Demandantes del Fuero Penal Militar celebran decisión de Corte Constitucional

La demanda fue radicada el 19 de febrero del presente año por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera, los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la CCJ.

BOGOTÁ, 23/10/2013. Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible por vicios de procedimiento la Reforma del Fuero Penal Militar, los demandantes recordaron que además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98% en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.
Del mismo modo, señalaron que la ampliación del fuero militar, es decir, dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas “falsos positivos”.  “Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”, concluyeron.
También aseguraron que el Congreso desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.

OFICINA DE PRENSA REPRESENTANTE IVÁN CEPEDA

Denuncian amenazas de las ‘Águilas Negras’ contra líderes campesinos en Catatumbo

Así se lo hicieron saber campesinos de la región de Catatumbo (Norte de Santander) al representante Iván Cepeda, quien hace parte de la mesa de garantes para los diálogos entre Gobierno y campesinos. Los voceros denunciaron que el grupo paramilitar ‘Águilas Negras’ porta un listado en el cual declara objetivo militar a varios líderes comunitarios y hace presencia en una zona donde está asentado el Ejército Nacional.

BOGOTÁ, 16/10/2013. El representante Iván Cepeda expresó su preocupación por las nuevas amenazas de los grupos paramilitares contra líderes campesinos en Catatumbo, las cuales surgen en el momento en que se adelantan gestiones para reactivar las conversaciones entre Gobierno y campesinos.

“Catatumbo ha sufrido innumerables crímenes por parte de los paramilitares y esas imágenes de la violencia siguen vivas. Además, es inconcebible que se presenten estas amenazas cuando los campesinos reclaman garantías para continuar el diálogo social con el Gobierno, que busca mejorar las condiciones de las comunidades”, afirmó Cepeda.

El congresista indicó que la denuncia de los campesinos reviste mayor gravedad, teniendo en cuenta que afirman que el grupo paramilitar que los amenaza, se presenta uniformado con camisetas de las ‘Águilas Negras’, y hace presencia constante en un lugar de la llamada zona de consolidación, de dominio de las Fuerzas Militares.

Al igual que en otros casos de amenazas, el representante Cepeda les solicitó a las autoridades y al Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y oficinas encargadas, que se investigue a fondo la existencia de los grupos paramilitares que están intimidando a los campesinos en la región de Catatumbo, y se extremen las medidas de protección para sus líderes.

Cepeda rechaza asesinato de líder de víctimas en Los Palmitos Sucre

Después de participar en una reunión a la que asistía el representante Iván Cepeda, se presentó el crimen del señor Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, miembro de la mesa de víctimas del municipio de Los Palmitos (Sucre). El congresista denunció la grave situación de amenazas que viven las comunidades y líderes de varios municipios en Sucre y Bolívar por parte de grupos paramilitares.

SINCELEJO, 07/10/2013. El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, deploró el asesinato del líder campesino Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, representante de la mesa de víctimas ante el Consejo de Justicia Transicional de Los Palmitos.  La muerte se produjo horas después de que el señor Olmos Cárdenas asistiera a una reunión con el congresista y con otros líderes de víctimas y defensores de derechos humanos en el municipio de Los Palmitos.

Del mismo modo, Cepeda denunció los graves casos de amenazas a líderes campesinos de la zona de alta montaña del municipio de El Carmen de Bolívar y los Montes de María, donde se han venido recibiendo panfletos a nombre de las AUC y las Bacrim antirrestitución. A esta situación se suman la reciente detención de Jorge Luis Montes y el proceso judicial abierto contra Ricardo Esquivia, dos reconocidos líderes comunitarios de la región que fueron amenazados. La comunidad denunció como arbitrarias estas acciones, ya que se produjeron después de que aparecieran los panfletos acusando a los líderes de pertenecer a grupos terroristas.

El congresista reiteró la gravedad de que estos hechos continúen ocurriendo cuando se adelanta un proceso de paz en el país. “Este nuevo crimen y las constantes amenazas confirman que las víctimas continúan siendo perseguidas, estigmatizadas y exterminadas”, afirmó.

El representante exhortó al Gobierno Nacional para que tome en serio los graves riesgos que corren los líderes de las víctimas y de las comunidades campesinas. “La primera medida de protección que debe adoptar el gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares ejerciendo poder en varios departamentos de la Costa Caribe, incluso ante la mirada de algunos efectivos de las fuerzas del Estado”.

Además, llamó la atención de la Unidad de Restitución de Tierras para que priorice los procesos en los que empresarios y terratenientes han despojado a los campesinos, pues se están prefiriendo los procesos por litigios entre pequeños propietarios.

Carta dirigida a la Subsecretaría de Cámara de representantes sobre Decreto presidencial que establece nueva prima especial a congresistas

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Derecho de petición enviado el 7 de febrero del presente año, en el que le solicito al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para modificar la ley 4 de 1992, en el sentido de ajustar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, reduciendo los privilegios prestacionales sin afectar los derechos y las escalas salariales de otros servidores públicos

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