EL PERDÓN PRESIDENCIAL

Por: Iván Cepeda Castro

LA PETICIÓN DE PERDÓN EN SItuaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne que puede tener repercusiones éticas significativas si cumple algunas condiciones mínimas.

Para que sea auténtico este gesto se requiere conocer la verdad de los hechos, explicitarlos y demostrar el compromiso de esclarecerlos. También se debe enunciar a los destinatarios del perdón. Nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas.

Por último, sólo se puede pedir perdón en forma veraz si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado. O en otras palabras, si se experimenta arrepentimiento y se expresa la determinación de no repetir en el futuro acciones similares.

Se ha dado inicio al programa que el Gobierno Nacional llama de reparación por vía administrativa: la entrega de ayudas a un grupo de víctimas presentadas como actos de reparación. Como en el caso de otros programas de índole asistencial que promueve esta administración, la entrega de los dineros se convierte en un verdadero “show político” transmitido por televisión. El Presidente, fungiendo de mecenas, entrega personalmente cheques a las víctimas y pide perdón: “Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, quiero pedirles perdón a todos los colombianos”.

¿Por qué pide perdón el Presidente de la República, por su estrecha amistad con el clan narcotraficante de los Ochoa, por los crímenes del grupo ‘Los doce apóstoles’, por la creación de las empresas Convivir, por la masacre de El Aro, por haber aceptado dineros sucios para financiar la campaña electoral en 2002, por haber promovido el cohecho para su reelección, por haber llevado al DAS a funcionarios corruptos, por permitir que sus hijos se lucren de negocios a expensas del Poder Ejecutivo? ¿Está dispuesto el presidente Uribe a contribuir a que estos y otros hechos ligados a su gobierno se diluciden plenamente y sus responsables comparezcan ante los jueces? ¿A quién pide perdón el Presidente? ¿A las víctimas de los paramilitares que fueron enterradas en fosas comunes en las regiones de influencia de sus socios parapolíticos, a las madres de los jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales bajo la política de seguridad democrática, a los campesinos de Córdoba y Sucre? ¿A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que han sido espiados por el tenebroso G-3 del DAS? ¿Se arrepiente el presidente Uribe de esos hechos? No parece ser así.

El Presidente de la República simuló pedir perdón a través de un discurso genérico y abstracto. No sorprende que esa clase de solicitud pública suscite vivos elogios del presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro. Su función no es defender los derechos de las víctimas, sino justificar lo que hace el Gobierno. Para eso lo nombraron. Para eso le pagan.

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UNA PRUEBA IRREFUTABLE

Por: Iván Cepeda Castro

103 CARPETAS Y MILES DE FOLIOS CONforman el archivo incautado al Grupo Especial de Inteligencia 3, G-3. O al menos parte de ese archivo. Antes de que la Fiscalía registrara las instalaciones del DAS la mayor parte de la información fue sustraída.

Esas carpetas contienen cientos de documentos, grabaciones, fotografías, piezas informáticas, órdenes, informes y memorias de la labor de espionaje que los investigadores del G-3 realizaron entre 2004 y 2005 contra personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, magistrados y líderes políticos. Entre las decenas de casos sobresalen los de los abogados Alirio Uribe y Gustavo Gallón, así como el del periodista Holman Morris.

Entre otros hechos, esos documentos dan cuenta de que el G-3 había elaborado las hojas de vida de estas personas buscando determinar sus “debilidades y fortalezas”, mantenía seguimiento las 24 horas del día sobre sus actividades, interceptaba todos sus medios de comunicación, recaudaba información sobre ellos y sus contactos en bases de datos privadas y públicas, arrendaba locales vecinos a sus casas, rondaba sus viviendas y sedes de trabajo, disponía de llaves de algunas de ellas, vigilaba a su núcleo familiar —con especial énfasis en sus hijos— y escudriñaba su situación financiera. Este régimen de meticuloso control se hacía a través de múltiples acciones ilegales. Todos estos procedimientos se realizaban sin órdenes judiciales. Algunos de los equipos y recursos empleados por los servicios secretos provenían de fondos reservados, es decir, de la cooperación internacional. En ocasiones el espionaje precedió a amenazas contra los defensores de Derechos Humanos y sus familiares (caso Soraya Gutiérrez), e incluso a atentados contra ellos (caso Jesús Emilio Tuberquia). Se utilizaba sus esquemas de protección oficiales (!) para mantener un seguimiento continuo sobre sus movimientos. Se investigaba y seguía a miembros de organizaciones internacionales, incluyendo a personas que cuentan con inmunidad diplomática. Cuando viajaban a otros países, algunos de los espiados eran también observados y sus conversaciones grabadas (!). Y todo esto se ocultaba a través de diversos mecanismos de encubrimiento, y era regularmente informado a colaboradores cercanos del presidente Álvaro Uribe, como José Obdulio Gaviria y José Miguel Narváez.

El G-3 no es más que una pieza del gigantesco y sofisticado aparato que responde al concepto de “inteligencia ofensiva”. O en otros términos, de un sistema que persigue “neutralizar” el accionar de organizaciones civiles. En estos casos se muestra que la finalidad principal de la actuación de los servicios secretos del Estado no es la lucha contra el terrorismo, sino la persecución de actividades profesionales y sociales legítimas. ¿Cuántos de los miles de líderes sociales y políticos que han sido asesinados por la criminalidad estatal habrán sido objeto de estas modalidades de inteligencia? ¿Cuántas carpetas similares habrá en los archivos de las unidades de inteligencia del Ejército Nacional y de la Policía?

El archivo del G-3 es el más grande compendio documental detectado hasta hoy en el que se detallan los métodos que ha utilizado la criminalidad estatal en Colombia para aniquilar en forma sistemática a quienes trabajan por los Derechos Humanos, la libertad de opinión y la actuación en defensa de la democracia. La existencia y el contenido de este archivo son una prueba irrefutable.

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ES UN ASUNTO DE JUSTICIA

Por: Iván Cepeda Castro

AL SOLICITAR AL CONGRESO DE LA REpública archivar la llamada ley de víctimas, el presidente Álvaro Uribe empleó como argumento que la reparación tendría un costo aproximado de ochenta billones de pesos para el Estado y los contribuyentes.

En general, la orientación del Gobierno en términos del presupuesto de la Nación se basa en recaudar impuestos cuya destinación define las prioridades de su política. Por eso buena parte de esos recursos se destinan a financiar el gasto militar y la subvención de determinados sectores del empresariado y la banca, con el fin de fortalecer la seguridad democrática y la “confianza inversionista”. En ausencia de políticas sociales, el Gobierno ha creado una serie de instancias —Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Acción Social, etc.— que disimulan con ayudas puntuales y de beneficencia pública la falta de verdaderos programas estratégicos en materia de salud, vivienda y educación. En este mismo sentido, el Gobierno quiere asimilar al esquema de carácter asistencial y populista la reparación integral de las víctimas. El Decreto 1290 de 2008, que ordena la “reparación administrativa”, es expresión de tal concepto. Busca generar la apariencia de un programa de “reparaciones” de amplio espectro sin tocar los bienes y capitales de los políticos, empresarios y narcoterratenientes, comprometidos con la acumulación de riqueza por la vía de la violencia.

Como bien lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el deber de reparación del Estado no corresponde a “aspiraciones inalcanzables”: “La reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”. La expresión elemental de la justicia con relación a la reparación integral concierne no sólo al deber estatal de garantizar que los perpetradores de los crímenes —en primer lugar, sus máximos responsables— sean debidamente juzgados y sancionados. También consiste en que la principal fuente de la reparación material provenga de los bienes que han sido usurpados y de los cuales se benefician los jefes de los grupos criminales. Pero aquí no ocurre tal cosa. Por el contrario, las tierras que se han incautado terminan siendo vendidas a consorcios vinculados con las redes criminales y narcotraficantes. La reparación se convierte en una forma de legalización de las propiedades usurpadas por medio de cadenas de testaferros.

Pero más allá del argumento fiscal, el Gobierno promovió el archivo de la ley de víctimas, pues quiere a toda costa evitar que se reconozcan los crímenes de Estado. En días pasados, en una reunión pública el médico Juan Carlos Boja fue sometido a la fuerza por agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena. El joven médico interpeló al presidente Uribe por esa clase de crímenes. La respuesta a sus insistentes preguntas fue la violenta y desproporcionada reacción de la Policía.

Una ley de víctimas que cumpla con los principios universales debe incluir procedimientos e instancias transparentes que permitan perseguir y restituir efectivamente a las víctimas las tierras y los capitales financieros de los que hoy gozan los parapolíticos y paraempresarios. Ese es el tipo de norma que buscan crear los movimientos de víctimas en Colombia y que a la postre lograrán que se adopte.

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TRES ESLABONES DE LA CADENA

Por: Iván Cepeda Castro

EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEsos de justicia que se adelantan actualmente por los miles de crímenes cometidos por los paramilitares, con frecuencia aparecen citadas tres personas: el ex general Rito Alejo del Río, el ex senador Mario Uribe y el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez.

El primero ha sido insistentemente mencionado por los jefes de las Auc como uno de los militares de alto rango que planificó y facilitó gran parte de las cruentas incursiones en el norte del país. Además de estar siendo investigado por homicidio, algunos señalan que dejaba el mando de sus tropas directamente a los lugartenientes paramilitares. El ex general fue asesor en temas de seguridad del primer gobierno del presidente Uribe y candidato al Parlamento por el Movimiento Convergencia Democrática. Al ex senador Mario Uribe se le investiga por sus nexos con la parapolítica. Según el paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, para conseguir tierras a bajo costo el ex congresista les daba órdenes como ésta: “¿Hay que matar a alguien? No sé, ese es problema de ustedes. Con tal que las tierras sean baratas”. Del tercero, hay testimonios que lo señalan de ser el autor intelectual de asesinatos como el de Jaime Garzón, Manuel Cepeda y de otros líderes políticos de oposición. Narváez ha sido instructor de los paramilitares, consejero de seguridad del Gobierno, profesor en las academias de la Fuerza Pública y subdirector del DAS. Como si esto fuera poco, se le atribuye ser uno de quienes urdieron la macabra operación mediante la cual se ha escudriñado la vida personal y familiar de magistrados, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos.

El proceso de esclarecimiento del organigrama de las estructuras narcoparamilitares pasa por identificar y sancionar ejemplarmente a sus cabecillas políticos y empresariales. De ahí la importancia de las investigaciones y procesos judiciales que se llevan a cabo para sancionar a estos personajes. No obstante, las estrategias de impunidad o la falta de actuación de los operadores de justicia impedirían que en estos casos la acción de la justicia tenga éxito. El próximo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación puede contribuir decididamente a que se realice este propósito. En el caso del ex general, hace algunos días se hundió un acervo probatorio en el que había información comprometedora. Literalmente se hundió. Uno de los expedientes que venía del Chocó terminó en el fondo de un río, pues la chalupa en la que lo transportaban naufragó. En cuanto a la investigación del ex congresista Uribe, pasa el tiempo y no se produce una decisión. El vencimiento de términos amenaza con impedir el juzgamiento. Acerca de Narváez, si bien ha sido llamado a indagatoria en el caso de las interceptaciones, sorprende que no se le esté investigando por homicidio agravado y por concierto para delinquir agravado. Las declaraciones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz debieran constituir la base del comienzo de esta investigación.

Es probable entonces que la justicia nacional no actúe debidamente. Sin embargo, estos casos son dignos de la Corte Penal Internacional. Llenan los tres requisitos para ello: los crímenes cometidos son de lesa humanidad, se trata de presuntos altos responsables de esos actos, y la ejecución de muchas de sus acciones se ha presentado con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Si no hay justicia en Colombia, llegaremos a esa instancia.

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A SOLAS CON DIEGO FERNANDO MURILLO

Por: Iván Cepeda Castro

PRIMO LEVI, EL ESCRITOR ÍTALO-judío sobreviviente de Auschwitz, recuerda en uno de sus textos la experiencia de sus compañeros de infortunio.

En los días en que se hacía inminente que las fuerzas aliadas tomarían el control del campo de exterminio, los nazis les decían a quienes, reducidos a escombros humanos, habían logrado preservar la vida, que de nada serviría que relataran los horrores sufridos, pues nadie les creería. Ese pasaje es frecuentemente citado. Revela tres perspectivas diferentes del problema de la verdad de los crímenes en masa. En primer lugar, el punto de vista de los autores de las atrocidades, quienes seguros del poder que han acumulado creen que podrán mantener su control sobre los sobrevivientes y la sociedad, o que lograrán escabullirse de la justicia. En segundo lugar, la dimensión de los crímenes y del aparato que los ha ejecutado, que desafía el entendimiento y hace parecer desquiciada toda narración de lo acontecido. Y por último, la perspectiva de las víctimas, quienes se enfrentan a las anteriores dificultades al intentar transmitir lo que han padecido. Los sobrevivientes de acontecimientos de violencia en masa están en clara desventaja: son susceptibles de nuevos ataques por parte de sus verdugos, que han acumulado poder a través de los crímenes cometidos, y además son puestos bajo sospecha, pues sus conciudadanos tienden a pensar que han perdido el juicio cuando escuchan los testimonios de lo que han padecido. De alguien que narra eventos de extrema crueldad a gran escala o comportamientos delictivos desarrollados institucionalmente, tiende a creerse que desvaría por efectos del daño que se le ha causado.

A pesar de esa situación de inmensa desventaja, las víctimas tienen a su favor que conocen parcial o totalmente la verdad de lo acontecido. A la experiencia directa del sufrimiento se suma su determinación de esclarecer de manera exhaustiva lo ocurrido.

Esa decisión sin límites las lleva a encontrar las identidades y motivaciones de los perpetradores, y en ocasiones incluso a descifrar el organigrama del sistema criminal: quiénes ordenaron en el más alto nivel las acciones, cómo planificaron y actuaron, en qué medida alcanzaron a lucrarse, qué agencias del poder político y militar fueron convertidas en escuadrones de la muerte, cuáles eran los grados de complicidad de diferentes sujetos, qué procedimientos de eliminación de los delatores operaron. Conocer la verdad de ese organigrama no es equivalente a desmantelar el sistema criminal. Pero tener ese conocimiento y el sustento probatorio que lo respalda es el fundamento de su disolución y del fin de la apariencia de legalidad en la actuación de los funcionarios estatales que lo dirigen.

El pasado 28 de mayo, junto a la senadora Piedad Córdoba y al defensor de derechos humanos Danilo Rueda, visitamos en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo. Durante cuatro horas tuvimos una extensa y detallada conversación. Al igual que Salvatore Mancuso, afirmó que su familia está siendo amenazada y que no se le permite ingresar a Estados Unidos. Pidió garantías para el debido proceso. Aseguró que tiene la voluntad de profundizar en asuntos que ya ha comenzado a revelar, así como tocar nuevos hechos esenciales de la historia de los grupos paramilitares, sus cómplices y jefes. Se trata de un nuevo avance en el camino hacia la verdad y la justicia.

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