ES UN ASUNTO DE JUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro

AL SOLICITAR AL CONGRESO DE LA REpública archivar la llamada ley de víctimas, el presidente Álvaro Uribe empleó como argumento que la reparación tendría un costo aproximado de ochenta billones de pesos para el Estado y los contribuyentes.

En general, la orientación del Gobierno en términos del presupuesto de la Nación se basa en recaudar impuestos cuya destinación define las prioridades de su política. Por eso buena parte de esos recursos se destinan a financiar el gasto militar y la subvención de determinados sectores del empresariado y la banca, con el fin de fortalecer la seguridad democrática y la “confianza inversionista”. En ausencia de políticas sociales, el Gobierno ha creado una serie de instancias —Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Acción Social, etc.— que disimulan con ayudas puntuales y de beneficencia pública la falta de verdaderos programas estratégicos en materia de salud, vivienda y educación. En este mismo sentido, el Gobierno quiere asimilar al esquema de carácter asistencial y populista la reparación integral de las víctimas. El Decreto 1290 de 2008, que ordena la “reparación administrativa”, es expresión de tal concepto. Busca generar la apariencia de un programa de “reparaciones” de amplio espectro sin tocar los bienes y capitales de los políticos, empresarios y narcoterratenientes, comprometidos con la acumulación de riqueza por la vía de la violencia.

Como bien lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el deber de reparación del Estado no corresponde a “aspiraciones inalcanzables”: “La reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”. La expresión elemental de la justicia con relación a la reparación integral concierne no sólo al deber estatal de garantizar que los perpetradores de los crímenes —en primer lugar, sus máximos responsables— sean debidamente juzgados y sancionados. También consiste en que la principal fuente de la reparación material provenga de los bienes que han sido usurpados y de los cuales se benefician los jefes de los grupos criminales. Pero aquí no ocurre tal cosa. Por el contrario, las tierras que se han incautado terminan siendo vendidas a consorcios vinculados con las redes criminales y narcotraficantes. La reparación se convierte en una forma de legalización de las propiedades usurpadas por medio de cadenas de testaferros.

Pero más allá del argumento fiscal, el Gobierno promovió el archivo de la ley de víctimas, pues quiere a toda costa evitar que se reconozcan los crímenes de Estado. En días pasados, en una reunión pública el médico Juan Carlos Boja fue sometido a la fuerza por agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena. El joven médico interpeló al presidente Uribe por esa clase de crímenes. La respuesta a sus insistentes preguntas fue la violenta y desproporcionada reacción de la Policía.

Una ley de víctimas que cumpla con los principios universales debe incluir procedimientos e instancias transparentes que permitan perseguir y restituir efectivamente a las víctimas las tierras y los capitales financieros de los que hoy gozan los parapolíticos y paraempresarios. Ese es el tipo de norma que buscan crear los movimientos de víctimas en Colombia y que a la postre lograrán que se adopte.

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TRES ESLABONES DE LA CADENA

Por: Iván Cepeda Castro

EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEsos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.

El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos.

El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación.

Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.

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A SOLAS CON DIEGO FERNANDO MURILLO

Por: Iván Cepeda Castro

PRIMO LEVI, EL ESCRITOR ÍTALO-judío sobreviviente de Auschwitz, recuerda en uno de sus textos la experiencia de sus compañeros de infortunio.

En los días en que se hacía inminente que las fuerzas aliadas tomarían el control del campo de exterminio, los nazis les decían a quienes, reducidos a escombros humanos, habían logrado preservar la vida, que de nada serviría que relataran los horrores sufridos, pues nadie les creería. Ese pasaje es frecuentemente citado. Revela tres perspectivas diferentes del problema de la verdad de los crímenes en masa. En primer lugar, el punto de vista de los autores de las atrocidades, quienes seguros del poder que han acumulado creen que podrán mantener su control sobre los sobrevivientes y la sociedad, o que lograrán escabullirse de la justicia. En segundo lugar, la dimensión de los crímenes y del aparato que los ha ejecutado, que desafía el entendimiento y hace parecer desquiciada toda narración de lo acontecido. Y por último, la perspectiva de las víctimas, quienes se enfrentan a las anteriores dificultades al intentar transmitir lo que han padecido. Los sobrevivientes de acontecimientos de violencia en masa están en clara desventaja: son susceptibles de nuevos ataques por parte de sus verdugos, que han acumulado poder a través de los crímenes cometidos, y además son puestos bajo sospecha, pues sus conciudadanos tienden a pensar que han perdido el juicio cuando escuchan los testimonios de lo que han padecido. De alguien que narra eventos de extrema crueldad a gran escala o comportamientos delictivos desarrollados institucionalmente, tiende a creerse que desvaría por efectos del daño que se le ha causado.

A pesar de esa situación de inmensa desventaja, las víctimas tienen a su favor que conocen parcial o totalmente la verdad de lo acontecido. A la experiencia directa del sufrimiento se suma su determinación de esclarecer de manera exhaustiva lo ocurrido.

Esa decisión sin límites las lleva a encontrar las identidades y motivaciones de los perpetradores, y en ocasiones incluso a descifrar el organigrama del sistema criminal: quiénes ordenaron en el más alto nivel las acciones, cómo planificaron y actuaron, en qué medida alcanzaron a lucrarse, qué agencias del poder político y militar fueron convertidas en escuadrones de la muerte, cuáles eran los grados de complicidad de diferentes sujetos, qué procedimientos de eliminación de los delatores operaron. Conocer la verdad de ese organigrama no es equivalente a desmantelar el sistema criminal. Pero tener ese conocimiento y el sustento probatorio que lo respalda es el fundamento de su disolución y del fin de la apariencia de legalidad en la actuación de los funcionarios estatales que lo dirigen.

El pasado 28 de mayo, junto a la senadora Piedad Córdoba y al defensor de derechos humanos Danilo Rueda, visitamos en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo. Durante cuatro horas tuvimos una extensa y detallada conversación. Al igual que Salvatore Mancuso, afirmó que su familia está siendo amenazada y que no se le permite ingresar a Estados Unidos. Pidió garantías para el debido proceso. Aseguró que tiene la voluntad de profundizar en asuntos que ya ha comenzado a revelar, así como tocar nuevos hechos esenciales de la historia de los grupos paramilitares, sus cómplices y jefes. Se trata de un nuevo avance en el camino hacia la verdad y la justicia.

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ASÍ FUE LA REUNIÓN DE COLOMBIANOS POR LA PAZ CON EL EX PARAMILITAR EN UNA CÁRCEL DE EE.UU.

A SOLAS CON SALVATORE MANCUSO

Por: Iván Cepeda Castro

Su extradición, dijo, fue una estrategia para tapar la responsabilidad criminal de algunos líderes políticos. Denunció que para garantizar su silencio, son amenazados sus familiares que permanecen en Colombia.

Foto: Semana

Salvatore Mancuso se desmovilizó como jefe del bloque Catatumbo en diciembre de 2005. Fue extraditado a EE.UU. en mayo de 2008.

En la recepción del hotel, Piedad Córdoba me dijo que esa mañana del pasado viernes 22 de mayo tenía una sensación parecida a aquella que la embargaba durante los primeros días de su secuestro, cuando en el campamento de las Auc se esperaba la llegada de Carlos Castaño. En esta ocasión al que íbamos a ver era a otro de sus captores, Salvatore Mancuso, prisionero hoy en la Correctional Treatment Facility; una penitenciaría privada en Washington.

La reunión se prolongó durante cinco horas. En ella comprobamos que la extradición de la cúpula de los grupos paramilitares obedeció a la inminencia de las confesiones más decisivas que implicarían a sus aliados políticos, militares y económicos, que hoy detentan las más altas posiciones en el Estado. Para garantizar su silencio, se mantiene bajo amenazas a sus familiares, quienes no han podido ingresar a los Estados Unidos, pues no se les conceden los permisos especiales requeridos.

La estrategia de impunidad contempla, además, el encauzamiento judicial de sus familias y el asesinato de cientos de los desmovilizados que ejecutaban las órdenes o tenían contacto directo con los socios políticos y empresariales. También quedó claro en la reunión que algunos de los extraditados han entregado ya valiosa información a autoridades judiciales y aduaneras estadounidenses. Información que concierne a figuras colombianas del más alto nivel.

Los aspectos sustanciales de la verdad que tienen que contar los paramilitares ya se conocen en EE.UU. Esa información se hará pública tarde o temprano. Por ahora su contenido se mantiene en la reserva de las investigaciones. Ante la ausencia de un acuerdo integral de cooperación judicial, todavía es posible mantenerla al margen de los procesos que se adelantan en Colombia.

Durante la visita Mancuso nos relató unas cuantas de esas grandes verdades. Todas ellas impactantes por los personajes que auspiciaron y se beneficiaron de las acciones de las Auc. Algunos elementos de esa información confirmaron lo que ya intuíamos sobre la responsabilidad criminal de determinados líderes políticos y agentes estatales.

Nos impresionó escuchar de los labios del jefe paramilitar las precisiones de tiempo, modo y lugar de cómo se dieron los hechos. En otros casos aparecieron implicados nuevos protagonistas de la vida pública del país. Esas historias son las piezas del ascenso de sectores de las élites regionales y de los clanes familiares al poder utilizando las estructuras de lo que Mancuso llama el “paramilitarismo de Estado”; de la utilización del narcotráfico para financiar la política, de la usurpación de la tierra legalizada por medio del testaferrato y de la compra de la tierra destinada a la reparación por medio de consorcios de testaferros; de los asesinatos perpetrados contra los aliados paramilitares usando a los aparatos de seguridad del Estado, de la traición que hicieron los políticos a los pactos de complicidad; del empleo de ciertas instancias judiciales para obstaculizar las investigaciones acerca de la responsabilidad de los políticos implicados en las versiones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Con la extradición se buscaba clausurar para siempre la posibilidad de que esas historias se convirtieran en acervo probatorio. Pero la situación está cambiando. Ahora ya sabemos que las autoridades judiciales en Estados Unidos tienen copiosa información. Y nosotros también comenzamos a tenerla. Que se declare ante los jueces y se revele públicamente es cuestión de tiempo.

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COMPLICIDADES Y TRAICIONES

Por: Iván Cepeda Castro

A PROPÓSITO DE LOS EFECTOS QUE ha tenido la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, un editorial del periódico El Tiempo, titulado “Un año después”, afirmó en días pasados:

“Todo indica que las dos metas deseables —tener a los ‘paras’ en cárceles de verdad y esclarecer la verdad de sus actos en Colombia— no se pueden lograr a la vez”. La identidad de los máximos responsables políticos y empresariales de crímenes de lesa humanidad quedaría oculta. El proceso de esclarecimiento se aplazaría indefinidamente. Es cierto que la extradición por delitos de narcotráfico pretende ser utilizada como un mecanismo para afectar severamente las investigaciones en Colombia, y para impedir que las víctimas y sus abogados participen en los procedimientos judiciales. No obstante, comienzan a surgir signos de algo distinto. Así parecen indicarlo algunas revelaciones que han hecho en los distritos judiciales de Washington y Nueva York Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en las que se implica, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, a ejecutivos de empresas bananeras, y a congresistas.

¿Cómo explicar estas circunstancias? Durante los últimos años hemos asistido a una incesante proliferación de actuaciones ilegales relacionadas directamente con el entorno del Gobierno: conciertos para delinquir agravados que se disimulan como acuerdos políticos o programáticos, actos de nepotismo, densas redes de testaferrato, fraude electoral, espionaje político, conspiraciones para el cohecho, promoción de ejecuciones extrajudiciales como crímenes de Estado, intimidación de los operadores judiciales, obstrucción a la justicia, calumnia contra quienes investigan y generan opiniones críticas, montajes judiciales, fabricación de pruebas y estadísticas, abusos de poder, desviación de las instituciones públicas para auspiciar la ilegalidad o encubrirla, prevaricato, proliferación de las más variadas modalidades de corrupción. En cada uno de estos escándalos se revela el mismo patrón. Grupos de funcionarios públicos subordinados a cadenas de mando ejecutan acciones dolosas concertadas. Detrás de sus actividades aparecen altos responsables de gobierno. Más allá de la gravedad de estas situaciones particulares, preocupa el panorama que arroja el conjunto de ellas. Se trata, ni más ni menos, que de la disolución del Estado de derecho por la vía de una dinámica en la que se articulan la criminalidad de sistema con formas de corrupción y comportamientos mafiosos.

En esa dinámica, la proliferación de los actos ilegales a gran escala basada en pactos entre delincuentes genera una espiral. Cuando comienzan las investigaciones, a la complicidad sigue la traición y a esta última la supresión, por cualquier vía, de quienes fueron los antiguos socios. En los casos de actuaciones criminales altamente complejas no es posible controlarlo todo e impedir que queden “cabos sueltos”. La obsesión por encubrir al mismo tiempo tantos delitos genera descuidos, acumula resentimientos, permite las filtraciones de información. El intento de los máximos responsables por hacer que recaiga la responsabilidad absoluta sobre los ejecutores directos de las sórdidas operaciones hace que aparezcan los delatores (Rafael García, Jorge Lagos). Y en un momento dado puede ocurrir que sobrevenga la ola de revelaciones simultáneas de las grandes verdades. Aquellas que dejan al desnudo la verdadera naturaleza del poder criminal.

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