliación de la cobertura en el servicio de salud; el diseño de una EPS distrital que demuestre que la salud es un derecho y no un negocio; la consolidación de un sistema integrado de transporte, etcétera. Todos estos son programas y decisiones de gobierno que demuestran que en Bogotá sí se puede garantizar derechos constitucionales que históricamente se le han negado a la mayoría de nuestros ciudadanos.
No obstante todo lo anterior, considero que la gravedad de los hechos de los que se responsabiliza tanto a algunos funcionarios públicos de la administración distrital, como a algunos miembros del partido ameritan una pronta y transparente investigación, así como también una total colaboración con las instancias judiciales y disciplinarias competentes. En estas circunstancias no caben ni apoyos acríticos ni actitudes encubridoras.
El Polo en virtud de su talante democrático debe ser el abanderado de la defensa del derecho al control político. La ética y la transparencia en el ejercicio de los funcionarios públicos y representantes del Polo son un deber sin el cual no se puede construir un proyecto político alternativo. Las denuncias no pueden ser simplemente ignoradas, vengan de donde vengan. De hecho, las denuncias presentadas por miembros del Polo resultan una oportunidad para demostrar con transparencia ante la sociedad colombiana el carácter democrático y los principios políticos del partido.
Además de las investigaciones de los órganos competentes se requiere que la administración distrital y el Alcalde presenten ante el Polo una rendición de cuentas de su gestión en la ciudad.
De otra parte, se hace necesario contrarrestar las tendencias de caudillismo que no consulta ni responde a las decisiones colectivas del partido. No puede pretender ser democrático aquel que pisotea las normas de la participación democrática de una colectividad.
Al mismo tiempo, propongo que se desarrolle un debate amplio y franco sobre las diferencias que se vislumbran al interior de la organización. En medio de un ambiente nacional donde la única oposición política es el Polo, considero que es imperativo convocar a la mayor brevedad la realización del congreso nacional del PDA.
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