Realizar el trabajo de derechos humanos es una tarea que conlleva el debate público. El intercambio abierto de ideas y argumentos, en un ambiente de respeto, hace parte de un comportamiento ciudadano fundado en hábitos democráticos. Lamentablemente no es esa la condición actual de la sociedad colombiana en la que se ha sustituido la argumentación por campañas de desprestigio personal. Por eso no me sorprenden, ni inquietan las diatribas que ese tipo de campañas suscitan, y que en mi caso, se han plasmado en textos aparecidos en el espacio de comunidades de Semana.com, en la que participan centenares de usuarios.
Esa clase de reacciones de los particulares son comprensibles cuando en el terreno de la deliberación social son los gobernantes los principales incitadores al odio. ¿Podría acaso esperarse algo distinto si es el propio Presidente de la República –hoy saliente- quien ha impuesto como estilo predominante de la contradicción política el agredir a aquellos que disienten de sus actuaciones? Durante los largos ocho años de sus dos mandatos, hemos asistido a una cadena incesante de eventos caracterizados por la corrupción y el uso de métodos criminales que indefectiblemente terminan relacionados con figuras del Gobierno.
A quienes desde el periodismo crítico, el control político parlamentario, la defensa de los derechos humanos o la investigación judicial, han señalado las copiosas evidencias de las irregularidades que rodean al Presidente, a sus amigos, a sus socios y a sus familiares, se les ha calificado, en el mejor de los casos, de “cómplices del terrorismo”, se les ha sometido a toda clase de presiones y al espionaje. No se trata, como dicen los que defienden ese estilo de polemizar de Uribe, de la intemperancia propia de su carácter. En realidad, es la expresión de los rasgos esenciales de una personalidad autoritaria que reacciona ante la demostración pública de los procedimientos con los que ejerce su poder. Tuve la ocasión de experimentar ese tipo de reacción cuando me atreví a mostrar el entorno social en el que se encuentra su hacienda El Ubérrimo y a preguntar por el papel de su dueño en ese contexto.
Como defensor de derechos humanos he tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares del país. Conozco de cerca su realidad; he escuchado atentamente las necesidades y clamores de numerosas personas y comunidades víctimas del Estado, de la iniquidad y de la guerra. Considero que erradicar los crímenes de lesa humanidad y todas las formas de violencia es una tarea imperativa. Y para ello se requiere, entre otras cosas, crear una cultura cívica que reconozca a las víctimas, que valore el respeto a la ley, que establezca la independencia de la justicia, que haga del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales una práctica normal y cotidiana.
La sentencia de la Corte Constitucional que declara inexequible la reelección presidencial abre la posibilidad de una Colombia plural en la que se convierta en un hábito democrático el respeto a la libertad de pensamiento y de opinión.
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