RENDICIÓN DE CUENTAS
REPRESENTANTE A LA CÁMARA IVÁN CEPEDA CASTRO
PERIODO LEGISLATIVO 2010 - 2011
Desde mi elección como representante a la Cámara por Bogotá, por el Polo Democrático Alternativo, tuve como principio la rendición de cuentas a mis electores. En cumplimiento de este principio democrático, y pasado el primer año de mi gestión, entrego este informe que detalla los resultados concretos tanto en los debates de control político, como en el trabajo en las comisiones y la plenaria de la Cámara. Una labor que obedece al compromiso de atender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, las cuales han guiado mi accionar.
Iván Cepeda Castro
I. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
En esta legislatura, llevamos a cabo cuatro importantes debates de control político en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara:
1. Debate Despojo de Tierras
En acompañamiento a varias comunidades campesinas que reclaman sus tierras, denunciamos las trampas jurídicas y otras prácticas criminales que fueron utilizadas para despojar de sus predios a cientos de campesinos desplazados de diferentes regiones del país como los Montes de María, el Urabá, Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Córdoba, entre otros.
Entre las maniobras para el despojo de tierras, denunciamos la práctica de muchos empresarios que reciben información privilegiada por parte de organismos del Estado, para saber la situación de endeudamiento de muchos campesinos que se ven obligados a vender a precios irrisorios para subsanar sus deudas. Otras estrategias están encaminadas a legalizar tierras obtenidas ilegalmente por parte de los grupos paramilitares, a través de la compra de registros legales en las notarías del país, práctica que el mismo Gobierno reconoció en un informe entregado por la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011.
Con posterioridad al debate de control político se ha participado activamente en el impulso de la iniciativa surgida desde diferentes espacios de confluencia del movimiento social, especialmente del Congreso de los Pueblos, de la Minga Social y Popular, y del Movimiento de Crímenes de Estado, en torno a la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías.Congreso que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, en donde se espera poder avanzar en mandatos y en una agenda común en torno a la restitución de las tierras, y la defensa de los territorios.
2. Debate Crisis humanitaria en los llanos orientales: situación de cuatro cementerios en los que se han enterrado personas no identificadas (NN), muchos de ellos casos de falsos positivos y desapariciones forzadas.
En un proceso de acompañamiento a las organizaciones de víctimas de la desaparición forzada, nos propusimos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación y develar la grave situación de personas no identificadas o NN, que se encuentran enterradas en los distintos cementerios del país, especialmente en la región de los llanos orientales, muchos casos coincidentes con reportes de personas desaparecidas en municipios de la zona como Granada, Villavicencio y la Macarena en el departamento del Meta. Formulamos varios requerimientos a la Fiscalía para lograr la plena identificación de estas personas, los cuales fueron atendidos y dieron paso a importantes investigaciones y acciones que viene desarrollando el ente investigador, como las inspecciones a los cementerios de Granada, Vista Hermosa y dos ubicados en San José del Guaviare.
Como resultado de esa gestión, acompañamos al Ministerio del Interior, a la Registraduría y al Instituto de Medicina Legal en la entrega del reporte sobre identificación de 438 personas, que figuraban como no identificadas y que aparecen en los bancos de datos sobre desaparición forzada.
3. Debate Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares en Colombia.
Le solicitamos al Gobierno Nacional que elimine del Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de Bacrim o bandas criminales, y que reconozca que en Colombia están operando poderosas estructuras paramilitares, heredadas de una falsa desmovilización de los grupos paramilitares. Advertimos que según la legislación internacional, estos grupos cumplen con las características de un grupo armado: tienen una estructura jerarquizada, ejercen un control territorial, y mantienen estrechos nexos con miembros fuerza pública o en las esferas de poder.
Reiteramos que las bandas llamadas por el gobierno Bacrim, no son simples bandas delincuenciales, sino que son poderosas estructuras que le dieron continuidad al horror del paramilitarismo en Colombia. Expusimos los mapas según los cuales, las nuevas estructuras paramilitares tienen asiento en las mismas zonas ocupadas por los antiguos grupos paramilitares, y zonas de adjudicación de licencias para explotación minera.
4. Debate Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.
En compañía de la representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, adelantamos el debate de control político sobre Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
Conforme a la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto colombiano, realizada por Oxfam en conjunto con varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre los años 2001 y 2009 se registraron 489.687 agresiones directas a mujeres, en municipios con presencia de conflicto y por parte de todos los actores armados. Es decir, se presentaron 149 agresiones al día, 6 cada hora.
Advertimos sobre la gravedad de las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, la fuerza pública es la entidad que mayor número de agresiones comete en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, muy por encima de los grupos armados. Por lo tanto, le pedimos al gobierno nacional la implementación urgente de una política en el interior de las tropas para acabar con este delito, así como el cumplimiento de las diversas recomendaciones dadas por los organismos internacionales de protección de DDHH sobre esta problemática.
DEBATE SOBRE PROYECTO DE DEFENSORÍA TÉCNICA A MILITARES
Nos opusimos con argumentos al proyecto presentado por el gobierno nacional para ampliar el servicio de defensoría técnica a militares por delitos no contemplados por la justicia penal militar.
Dejamos constancia sobre la inconveniencia de este proyecto que pretende que, con recursos públicos y privados, se cree una poderosa defensoría técnica para los militares implicados en casos de investigaciones disciplinarias o penales que comprendan crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, delitos comunes como narcotráfico, concierto para delinquir, extorsiones, entre otros.
II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
1. PROYECTOS:
GESTIÓN EN LA LEY DE VÍCTIMAS
A lo largo de la discusión del proyecto de ley de víctimas, insistimos en la importancia de tener un instrumento que efectivamente garantizara los derechos de las víctimas, y en especial el derecho a la reparación. En este espíritu, participamos de manera activa durante sus cuatro debates, presentando numerosas proposiciones, junto con la bancada del Polo Democrático en el Senado.
Durante el debate, y desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron tres audiencias sobre despojo de tierras en Medellín, Barranquilla y Sincelejo.
Entre los temas propuestos que se mantuvieron en el texto finalmente aprobado por el Congreso se encuentran:
1. En materia de protección a las víctimas, se extendieron las medidas de protección se ordena la revisión de programas y se establecen criterios para hacerlo.
2. Se incorporaron fuentes adicionales para el fondo de reparación, entre ellas los recursos provenientes de la dirección nacional de estupefacientes objeto de extinción de dominio, en los porcentajes determinados por el Gobierno Nacional, y los montos de las condenas de los parapolíticos.
3. Se creó un grupo especializado de policía judicial para desarrollar labores de identificación de bienes y activos que hayan ocultado los victimarios.
4. Se aseguró que la Defensoría del Pueblo realice una labor de asesoría, acompañamiento y representación judicial de todas las víctimas
5. En materia de restitución se logró que el desplazamiento no interrumpa la posesión para efectos de lograr por parte de la víctima la prescripción adquisitiva de dominio, y que las mujeres puedan iniciar el proceso de restitución así no aparezcan como propietarias en los títulos del predio.
Pese a estas disposiciones, la ley de víctimas presenta graves problemas y deficiencias frente a las demandas de las víctimas y los estándares internacionales en la materia. Actualmente, en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diversas organizaciones de DDHH, agrarias, de víctimas y de mujeres, se prepara una demanda para que la Corte Constitucional pueda ajustar esta ley y se convierta en un instrumento que sirva a todas las víctimas.
MODIFICACIONES A LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
Señalamos los problemas que contenía el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Santos que busca crear una nueva política en materia de inteligencia. Entre las principales preocupaciones estuvo el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos. Advertimos que esta ley no garantiza que se ponga un punto final a la acción criminal que se ha venido desarrollando desde los organismos de inteligencia. Pese a su aprobación, logramos modificar el término de la reserva sobre documentos de inteligencia, reduciéndolo en 10 años, dejando la posibilidad de que el gobierno la amplíe de 25 a 40 años y no hasta 50 como se propuso inicialmente. Con esto buscamos salvaguardar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sin embargo en el trámite en Senado se aumentaron 5 años más.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: INTRODUJIMOS EL ARTÍCULO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA TODA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
También logramos la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Este artículo obliga a la reglamentación inmediata la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este fenómeno por parte todos los entes gubernamentales.
LOGRAMOS LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA
Como ponente coordinador, trabajé activamente para la aprobación de proyecto de Ley para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ley sancionada por el presidente de la República. Este es el primer tratado internacional destinado exclusivamente a buscar la prevención del delito de desaparición forzada, la protección de las víctimas, la búsqueda de personas que han padecido este crimen y la sanción de los responsables. Reconoce los derechos de las víctimas y constituye un importante instrumento para combatir la impunidad de este crimen, al ofrecer mecanismos para que las víctimas tengan pleno acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Además, actúa como elemento político de rechazo a dicha práctica, condenando incluso por tolerancia a los Estados y a las autoridades que sean permisivos con su realización.
NOS OPUSIMOS AL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
Nos opusimos a la ley de sostenibilidad presentada por el gobierno, pues representa un proyecto regresivo en materia de derechos fundamentales, especialmente porque con su aprobación, el estado social de derecho no se sustentará en la realización de los derechos humanos sino en la sostenibilidad fiscal, al limitar la independencia de otras ramas del poder público, las cuales estarán sujetas a razones fiscales, al momento de tomar sus decisiones.
Para el gobierno nacional constituyen riesgo fiscal, el pasivo pensional, el régimen de seguridad social en salud, la población desplazada y la ley de víctimas.
Se trata de una política económica de austeridad selectiva, en la que lejos de pretender reducir la deuda pública, lo que se pretende es garantizar el recorte de recursos de los entes territoriales que no podrán cumplir sus obligaciones en materia de inversión social para dar paso a un flujo de recursos a favor de la Nación con los cuales se financiaran, entre otros, los proyectos de infraestructura vial atrasados que favorecen principalmente a las multinacionales y a los inversionistas extranjeros, mientras que se debilitan los derechos fundamentales principalmente el trabajo, la educación, la salud y la vivienda digna.
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEMANDA A LA LEY 1424 DE 2010
La ley 1424 denominada “ley de justicia transicional” es la norma que ha sido tramitada de manera más rápida en el Congreso de la República, la cual surgió como respuesta del Gobierno a la declaratoria de inconstitucionalidad de que realizara la Corte Constitucional frente al principio de oportunidad de desmovilizados, que permitiría el saneamiento judicial de estas personas sin ningún tipo de investigación sobre los crímenes cometidos.
Durante su trámite en el Congreso, advertimos sobre la inclusión de varias disposiciones que atentaban contra los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la justicia, y la más importante de ellas: el artículo que dispone que la información que surja en el marco de los denominados acuerdos por la verdad que crea esta norma, no pueden tenerse como prueba en un proceso judicial.
Al ser aprobada esta norma, decidimos demandar ante la Corte Constitucional dichos aspectos, actuación que se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el representante por el Polo Democrático Germán Navas Talero.
2. LOGROS EN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PAZ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Crisis de derechos humanos en cárcel de Valledupar
Con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de representantes lideramos una visita de inspección a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, para hacer pública la grave situación humanitaria que se vive en ese centro carcelario. Conseguimos la aprobación de una carta mediante la cual, Cámara de representantes les solicitó al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, el cierre de la cárcel, iniciativa que llevó días más tarde a la adopción de medidas por parte del gobierno, tales como el traslado de 240 internos y la disposición de presupuesto para iniciar las obras de reparación del acueducto y el alcantarillado.
Audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó
Se llevó a cabo una audiencia pública en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de escuchar las inquietudes y denuncias con respecto a la seguridad de sus miembros y las constantes amenazas por parte de grupos paramilitares que siguen operando en el Urabá antioqueño.
Trabajo conjunto de las Comisiones de Paz del Congreso
Conseguimos que las Comisiones de Paz del Senado y Cámara acordaran el diseño de una agenda conjunta para atender los asuntos en los temas de paz.
3. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES
Investigación por las “chuzadas” y seguimientos ilegales del DAS
Desde que inició la investigación por parte de los organismos investigadores y de control por estos delitos cometidos desde esta dependencia del Gobierno, hemos estado acompañando y apoyando a las víctimas, tanto en los debates de control político que han tenido lugar en el Congreso de la República, como en los distintos procesos contra exfuncionarios de la entidad que adelanta la justicia ordinaria, y en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Igualmente, hemos hecho seguimiento a los procesos contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien además de estar sindicado en el caso de las “chuzadas” y los seguimientos ilegales, ha sido acusado de participar como autor intelectual del asesinato del senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, entre otros delitos.
III. OTRAS ACTIVIDADES
1. ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS
Apoyo al retorno de campesinos a la finca Las Pavas
Luego de una visita solicitada por la asociación de campesinos ASOCAB que buscan la restitución de tierras en la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, entregamos una constancia a la plenaria de la Cámara, en la cual se expresa la inconformidad de los campesinos, quienes se niegan a aceptar la propuesta del ministerio de recibir otras tierras en comodato, y no los terrenos que les pertenecen y que ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon) .
Le solicitamos al Ministro de Agricultura, llevar a cabo acciones urgentes que le garanticen a la comunidad de Las Pavas la restitución y el derecho a un retorno digno a los predios que les pertenecen.
Es importante destacar que con posterioridad al retorno de esta comunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre este caso, ordenando al INCODER reiniciar el proceso judicial para la protección de los derechos de ASOCAB.
Conmemoración masacres de El Naya
En la conmemoración de una década de la sangrienta incursión paramilitar en la región del Río Naya, acompañamos a las víctimas en su petición al gobierno nacional por el respeto a sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral, al territorio y al respeto a sus planes de vida. Mediante una constancia presentada a la plenaria de la Cámara, recordamos que esta comunidad lleva 10 años sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado la responsabilidad penal de los autores de la masacre y de sus beneficiarios, ni cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas, cuántas personas fueron desplazadas, y en general cuántas personas resultaron víctimas de esa acción paramilitar.
Le hicimos un llamado al Procurador General de la Nación, para que adelante las Investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que no tomaron las decisiones necesarias para evitar la incursión paramilitar en el 2001, y contra quienes no las ejecutaron, permitiendo la realización de cientos de crímenes. También a la Fiscalía General de la Nación, para que asuma la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la región del Naya, como crímenes de lesa humanidad, para que en el menor tiempo posible defina cuántas y cuáles son las víctimas, para que construya un plan metodológico que le permita adelantar la investigación no sólo contra los perpetradores, sino también contra quienes han sido denunciados como financiadores y beneficiarios de los crímenes cometidos, y finalmente para que se investigue a las estructuras que hoy están operando en la región e intentan mantener impunes estos hechos.
2. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA
En las profundidades del infierno
El Espectador
Sobre crisis humanitaria en cárcel de Valledupar
Por: Iván Cepeda Castro
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-275536-profundidades-del-infierno
--
Las bandas criminales del despojo
El Tiempo
9 de abril de 2011
Por: Iván Cepeda Castro
http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/las-bandas-criminales-del-despojo.html
--
La paz como camino
El Tiempo
11 de febrero de 2011
Por: Iván Cepeda Castro
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/esta-cerca-el-fin-del-secuestro-contesta-ivan-cepeda_8850845-4
--
Ley de víctimas, víctima de la “sostenibilidad fiscal”
El Espectador
13 de octubre de 2010
Por: Iván Cepeda Castro
http://www.elespectador.com/columna-229522-ley-de-victimas-victima-de-sostenibilidad-fiscal
--
Los rostros del despojo
El Tiempo
19 de septiembre de 2010
Por: Iván Cepeda Castro
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/los-rostros-del-despojo_7929145-1
Más información, acceso a noticias y a los videos sobre nuestros debates y documentos en:
http://ivan-cepeda.blogspot.com/
Twitter:
@IvanCepedaCast
OFICINA DE PRENSA
Apoyaremos conciliación y demandaremos ante la Corte los vacíos
EN ÚLTIMO TRÁMITE DE LEY DE VÍCTIMAS
*“Apoyaremos conciliación y demandaremos ante la Corte los vacíos”: Iván
Cepeda*
*El representante a la Cámara anunció que en el trámite de conciliación
defenderá los aspectos avanzados de la Ley de víctimas, y pedirá la
eliminación de aquellos que sean inconvenientes. Manifestó que una vez
aprobada la Ley, demandarán ante el Alto Tribunal las falencias en materia
constitucional*
* *
BOGOTÁ, 30/5/11. El representante por el Polo Democrático y miembro del
grupo de conciliadores de la Ley de víctimas, Iván Cepeda Castro, afirmó que
valora la aprobación de la iniciativa, la cual ha sido conseguida con el
esfuerzo de las víctimas. Dijo que en el trámite de conciliación de los
textos aprobados por Cámara y Senado, buscará defender todas aquellas
medidas de avanzada incluidas en la Ley, mientras pedirá que se eliminen
algunas que no garantizan la efectiva reparación.
Para Cepeda, en la conciliación será clave respetar la fecha más amplia y
que la reparación se extienda a todas las víctimas, y no sólo a aquellas que
se deriven del conflicto armado. También buscará que se elimine la figura
del contrato de uso y se les pueda restituir materialmente las tierras a los
despojados.
Igualmente, pedirá la eliminación de los artículos que pretenden que el
Ministerio de Defensa pueda pedir la revisión de los procesos de reparación
a las víctimas, y el que excluye del derecho de restitución a quienes
retornen a sus tierras mediante las vías de hecho.
El congresista anunció que después de la aprobación de la Ley, elevará
demanda ante la Corte Constitucional, para que en esa instancia se subsanen
las falencias que según él, todavía dejan por fuera a muchas víctimas de una
reparación integral.
“*Venimos a esta conciliación a defender los avances de la Ley de víctimas,
pero también reconocemos que quedaron serios vacíos en materia
constitucional. Por eso nos vemos en la obligación de buscar que la Corte
corrija esos vacíos*”, aseguró Cepeda.
El representante anticipó que con la demanda ante el Alto Tribunal se
pretende ampliar el universo de las víctimas, buscando extender al máximo la
fecha de cobertura, desde el punto de vista del respeto de los tratados
internacionales y bajo el reconocimiento de las víctimas de las estructuras
paramilitares que el gobierno llama Bacrim, garantizando que no haya
discriminación alguna a las víctimas.
“*El gobierno deberá escoger entre luchar contra las bandas criminales y
proteger a las víctimas, o continuar permitiendo que estas estructuras sigan
intimidando, amenazando e impidiendo la restitución*”, puntualizó.
Del mismo modo, afirmó que se demandarán todas aquellas medidas en las
cuales se soslaye el deber de la reparación integral, sobre la base de la
sostenibilidad fiscal, y aquellas que desconozcan la restitución material de
las tierras y que eviten el uso real de la misma por parte de sus legítimos
dueños.
El congresista señaló que la participación activa en la conciliación de esta
Ley, el Polo Democrático Alternativo ratifica su compromiso de buscar la
protección efectiva de los derechos de las víctimas.
OFICINA DE PRENSA
*“Apoyaremos conciliación y demandaremos ante la Corte los vacíos”: Iván
Cepeda*
*El representante a la Cámara anunció que en el trámite de conciliación
defenderá los aspectos avanzados de la Ley de víctimas, y pedirá la
eliminación de aquellos que sean inconvenientes. Manifestó que una vez
aprobada la Ley, demandarán ante el Alto Tribunal las falencias en materia
constitucional*
* *
BOGOTÁ, 30/5/11. El representante por el Polo Democrático y miembro del
grupo de conciliadores de la Ley de víctimas, Iván Cepeda Castro, afirmó que
valora la aprobación de la iniciativa, la cual ha sido conseguida con el
esfuerzo de las víctimas. Dijo que en el trámite de conciliación de los
textos aprobados por Cámara y Senado, buscará defender todas aquellas
medidas de avanzada incluidas en la Ley, mientras pedirá que se eliminen
algunas que no garantizan la efectiva reparación.
Para Cepeda, en la conciliación será clave respetar la fecha más amplia y
que la reparación se extienda a todas las víctimas, y no sólo a aquellas que
se deriven del conflicto armado. También buscará que se elimine la figura
del contrato de uso y se les pueda restituir materialmente las tierras a los
despojados.
Igualmente, pedirá la eliminación de los artículos que pretenden que el
Ministerio de Defensa pueda pedir la revisión de los procesos de reparación
a las víctimas, y el que excluye del derecho de restitución a quienes
retornen a sus tierras mediante las vías de hecho.
El congresista anunció que después de la aprobación de la Ley, elevará
demanda ante la Corte Constitucional, para que en esa instancia se subsanen
las falencias que según él, todavía dejan por fuera a muchas víctimas de una
reparación integral.
“*Venimos a esta conciliación a defender los avances de la Ley de víctimas,
pero también reconocemos que quedaron serios vacíos en materia
constitucional. Por eso nos vemos en la obligación de buscar que la Corte
corrija esos vacíos*”, aseguró Cepeda.
El representante anticipó que con la demanda ante el Alto Tribunal se
pretende ampliar el universo de las víctimas, buscando extender al máximo la
fecha de cobertura, desde el punto de vista del respeto de los tratados
internacionales y bajo el reconocimiento de las víctimas de las estructuras
paramilitares que el gobierno llama Bacrim, garantizando que no haya
discriminación alguna a las víctimas.
“*El gobierno deberá escoger entre luchar contra las bandas criminales y
proteger a las víctimas, o continuar permitiendo que estas estructuras sigan
intimidando, amenazando e impidiendo la restitución*”, puntualizó.
Del mismo modo, afirmó que se demandarán todas aquellas medidas en las
cuales se soslaye el deber de la reparación integral, sobre la base de la
sostenibilidad fiscal, y aquellas que desconozcan la restitución material de
las tierras y que eviten el uso real de la misma por parte de sus legítimos
dueños.
El congresista señaló que la participación activa en la conciliación de esta
Ley, el Polo Democrático Alternativo ratifica su compromiso de buscar la
protección efectiva de los derechos de las víctimas.
OFICINA DE PRENSA
Sobre la medida de aseguramiento proferida contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez
Declaración del representante Iván Cepeda Castro
BOGOTÁ, 17/5/11. Sobre la medida de aseguramiento proferida contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro se permite declarar lo siguiente:
- Celebro la decisión de la Fiscalía General de la Nación de proferir medida de aseguramiento contra el ex subdirector José Miguel Narváez, quien además de ser investigado por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, se encuentra vinculado a las investigaciones por las chuzadas y los seguimientos ilegales del DAS, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba. Además, en varias oportunidades, Narváez ha sido acusado por los jefes paramilitares Fredy Rendón alias ‘El Alemán’ y Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, como el determinador de los crímenes de Cepeda y Garzón.
- Esta decisión judicial y los distintos procesos a los que está vinculado el señor Narváez, demuestran que el crimen de Manuel Cepeda es un crimen de Estado y que durante muchos años operó un aparato dedicado a la persecución y el exterminio de la oposición, pues es conocido que antes de llegar al DAS, Narváez fue contratado como asesor de las Fuerzas Armadas para dictar cursos a las llamadas Convivir.
- Pediré a la Fiscalía General de la Nación que el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, sea declarado crimen de lesa humanidad.
- Espero que la justicia continúe avanzando en decisiones similares, encaminadas a esclarecer los responsables de estos y otros crímenes que han marcado la historia de nuestro país.Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara PD
BOGOTÁ, 17/5/11. Sobre la medida de aseguramiento proferida contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro se permite declarar lo siguiente:
- Celebro la decisión de la Fiscalía General de la Nación de proferir medida de aseguramiento contra el ex subdirector José Miguel Narváez, quien además de ser investigado por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, se encuentra vinculado a las investigaciones por las chuzadas y los seguimientos ilegales del DAS, por el crimen del periodista Jaime Garzón y por el secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba. Además, en varias oportunidades, Narváez ha sido acusado por los jefes paramilitares Fredy Rendón alias ‘El Alemán’ y Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, como el determinador de los crímenes de Cepeda y Garzón.
- Esta decisión judicial y los distintos procesos a los que está vinculado el señor Narváez, demuestran que el crimen de Manuel Cepeda es un crimen de Estado y que durante muchos años operó un aparato dedicado a la persecución y el exterminio de la oposición, pues es conocido que antes de llegar al DAS, Narváez fue contratado como asesor de las Fuerzas Armadas para dictar cursos a las llamadas Convivir.
- Pediré a la Fiscalía General de la Nación que el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, sea declarado crimen de lesa humanidad.
- Espero que la justicia continúe avanzando en decisiones similares, encaminadas a esclarecer los responsables de estos y otros crímenes que han marcado la historia de nuestro país.Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara PD
LEY DE VÍCTIMAS EN ÚLTIMO DEBATE EN SENADO
*Líderes de restitución de tierras asesinados no entrarían en Ley de
Víctimas*
- *El asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes, los
crímenes contra sindicalistas y desplazados que lideran procesos de
restitución de tierras no serían contemplados en la Ley, por ser
considerados crímenes de las llamadas Bacrim, o por la violencia
sociopolítica, y no del conflicto armado.*
* *
- *Además, con la figura del contrato de uso se vulneraría el derecho
a la restitución de miles de personas, a quienes no se les permitiría volver
a ocupar los predios en los que los actuales dueños tengan proyectos
agroindustriales, a cambio de recibir un pago por el uso de la tierra.*
* *
BOGOTÁ, 16/5/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro advirtió
que el reconocimiento del conflicto armado no puede limitar el universo de
víctimas, al dejar por fuera a los afectados por las acciones de los nuevos
paramilitares, mal llamados bandas criminales, como los son los líderes de
procesos de restitución de tierras, o a las personas asesinadas por razones
sociopolíticas, como los sindicalistas y periodistas. Según Cepeda, todas
estas víctimas deben entrar en la Ley.
*“El gobierno, a pesar de que ha hecho un reconocimiento importante al
aceptar que en Colombia hace décadas hay un conflicto armado y que hay
víctimas de ese conflicto, al mismo tiempo excluye con esa definición
estrecha a numerosas víctimas de hechos de violencia sociopolítica que han
conmocionado al país y a la opinión pública, y que no pueden ser
directamente limitados al conflicto armado”, *señaló.**
* *
Dijo que* “un sindicalista que defiende los derechos laborales y que fue
asesinado por esta razón, es una víctima del conflicto. Las personas
desplazadas que están luchando por el derecho a la restitución de sus
tierras y que han sido asesinadas, no podrán estar en la Ley, puesto que han
muerto por la acción de las llamadas bandas emergentes, mal llamadas Bacrim,
que en realidad son grupos paramilitares”.*
* *
Del mismo modo, el representante Cepeda afirmó que otro aspecto que debe ser
eliminado de la Ley es la figura que impide el retorno de los despojados a
sus terrenos, si éstos han sido ocupados de buena fe por empresarios
agroindustriales que estén desarrollando sus proyectos allí.
La iniciativa contempla que en estos casos, los despojados recibirán el
título de la tierra y a través de un contrato de uso, se les pagará una suma
mensual por el usufructo de la tierra por parte del actual dueño. Para
Cepeda, esta figura no garantiza el retorno, la rehabilitación
socioeconómica en condiciones de dignidad y permanencia para los campesinos,
quienes seguirían en condiciones de desplazamiento a pesar de que se les
reconozca la propiedad de la tierra.
El congresista reiteró que no se puede retroceder en los logros obtenidos en
la Ley de Víctimas y que espera que la plenaria del Senado reconsidere estos
aspectos para entregarle al país una Ley acorde a los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación integral.
--
Oficina de Prensa Iván Cepeda Castro
3824416
Bogotá - Colombia
Víctimas*
- *El asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes, los
crímenes contra sindicalistas y desplazados que lideran procesos de
restitución de tierras no serían contemplados en la Ley, por ser
considerados crímenes de las llamadas Bacrim, o por la violencia
sociopolítica, y no del conflicto armado.*
* *
- *Además, con la figura del contrato de uso se vulneraría el derecho
a la restitución de miles de personas, a quienes no se les permitiría volver
a ocupar los predios en los que los actuales dueños tengan proyectos
agroindustriales, a cambio de recibir un pago por el uso de la tierra.*
* *
BOGOTÁ, 16/5/11. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro advirtió
que el reconocimiento del conflicto armado no puede limitar el universo de
víctimas, al dejar por fuera a los afectados por las acciones de los nuevos
paramilitares, mal llamados bandas criminales, como los son los líderes de
procesos de restitución de tierras, o a las personas asesinadas por razones
sociopolíticas, como los sindicalistas y periodistas. Según Cepeda, todas
estas víctimas deben entrar en la Ley.
*“El gobierno, a pesar de que ha hecho un reconocimiento importante al
aceptar que en Colombia hace décadas hay un conflicto armado y que hay
víctimas de ese conflicto, al mismo tiempo excluye con esa definición
estrecha a numerosas víctimas de hechos de violencia sociopolítica que han
conmocionado al país y a la opinión pública, y que no pueden ser
directamente limitados al conflicto armado”, *señaló.**
* *
Dijo que* “un sindicalista que defiende los derechos laborales y que fue
asesinado por esta razón, es una víctima del conflicto. Las personas
desplazadas que están luchando por el derecho a la restitución de sus
tierras y que han sido asesinadas, no podrán estar en la Ley, puesto que han
muerto por la acción de las llamadas bandas emergentes, mal llamadas Bacrim,
que en realidad son grupos paramilitares”.*
* *
Del mismo modo, el representante Cepeda afirmó que otro aspecto que debe ser
eliminado de la Ley es la figura que impide el retorno de los despojados a
sus terrenos, si éstos han sido ocupados de buena fe por empresarios
agroindustriales que estén desarrollando sus proyectos allí.
La iniciativa contempla que en estos casos, los despojados recibirán el
título de la tierra y a través de un contrato de uso, se les pagará una suma
mensual por el usufructo de la tierra por parte del actual dueño. Para
Cepeda, esta figura no garantiza el retorno, la rehabilitación
socioeconómica en condiciones de dignidad y permanencia para los campesinos,
quienes seguirían en condiciones de desplazamiento a pesar de que se les
reconozca la propiedad de la tierra.
El congresista reiteró que no se puede retroceder en los logros obtenidos en
la Ley de Víctimas y que espera que la plenaria del Senado reconsidere estos
aspectos para entregarle al país una Ley acorde a los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación integral.
--
Oficina de Prensa Iván Cepeda Castro
3824416
Bogotá - Colombia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)