El representante a la
Cámara Iván Cepeda entregará mañana a la fiscal general de la Corte Penal
Internacional la primera denuncia contra el expresidente por hechos ilegales
del DAS.
Con la pretensión de que se
investiguen como delito de persecución las acciones perpetradas por el DAS
contra opositores políticos, magistrados o periodistas, durante el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, y que se reconozca que él fue el máximo responsable de
estas acciones en su condición de presidente de la República, el representante
a la Cámara Iván Cepeda Castro radicará mañana ante
la Corte Penal Internacional una denuncia formal para que el tema sea incluido
en el llamado expediente Colombia como crimen de lesa humanidad.
El documento será entregado a la fiscal general de la CPI, Fatou
Bensouda, con la consideración preliminar de que a partir de 2004 Colombia se
encuentra bajo el examen del organismo internacional y que el delito de
persecución no ha sido estudiado, pero debe evaluarse a la luz de lo que
sucedió con el DAS en la era Uribe Vélez. El parlamentario Cepeda resaltó que
esta conducta se consumó con fines políticos, afectando a un grupo de personas
y organizaciones con una característica común: formaban parte de la oposición
al Gobierno.
Como hechos representativos de la denuncia, Cepeda registró en su
documento que el accionar del DAS se originó a partir de un órgano de
inteligencia no adscrito a la estructura oficial de la institución llamado G-3,
propuesto por el entonces director de la institución Jorge Noguera, hoy
condenado por la justicia. El plan se concretó en actividades de desprestigio,
presión y sabotaje para enlodar el nombre de algunas organizaciones de derechos
humanos, y de varios dirigentes de la oposición, contrarios a los intereses del
gobierno Uribe.
El representante destacó en su denuncia que entre las acciones del DAS
se incluyeron: la ‘Operación Transmilenio’ para inventar nexos de
organizaciones nacional e internacionales con grupos armados ilegales; la
‘Operación Intercambio’, para limitar la influencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; la ‘Operación Amazonas’, para desprestigiar a opositores y
magistrados de la Corte Constitucional, o la ‘Operación Cascabel’, dirigida a
afectar la imagen de la Comisión Colombiana de Juristas y su director Gustavo
Gallón.
Cepeda refiere uno por uno los nombres de todos los funcionarios del DAS
que terminaron investigados por la justicia, empezando por los exdirectores
Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, el exsecretario general de la
Presidencia, Bernardo Moreno, y un sinnúmero de subdirectores, detectives y
funcionarios que participaron en las campañas de desprestigio, al punto de que
al terminar el gobierno de Uribe Vélez, y ya en los tiempos del presidente Juan
Manuel Santos, fue necesaria la supresión del organismo de seguridad.
Como quiera que el DAS era un organismo dependiente de la Presidencia de
la República, Cepeda concentró su denuncia en el entonces jefe de Estado,
Álvaro Uribe. Por eso referenció que hoy en la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara, juez natural del primer mandatario, se han instaurado
287 denuncias contra Uribe, sin avances significativos. Pero no solamente en el
caso de las persecuciones del DAS, sino en otros episodios que, según el
legislador, el expresidente Uribe debería ser investigado judicialmente.
En concreto, el documento refiere dos casos: la masacre del Aro,
denunciada en la Comisión de Acusación en 2008, y que registra la muerte de 15
campesinos en Ituango (Antioquia), con un testigo llamado Francisco Villalba,
que después se retractó, pero inicialmente señaló al entonces gobernador Uribe;
y la masacre de 20 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
ocurrida en 2005, en la que supuestamente el expresidente Uribe no sólo
desatendió alertas para proteger a las víctimas, sino que arremetió contra la
comunidad de paz.
En opinión de Cepeda, entre las víctimas del delito de persecución
perpetrado por el DAS, en la época de Uribe como presidente, estarían: el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas,
el Cinep, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Asociación
Colombiana de Defensores de Derechos Humanos, el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, los magistrados de las altas cortes, varios líderes
políticos y los periodistas Daniel Coronell, Félix de Bedout, Ramiro Bejarano,
Holman Morris y Claudia Julieta Duque.
La denuncia aclaró finalmente que, a pesar de las evidencias, los hechos
prueban que han existido presiones para que Uribe no sea investigado y que,
definitivamente, “no existe voluntad real para adelantar una investigación
seria en su contra, a pesar de que reposan en el proceso suficientes elementos
de juicio para tomar decisiones de fondo”. Estas evidencias, según el artículo
séptimo del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos políticos,
afectando a un grupo de personas y organizaciones, por las cuales el
expresidente debería ser sometido a un proceso judicial.
La defensa del expresidente Uribe
El abogado Jaime Granados, uno de los defensores del expresidente Álvaro
Uribe, observó que “la CPI no tiene competencia para investigar el tema de las
mal llamadas ‘chuzadas’ del DAS” y que las consideraciones del representante
Cepeda constituyen una “absoluta locura”. Granados agregó: “Es de las cosas más
poco creíbles que he visto”.
El abogado señaló que el delito de persecución política no existe en la
CPI y que este organismo nació para investigar delitos de lesa humanidad, de
tal manera que “el organismo no tendría opción de investigar ni por vía
subsidiaria ni por competencia directa”. Además añadió que el juez natural de
Uribe es el Congreso y que hace más de un año pidió ampliar su versión libre.
El defensor del expresidente puntualizó
que no se puede hablar de una hipotética impunidad en el caso de su defendido,
puesto que el juez natural, es decir, la Comisión de Investigación y Acusación,
aún tiene vigentes varios procesos y de hecho ya se han presentado intentos
para que rinda indagatoria. En conclusión, resaltó Jaime Granados, “sólo se
trata de un nuevo show mediático de Iván Cepeda”.
NOTA E IMAGEN TOMADAS DE : http://www.elespectador.com/
DENUNCIA CORTE PENAL INTERNACIONAL
