Por: Iván Cepeda Castro
Los cuatro fueron gobernadores durante los años de mayor influencia y criminalidad de los grupos paramilitares en esa zona del país. La responsabilidad de Morris y Anaya en concierto para delinquir agravado ya ha sido probada en los tribunales y despachos judiciales. En el proceso que se sigue contra Salvador Arana por ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Tito Díaz, 11 (!) testigos han sido asesinados. La familia Díaz ha denunciado en forma reiterativa ser víctima de una serie de atentados, montajes judiciales y permanentes hostigamientos. En Sucre han sido ampliamente conocidos los vínculos del ex gobernador Arana con los paramilitares y su jefe Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, así como sus constantes visitas a la finca El Palmar, el centro de exterminio en el que fueron desaparecidos numerosos habitantes de San Onofre. Por su parte, el señor Nule Amín fue acusado ante la Fiscalía de impulsar el proyecto de expansión paramilitar en los Montes de María a través de reuniones en su finca Las Canarias y de la conformación de empresas de seguridad Convivir.
El gobernador Barraza rechazó la solicitud con el argumento de que “esa es una galería para que la gente recuerde quiénes fueron sus gobernadores” y que “no le veía mayor fundamento para resarcir el daño de las víctimas”.
Contrario a lo que piensa el Gobernador, el hecho de que reconocidos criminales sigan siendo honrados ante la sociedad como mandatarios dignos de homenajes y exaltaciones oficiales es una grave ofensa a las víctimas y a la sociedad. En la memoria colectiva la vida de estos personajes no puede seguir siendo preservada como ejemplo de servicio a la comunidad. Atendiendo a esa consideración diversos instrumentos de derecho internacional consagran una serie de disposiciones tendientes a esclarecer la verdad histórica, reconstruir la memoria de la sociedad acorde a la realidad que configuran los crímenes contra la humanidad, y encaminadas a instaurar vetos políticos a quienes ejerciendo funciones públicas abusaron de su poder y perpetraron masivas violaciones de derechos humanos. En el caso de los políticos que en Colombia se involucraron con grupos paramilitares y los utilizaron para acrecentar su caudal electoral o para ordenar homicidios contra sus rivales, las condenas penales y la prohibición para el ejercicio de la función pública son insuficientes. Se requiere además de medidas simbólicas que impidan que en el futuro esos mismos personajes, o sus aliados, puedan reeditar los métodos que les han permitido establecer sus posiciones e influencia en el Estado.
La solicitud formal que hemos realizado en Sucre debería dar lugar a muchas otras en todo el país. Invito a las víctimas y sus organizaciones a que realicen peticiones y acciones judiciales similares ante las autoridades, tendientes a que todo tipo de homenajes, exaltaciones públicas, galerías fotográficas o monumentos consagrados a individuos ligados a crímenes de lesa humanidad sean definitivamente proscritos.
