*El congresista, quien ha venido acompañando a las víctimas del
paramilitarismo en los departamentos de la Costa Atlántica, le solicitó al
gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, rescindir la licencia de
concesión a Enilce López para la explotación del chance en ese
departamento, teniendo en cuenta su condena por concierto para delinquir
por nexos con grupos paramilitares.*
BOGOTÁ, 9/03/12. A través de un derecho de petición el defensor de derechos
humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, le pidió al
gobernador del departamento de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, que como
titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en
ese departamento, invalide el contrato de concesión para la explotación del
juego de apuestas permanentes, otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘,
quien cuenta con un extenso prontuario y fue condenada a 8 años de cárcel
por concierto para delinquir, por sus nexos con los grupos paramilitares
que operaban en Bolívar y Sucre.
“Por respeto a las víctimas, los gobiernos regionales no pueden seguir
premiando a los delincuentes con grandes concesiones, grandes licitaciones
y jugosos negocios, con los cuales se han financiado muertes y se ha
sembrado el terror durante décadas en una región tan importante para el
país como los es la Costa Atlántica*”, señaló Cepeda.
El congresista recordó que contra alias “La Gata” y su hijo, Jorge Luis
Alfonso López, se siguen investigaciones en los Estados Unidos por
supuestos nexos con ‘Los Urabeños‘, en relación con el narcotráfico.
Asimismo, Alfonso López, se encuentra huyendo de la justicia, acusado por
los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
El contrato, adjudicado por la anterior administración, vence en el 2013.
*A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*
Bogotá D.C., 9 de marzo de 2012
Doctor
*JULIO CESAR GUERRA TULENA***
Gobernador de Sucre
Sincelejo, Sucre
Ref: Derecho de Petición, artículo 23 de la Constitución Política y
6 y s.s. del C.C.A.
Respetado señor Gobernador:
Como es de su conocimiento, el próximo año vence la licencia de concesión,
que la Gobernación de Sucre, le otorgó a Enilce López, conocida con el
alias de ‘La Gata‘, para la explotación del juego de apuestas permanentes o
chance, en ese departamento.
Según lo registra el periódico El Tiempo, en su edición de 7 de marzo de
2012, Enilce López, alias ‘La Gata‘, no solamente fue condenada a 8 años de
prisión por patrocinar grupos paramilitares en los departamentos de Sucre y
Bolívar, sino que contra ella y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, se
siguen investigaciones en los Estados Unidos por supuestos nexos con ‘Los
Urabeños‘, en relación con el narcotráfico. Asimismo, Alfonso López, se
encuentra huyendo de la justicia, acusado por los delitos de homicidio y
concierto para delinquir, relacionados con el asesinato del ciudadano turco
Hamil Kasser Ali, ocurrido en el municipio de Magangué, Bolívar. Además, ha
estado involucrado en escándalos de corrupción y ha sido señalado de tener
vínculos con grupos paramilitares. Por el primero de ellos, fue sancionado
en el 2006 por la Procuraduría General de la Nación y en el 2010 fue
destituido e inhabilitado, por 20 años, por ese mismo órgano de control[1].
Señor Gobernador:
Los hechos expuestos, dejan en evidencia la gravedad de las investigaciones
y condenas hechas por diversas autoridades judiciales y de control, contra
Enilce López, alias ‘La Gata’ y su hijo, Jorge Luis Alfonso López, así como
su presunta vinculación con grupos paramilitares, que han sembrado el
terror en la Costa Atlántica, y particularmente, en el departamento de
Sucre, y que han perpetrado masacres y desplazamientos forzados contra
miles de personas.
En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la
Constitución Política y 6 y ss., del Código Contencioso Administrativo, le
solicito, en nombre de las víctimas, que, en uso de sus atribuciones, en el
especial la que le confiere el artículo 2 de la ley 643 de 2001, como
titular del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar en el
departamento de Sucre, se abstenga de renovar el contrato de concesión para
la explotación del juego de apuestas permanentes o chance, que le fue
otorgado a Enilce López, alias ‘La Gata‘.
En espera de una pronta y positiva respuesta sobre el particular.
Cordial saludo,
*Iván Cepeda Castro*
*Representante a la Cámara*
Las víctimas marcharon a pesar del temor y el gobierno tuvo qué escucharlas
El representante a la cámara resaltó la participación de miles de personas
en las movilizaciones de este martes en más de 9 ciudades en Colombia y en
el exterior, y calificó como un buen resultado la reunión convocada por el
ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo para entrevistarse con una
comisión de las organizaciones participantes.*
MONTERÍA (Córdoba), 06/03/12. El defensor de derechos humanos y
representante a la Cámara, Iván Cepeda, destacó el éxito de las marchas por
la restitución digna de la tierra, que se desarrollaron en Montería
(Córdoba) y Villavicencio (Meta), Bogotá D.C., y otras ciudades del país y
del exterior.
“*La gente salió a marchar a pesar de las amenazas en muchas regiones y el
ambiente adverso que rodeaba las movilizaciones. Las víctimas rompieron con
el temor, expresaron sus inquietudes y denuncias, y el Gobierno las tuvo
qué escuchar*”, señaló el representante.
El congresista calificó como un buen resultado, la reunión propuesta por el
ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, quien, en el transcurso de la
marcha en Bogotá, llamó a los voceros de las organizaciones de víctimas
para hablar con ellos sobre los puntos de inconformidad en varios aspectos
de los procesos de restitución.
Foto Oficina Representante Ivan cepeda
6 DE MARZO Y LAS FALSAS RESTITUCIONES
Por Iván Cepeda | Publicado el 17 de febrero de 2012
http://m.elcolombiano.com/article/32208
El próximo 6 de marzo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado marchas en Montería y Villavicencio.
Se trata de acciones independientes y autónomas del Gobierno, que no cuentan con su apoyo logístico y que se realizan en medio de difíciles condiciones de seguridad en lugares donde existe control paramilitar y terrateniente.
También son demostraciones que plantean un mensaje claro al presidente Santos sobre el problema de los territorios despojados: se debe decir cuál es la verdadera intención de la política que designa como "restitución de tierras".
El Gobierno debe hablarles con franqueza a las víctimas del despojo y a la población desplazada, en vez de inflar la percepción de la restitución.
Aunque el principal acento del Plan de Choque -aplicado en los primeros meses de esta administración- fue la restitución, en realidad su prioridad fue la formalización de tierras.
Finalizado el Plan, tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas. El senador Jorge Enrique Robledo puso en evidencia la disparidad entre los anuncios gubernamentales y lo que muestra la cruda realidad del proceso.
En el Plan Nacional de Desarrollo se dice que a la vuelta de los próximos cuatro años se habrán realizado 160.000 restituciones. No obstante, el propio Gobierno reconoce que en 2012 sólo se harán 11.000.
El problema en la aplicación de la inversión de carga de la prueba en los procesos de restitución de tierras, tal como lo estipula la Ley de Víctimas, se constituye en otro golpe sensible a la esperanza de que algunas de las tierras despojadas regresen a las manos de sus verdaderos dueños.
El perfil de la política rural del Gobierno que apunta al papel protagónico de la agroindustria y a conceder amplios territorios a la explotación minera -39 millones de hectáreas- encuentra correlación en la formulación del principio del derecho de superficie y del contrato de uso, que permitirán subsanar cualquier problema que tengan los conglomerados en eventuales litigios.
Así, lo que aparece como restitución auspiciaría un modelo "asociativo" que convertiría a los productores campesinos en peones de plantaciones agroindustriales. A esto se añade el documento Conpes que contiene el plan de sostenibilidad de la Ley de Víctimas, según el cual, ante la alegación de buena fe exenta de culpa, es muy probable que los empresarios del campo ganen los juicios de restitución en un 80%.
¿Se incluirá en estos casos a Cementos Argos S.A. y a Tierras de Promisión en los Montes de María, a Aportes San Isidro S.A. -actual propietario de la hacienda Las Pavas- o al empresario Germán Efromovich en la antigua Hacienda Bellacruz?
Por lo demás, llama la atención que en los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro se omite la responsabilidad de estas y otras empresas, así como la alusión directa a terratenientes que poseen miles de hectáreas.
Como si esto fuera poco, queda por resolver el asunto de las condiciones políticas de las regiones donde se ha producido el despojo masivo. Allí no basta con crear esquemas de protección a los líderes campesinos. Se requiere una revolución democrática en estas regiones que haga frente a tenebrosos sectores que se oponen a la restitución, entre los cuales están aquellos aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por estas razones, y desafiando los peligros, los campesinos marcharán el 6 de marzo en Montería y Villavicencio.
http://m.elcolombiano.com/article/32208
El próximo 6 de marzo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado marchas en Montería y Villavicencio.
Se trata de acciones independientes y autónomas del Gobierno, que no cuentan con su apoyo logístico y que se realizan en medio de difíciles condiciones de seguridad en lugares donde existe control paramilitar y terrateniente.
También son demostraciones que plantean un mensaje claro al presidente Santos sobre el problema de los territorios despojados: se debe decir cuál es la verdadera intención de la política que designa como "restitución de tierras".
El Gobierno debe hablarles con franqueza a las víctimas del despojo y a la población desplazada, en vez de inflar la percepción de la restitución.
Aunque el principal acento del Plan de Choque -aplicado en los primeros meses de esta administración- fue la restitución, en realidad su prioridad fue la formalización de tierras.
Finalizado el Plan, tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas. El senador Jorge Enrique Robledo puso en evidencia la disparidad entre los anuncios gubernamentales y lo que muestra la cruda realidad del proceso.
En el Plan Nacional de Desarrollo se dice que a la vuelta de los próximos cuatro años se habrán realizado 160.000 restituciones. No obstante, el propio Gobierno reconoce que en 2012 sólo se harán 11.000.
El problema en la aplicación de la inversión de carga de la prueba en los procesos de restitución de tierras, tal como lo estipula la Ley de Víctimas, se constituye en otro golpe sensible a la esperanza de que algunas de las tierras despojadas regresen a las manos de sus verdaderos dueños.
El perfil de la política rural del Gobierno que apunta al papel protagónico de la agroindustria y a conceder amplios territorios a la explotación minera -39 millones de hectáreas- encuentra correlación en la formulación del principio del derecho de superficie y del contrato de uso, que permitirán subsanar cualquier problema que tengan los conglomerados en eventuales litigios.
Así, lo que aparece como restitución auspiciaría un modelo "asociativo" que convertiría a los productores campesinos en peones de plantaciones agroindustriales. A esto se añade el documento Conpes que contiene el plan de sostenibilidad de la Ley de Víctimas, según el cual, ante la alegación de buena fe exenta de culpa, es muy probable que los empresarios del campo ganen los juicios de restitución en un 80%.
¿Se incluirá en estos casos a Cementos Argos S.A. y a Tierras de Promisión en los Montes de María, a Aportes San Isidro S.A. -actual propietario de la hacienda Las Pavas- o al empresario Germán Efromovich en la antigua Hacienda Bellacruz?
Por lo demás, llama la atención que en los informes de la Superintendencia de Notariado y Registro se omite la responsabilidad de estas y otras empresas, así como la alusión directa a terratenientes que poseen miles de hectáreas.
Como si esto fuera poco, queda por resolver el asunto de las condiciones políticas de las regiones donde se ha producido el despojo masivo. Allí no basta con crear esquemas de protección a los líderes campesinos. Se requiere una revolución democrática en estas regiones que haga frente a tenebrosos sectores que se oponen a la restitución, entre los cuales están aquellos aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por estas razones, y desafiando los peligros, los campesinos marcharán el 6 de marzo en Montería y Villavicencio.
Human Rights Watch respalda a Iván Cepeda frente a reclamo del abogado Jaime Granados
*José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human
Rights Watch le dirigió una carta al apoderado del expresidente Álvaro
Uribe en la cual le aclara al jurista que esa organización continuará
observando de cerca la actuación de las autoridades judiciales frente a las
declaraciones hechas por Juan Monsalve y Pablo Hernán Sierra sobre los
presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares*
*
*
BOGOTÁ, 16/02/12. La carta surge como respuesta a la carta que el abogado
Jaime granados le envió a Vivanco el 8 de noviembre de 2011, en la cual el
abogado afirma que el congresista Iván Cepeda “vive en razón de causarle
daño” al expresidente Álvaro Uribe y que “en muchas ocasiones ha actuado en
contra de su buen nombre, incluso engañando a la justicia con falsas
denuncias”.
Esta misiva se da meses después de que el representante a la Cámara diera a
conocer los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la finca
Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique
Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”,
quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe
Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de
masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También mencionan el
apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la presidencia en
el año 2002.
Además, en el mensaje, José Miguel Vivanco, le expresa su respaldo al
congresista y le responde a Granados que “la contribución del Dr. Cepeda ha
sido crucial para el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, y
que continuará apoyando sus futuros esfuerzos en este ámbito.
*A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*
Aclaraciones respecto a las declaraciones del señor Iván Cepeda Castro
Washington D.C., 13 de febrero de 2012
Estimado Sr. Granados:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con su comunicación del 8
de noviembre en la que expresa su preocupación por las acusaciones
formuladas contra el ex Presidente Álvaro Uribe. Desde su fundación, Human
Rights Watch asumió el compromiso de apoyar iniciativas destinadas a
consolidar el estado de derecho y asegurar la integridad de las
investigaciones judiciales que promueven el juzgamiento de quienes cometen
violaciones de derechos humanos, así como de sus cómplices y aliados. En
relación al asunto que le preocupa, quisiéramos asegurarle que
continuaremos observando de cerca la actuación de las autoridades
judiciales frente a las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo
Hernán Sierra sobre los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con
grupos paramilitares. También seguiremos instando a las autoridades
colombianas pertinentes a que adopten medidas para garantizar la seguridad
de estos dos ex paramilitares, en especial teniendo en cuenta la
información que recibimos recientemente sobre nuevas amenazas contra
Monsalve.
Tomamos nota de sus observaciones acerca de la conducta del destacado
representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. No obstante, como seguramente
sabrá, el Dr. Cepeda goza de amplio respeto en Washington y en Europa
debido a sus importantes esfuerzos para lograr que los paramilitares rindan
cuentas por sus atrocidades. En tal sentido, creemos que la contribución
del Dr. Cepeda ha sido crucial para el fortalecimiento del estado de
derecho en Colombia y continuaremos apoyando sus futuros esfuerzos en este
ámbito.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC: Honorable Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
OFICINA DE PRENSA
Rights Watch le dirigió una carta al apoderado del expresidente Álvaro
Uribe en la cual le aclara al jurista que esa organización continuará
observando de cerca la actuación de las autoridades judiciales frente a las
declaraciones hechas por Juan Monsalve y Pablo Hernán Sierra sobre los
presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares*
*
*
BOGOTÁ, 16/02/12. La carta surge como respuesta a la carta que el abogado
Jaime granados le envió a Vivanco el 8 de noviembre de 2011, en la cual el
abogado afirma que el congresista Iván Cepeda “vive en razón de causarle
daño” al expresidente Álvaro Uribe y que “en muchas ocasiones ha actuado en
contra de su buen nombre, incluso engañando a la justicia con falsas
denuncias”.
Esta misiva se da meses después de que el representante a la Cámara diera a
conocer los testimonios del exparamilitar y extrabajador de la finca
Guacharacas, Juan Guillermo Monsalve, y del excomandante del bloque Cacique
Pipintá de las AUC, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”,
quienes señalan la supuesta participación del expresidente Álvaro Uribe
Vélez en la conformación del Bloque Metro de las AUC, en la ejecución de
masacres y su relación con actividades de narcotráfico de estos grupos
cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. También mencionan el
apoyo logístico y político de las AUC a su campaña para la presidencia en
el año 2002.
Además, en el mensaje, José Miguel Vivanco, le expresa su respaldo al
congresista y le responde a Granados que “la contribución del Dr. Cepeda ha
sido crucial para el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”, y
que continuará apoyando sus futuros esfuerzos en este ámbito.
*A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:*
Aclaraciones respecto a las declaraciones del señor Iván Cepeda Castro
Washington D.C., 13 de febrero de 2012
Estimado Sr. Granados:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con su comunicación del 8
de noviembre en la que expresa su preocupación por las acusaciones
formuladas contra el ex Presidente Álvaro Uribe. Desde su fundación, Human
Rights Watch asumió el compromiso de apoyar iniciativas destinadas a
consolidar el estado de derecho y asegurar la integridad de las
investigaciones judiciales que promueven el juzgamiento de quienes cometen
violaciones de derechos humanos, así como de sus cómplices y aliados. En
relación al asunto que le preocupa, quisiéramos asegurarle que
continuaremos observando de cerca la actuación de las autoridades
judiciales frente a las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo
Hernán Sierra sobre los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con
grupos paramilitares. También seguiremos instando a las autoridades
colombianas pertinentes a que adopten medidas para garantizar la seguridad
de estos dos ex paramilitares, en especial teniendo en cuenta la
información que recibimos recientemente sobre nuevas amenazas contra
Monsalve.
Tomamos nota de sus observaciones acerca de la conducta del destacado
representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. No obstante, como seguramente
sabrá, el Dr. Cepeda goza de amplio respeto en Washington y en Europa
debido a sus importantes esfuerzos para lograr que los paramilitares rindan
cuentas por sus atrocidades. En tal sentido, creemos que la contribución
del Dr. Cepeda ha sido crucial para el fortalecimiento del estado de
derecho en Colombia y continuaremos apoyando sus futuros esfuerzos en este
ámbito.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC: Honorable Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro
OFICINA DE PRENSA
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